Algo huele a podrido en España. Tres proyectos rupturistas: el separatismo vasco, el soberanismo catalán y el desbordamiento podemita

Mikel Arteta

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(Nota: Las imágenes incluidas en este texto son elección de su autor)

 

 

 

“Seguramente, en algún periódico de la antigua Yugoslavia, en 1987, alguien pudo escribir a propósito de cierto acontecimiento político: ‘ven, si no pasa nada’. Seguramente, en Berlín, el 31 de enero de 1933, al día siguiente de la llegada de Hitler al poder, muchas personas, incluso muchos judíos, dijeron algo parecido. Estos días, después del triunfo de Trump, hemos podido escuchar palabras parecidas, palabras tranquilizadoras. También aquí, hace unos años, cuando el secesionismo comenzó a adquirir poder, en los días del ‘nuevo Estatut’ y el tripartito, se arrojó el mantra, contra los que advertían de lo que podía llegar a suceder: ‘ven, hemos hecho esto y no se ha roto España’. Muchos reían la gracia y se burlaban de los agoreros. Que lo dijeran quienes tenían en su programa romper nuestra comunidad de ciudadanos debería habernos invitado a desconfiar.

 

Por lo demás, el truco es conocido. Se sostiene en una trampa psicológica y en otra intelectual. La psicológica es que no queremos enterarnos de las malas noticias, de que sólo somos sensibles a la información que nos tranquiliza y no atendemos a las señales de que llegan los bárbaros. El principio de menor resistencia, más universal que las leyes de la termodinámica. Pasó con la crisis financiera. La trampa intelectual consiste en creer que todas las rupturas son cuánticas, como la de un vaso, en un instante. Y no, muchas de ellas son como las de una cuerda fatigada por el roce, como el desgaste del ruido de la vida, como muere el amor.

 

Con lo de Trump ha sucedido lo mismo. Muchos se agarraron al clavo ardiendo de sus primeras palabras, a que, al día siguiente, no apretara el botón nuclear. ¿Veis, catastrofistas, no pasa nada? Me gustaría releer el primer discurso del austriaco. Seguramente, no mencionaba los campos de concentración (para ceporrillos, recuerdo una vez más: una relación de equiparación no es una equiparación de relaciones).

 

¿Y entre nosotros? Pues ha pasado el tiempo y ya nadie repite el mantra. Más bien, andamos en una fase cínica: sí la cosa está como está, la culpa es de los agoreros, ‘fabricantes de independentistas’, nos advierten los que han hecho lo posible por extender el independentismo. La culpa de que se extienda el independentismo es de quienes han hecho lo posible por evitar sus avances, de quienes advertían de sus peligros. Ya ven.

 

En todo caso, el tono es otro y ya casi todos hemos descubierto que la vida iba en serio. Y es que en una parte de España hay poderes públicos empeñados en romperla, en negar los derechos de ciudadanía a sus conciudadanos, que propagan su mensaje por el mundo y no respetan las sentencias de los tribunales. También, se muestran indiferentes a los brotes de violencia o a las intimidaciones.

 

Me temo que vienen tiempos difíciles, que llegarán días de tensión y habrá que intervenir las instituciones que no respetan la ley. Hasta puede que asome la violencia. Que asome algo más, quiero decir. De poco nos servirá entonces el consuelo epistémico de recordar: ‘se lo avisamos’.

 

Puede que lo peor no llegue a suceder. Es posible. Pero no hay que olvidar una elemental enseñanza de la teoría de la racionalidad: comportarnos asumiendo la hipótesis del peor escenario, a poco probable que sea”.

 

Félix Ovejero, en su Facebook, 19 de noviembre, 2016. [No empezó a escribirlo para abrir este texto, pero de algún modo acabó haciéndolo. No me tuve que poner muy pesado; nunca hace falta. Mis agradecimientos por eso y por mucho más; y por sus enseñanzas, por su lucha diaria, por desbrozar un camino, pese a él, cada día más tupido e inaccesible, por estar sin estar en ese alrededor virtual que nos atrapa, ligándonos ya a no pocos amigos; como Gabriel, que, aunque ya no se acuerde, tuvo –con Félix− mucha culpa de que se escribiera lo que sigue. (De cualquier desbarre, eso sí, son absolutamente inocentes ambos). Y, ya puestos a agradecer, siempre a Aurelio. Y a Marta, claro: por todo].

 

No sólo en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Hungría; también en España, con sello propio, algo huele a podrido. Seguro que llega a estas alturas hasta Dinamarca… Es un hedor penetrante del que, como la halitosis, el emisor suele ser el último en enterarse. Pero lo llevamos pegado, como la grasa en la silicona de una junta. Resulta que, aunque los hechos apunten inequívocamente a Boston (o, al caso, a Londres), siempre acabamos mirando a California, atraídos por los cantos de sirena; o mejor, los cuentos de hadas. Hay solución, claro. Pero difícil. Consiste, como suele ser habitual, en la reflexión; esto es, en desdoblarnos, mirarnos desde fuera y juzgar severamente lo que nos está ocurriendo. Sin rodeos: algo ha pasado (y viene de lejos) en nuestro discurso público para estar donde estamos; y, por acción o por omisión, demasiados agentes son responsables. Muchos de ellos están pagando las consecuencias (pienso sobre todo en el PSC y en el PSOE); pero si no plantan ya cara al problema esto sólo puede ir a peor, para desgracia de nuestra democracia. Espero desvelar en este largo artículo algunos de los cuentos que enmascaran los hechos que no interesan a nuestros tres grandes proyectos rupturistas: el separatismo vasco, el soberanismo catalán y el desbordamiento podemita. La intención, claro, es que quienes tienen voz suficiente, se afanen de una vez en desmontarlos. Sólo entonces podremos centrarnos, juntos, en atacar problemas más hondos, de ámbito claramente internacional.

 

Comenzaremos con un enmarque teórico, dando cuenta de cómo la democracia constitucional institucionaliza el conflicto político mediante un procedimiento de resolución (la propia Constitución) en el que, a lo largo de la historia y gracias a una sabiduría colectiva acumulada, todos nos hemos podido poner de acuerdo (I); y pasaremos luego a explicar que, ya en la disputa política que se produce en el interior del marco constitucional, el Enfoque de los Problemas Sociales permite poner el foco en cómo se generan los marcos discursivos que convierten narraciones mentirosas en argumentos ganadores (II). A continuación, tras estos dos epígrafes teóricamente densos, y tras hacer una breve referencia al peligro que supone que nuestro sistema político haya elevado a los politólogos a nuevos gurús y a las perversas derivas que pueden seguirse de la propia existencia de un partido de expertos/politólogos, de estrategas (III), analizaremos, con la vista también puesta en entender los antecedentes del actual discurso de Podemos, cómo el soberanismo catalán y el independentismo vasco han aprovechado para sus ilegítimos proyectos (aquí sí ilegítimos, por romper con el principio de igualdad política democrática para no tener que justificar sus intereses con razones) sendos marcos discursivos referidos a un solo gran “conflicto” prepolítico, predemocrático por preconstitucional; deduciremos que no buscan canalizar/institucionalizar constitucionalmente los normales conflictos que afloran en la convivencia, sino sobrepasarlos sin criterio último de justicia, apelando a la desnuda relación de fuerzas (IV). Aprovecharemos para desenmascarar una de las grandes mentiras que el nacionalismo, con la connivencia en esto (y, desgraciadamente, en tantas otras cosas) de un socialismo podemizado avant la lettre, ha convertido en una narración verosímil a fuerza de repetirla: “el PP es una fábrica de independentistas” (V). Finalmente, llegaremos al momento más delicado. Podemos, con importante representación hoy en el Congreso, ha abandonado cualquier reivindicación de izquierdas y, centrándose sólo en hacerse con el poder, ha decidido usar y exacerbar estos marcos que ya pululaban públicamente para radicalizar las tensiones democráticas y forzar la crisis de legitimidad que les permita pescar en río revuelto: azuzará el “conflicto” predemocrático en Cataluña (“derecho a decidir”), en Euskadi (tesis abertzales) y en el propio Congreso (“desbordamiento”). Les basta con identificar a nuestra democracia con una supuesta continuidad franquista para deslegitimarla de plano (VI). Concluiremos que esta estrategia les permite, por una parte, defender las propuestas nacionalistas más insolidarias y hacerlas pasar por progresistas por simple contraposición al PP, retratado como franquista; y, por otra parte, que les permite repeler cualquier crítica, convirtiéndola en ataque de un régimen ilegítimo que apunta contra ellos la “máquina del fango” (del mismo modo que la identificación con el “Pueblo catalán” permitió a Pujol envolverse en la senyera, por la que resbalaban todas sus miserias) (VII).

 

 

I. Del desencantamiento del mundo a la institucionalización democrática del conflicto, pasando por la bendita argumentación

 

1. ‘Politeísmo de los valores’: un punto de escepticismo. Recordemos antes de nada que, con la llegada de la modernidad y el embridamiento del poder religioso (que se separaba entonces del poder civil), dejamos de poder fundar lógicamente las premisas últimas de nuestros juicios éticos. Es la consecuencia del ‘politeísmo de los valores’ del que hablara Max Weber. Hoy valoramos lo bueno (los proyectos y decisiones vitales que creemos dignos de ser emprendidos) o defendemos lo justo (lo que consideramos que respeta por igual los intereses de todos y que, sólo en ese sentido, sería bueno para el conjunto) desde premisas socialmente asentadas, pero nunca completamente irrefutables si ponemos empeño en remontar la cadena causal de cada aserto. Un ejemplo grueso lo brindaría el aparentemente indiscutido axioma de la igualdad como fundamento de la democracia: ¿es mejor la democracia por escucharnos a todos por igual (esto apuntaría a la suprema importancia de la regla de la mayoría en el input del procedimiento) o por tratarnos a todos por igual (esto apuntaría al fortalecimiento del Estado social de derecho, que, además, influye también en el output del proceso)? Ni siquiera el alcance del principio de igualdad queda al abrigo de la disputa por cuanto hay teorías para todos los gustos. Y bien armadas. Con que imagínense el resto de valores o principios, incluyendo la libertad o la justicia: son conceptos en entredicho, que todos −desde culturas bien distintas− defenderemos con las razones de que dispongamos, sin las cuales dichos principios no tendrían carne alguna, más allá de la connotación positiva de la que todos queremos ser valedores. En fin, que basta con asomarse un poco a la inabarcable literatura para reírse nerviosamente de quienes afirman alegremente que “aquí no hay democracia”.

 

2. Argumentando por una sociedad justa. Se ha dicho que el descubrimiento del pluralismo último de los valores condujo necesariamente al ‘desencantamiento del mundo’ (por comparación con el ‘encantamiento’ de la época premoderna, la del reinado de las religiones, donde toda función social tenía nítido encaje y toda conducta su premio o su castigo, aquí o más allá). Pero el ‘desencantamiento’ despertó la predisposición de la razón, desde un escepticismo bien entendido, a discernir entre las cuestiones que afectan, en primer lugar, a la verdad (que ya no son patrimonio de una élite, sino de un método empírico de falsación); en segundo lugar, las que atañen a juicios que buscan aconsejar sobre la vida buena (que ya no pasan necesariamente por rendir pleitesía a la secta e interpelan a la conciencia del sujeto, que será su propio juez); y, en tercer lugar, las opiniones más o menos fundadas que tenemos de lo que consideramos justo (cómo debería organizarse moral, jurídica y políticamente una sociedad ‘bien ordenada’). Esto permitió desligar nuestras normas políticas de la voluntad de los buenos déspotas, así como ir ganando esferas de libertad frente a guardianes de la moral, que ya no podrían sojuzgarnos más con sus moldes de conducta. No obstante, esto no debía acabar con todo criterio, ni sumirnos irremediablemente en un profundo relativismo moral, como parece ocurrir en Estados Unidos a juzgar por las insensateces que puede decir un candidato a presidente sin temor a quedar penalizado por el votante. (Muchos dicen, como recordaba la cita de apertura, que no pasará nada… Bien, a ver ahora quién se atreve a pedirle cuentas a quien echó a los principales medios de comunicación de su campaña, y de qué. Junto con la vergüenza del candidato, un vínculo democrático se ha roto. Resulta evidente).

 

En cada uno de los tres ámbitos pisaremos, en mayor o menor medida, sobre premisas (criterios, juicios) socialmente compartidas, desde las cuales entretejemos nuestras acciones comunicativas orientadas a entendernos con nuestros interlocutores (interacciones que forjan lazos ilocucionarios entre seres que, inevitablemente, consideran que se deben mutuamente razones por sus actos). Es cierto, sin embargo, que nos tocará recomponer cualquier desacuerdo que surja echando mano de lo que Habermas llamó la “fuerza no coercitiva del mejor argumento”. Lo que en el campo científico de lo verdadero es dirimido por la comunidad de investigadores que, a largo plazo, con pretensión de verdad y mediante una revisión por pares, por ejemplo, van puliendo, reformulando o abandonando las tesis refutadas, en el campo de lo bueno queda anudado al juicio de cada individuo, que otorgará distinta consideración a los consejos prudenciales recibidos (desde los que le dan sus allegados hasta los que le muestran, ejemplarmente, los mejores miembros de su comunidad o los personajes de una novela). En tercer lugar, lo referido a lo justo, a cómo aspiramos a organizar una comunidad determinada respetando por igual a todos sus miembros, que es lo que aquí nos va a importar, la cosa, a falta de criterio trascendental (por religioso o metafísico) que nos revele qué es lo mejor para todos, sólo puede dirimirse con un procedimiento que colectivamente nos permita hacer valer, a la larga, los mejores argumentos y nos guíe en la correcta universalización de nuestras máximas de acción, tanto en lo moral (como del deber) como en lo jurídico-político (campo del derecho y la sanción). Un sistema político que tengamos por justo (hoy será en todo caso de la especie democrática) dependerá de que tanto los intereses como los mejores argumentos de los ciudadanos para defenderlos (con sinceridad y pretensión ahora no de verdad sino de justicia o corrección) puedan salir de la sociedad civil e influir en una informe opinión pública capaz de condicionar las decisiones en la esfera institucional. En esta esfera institucional, técnicos, funcionarios y políticos sí representan ponderadamente (de acuerdo con cada sistema electoral, con la organización del poder y con la calidad y capacidad de la administración para adoptar perspectivas de imparcialidad) nuestros intereses, y en ella la toma de decisiones debería poder atender a negociaciones justas (porque los reglamentos institucionales permiten escuchar las voces de todos antes de votar −incluidas nuevamente, por cierto, las voces de la sociedad civil, que participa siempre en el proceso legislativo, tanto cuando se realizan los proyectos de ley como cuando se enmiendan; también cuando se pergeñan políticas públicas se atiende a los interesados−).

 

En suma, respecto a lo bueno y lo justo pocas veces tendrán los argumentos la fuerza suficiente para zanjar un acuerdo en el que ni todos ni siempre podremos convenir, porque las premisas últimas (o primeras) son contextuales, históricas y, por eso, axiomáticas. Lo normal en la comunidad política es el disenso y el conflicto. Y no cabe soñar con sobrepasarlo ni anularlo (eso pasa por utopías; y, de intentar llevarlas a puerto, por sistemas totalitarios); sólo con institucionalizarlo de forma que la resolución sea aceptada por todas las partes. Con democracia.

 

Por suerte, es posible que, partiendo de posiciones distintas, dos interlocutores remonten las cadenas causales de sus tesis para apuntalar sus argumentos hasta dar con un mismo axioma: los hay, por ejemplo, que defienden la extensión e igualdad de voto porque la sabiduría colectiva supera a la sabiduría del individuo mejor formado (o a la de una oligarquía elitista que acabaría por anquilosarse cuando no directamente por velar sólo por sus intereses) por cuanto aporta mayor diversidad cognitiva; pero también los hay que piensan que la igualdad política es lo que se deriva de la inherente igualdad de los seres humanos (dogma más bien cristiano, que desemboca en el secularizado concepto de dignidad), que son los mejor situados para conocer sus propios intereses; o quienes piensan que la igual consideración de todos es la mejor forma de garantizar su autonomía, ya que, de otro modo, no podríamos sino hablar de dominación por más que la élite gobernante velase increíblemente por nuestro bien; pero habrá también quien piense que, aunque las decisiones las tomaría con mayor acierto una élite de expertos, lo mejor será que todos tengan igual capacidad de participación política porque, de lo contrario, las mayorías excluidas podrían acabar desobedeciendo la ley común y desestabilizando el orden, dejando un texto constitucional en mero papel mojado.

 

3. Legitimidad procedimental: un acuerdo de mínimos para encauzar los conflictos. Por lo tanto, parece que algunos acuerdos fundantes, como la igualdad en democracia, pueden llegar a alcanzarse mediante esta suerte de equilibrio reflexivo. Pero en la mayoría de disputas políticas los ciudadanos nos ocuparemos de cuestiones menos abstractas, más concretas y, por ello, de complicada resolución; cuestiones que difícilmente quedarán completamente cerradas/acordadas por sincera disposición a la argumentación que pudieran tener todas las partes. (Algo de lo que, en general, cabe dudar). El conflicto, seguro, estará servido. De ahí la importancia histórica de avenirnos a un pacto político básico, de darnos una constitución como norma primera que, por reconocer y garantizar la igualdad política de todos los ciudadanos, consiga que de ella destile su legitimidad todo el ordenamiento jurídico al que acabaremos acudiendo para resolver los desencuentros más enquistados. 

 

4. De la Transición (política constitucional) al ‘tiempo de transiciones’ (política normal). De un tiempo a esta parte resuena con fuerza que nuestra Constitución no cumple con los mínimos de legitimidad que se le presuponen a un tratado de su hondura. Quienes esto afirman no se basan, huelga decirlo, ni en la literalidad del texto ni en su aplicación cotidiana (que, dicho sea de paso, depende de muchos actores que, dentro de los límites marcados y tanto desde la administración como desde las instituciones políticas, pueden llevar a cabo infinidad de proyectos políticos distintos), sino que, con intención de impugnar el presente, tiran la vista atrás para impugnar un pasado que todos dábamos por bueno: que si la Ley para la Reforma, que si la Corona, que si el ejército y la policía, que si políticos franquistas… Cuesta entender de dónde surge tal adanismo generacional, dispuesto a escupir sobre los cimientos (alguna lumbrera lo llamaría incluso “mito fundacional”) de nuestra democracia, en lugar de esmerarse en sacar brillo allí donde menos luzca. Es triste ver cómo quienes honran míticos legados del nacionalismo periférico más rancio, recelan del legado que les trajo sus libertades.

 

Por lo visto creen que la vieja Administración, las instituciones, ¿los partidos?, en fin, que todas las personas que las encarnaban, debían (entendemos que también creerán que podían −de lo contrario empantanamos en peligroso idealismo adolescente, que es, me temo, en lo que estamos−) ser sustituidas por otras nuevas, como quien, a cada puesta, quema sus calzoncillos con zurraspa: 1º) se prescinde de la lógica histórica (pese a que las nuevas instituciones sociales nunca afloran como setas: todo reemplazo o innovación surge −e incluso se piensa− desde lo viejo, aun cuando se produce contra lo viejo); 2º) se pasa por alto que muchos profesionales fueron mutando su conciencia con el cambio de los tiempos (exactamente igual que el resto de los ciudadanos) y; 3º) se ignora que, incluso si se pudiera trocar el aparato estatal al completo, la mínima prudencia invita en lo posible a conservar al personal ya formado del que se dispone y, de paso, a no generarse enemigos que puedan hacer uso de su poder social para desestabilizar y tirar por tierra el trabajo de tantos años.

 

Frente a tales ensoñaciones, la lógica y la prudencia política obligan a acompasar los cambios jurídicos más profundos con la evolución política, que es la que se produce a nivel de la conciencia social por los cauces que vaya tomando la opinión pública. Por momentos se intentará hacer progresar la conciencia política colectiva forzando cambios jurídicos desde arriba, hacia metas que no han acabado de sedimentar socialmente pero a favor de las cuales empiezan a acumularse una pila de buenas razones, funcionales o morales: pensemos, por poner un ejemplo poco conflictivo, en la ley antitabaco que prohíbe fumar en los locales, bien por respeto a los demás, bien para reducir la cola de trasplantes. Y en otras ocasiones será la presión política la que empuje a las instituciones a acometer los cambios hacia nuevas dimensiones de inclusividad democrática. Este universal proceso dialéctico debe asegurar que el espíritu de cualquier constitución acompañe a su letra y, sobre todo, que el conjunto del ordenamiento jurídico que se va derivando de la pugna política diaria y que regula más concretamente casi cada recoveco de nuestras interacciones, se siga percibiendo como legítimo. Así se acatará la ley no sólo por miedo a la sanción, sino incluso por cierta convicción. De otro modo estarán servidas las patologías sociales. Ya se sabe.

 

No resulta fácil concebir un cambio completo de la conciencia social dominante con apelaciones a reformas jurídicas (o jurídico-políticas) fuertemente desacompasadas: verbigracia, una reforma constitucional para embridar desmanes anticonstitucionales y totalitarios que asomen desde abajo. Ese tipo de experimentos suelen acabar rompiendo, hacia un lado o hacia otro, la lógica histórica y la legitimidad democrática. Ni una transición puede soñar por sí sola con dar a luz a una sociedad nueva (¿alguien cree que los problemas del Congo los solucionaría una constitución en un papel?) ni un cambio total de conciencia política puede esperar que una constitución se moldee por completo sin romperse. Por eso, por cierto, aunque es necesario hacerlo, no es suficiente con apelar al cumplimiento del Derecho para que éste asiente definitivamente su efectividad. El discurso que se oye debe fortalecer siempre las razones que lo justifican. Explica Bellamy en su Constitucionalismo político que:

 

“Ganar de manera legal raramente supone poner fin a un problema. Se muestra totalmente vacío si no viene acompañado de apoyo político, y –dado que puede tanto galvanizar a la oposición como distraer a los propios partidarios haciéndoles olvidar otras actividades posibles− puede ir incluso en contra del éxito político” (60).

 

“Los ejemplos de democracias amenazadas por la tiranía son históricamente escasos y lejanos, y es dudoso que un tribunal constitucional pueda salvar a la democracia en casos así. Tal y como el ejemplo de la Alemania nazi revela, lo habitual es que la élite dominante, incluyendo la jurídica, comparta los prejuicios populares contra una minoría, y si no lo hace es poco probable que sea capaz de resistir la continua presión popular y gubernamental” (62).

 

Respecto a nuestra Transición, podemos decir que fue un éxito porque la mayoría de agentes sociales (a demasiados de los cuales se empeñan ahora algunos, al calor de las libertades democráticas, en tildar alegremente de franquistas) acompañaron a las reformas jurídico-políticas que hicieron falta para pasar de la dictadura a la democracia. Y esto, en cualquier transición, implica prudencia y sentido histórico (que es fácil perder retroactivamente, sobre todo cuando se mora entre el relativismo más obsceno y el idealismo más adolescente, sin solución de continuidad), también respecto a instituciones tan importantes como la alta administración o como el propio ejército.

 

Incluso para llevar a cabo las transformaciones de los peores regímenes (los que necesitan cantidades de ayuda internacional que no necesitó nuestra Transición), las reglas de la conocida Justicia Transicional, tal y como recogen muchos documentos de la ONU (que tiene un representante especial dedicado a la materia, Pablo de Greiff), contemplan las Security Sector Reform (SSR), centradas en políticos, militares o altos funcionarios, responsables generalmente de diseñar los crímenes o de ser perpetradores a gran escala. Sin duda, la reforma del sistema de seguridad es fundamental para fomentar un proceso de state-building democrático y lograr que se protejan los derechos de los ciudadanos y el estado de derecho, en aras de mantener una paz estable y duradera. En lo que concretamente respecta al ejército, la purga prudente cobra el nombre de Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). Pero en ningún momento estas purgas deben traspasar el umbral (siempre contextual y, por tanto, a definir cuidadosamente en cada caso) a partir del cual el Estado se debilita y su oposición se fortalece hasta el punto que se pone en jaque la viabilidad de la reforma.

 

Salvando las distancias, los errores cometidos en Irak pueden servir de muestra: los chiíes, amparados por el ejército estadounidense, sometieron a la comunidad suní a una humillante desbaazificación desde 2003, excluyéndolos completamente de la vida pública. Contra el sentido común, los chiítas convencieron a Dick Cheney para echar a todos los suníes del ejército en lugar de hacer una prudente depuración. Estas medidas hicieron perder al ejército iraquí a los hombres más preparados, que acabaron engrosando las filas del difunto Zarqawi, líder original del Estado Islámico; y, peor aún, contribuyeron a crear un ejército que era un nido de corrupción. Acompañadas en general de una carencia de reconocimiento en lo público (más bien de una exclusión violenta), estas medidas inseminaron una ira creciente en los suníes (hacia los chiíes), que aumentó a partir de 2006, conforme las milicias chiíes iban dejando por las calles de Bagdad decenas de cuerpos con cráneos taladrados.

 

Lo cierto es que las constituciones evolucionan mediante el derecho (colectivamente reflexivo) de reforma. Donde el individuo busca autodeterminarse, el colectivo, si se le deja, buscará autogobernarse. Y, en ese sentido, nacida una constitución que dé luz al nuevo orden de una comunidad política concreta, deberíamos aceptar que todo tiempo político posterior será un tiempo de transiciones, donde el criterio de progreso será el de la mayor inclusión de todos los ciudadanos (radicalmente opuesto a la inclusividad de minorías fragmentadas que, por definición, rompen la igualdad ciudadana). No obstante, que todo tiempo político sea un “tiempo de transiciones” (con minúscula) no puede afirmarse a base de negar que dichas transiciones son sólo posibles porque hubo una Transición (con mayúsculas) a partir de la cual se hicieron viables las constantes reformas democráticas posteriores (no necesariamente constitucionales). Hablar de primera, segunda o tercera Transición (con mayúsculas) es, repetimos, un peligroso adanismo adolescente que pasa por deslegitimar el pasado para encumbrar un presente en el que el sujeto se piensa absolutamente libre de las condiciones históricas que lo rodean y, sobre todo, de las que lo han precedido. Lo cierto es que toda Transición (con mayúsculas) nace sólo una vez, con la ruptura de un orden no democrático; lo cual, lógicamente, nos sitúa siempre en tiempos difíciles y fuerza a los agentes del cambio (los de verdad) a hacer de tripas corazón y a ceder todos un poco para que no se reproduzca el pasado. Por el contrario, es en época de libertades donde se pierde el miedo a poner palos en las ruedas, probando la solidez democrática de una comunidad. Pero, como en tantas otras cosas, son los miedos, las exigencias, las miradas, las presiones, los ultimatums, los que fuerzan a las partes a reunirse, a sincerarse y a sacar lo mejor de cada lado para obtener un acuerdo sólido, justo y duradero. Bruce Ackerman contraponía en ese sentido la “política normal” a la “política constitucional”, mostrando que la segunda, haciendo de la necesidad virtud, surgiría tras crisis nacionales, que acaban uniendo a la población y haciendo que todos trasciendan sus propios intereses egoístas y tomen en consideración el bien común.

 

En definitiva, volviendo de nuevo Richard Bellamy:

 

“Las constituciones normalmente se fraguan tras un periodo de crisis generalizada, en muchas ocasiones tras una derrota militar y a menudo tras una guerra civil. En situaciones así, una declaración de derechos puede proporcionar una declaración de objetivos que incluya no caer en los errores del pasado y la garantía de un trato igual para los antiguos adversarios. Pero los efectos positivos se desprenden del propio acto de redactar y firmar la declaración, algo que obliga a las partes a sentarse juntas y a encontrar un suelo común a través del compromiso. (…) A partir de ese momento los efectos de una declaración pueden resultar desafortunados. La redacción de los textos ha de ser considerablemente abstracta para posibilitar el acuerdo. Eso deja desacuerdos sin decidir sobre la sustancia de los derechos, su alcance, los sujetos a los que se aplican, el modo de garantizarlos, etcétera. Discutir tales cuestiones mediante la búsqueda de la interpretación más adecuada para una determinada redacción textual no es siempre lo más adecuado. (…) Abordar mediante el “derecho a la subsistencia” la cuestión de la pobreza, por ejemplo, puede dejar fuera las principales medidas para lograr que los pobres dejen de serlo mediante programas de formación y empleo. El lenguaje de los derechos muchas veces ofrece una relación aparentemente simple entre algo que está mal y el hecho de dotar a los individuos de un derecho que lo arregla. Pero la relación entre una cosa y otra no es nunca tan sencilla” (66-67).

 

En suma, por una parte debería entenderse bien que siempre hay una Transición que aflora en tiempos convulsos (de los que precisamente se saca la fuerza para su propia realización), y que la nuestra, con el referéndum pertinente, abocó a una Constitución legitimada que organiza hoy nuestra convivencia; y un tiempo de transiciones, que también debe ser tiempo de instituciones y que es el tiempo político normal, sin alharacas pero sin acomodos. Y, por otra parte, que es un peligroso error tratar de gobernar a golpe de reforma constitucional (pretendiendo, voluntaristamente, hacer constar en el texto proyectos políticos concretos o derechos sustantivos excesivamente definidos por cuanto dependerán de una dotación imprevisible), en lugar de reservar al pacato común la abstracción necesaria sobre la que luego tendrá lugar la pugna política que irá dando forma al resto del ordenamiento infraconstitucional.

 

5. Hacer justicia a la contingencia de las fronteras; no justificarlas moralmente. Como podría objetarse a estas alturas, es cierto, por una parte, que comparado con el universo moral (el de todas las personas), este pacto político siempre tendrá una verdadera mácula genética: el universo político (el “nosotros”) es configurado por una comunidad de personas-ciudadanos contingentemente delimitado (por guerras, fronteras geográficas, tratados internacionales de dudosa justificación), fragmentando así lo que en rigor sólo podría ser justicia cosmopolita. Pero hasta que los gobiernos de los Estados no se vean forzados por sus ciudadanos a ceder soberanía o competencias “hacia arriba”, convengamos en que lo mejor será arrostrar la contingencia haciendo justicia dentro del perímetro moralmente arbitrario que dibujan las fronteras y que define a la soberanía realmente existente. Cualquier intento de hacerlo ha sido incomparablemente mejor y más digno que todos los ensayos históricos por justificar moralmente una frontera. Al fin y al cabo, el campo semántico de la justificación de la frontera es el de las guerras, los odios, las exclusiones, las masacres, los genocidios, el terrorismo. No hay justificación (ni siquiera mediante referéndums…) que valga a la hora de decidir quiénes forman parte de lo que, desde que tenemos uso de razón, ya conocimos como un todo. Intentar dársela es romper e inutilizar lo que, de atenderse al adecuado procedimiento, debe ser una comunidad de justicia, de vínculos solidarios.

 

Establecido, pues, el perímetro antes incluso que el pacto (y confirmado por el propio pacto), las cuestiones de justicia (aquellas instituciones, normas y políticas con las que aspiramos a regir nuestra convivencia) serán función de una legitimidad procedimental sobre la que podemos alcanzar un acuerdo que contemple la vía de su propia reforma y que quede orgánica y dogmáticamente plasmada en la constitución. Consecuentemente, Habermas reconstruye la constitución como un entramado institucional reflexivo que dé lugar a esas “negociaciones justas” de las que hablábamos (los partidos estarán representados proporcionalmente, el proceso de legislación vendrá pautado y escuchará a todas las partes, habrá pluralismo político y elecciones periódicas, etcétera); un entramado fundado principalmente en un “sistema de los derechos” que, por una parte, permitirá a los ciudadanos desarrollar su autonomía privada (esto es, el ejercicio de la ‘libertad negativa’, que pasa por la oportunidad que nos brinda el Derecho de romper con los vínculos comunitarios −a los que nos ataría la exigencia constante de justificar nuestros actos− y que se sustancia en el máximo de libertad posible para cada uno, sin entorpecer la libertad de los demás), pero que por otra parte les permitirá participar con igual voz de la autonomía pública (del autogobierno colectivo −concertando la acción con los demás− sin el cual no existiría el Derecho democrático ni la posibilidad de asentar las expectativas de acción que se asientan la confianza ciudadana, el cemento moral y político). Dicho autogobierno, se entiende bien, se desarrolla no sólo en las instituciones sino también, y sobre todo, allí donde se genera la opinión pública que acaba alimentando el discurso institucional, vertebrada y reverberada por los medios de comunicación.

 

Como cualquiera ha experimentado en su día a día, resulta fundamental el entramado jurídico descrito: del mismo modo que sólo aceleramos en el coche porque tiene frenos, la coacción jurídica (la sanción determinada por tribunales y ejecutada por el gobierno) nos da la garantía de que, en última instancia, los conflictos que puedan surgir en cada una de las interacciones que decidamos emprender serán imparcialmente enmarcados y resueltos por un tercero independiente de acuerdo con criterios que todos aceptamos porque hemos podido participar en su establecimiento. Nos libera y facilita las relaciones la constante posibilidad de cerrar objetivamente (atendiendo a lo que diga la norma, negro sobre blanco) aquellos momentos de apertura/desacuerdo/conflicto que la argumentación no haya podido zanjar, bien por falta de tiempo, de intelección, de premisas compartidas o, sencillamente, por falta de voluntad de alguna de las partes. Vulgarmente suele bastar con apelar a la libertad de expresión o, en fin, con hacer lo que nos venga en gana mientras no sea ilegal. Frente a la presión comunitaria, hay escapatorias. Y podemos recurrir a esa vía porque existe un indisputado monopolio de la violencia legítima en un perímetro dado, el del Estado soberano; gracias a que éste ejecuta la ley nos igualamos todos los ciudadanos y devenimos libres. (Cuestión aparte es la patología que se esconde detrás de quienes se obstinan, cada vez con mayor ahínco, en moverse exclusivamente en el campo de la autonomía privada: eso conduce a la juridificación absoluta de las relaciones personales, nos permite guiar nuestra conducta sujetándonos sólo a lo estratégico y va desarmándonos de criterio moral para crear un Derecho justo; entre estos free riders que van perfilando una ciudadanía amorfa encontraremos a los abstencionistas o a ciudadanos idiotas/apolíticos, en general).

 

6. Diferencias entre una incipiente “soberanía compartida multinivel” (solidaria y cosmopolita) y la soberanía compartida del “plurinacionalismo” podemita. Por último, hay que reconocer que, junto con la fuente inagotable de oportunidades que supone, la globalización, al difuminar (mediante organismos internacionales, organizaciones supranacionales, tratados multilaterales, etcétera) los contornos del perímetro soberano y ahogar funcionalmente el alcance de muchas de las políticas que los gobiernos pueden realizar por sí solos, genera no pocos problemas a los que hemos de hacer frente en todos los países. Para gobernar/regular sobre elementos que trascienden nuestras fronteras y amenazan nuestras libertades (medio ambiente; catástrofes naturales; terrorismo; opacidad/secreto fiscal y paraísos fiscales de los que las multinacionales se sirven para horadar las bases imponibles de los Estados −cuyas recaudaciones fiscales y servicios públicos van menguando−; delitos de lesa humanidad; alcance de los contenidos de internet que puedan afectar transnacionalmente a las libertades, a los derechos de autor, etcétera), acompañando a la globalización ha habido múltiples procesos de cesión de competencias, por razón de la materia (porque ésta no fuera eficazmente acometible desde el ámbito nacional), a distintos órgano supranacionales.

 

Esto ha ido dibujando nodos de una especie de soberanía compartida (por Estados y por los ciudadanos de esos Estados que, a su vez, van empezando a pensarse también como conciudadanos del nuevo ente supranacional, al que, como sucede en la UE con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pueden exigir directamente la garantía de algunos derechos frente a sus propios Estados) y multinivel (esto es: 1º) partiendo de los únicos Estados soberanos realmente existentes, los que garantizan e imponen sus derechos a los ciudadanos gracias al monopolio de la violencia legitimada por una opinión pública que, ya formada, vela por que un sistema jurídico-político pueda reformarse sin episodios revolucionarios y; 2º) construyendo organizaciones supranacionales –tipo UE− e incluso órganos internacionales –tipo OMC, OMS o en fin, la propia ONU−). Estos nuevos nodos de heterodoxa y frágil soberanía compartida multinivel dependen tanto de la transnacionalización de la opinión pública (que servirá de mecanismo democrático de rendición de cuentas) como de un proceso de civilización del poder político (los Estados deberían ir poniendo su monopolio de la violencia al servicio de la ejecución de decisiones que han podido tomarse en foros no nacionales incluso contra su voluntad: sucede, por ejemplo, cuando en la UE se toman decisiones por mayoría y no por unanimidad). Se trata de una soberanía de evidente tendencia cosmopolita, que vive de quitar o hacer porosas las fronteras para poder recuperar la democracia allí donde toca recuperarla para domar a los mercados. Una soberanía deudora de una legitimidad compleja y de segundo grado, pero que quizás también podemos calificar de democrática: 1º) son competencias que los Estados –los únicos canónicamente soberanos− pueden recuperar de iure (de facto resulta más difícil porque se van solapando factores materiales que nos empujan a colaborar, como muestra el esfuerzo de Reino Unido por frenar el Brexit; pero la autarquía puede ser un suicidio soberano); 2º) son cedidas por gobiernos responsables ante sus ciudadanos, tanto de la decisión de cederlas como de las consecuencias que de ello se deriven y; 3º) serán ejercidas por órganos supranacionales cuyas decisiones no pueden quedar al margen, si aspiran a perdurar sin levantar una crisis social, de la opinión pública que, aunque arraigada en las esferas nacionales, va transnacionalizándose en cada país.

 

Este proceso existe y permite trasladar lo democrático (entendido al menos como la sujeción de poderes transnacionales a la opinión pública, al control, a la rendición de cuentas) más allá de las fronteras. Es mejor que nada, va abriendo camino y puede servir para ir llenando los vacíos democráticos de aquello que sucede fuera del alcance de las determinadas comunidades políticas; pero reconozcamos no deja de ser un remedo, renqueantemente democrático: no pueden contemplarse por igual los intereses de todos los ciudadanos (del mundo) allí donde las decisiones dependen de negociaciones intergubernamentales, donde son desiguales (en demografía, peso económico y potencia militar) las unidades (Estados, organizaciones internacionales) que negocian en nombre de sus ciudadanos (y de sus empresas). Se trata de un proceso funcional y por eso práctico, pero con deficiencias que hay que ir afinando; un proceso de tendencia cosmopolita que de momento solo es realizable (imaginable, incluso) sobre la base de Estados soberanos, que son quienes sostienen el monopolio de la violencia legitimada, quienes garantizan nuestros derechos y quienes, mediante los medios de comunicación convenientemente regulados, hacen aflorar dialécticamente opiniones públicas más o menos vertebradas en torno a presupuestos compartidos. Y, por eso, ningún sentido tiene transponer la dinámica que transnacionaliza nodos de soberanía compartida (para tratar de regular lo que se nos escapa) al interior de Estados soberanos que ya disponen de opinión pública común y que ya garantizan los iguales derechos y libertades de cada ciudadano.

 

Esto, ojo, es lo que trata de hacer Podemos, con la argumentación siguiente: puesto que ya hay engendros de soberanía compartida más allá de las fronteras (una soberanía que ellos rechazan por no democrática, para colmo de la contradicción), argumentan que también España puede componerse como soberanía compartida, al menos con Cataluña, hacia dentro de sus fronteras. Esto viene a reclamar Domènech en defensa de un ‘plurinacionalismo’ que, en realidad, no haría otra cosa que introducir dinámicas intergubernamentales entre las Comunidades Autónomas y que, por tanto, vulneraría la igualdad de los españoles en favor de la igualdad de territorios económicamente desiguales (en riqueza, demografía u orografía): las CCAA negociarían en relación a sus fuerzas la parte del pastel que le toca a cada una; y luego la repartirían entre una ciudadanía ya fragmentada. No se me ocurre proyecto más conservador. De hecho, nada tiene que ver en forma, fondo, tendencia o intención con el proceso de soberanía compartida multinivel que describíamos en el punto anterior. Quizás esté más relacionado con la acepción de la soberanía compartida referida a las constituciones liberales del siglo XIX, que implicaban el reparto de soberanía entre el rey y las Cortes; o con el andamiaje austracista. En todo caso, lo que nadie puede negar es que piensan más en patrimonializar a toda costa el poder que en términos de justicia. Por eso van a las diadas, esas manifestaciones públicas donde una parte de los catalanes hacen loas a la patria catalana y dicen a “Madrid” que no quieren seguir pagando impuestos a los vagos andaluces y extremeños. Por eso quieren compartir soberanía, claro; para no compartir otras cosas. Tanto el “plurinacionalismo” como el engendro de la “soberanía compartida” son, de hecho, propuestas que ya había planteado un partido tan poco progresista y solidario como el foralista Partido Nacionalista Vasco en la ponencia ‘El Estado plurinacional: proyecto de futuro’ presentado por Josu Jon Imaz en 2007.

 

¿Qué cómo esperan hacer realidad un proyecto que rompe con los universales principios del constitucionalismo (no digo ya con nuestra Constitución) y de la democracia? Aprovechando y alimentando algunos marcos rupturistas que los dos grandes partidos han dejado aflorar durante décadas. Lo vemos.

 

 

II. El Enfoque de los Problemas Sociales: la generación de marcos discursivos

 

En resumen, tras muchas luchas por conquistar derechos, alcanzamos acuerdos básicos sobre las normas procedimentales (constitucionalismo) que normalmente se dividen en normas que organizan y regulan el poder (separación o equilibrio de poderes, principio de legalidad, revisión judicial, etcétera) y en listas de derechos fundamentales que salvaguardan las libertades de todos los ciudadanos, tanto para disfrutar de su autonomía privada como para poder tomar partido, activa (participando en partidos políticos) o pasivamente (votando, organizándose en la sociedad civil), en las normas que regularán el auto-gobierno del colectivo. Sin duda, el acuerdo básico sobre el procedimiento democrático (mediante una constitución cuyos fundamentos últimos no son irrefutables, pero que en todo caso concitan un acuerdo que se ha ido larvando históricamente y que contempla su propia posibilidad de reforma, como quien repara la barca en alta mar) tiene la virtud de estabilizar las expectativas de acción de los ciudadanos y de canalizar el conflicto político hacia resoluciones que serán deudoras de lo pactado entre todos. Y por eso, justas.

 

Sin embargo, lo que ahora queremos señalar es que las decisiones sustanciales que emanen de tal procedimiento, las que menos acuerdo suscitan pero también las que más fácilmente podrán corregirse en cada ciclo político, jugarán siempre en un terreno socialmente delineado o enmarcado. Prevalecerán las mejores razones, sí; pero dependerá de cada contexto que la comunidad de referencia, la que juzga, las considere las mejores para que surja en torno a ellas el nexo ilocucionario que vincula a los hablantes. Esto ocurre porque sólo del contexto social (del ethos) deriva su fuerza la dimensión pragmática del lenguaje que, desgraciadamente, puede quedar desanclada del referente sin eliminar consistencia sintáctica y semántica a los argumentos.

 

En otras palabras, los argumentos políticos ganan o pierden peso en función del marco discursivo que se haya conseguido imponer socialmente (esto es, en función de los prejuicios que arraiguen en las mentes interrelacionadas de los conciudadanos; de las premisas que los hablantes, socializados en una misma comunidad, compartan en mayor o menor grado a la hora de emitir sus juicios). Porque será en los discursos cotidianos donde cada argumento sea reproducido y/o evaluado por los interlocutores. De ahí que autores como Aminzade y McAdam sostengan que hay que analizar los conflictos políticos atendiendo al Enfoque de los Problemas Sociales, afirmando que antes de que pueda ponerse en marcha una protesta colectiva, la gente debe definir su situación como injusta y como susceptible de cambio mediante la acción grupal. Lo decisivo para la conducta social serían las creencias y las expectativas de los ciudadanos; por eso, quien se disponga a estudiar y comprender cómo consiguen algunas ideas llevarse el gato al agua en la disputa política deberá abandonar por un momento la perspectiva del hablante/participante que busca en serio convencer al otro de sus razones en la esfera política, alejarse del ámbito cotidiano de pugna argumental que se comparte con los pares, dejar de lado la evaluación de las mejores razones, guardándose por un momento las suyas propias, y pasar a adoptar la perspectiva del científico social para poner la lupa en el campo de juego, y en quién, cómo y por qué dibuja los contornos del debate. Si con Habermas hemos justificado el fundante marco constitucional desde la perspectiva de quienes quieren convivir en serio entre iguales, que son los ciudadanos, ahora pasaremos a explicar, desde la perspectiva de un observador desinteresado, cómo llegan a generarse los problemas sociales y el marco discursivo en el que se acaban resolviendo. (Una resolución que sólo será justa, se entiende, mientras se incardine dentro del marco constitucional del que hemos dado cuenta, único criterio de justicia que hemos sabido construir).

 

Esto es lo que hizo magistralmente Martín Alonso en su ensayo El catalanismo: del éxito al éxtasis I: la génesis de un problema social. De pronto, uno cae en la cuenta de que en gran parte de los asuntos que se dirimen en nuestra agenda política, los argumentos se pasean impúdicamente ajenos a lo que se ha venido a llamar “divorcio referencial”, una distancia cada vez más grande entre los datos objetivos y las percepciones y respuestas sociales. Sucede que la verdad narrativa, la historia que nos cuentan quienes abandonan la fundamental pero anodina lucha política (la de la historia, los datos, los problemas, las soluciones, la anticipación de consecuencias perversas, las negociaciones, las evaluaciones, etcétera) y se afanan en construir los relatos, se va alejando, por motivos espurios, de la verdad que nos revelan los hechos.

 

“Da igual cómo sea de absurda, cualquier opinión puede ser preservada si uno está dispuesto a operar los ajustes suficientes en el resto del sistema”, dirá Jonathan Glover. En la misma línea, afirma Hayden que “los antropólogos ven cómo cada vez más los movimientos políticos exitosos de muchas partes del mundo están basados en supuestos absurdos”. “En la antigua Yugoslavia el nacionalismo extremo no sólo consistió en imaginar comunidades ‘primordiales’ sino en convertir las heterogéneas realmente existentes en inimaginables”.

 

De ahí que, como concluye Martín Alonso, “lo determinante para la conversión de un asunto en problema no son las supuestas condiciones objetivas (los hechos o fenómenos en sí) sino los procesos sociales de definición colectiva de esas condiciones” (p. 49).

 

 

III. La amenaza de los politólogos

 

Llegados a este punto, advirtamos que el ‘politeísmo de los valores’ que relativiza los argumentos y conduce hacia el ‘desencantamiento del mundo’, convierte también el saber experto en un saber moral y políticamente limitado. Una limitación palmaria en lo referido a los científicos sociales, por cuanto un test de acierto en sus pronósticos (¿qué economista predijo la crisis?, ¿cuántos politólogos vieron venir el fenómeno Trump, o el Brexit?) dejaría en entredicho la eficacia pronosticadora de sus métodos. Un experto, en cualquier caso, será quien trate de decirnos cuál es el mejor camino para transitar de A a B, pero difícilmente podrá tener la última palabra sobre la justicia de B.

 

Y aquí nos aproximamos ya a la fuente del mal olor. En nuestro país ha irrumpido con fuerza la fe en el politólogo. Por una parte, no hay canal de televisión o emisora de radio que no trate de dar empaque a sus juicios recurriendo al saber politológico. Y así, éstos pontifican sobre las consecuencias previsibles de tal o cual decisión de un partido, al margen de las razones últimas y, por tanto, lejos del juicio político que puedan hacer los ciudadanos (¿pueden valorar las consecuencias de que el PSOE rompa con el PSC? ¿No dependerá de si los ciudadanos estiman o no que el PSC es una rémora para los intereses generales de los españoles?). Demasiadas veces lanzan sus pronósticos atendiendo a lo que, con descaro, no es más que su propia toma de postura; lo cual no hace sino generar profecías auto-cumplidas, por cuanto pretenden que lo que no es más que su opinión se erija en patrón de conducta ciudadana. Y lo pretenden desde los altavoces mediáticos que se les prestan. Manga ancha, por lo tanto, para dibujar las líneas del campo con la circunspección a la que da pie el título.

 

Por otra parte, tenemos un partido entero de politólogos que, pese a no tener por ello mejor juicio político o criterio moral que el último de los ciudadanos, sí es perfectamente consciente de que los juicios se ponderan en campos convenientemente inclinados, donde algunos argumentos toman ventaja y aplastan por inercia a los que luchan contra corriente por no perder pie. Y así, sucede que Podemos se está empeñando desde que nació en inclinar el campo de juego a su favor, al margen del valor (de la fuerza no coercitiva) que pueda tener el mejor de los argumentos. Si Mahoma no va a la montaña… Lo explicaba con sencillez el bueno de Errejón: “la hegemonía no es sólo ganar, sino delimitar el terreno de juego”. Iglesias lo comparte, pero tiene más prisa por forzar el colapso.

 

Se trata, claro está, de una estrategia manida a la que juega cualquier grupo de presión en la sociedad civil. No es que hayan descubierto la pólvora. El problema es que su fin no es otro que alcanzar el poder: varios de ellos han dejado patente que lo quieren hacer sin tan siquiera hacer uso sensato de las instituciones y contra cualquier consideración de justicia que refrende las bases mínimas de nuestro procedimiento democrático, aquel en que todos pudimos coincidir. Y para ello no dudan en revolver en las peores basuras y en estudiar todos los procesos de crisis de régimen para forzar una crisis del nuestro, que a duras penas consigue sobrevivir contra las circunstancias adversas (crisis internacional, crisis europea, crisis de deuda, amenaza secesionista) como para aguantar que, desde dentro, lo vengan a torpedear.

 

 

IV. Cataluña y Euskadi: dos marcos de un ‘conflicto’ predemocrático

 

Se ha dicho en el primer apartado que el conflicto es inherente a la comunidad política; y que el constitucionalismo (sobre el que cabe mayor acuerdo) es fundamental para institucionalizarlo (garantizando la igualdad de todos y cristalizando procedimentalmente el punto de vista moral de la imparcialidad) y ofrecer una resolución última y legítima que no dependa de la nuda relación de fuerzas. Y ahora podemos entender por qué son peligrosos los discursos políticos que no sólo subliman artificialmente el conflicto, sino que buscan enmarcarlo de tal forma que el marco constitucional quede inutilizado para resolverlo y así poder defender sin cortapisas proyectos radicalmente desigualitarios, que podrían hacerse realidad si consiguen alcanzar una masa crítica suficiente, al margen de cualquier otro criterio jurídico o moral.

 

Como veremos más adelante, en plena crisis de legitimidad de nuestro sistema, en lugar de luchar por reformar el procedimiento democrático con piezas mejoradas, Podemos se afana en levantar un marco discursivo en el cual, por una parte, la sociedad no queda atravesada por incontables conflictos que institucionalizar sino por un gran “conflicto” que, de resolverse a su favor, devolvería a la sociedad “el cielo” (que no se toma por consenso) es decir, la armonía perdida en algún tiempo remoto; y donde, por otra parte, dicho “conflicto” sería previo a la Constitución, a la que no se reconoce legitimidad para resolver nada.

 

Viendo de dónde nace y con quién anda, no cuesta deducir que el andamiaje para forzar la crisis ya lo tenía prefabricado, listo para importar desde Euskadi (o Navarra) y Cataluña al corazón de España, el Congreso de los Diputados. En ambas CCAA el soberanismo ya lleva tiempo haciendo circular la teoría o marco del “conflicto”, que en todo caso será predemocrático (entre otras cosas, por preconstitucional, por ajeno al único procedimiento que puede servir de criterio legítimo para la resolución de conflictos) y tras el cual reinará la armonía en la comunidad. El problema en todos los casos es que la armonía en sociedad no existe; sólo es un contrafáctico en torno al cual se apiñan quienes quieren imponer el cálido ideal comunitario. Desconfiemos por tanto de quien la invoca porque para acercarse a ella trabajará, por detrás, en mil y una formas de imponer la ley del silencio. Esa es la realidad tras el espejo cóncavo de la armonía. La armonía es, en su imposibilidad, el verdadero opio del pueblo, una peligrosa religión defendida con falsas sonrisas por quienes quieren mantener las seguridades perdidas tras la burbuja en la que nos sumerge la adolescencia. Es la reivindicación de la adolescencia perpetua; es la perpetua tiranía. Es el ataque de quienes en lugar de tolerar al diferente (que no es sólo el extranjero o el perteneciente a una minoría, que también, sino quien piensa diferente, el otro en tanto que otro). La armonía es invocada por el populismo y el nacionalismo para hacerse valer frente a las realidades materiales que nos acechan, frente a las contradicciones, pensando que basta con negarlas para que éstas desaparezcan. La fe en la armonía es, por eso, la que acaba, en nombre de inalcanzables bienes supremos, con las libertades de los aguafiestas, silenciándolos primero, excluyéndolos después. Esta forma de anhelar una armonía imposible es, por eso, la que maniata, destroza, divide y hunde a las sociedades.

 

Veremos primero en qué consistió ese “marco del conflicto” en las CCAA donde ya triunfó. Y luego aprovecharemos para ver cómo ha servido para que el socialismo y gran parte de los medios de comunicación sostuvieran, contra los hechos, la tesis de que el PP genera independentistas. Finalmente, veremos cuándo y cómo Podemos trasladó el marco, dándole continuidad en el ámbito nacional. Para ellos la Transición y la democracia no son más que pura continuación del franquismo; la legitimidad democrática se niega; la única legitimidad que vale, la suya.

 

●      Respecto a Cataluña: “1714-2014”: 

 

Como el Guadiana, el marco del “conflicto” de “España contra Cataluña” aflora y se esconde. En este caso, a conveniencia. Ocurrió, por ejemplo, en 1984, cuando Pujol, para defenderse del escándalo de Banca Catalana, salió al balcón de la Generalitat a exclamar, envuelto en la senyera, que “el Gobierno de Madrid, el Gobierno central concretamente, ha cometido una jugada indigna. Y a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, no ellos”. Y en otro momento añadió: “somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega”. Sin embargo, este marco de nítido enfrentamiento entre dos realidades nacionales inconmensurables, que puntualmente asomó durante el gobierno de González (y que apenas asomó, como veremos, durante las legislaturas de Aznar), permaneció latente durante años y a duras penas comenzó a reaflorar después de 2003, cuando el autogobierno sólo le preocupaba a un 3,9% de los catalanes y el propio Pujol sostenía el eslogan de que España no es Yugoslavia.

 

De hecho, en 2012, con la publicación de su tercer libro de memorias, Pujol aún culpaba al tripartito del deterioro de las relaciones con España y advertía de que la política española podía abocar al soberanismo en Cataluña. Aunque el tripartito fue caldeando el ambiente, fue en 2013, cuando empezaron a salir a flote los casos de corrupción de Pujol y su familia, cuando Artur Mas les parapetó alegando que se trataba de “un ataque del Estado contra Cataluña”. Así, el marco de “España contra Cataluña” se fue exacerbando de nuevo hasta sustanciarse incluso, para vergüenza de historiadores, en el simposio “España contra Catalunya”, absolutamente carente de rigor, a finales de ese año. El mismo ardid que en 1984 (al pelo) sirvió a Pujol para que toda culpa por corrupción resbalase por la senyera. Hoy ese marco sirve para todo soberanista que se niegue a dar explicaciones por sus actos: el último fue el caso de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, detenida el 4 de noviembre por un delito electoral (por no respetar con propaganda la obligada neutralidad del espacio donde se vota); ésta volvió a tratar de desviar la mirada, afirmando que su “detención es un ataque al pueblo catalán” y que la habían detenido sólo por colgar una estelada.

 

Poniendo la lupa en el Enfoque de los Problemas Sociales (EPS), la narración construida durante los últimos años por el soberanismo y desligada de los hechos habla, retrospectivamente, de las indignaciones que levantó la sentencia del TC sobre el Estatut (mentira), de la Transición que no les concedió lo que pedían (mentira) y de la caída de Barcelona en 1714 (mentira). La Guerra Civil, que conforma un marco inamovible de españoles contra españoles, resulta algo más difícil de introducir en este esquema. De ahí que tantas veces la orillen.

 

Por supuesto, el observador entiende que nada tienen que ver los festejos del ‘Tricentenario’ con lo que pasó en 1714: un conflicto preconstitucional y predemocrático, absolutamente sesgado en los hechos (una guerra de sucesión internacional que en absoluto daba cuenta de una unión entre catalanes, y mucho menos de algún sentimiento nacionalista, que sólo pudo surgir a partir del XIX −en España, muy a finales−). Lógicamente (por decir algo), este marco se sostiene en bárbaras ficciones metafísicas que la población da por buenas; como ese “als catalans i catalanes, després de 300 anys, s’ens ha acabat la paciència”, vomitado (por poner un ejemplo entre miles) por la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras el 13 de noviembre pasado, cuando lo de la manifestación organizada para apoyar a los golpistas. Pero para entender lo que ocurre, más vale fijarse en que los inicios del desbarre coinciden con la crisis y con el rescate financiero del gobierno central y que se sigue de un viraje repentino de “sensibilización colectiva, favorecido por un proceso constante de renacionalización catalanista desde los tiempos del gobierno de J. Pujol” −dirá Martín Alonso−. Esto es, la hoja de ruta de la infamia nacionalista que los sucesivos gobiernos españoles consintieron, aquel programa de 1990.

 

La ventana de oportunidad abierta por la crisis fue aprovechada por los denominados ‘reclamadores’ (Best): “lo más frecuente es que los reclamadores se integren en redes que funcionan como creadores de marcos de sentido (frames) a través de las estructuras de los medios de comunicación”. Medios, instituciones públicas, la Academia y ciertas organizaciones sociales. Así comienza lo que se vino a llamar, ya en Cataluña, la estrategia del desbordamiento, que pasa por plantear un choque de legitimidades (España contra Cataluña; la calle contra el Parlamento; la ley contra el referéndum; la masa informe –Pueblo– contra los ciudadanos contados en las urnas, etcétera).

 

Explica Martín Alonso que la presión se produjo de arriba a abajo (en realidad comenzó con las negociaciones del Pacto del Tinell en diciembre de 2003, cuando, antes del tripartito, ERC propuso formar un gobierno de concentración de todos los partidos menos el PPC; pero sobre todo se vio reforzado, llegado el momento, por parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional –CATN−, del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir –PNDaD− o del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña); y que así pudo también producirse presión de abajo a arriba, por parte de organizaciones como la ANC y Omnium, regadas con dinero público con el fin de promover la causa independentista. Por eso puede decirse que “la confusión de las esferas política y civil, pública, semipública y privada, es algo más que excepcional”. Un ejemplo: Sociedad Civil Catalana, para competir con el soberanismo en su campo, montó un acto con personalidades no independentistas y el día anterior cayeron todos: Susana Beltrán explicaba en El País que “nadie quiere estar a mal ni con los profesores de sus hijos ni con los médicos. Y aquí el discurso nacionalista lo explica todo”.

 

De un tiempo a esta parte, la “estrategia del desbordamiento” ha adoptado el nombre de “estrategia de la desconexión”, que no es más que el golpe de Estado que cabe en una democracia liberal asentada. Como explica en este artículo la catedrática Teresa Freixes, el soberanismo adopta la estrategia expuesta por Curzio Malaparte, en su obra Técnicas de un golpe de Estado (1931). Lo que constituiría una acción de golpe de Estado sería una “operación ilícita, ejecutada desde instituciones de poder, contra el poder legítimo, dirigida a alterar o modificar la estructura del Estado. No se necesita mucha gente para ello. Según Malaparte basta con que unos mil técnicos bloqueen las capacidades del Estado y hagan creer a la mayoría de la población que ello es lo adecuado y que deben mantenerse neutrales”.

 

Y así, la profesora narra, en paralelo, los sucesos que han ido aconteciendo en Cataluña sin que hayamos visto todavía a nadie ser condenado:

 

Lo que pretenden JxS y la CUP, que siguen en todos sus términos el Full de Ruta, no puede ser calificado más que como un golpe de Estado. Efectivamente, en la propuesta de resolución: “Se declara solemnemente el inicio de creación del estado catalán independiente en forma de república”. No existe ninguna base legal, interna o internacional, que pueda fundamentar tal declaración. Ello consiste en una mera vía de hecho golpista, al margen de cualquier fundamento jurídico, contraria a la Constitución que democráticamente adoptamos los catalanes, junto con el resto de españoles, en 1978.

 

La resolución es radicalmente contraria al ejercicio democrático de la soberanía nacional, que la Constitución atribuye al pueblo español, pues pretende atribuir la titularidad de la soberanía y del poder constituyente al Parlament, proclamando al mismo tiempo la apertura de un proceso constituyente para adoptar una constitución catalana.

 

 

En la resolución se insta al gobierno catalán que emane del flamante Parlament a que en el plazo de 30 días inicie la tramitación de tres leyes que el Full de Ruta del secesionismo considera indispensables para la “desconexión” de España: la del proceso constituyente, la de la seguridad social y la de la hacienda pública. Ello implica la rápida presentación de sendos proyectos legislativos al respecto. Además, el Govern queda supeditado al cumplimiento, en exclusiva, de las normas y resoluciones adoptadas por el presente Parlament, con la finalidad de “blindarse” ante las de procedencia española.

 

El Parlament, por su parte, queda también sujeto a la acción golpista, puesto que no se supeditará a las instituciones españolas ni, sobre todo, a las decisiones del Tribunal Constitucional.

 

A continuación, la convocatoria de la manifestación del 13 de noviembre (una manifestación cuyo poder de convocatoria –unas 20.000 personas− confirmó el pronunciado declive de la línea soberanista), lanzada por Omnium y la ANC para deslegitimar la decisión judicial contra la alcadesa de Berga, una de las pocas decisiones firmes que se han tomado y ejecutado.

 

 

Por último, aclaremos, volviendo a la exposición de Martín Alonso, que todas esas fuerzas remando juntas por inclinar el campo a su favor han ido echando mano de ‘ideógrafos’ (“figura de pensamiento, fórmula concentrada de un aspecto de la ideología histórica de un pueblo”), caracterizados por calar en el lenguaje ordinario, por su alto grado de abstracción, equivocidad e indefinición (de modo que permita una atribución elástica), por su función de legitimación de la distribución del poder y exculpación de creencias que de otro modo serían inaceptables (‘Espanya ens Roba”, análogo al ‘Roma ladrona’ de la Liga Norte) y, finalmente, porque el significado del término es culturalmente dependiente, es función de la definición y los definidores.

 

Del mismo modo que hablar del ‘choque de civilizaciones’ oculta hoy los conflictos entre Estados Unidos/Unión Europea y Rusia, chiíes contra suníes, Arabia Saudí contra Irán, integristas contra reformistas, el marco de los 300 años de ocupación desde 1714 funciona como plataforma para desviar los ojos de la crisis y para ocultar que las élites catalanas quieren obtener más control sobre el suelo barcelonés y restringir en plena crisis la transferencia de rentas (la que en justicia se da en cualquier comunidad política y no el ridículo expolio del que ya no pueden hablar por haber sido desmentido). Insistimos: desde el marco nacionalista se visibilizaría un ‘conflicto’ secular inexistente para poder blandir agravios construidos retrospectivamente (el cuento del anhelo de autogobierno de los catalanes –cuando en 2010 era la principal preocupación del 2,9%−); el cuento, ya mencionado, de que los catalanes no aceptaban recortes en el Estatut –cuando los aceptaban 7 de cada 10−; el cuento del ‘expolio’ de España –que en realidad es un superávit catalán de 4.000 millones–; el cuento de que Franco diluyó el catalán −cuando ni era hegemónico antes ni es cierto que estuviera prohibido durante más de la mitad del franquismo−; el cuento de que los catalanes hablan mejor castellano que el resto de españoles –cuando lo cierto es que hay una gran brecha en el nivel ortográfico, gramatical o en literatura–; el cuento de que los catalanes quieren la inmersión –cuando sólo el 14,4% la prefiere, mientras que la mayoría se inclina por el trilingüismo o bilingüismo–; el cuento de que Cataluña es, por hacendosa, la locomotora de España −cuando lo es en buena medida por políticas estatales, que potenciaron su industria (y la dotaron de nuestro mercado interior) en detrimento de otras regiones entonces más potentes, como la gallega−) y desviar la mirada ciudadana de la pésima y corrupta gestión de CIU, pero también del PSC o ERC.

 

Pero aquí hemos puesto mucho de cosecha propia. Para un desarrollo completo y detallado de cómo se urdió todo el desenmarque de la realidad lo mejor es acudir al mencionado libro de Martín Alonso. No obstante, permítanme todavía aquí reconstruir las primeras páginas porque creo que resultará muy gráfico para entender lo que viene a denunciarse en todo este texto, la sutil eficacia del establecimiento de los marcos discursivos.

 

El libro abre con una cita de David Fernández (CUP): “Algo grave pasa en Cataluña para que los neoliberales y los anticapitalistas nos pongamos de acuerdo, para que la patronal y los sindicatos coincidan, para que los que soportamos los golpes de los Mossos d’Esquadra y los que los dirigen pensemos lo mismo. Desde Madrid no se sabe decodificar esta realidad” (El País, 29 de octubre, 2014). ¿Qué subyace a esta afirmación?:

 

1º. Se da una observación fáctica: “Algo grave pasa en Cataluña”

 

2º. Inferencia: la relación de causalidad entre la gravedad y las evidencias no se deduce, se infiere. Las situaciones “graves” pueden producir consecuencias diversas; las que sean, puesto que lo grave es “algo”.

 

3º. Implicaturas (información no contenida en el enunciado que el interlocutor comunica sin expresarla explícitamente):

 

—la naturaleza de la causa tiene que ser de mayor intensidad que la gravedad de las alianzas contra natura.

 

—tales alianzas son consecuencia de una interpretación colectiva compartida.

 

—la interpretación colectiva compartida no se asienta sobre las categorías sociales convencionales.

 

—el vacío semántico para el marcador (la categoría de adscripción de orden superior) se corresponde con la indefinición del “algo” de la premisa inicial.

 

—la parsimonia de la cita, con sus elusiones, inferencias e implicaturas, indica que el hablante supone que para sus oyentes existe un universo simbólico de referencias que colman esos vacíos semánticos y comunicacionales. Ese universo tiene su expresión quintaesenciada en el relato del “proceso”.

 

4º. Suma de lo declarativo, inferido e implicado y mezcla de los planos discursivo y metadiscursivo:

 

—Madrid es la clave para identificar el criterio de adscripción por oposición.

 

—la categorización identitaria se transmite de las consecuencias a la causa: la ‘gravedad del algo’ es, para el universo del discurso presupuesto, identitaria.

 

—Madrid es el responsable de lo que ocurre a los catalanes.

 

—el campo de referencia queda dicotomizado: Madrid/España – Cataluña.

 

La desautorización cognitiva de Madrid se sitúa en un plano metadiscursivo: Madrid es el “algo” responsable de la gravedad y quien está incapacitado para descifrar lo que pasa (esto incluye una desautorización de Madrid como juez por parte de quien es parte y debe ser juzgado; se le desprovee de legitimidad).

 

Cabe concluir que, “ante la elusividad denotativa del factum (el ‘algo’ de Fernández, la imprecisión al señalar el cuándo empezó, etcétera) que ha producido el clamor, uno no puede no tener en cuenta la contribución de la ingeniería” (p. 36), es decir, de la construcción nacionalista que CIU llevó a cabo durante décadas y de la que el nacionalismo no ha desistido ni por un segundo: una de las últimas, el pasado día 17 en el Centro Juan Carlos I de España de Universidad de Nueva York, con una conferencia titulada ‘Desafiando narrativas nacionales: la cuestión catalana y la crisis española’.

 

●      Respecto a País Vasco: del “conflicto” a la “reconciliación” (dejando abierto el “conflicto”)  

 

“Los que hoy son considerados terroristas, puede que mañana no lo sean. Depende de quién gane la batalla política”, dijo en 2007 Pernando Barrena. Lo que sostenía con esta frase el líder abertzale es que la postura política no es reflejo de grandes principios, sino de una amoral relación de fuerzas. Quien gana es quien consigue imponer a la sociedad sus ideas, justas o injustas. Sobre esta idea se ha movido siempre el mundo de ETA en sus múltiples frentes: los de la calle y el del terror.

 

Desde sus orígenes hasta hoy, siempre han hablado de un “conflicto” entre la patria vasca y los Estados español y francés. Así quedaría ya fijado en su Primer manifiesto nacional, el 1 enero 1964:

 

(1) “El que no esté con el Pueblo Vasco y su resistencia, está en contra de aquél y de ésta”

 

(2) Son abertzales los que colaboran con la Resistencia vasca; los que se oponen a ella o la boicotean, serán barridos”.

 

El conflicto, desde entonces (y aún desde el primer nacionalismo residual a finales del XIX) hasta hoy, siempre ha buscado remontarse a tiempos remotos, inexistentes; en el mejor de los casos, preconstitucionales, predemocráticos. Cada vez que apelan al “conflicto” se referirán a esa amoral correlación de fuerzas (que asoma si relativizamos la moral y prescindimos del Derecho para tomar decisiones que puedan ser aceptadas por todos). Hoy, Barrena consigue así huir (y con él todo el mundo abertzale y también el soberanismo peneuvista) de un marco de justicia reconocible y reconocido; igualan el discurso democrático con el discurso excluyente del nacionalismo (“sin violencia todas las opiniones son respetables”); equiparan la violencia legítima del Estado con el asesinato terrorista (se denuncia por igual a “todas las violencias”, “vengan de donde vengan”); y comparan el sufrimiento de la víctima con el sufrimiento del verdugo en la cárcel o con el de su familia. Para ello han puesto en circulación eso del “suelo ético del sufrimiento”.

 

Sin embargo, como deberíamos derivar de los principios del constitucionalismo, ni todas las ideas (al margen de su calidad), ni todos los proyectos políticos (al margen de sus intenciones y sus previsibles consecuencias) tienen el mismo valor. Ni caben todos en democracia. Tolerar incluso lo intolerable, lo que busca romper con las bases del propio procedimiento democrático, es defender una tolerancia que se destruye a sí misma. Por eso conviene dejar claro que, salvo la vergonzosa excepción del GAL en los años 80, jamás hubo dos bandos. Las víctimas jamás fueron violentas ni pidieron venganza. No hubo tal “conflicto”: sólo hubo terroristas frente a un Estado democrático de derecho.

 

Aunque siempre fue algo más brusco, menos refinado que lo que luego sería el soberanismo catalán al que hoy intentan emular, el concepto de “conflicto” (por “terrorismo”) asomará por vez primera refiriéndose al enfrentamiento de ETA contra las incipientes estructuras democráticas. En lo que se vino a denominar su “Fase de Resistencia” (1974-82), el objetivo de los asesinatos de ETA fue impedir la instauración y estabilización de un orden democrático que no recogiera las reivindicaciones de ETA. Desde entonces hasta 1995 la estrategia pasó por imponer los objetivos KAS a cambio de negociar un “armisticio”: suspenderían la violencia terrorista cuando cejara la equiparada pero contrapuesta violencia del Estado, que ellos nunca han considerado legítima. De otro modo, advertían amenazantes, estarían abocadas a un “empate infinito”. Ya lo hemos dicho: 1º) un solo gran conflicto, obviando el pluralismo democrático; 2º) la Constitución no sirve como criterio de resolución; 3º) una vez que se pacte, al margen de la Constitución y para que no rija la Constitución, reinará la armonía en el Pueblo vasco.

 

La Alternativa táctica de KAS consistía en “impedir la reforma política del régimen franquista y forzar la aceptación de dicha alternativa son también los objetivos de la violencia”:

 

—amnistía para los presos

 

—legalización de los partidos políticos independentistas

 

—expulsión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (GC, Policía, CGPPV)

 

—condiciones de trabajo para las clases populares

 

—estatuto de autonomía: derecho de autodeterminación; euskera oficial y prioritario; policía propia

 

No obstante, ETA-MILITAR era consciente de que la dificultad estribaba en que la democracia traería la desmovilización y desincentivaría la “insurrección popular”. Comenzó a plantear una exigencia de máximos, es decir, innegociable e inasumible (a la que cínicamente llamaron “de mínimos”). Así surgió una larga estrategia consistente en forzar a policías y personas identificadas con el régimen político a abandonar el País Vasco y Navarra; y en forzar el aislamiento social de los policías y de sus familias. La reciente agresión a dos guardias civiles en Alsasua, de hecho, encaja en la antigua estrategia/campaña terrorista Alde Hemendik (campaña que ha provocado 230 atentados en País Vasco y Navarra, con más de una docena de asesinados; en total más de 300 muertos de los CFSE, más de la mitad de la Guardia Civil). Tras la agresión, Covite aludió ante los tribunales al informe UCE-1 de la Guardia Civil, admitido por el TSJPV en auto de abril de este año, “del que se deduce que el fin de la organización terrorista ETA de expulsar a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra sigue plenamente vigente para la organización terrorista y su entorno”.

 

 

 

Sólo del 74 al 82 se produjeron 281 asesinatos para “evitar el establecimiento de una democracia burguesa”. Principalmente en País Vasco y Navarra (excepto 12 en Madrid y 3 en La Rioja): 47 policías, 86 guardias civiles (+ 1 novia), 31 acusados de colaborar con éstos; 34 FFAA; 10 municipales [hasta aquí, todo CFSE], 43 “franquistas”, por ideología o cargo, 1 periodista, 4 confusiones, 2 ingenieros de la central nuclear de Lemóniz, 10 accidentales y 3 antiguos militantes acusados de traición.

 

De 1982 al 87, la estrategia varía un poco y se entra en la “Fase de negociación”: los objetivos KAS pasan a ser “negociables en forma y plazos de aplicación”; y se vuelve necesario complementarlos “con la movilización social y la presencia en las instituciones, surgiendo así la idea de la ‘negociación política’”. Se fijan dos objetivos en documento interno: 1º) evitar que se estabilizara en “Euskal Herria Sur” la reforma que planteó el Estado, mediante una lucha de desgaste en contra de la Constitución y sus “herederos” (el Estatuto y el Amejoramiento) y denunciando permanentemente ante la sociedad la traba que suponía; 2º) “forzar al Estado a negociar la Alternativa KAS. Para ello la lucha armada tuvo un papel imprescindible (…), especialmente dirigida en contra de las fuerzas represivas. Pero, a la par de ello, intentó congregar al mayor número de fuerzas populares en torno a la alternativa KAS (acumulación de fuerzas)”.

 

En la Ponencia KAS bloque dirigente se aclara que se abandona el rechazo absoluto de la legalidad, elaborando el concepto de “aprovechamiento revolucionario de la legalidad burguesa” y conformando una tenaza que pretende desestabilizar y deslegitimar el sistema desde dentro (reuniendo a las fuerzas partidarias de la solución a fin de “superar” lo que ya iba conociéndose popularmente como el “conflicto vasco”; a las elecciones se acompañaba el movimiento en las calles, lo que ahora se conoce como “desbordamiento” de la legalidad) y que, sincrónicamente, lo ataca de frente desde fuera, llevando así a la práctica la pretensión de constituir una “organización política que practica la lucha armada” para, con los asesinatos, poner al Estado en posición negociadora débil: la gente quiere acabar con la violencia a toda costa.

 

En cuanto a los ‘reclamadores’ que generan el Enfoque del Problema Social en este caso, algunos son citados, por ejemplo, en el documento Evolución político organizativa de la izquierda abertzale (aquí):

 

“Según los planteamientos revolucionarios leninistas la clase trabajadora ha de poseer un partido político que sea su vanguardia. Ese concepto de vanguardia es asumido y adecuado a EH por KAS, que pasará a denominarse bloque dirigente KAS. La vanguardia político-militar sería ETA y las demás organizaciones, vanguardias delegadas. Jarrai lo sería para el Movimiento Juvenil, ASK para el Movimiento Popular, LAB (no toda su militancia participaría en KAS, sólo un sector especial) para el obrero y HASI para con HB y con función globalizadora (luego Egizan para el área de la mujer)”.

 

No hace falta dar más detalles de fases posteriores, como la del “terrorismo indiscriminado” o aquella que supuso un cínico paso atrás, hacia la “socialización del sufrimiento” (de 1995 a 2011), donde los ‘objetivos’ (periodistas, políticos, jueces, profesores, además de los clásicos CFSE), se perfilaron con mayor nitidez. Sobre la mesa estuvo ya siempre la necesidad de sobrepasar “el conflicto” entre dos partes que quedaban condenadas a un “empate infinito” (ETA y los CFSE; Euskadi y España), que sólo una negociación de “mínimos” (por “máximos”) podía hacer desencallar. Exceptuando el aprovechamiento estratégico (para estar a la vez en la calle y en las instituciones), la legalidad española nunca fue reconocida y trataron siempre de desestabilizarla y debilitarla para acercarse a sus objetivos.

 

El oscuro episodio de los GAL (1983-1987), pese a ser juzgado y pese a acabar con un ministro en prisión, fue gasolina para su estrategia. Abrió una nueva ventana de oportunidad que no tardó en ser aprovechada por un inesperado ‘reclamador’.

 

En esta foto vemos a Mikel Zubimendi echando cal viva en el escaño de Ramón Jáuregui, en 1995. Zubimendi se integró en ETA después de esto. Se fugó y cumplió varios años de cárcel en Francia. Como recompensa lo paseaban alegremente como tertuliano en debates de la ETB.

 

En definitiva, el GAL sirvió para alimentar el marco del “conflicto”, en cuya construcción ETA venía trabajando desde que la Transición y la Constitución enmarcaran nuestra convivencia y deslegitimaran por completo sus reivindicaciones autonomistas, disuadiendo a los críticos internos de la pertinencia de la violencia.

 

Los presos de ETA (y sus familiares), que con el tiempo iban pesando más en la estructura de la banda, fueron sirviendo como símbolo del conflicto y bandera de su lucha: su sufrimiento fue identificándose con el sufrimiento del Pueblo vasco que ellos pretendían representar.

 

En ningún comunicado mostraron disposición a rebajar sus pretensiones políticas, pero las múltiples treguas decretadas les servían estratégicamente para presentarse como la parte que “sinceramente” quería la “paz”, la “libertad” y poner fin al “dolor de todos”. Para salirse con la suya, nunca han hecho otra cosa que tratar de imponer socialmente su abyecta baza victimista, la de quien no puede dejar de asesinar porque la contraparte sigue “reprimiendo” y se niega a resolver un supuesto “conflicto” político enquistado. Con ese cinismo lograron granjearse el favor de buena parte de la ciudadanía. Una estrategia (alternancia violencia-instituciones-calle) que ha dado sus frutos políticos; de hecho, la victoria de ese marco (el de la violencia reactiva en el seno del conflicto secular) es lo que les permite, hoy más que nunca, hablar de “diálogo”, “negociación”, “paz” e incluso de “presos políticos”.

 

Esto queda perfectamente dibujado en la Ponencia de la izquierda abertzale: Zutiz Euskal Herria (Febrero 2010): “El sufrimiento ha sido la terrible consecuencia de este largo ciclo de conflicto político y confrontación armada. Aunque muchos hayan querido ocultar la realidad, el origen de ese sufrimiento resulta evidente: la negación de los derechos de Euskal Herria. Esa negación provoca el conflicto político, y la estrategia represiva lo alimenta. Superar esa situación es una necesidad para poder alcanzar ese escenario democrático donde poder defender nuestro proyecto político”. “Ahora el desafío consiste en cruzar esa puerta abierta tras décadas de esfuerzo, trabajo y lucha y efectuar el cambio político”. “La fase política a la que nos dirigimos es la fase del cambio político. Una vez creadas las condiciones del cambio, llega la hora de materializarlo”. “Tal y como se afirmó en la Declaración de Altsasu, iniciar el proceso democrático supone una decisión unilateral de la Izquierda Abertzale”.

 

Este marco, que no podían comprar los sufridos españoles (que bien sabían que gozábamos de una democracia que hubiera sido envidiable de no ser por ETA), fue comprado fuera de España, donde las circunstancias siempre son menos conocidas y por tanto más propicias a dejarse engatusar por el gran lobby abertzale. Así, en la Declaración de Bruselas - Declaración de líderes internacionales en la Resolución de Conflictos y Procesos de Paz (29 marzo 2010), la Fundación Nelson Mandela o Desmond Tutu nos obsequiaron con palabras humillantes:

 

“Hacemos un llamamiento a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable”.

 

“Debidamente respondida por el Gobierno español, permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera”.

 

A lo cual pudo responder condescendientemente la Declaración de ETA en la BBC (5 de septiembre de 2010):

 

“Si el Gobierno de España tiene voluntad, ETA está dispuesta, hoy igual que ayer, para acordar los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático.

 

Así se lo hemos hecho saber también a la comunidad internacional. A ella le hacemos un llamamiento para que responda con responsabilidad histórica a la voluntad y compromiso de ETA, para que tome parte en la articulación de una solución duradera, justa y democrática a este secular conflicto político (...)”.

 

En el Acuerdo de Gernika (25 de septiembre de 2010) volvería a apuntalarse el marco:

 

“Donde se haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes será imprescindible activar espacios de diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto”.

 

En el mismo punto quedaban los asesinatos de ETA y la supuesta represión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), que hacían su trabajo; así, de cara a la resolución, se pudo poner el cese de los asesinatos y la entrega de armas en el mismo nivel que la política penitenciaria aplicada por el Gobierno. Hoy, dando este miserable marco por bueno, son muchos los que no ven que el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Primero las armas, la renuncia a la banda y a su historia y el perdón; luego, la política penitenciaria.

 

La Declaración de Aiete (17 de octubre de 2010) fue otro empujoncito a la estrategia de ETA, llamando a los cómplices abertzales “actores no violentos” con los que había que “discutir cuestiones políticas” para superar el “conflicto”. Otra patada que personalidades internacionales dieron a nuestro Estado de derecho, hablando de paz y de diálogo político donde bastaba con hacer justicia en los tribunales, con apoyo de la policía, para acabar con el terrorismo:

 

“En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas”.

 

Y así llegamos al comunicado de ETA, anunciando el cese definitivo de la violencia (20 octubre de 2010):

 

“ETA considera que la Conferencia Internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional”. “Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo”.

 

Pero, además del mundo de ETA, no hay que olvidar que el marco del conflicto ha sido alimentado también por todos los agentes sociales nacionalistas y, por momentos, también por los socialistas, destacándose con mucho los apoyos dados por el PNV y por organizaciones que no hubieran podido existir sin su apoyo. Recordemos sólo a algunos de los otros ‘reclamadores’.

 

Recordemos las palabras de Josu Ortuondo, eurodiputado del PNV (declaración ante la Cámara Europea 1999): “el hecho diferencial vasco” se basa en diversos factores, entre ellos los históricos y los “biológicos”. Euskadi ha sufrido en su historia “muchas derrotas y una inmigración masiva que lo ha desdibujado, provocando un conflicto político”.

 

Recordemos, por cuanto pisotea cualquier intento de establecer un termómetro moral, que Josu Ternera (Urriticoechea Bengoechea), tras haber sido el alto responsable de ETA-HB, fue nombrado en el año 2000 miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Euskadi. Recordemos que es buscado a partir de 2002 por el asesinato de 11 personas. (Por cierto, hasta cinco veces se ha escapado de la policía… cada vez de forma más inverosímil…).

 

Recordemos el Pacto de Lizarra en 1998, antesala de la tregua trampa de ETA. Fue pensado para sofocar el Espíritu (constitucionalista y democrático) de Ermua, nacido un año antes, tras el brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco en nombre del proyecto político nacionalista. Se trabó, como reacción, la unidad de los nacionalistas (PNV, EA y HB) con la mira puesta en la superación del Estatuto de Gernika, el derecho de autodeterminación y la independencia como horizonte final del proceso. El espectáculo simbólico se abrió con cosas tales como la escenificación por parte de esos tres de la muerte del Estatuto de Guernika, que por fortuna es el que enmarca todavía hoy la convivencia entre vascos.

 

Recordemos también el Pacto de Loyola, negociado por el PNV, Batasuna y el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) en 2006. Se reconocía el derecho de autodeterminación de ciudadanos vascos sobre territorios de Francia y España, contra la soberanía de sus pueblos y la integridad territorial de los Estados. Y recordemos el Plan Ibarretxe, que buscó sacar rédito político de entre los muertos. De hecho, de acuerdo con las actas publicadas de las reuniones que por entonces se producían entre el Gobierno y ETA, el 22 de junio de 2006, aunque ya se lo había comunicado secretamente en Oslo, el gobierno de Zapatero aseguraba a los interlocutores etarras estar “trabajando para que Batasuna sea legal en septiembre-octubre” ya que no les “interesa acabar con el problema terminando con la izquierda abertzale”. La legalización se haría en dos fases: una “sin persecución ni injerencias policiales ni judiciales” y otra en la que ya Batasuna podría concurrir a las municipales de 2007.

 

Por esas mismas fechas, el gobierno acató la llamada propuesta de Anoeta, lanzada por Otegi el 14 de noviembre de 2004 con el respaldo de ETA. El gobierno español, junto al vasco, empezó a hablar y a hacer realidad la existencia de dos mesas de negociación (una entre ETA y el Gobierno para hablar del fin de la violencia; y otra política, con Batasuna y el resto de partidos) para “superar el conflicto” al margen de los Parlamentos. ¡Esta fue la gran cesión y la victoria de su marco!

 

Recordemos que durante todos los años posteriores al cese de la violencia sus máximos representantes han sostenido las mismas tesis y, por tanto, no han asumido un ápice de culpa. Así, afirmó el líder de Sortu, Asier Arraiz, en 2013, que “en este conflicto, nadie ha estado de espectador, todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido”. En otro momento, manifestó que, “durante este tiempo, estamos orgullosos de la lucha que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho en defensa de los derechos del pueblo vasco y otros tendrán que decir qué es lo que han hecho y han dejado de hacer en todo este tiempo, de qué tipo de estrategia se han beneficiado y a qué tipos de estrategia han dado cobertura”.

 

Y, finalmente, recordemos cómo se abre el Plan de Paz que el Gobierno Vasco presidido por Urkullu presentó en noviembre de 2013; así podremos imaginar (ahorrándonos añadir más extensión) la putrefacción moral que rezuman todas y cada una de las políticas, que son muchas, derivadas de dicho plan: “las violaciones de derechos humanos en los últimos 50 años han tenido diferentes orígenes y proporciones en cada década. Han procedido de ETA y grupos similares; de Fuerzas de Seguridad y/o en nombre del Estado; y de grupos parapoliciales y de extrema derecha. Reconocer la existencia de vulneraciones y víctimas, con independencia de su origen, es principio ético y democrático básico e irrenunciable” (p. 10). La violencia queda indiscriminadamente mezclada y desenmarcada; los defensores de la Constitución (“Fuerzas de Seguridad y/o en nombre del Estado”), deslegitimados.

 

El Plan de Paz auspiciado por el PNV es el elemento clave para explicar la dulce transición que ha habido en el País Vasco, sin salirse del campo semántico de la narrativa mentirosa (y sin impugnar un proyecto político soberanista y por eso antidemocrático que, debido al nacionalismo exacerbado, condujo al asesinato), desde la supuesta existencia de un gran “conflicto” hasta la consecuente necesidad lógica de alcanzar la “paz”, la “convivencia”, la “reconciliación” o la “justicia restaurativa”; y todo partiendo de un “suelo ético”.

 

[Se están priorizando mensajes de] “interpelación y exigencia a otros. Ese no parece un buen camino. (…) Es imprescindible mirarnos a nosotros mismos y hacer un sincero ejercicio de autocrítica sobre nuestras actitudes y comportamientos todos estos años”.

 

“La inmensa mayoría de nosotros no hemos sido ni víctimas ni perpetradores. (…) Tenemos que superar miedos, prejuicios, seguridades y acercarnos a la víctima que sufre injustamente, sin preguntar qué ha hecho ella para encontrarse así, ni qué características tiene (¿es de los míos?) (…)”.

 

“Quien más quien menos, se ha enfadado o enemistado con otros convecinos. (…) Este es el momento especialmente indicado para superar la confrontación” (Galo Bilbao Alberdi, Profesor de Ética de la Universidad de Deusto, Galde 08 – Udazkena/2015, p. 37).

 

Así pues, en Euskadi cada vez suena con más fuerza un discurso que llama al perdón y a la reconciliación, pero, sobre todo, a no juzgar los proyectos políticos sobre los que se ha justificado la violencia (que siguen concitando gran apoyo social) para no herir a nadie, “pasar página” y “asentar la paz”. Lógicamente, cuando el Gobierno vasco habla de paz está torciendo retrospectivamente un pasado al que hoy debemos hacer frente (las categorías bélicas sólo estaban en las mentes de los terroristas pero no en nuestra realidad política, constitucional); cuando habla de convivencia está tergiversando la lógica política, que es normalmente conflictiva y nunca armónica. Nos conduce hacia un mal diagnóstico para perpetuar el marco soberanista que enfrenta a Euskadi contra España en el altar de una historia mitificada que trasciende la Constitución.

 

Además de convivencia, términos como reconciliación o restauración de la concordia también remiten a una concepción orgánica de la política. Con ellos nos alejamos nuevamente de la idea de sociedad democrática −la que se compone de ciudadanos libres, con distintos proyectos de ‘vida buena’, que no deben plegarse a la voluntad de ninguna secta y que, para ello, buscan canalizar sus conflictos mediante un procedimiento que todos tengan por justo−, y volvemos a la idea de comunidad, que confunde lo justo con lo que es “bueno para nosotros” y que concibe a sus miembros como parte de un todo que se fragmentó y que hay que recomponer. No sorprenda: nacionalismo es premodernidad.

 

Pensando en cerrar las heridas de su idealizada comunidad, apelan a una justicia restaurativa, alejada de las responsabilidades individuales, que evita asimilarse con la justicia propia del Estado de derecho y que se desentiende de las responsabilidades políticas, jurídicas y morales del terrorismo. Y así cada vez escuchamos más, desde el Gobierno vasco, desde parte de la sociedad civil y también desde el mundo de ETA, que el “suelo ético” es el común sufrimiento de unos y otros. Esto se sustancia en la denigrante página 16 del Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013), escrito, entre otras personas, por Manuela Carmena (junto a Jon Mirena Landa, Ramón Mújica y Juan Mª Uriarte):

 

“el padecimiento de cada miembro de la familia de alguien que se ha visto amenazado, extorsionado o difamado por ETA. El padecimiento añadido de las familias de los presos, o el de cada una de las familias de los 40.000 personas detenidas, de las que, según el Ministerio de Interior menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA. Pero, sobre todo, téngase en cuenta que 277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales... Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido”.

 

No se entra a enjuiciar las causas del sufrimiento, ni siquiera su grado. Puesto que todos han sufrido, sugieren que la mejor respuesta será una especie de abrazo colectivo que selle una supuesta “reconciliación”. Como si víctimas y verdugos estuviesen enfadados. En esto consistió la iniciativa Glencree, que reunía a víctimas y verdugos para que hablasen e intercambiasen experiencias. Esta iniciativa ganó el 10 de diciembre de 2014 el premio René Cassin, de la mano del Gobierno vasco.

 

Pero la terapia psicológica y el perdón que pueda ofrecer el victimario no acaban con la responsabilidad moral, ni con la política, ni mucho menos con la responsabilidad jurídica de los asesinos. No es “justicia restaurativa” lo que hace falta sino, si acaso y con matices, “justicia transicional”: una sociedad tiene que hacer frente a su pasado, destapando la verdad de los hechos, restableciendo la memoria y dignidad de las víctimas, asumiendo los principios del Estado de derecho, aplicándose en la reconstrucción de las instituciones democráticas que se pusieron en tela de juicio.

 

Desde las instituciones vascas o navarras, esto ni se ha hecho ni se quiere hacer. Por eso, aunque el Partido Socialista de Euskadi se disponga hoy a darle su apoyo en el Gobierno (haciendo buena la histórica ignominia), el PNV sigue hoy defendiendo una fuente preconstitucional y predemocrática de legitimidad de los derechos (su tergiversada Historia, los Fueros, etcétera) del Pueblo vasco, sigue empecinado en el “soberanismo”, en la “soberanía compartida”, en el “derecho a decidir” y, fíjense, en hacerse con la competencia sobre política penitenciaria con la que ya han pensado desde hace años (como revelaban los papeles incautados a la abogada etarra de ETA, Arantza Zulueta) en cómo irían liberando paulatinamente a los presos etarras. Y, puesto que no se han movido un ápice, siguen produciéndose anécdotas tan poco anecdóticas como la reciente exposición abertzale en el Condestable de Pamplona, organizada por el Ayuntamiento con 50.000 euros públicos para homenajear la búsqueda de la independencia en Navarra en 1522. No queda claro si es motivo de risa o de estupor que en la obra que enmarca la exposición y que presenta el resto de la colección, se reconozca el rostro de Joseba Asirón, convertido en héroe de hace 500 años por la independencia de Navarra.

 

 

 

V. “PP, fábrica de independentistas”: un marco clásico derivado del “conflicto”

 

El marco discursivo que asienta que “el PP es una fábrica de independentistas” cada vez que habla o gobierna ha sido comprado por el PSOE y proyectado durante años sobre los populares, con apoyo del nacionalismo. Esto condujo al socialismo, por ejemplo, hacia el conocido “no es no” de Pedro Sánchez, que en su esencia aboca al fin del parlamentarismo. Con esta negativa, buena parte del socialismo dejó claro que prefería ir a unas terceras elecciones (que darían con toda probabilidad la mayoría absoluta al PP y Ciudadanos y que, por tanto, suponían la renuncia al poder parlamentario que ostentaban, a su capacidad de condicionar políticas), o incluso pactar con el independentismo de las regiones más ricas, antes que verse fotografiado cerca del PP. Lo resumía bien el beato Iceta: “Pedro, líbranos de Rajoy y del PP”. Una relación clara con el mal.

 

Llegados a este punto, se entiende que hablamos de la prolongación de un marco que canaliza el discurso del odio de una secta cada vez más poblada, hasta provocar que (explicar por qué) sus hijos aventajados propinen agresiones como la recientemente sufrida por el presidente de las nuevas generaciones del PP en Vizcaya o como las padecidas cada vez más recurrentemente por la gente de Ciudadanos en Cataluña. ¿Culpa penal o siquiera moral? Dejémoslo como poco, si quieren, y por no empantanar, en responsabilidad política. Lo mismo que ocurre cuando, como veremos en el punto siguiente, se levanta un marco que da continuidad a Franquismo-Transición-GAL-PSOE/PRISA, y de repente salen escracheadores que llaman asesino a un ex presidente del Gobierno. Es lo que ocurre cuando se convierte al adversario en enemigo y no se acepta mayor legitimidad que la voluntad propia.

 

Pero mejor centrémonos en las consecuencias políticas que arroja este marco que, necesariamente, hace malo todo lo que diga o toque el PP. Por la ley de los 180 grados, las reivindicaciones del nacionalismo, siempre narradas al margen de los hechos como reacción justificada a la opresión centralista del PP (¿les suena la lógica?), han pasado durante décadas por demandas razonables a las que había que buscar encaje o acomodo; y puesto que esto iba a ser así reivindicación tras reivindicación y como, por pura lógica, la última reivindicación del nacionalismo es la secesión, el PP, hiciera lo que hiciera, iba a ser una “fábrica de independentistas”.

 

●      En Cataluña:

 

¿Acaso es cierto que el PP ha contribuido a frustrar un encaje razonable de la voluntad catalanista y por eso ha creado reactivamente nacionalistas? Más bien esto es algo que los hechos desmienten tozudamente. ¡Lo que muestran es que el PP se prestó a muchas demandas absolutamente irrazonables!

 

1. Sin duda, quienes repiten que el PP es una fábrica de crear independentistas olvidan qué fue, en 1996, el Pacto del Majestic (por el hall del hotel Majestic, donde fue firmado) entre Aznar y Jordi Pujol. A cambio de ser investido por el nacionalismo catalán, Pujol recuerda en el tercer volumen de su autobiografía las condiciones que impuso a José María Aznar: 1º) poner fin a los “ataques contra el catalán” y que “no sea discutida y menos atacada la política lingüística de la Generalitat”; 2º) poner fin a los ataques a la “unidad lingüística” de catalán y valenciano; 3º) acabar con la “agresividad” de Alejo Vidal-Quadras. En aquellas negociaciones, por cierto, participó el segundo malvado (por ‘anticatalán’) de a bordo, Mariano Rajoy.

 

2. En septiembre de 1996, Alejo Vidal-Quadras se vio forzado a dejar su puesto a Alberto Fernández Díaz, hermano del ex ministro del Interior. Vidal-Quadras le conminó recientemente a hacer autocrítica porque fue él quien “entregó Cataluña a los nacionalistas, renunciando a un proyecto político propio, serio y valiente”.

 

3. También en 1996, pese a esconderlo a sus votantes desde entonces, Zaplana no dudó en pactar a tres bandas con el catalanismo: a petición de Pujol, Aznar le solicitó la creación de una Acadèmia Valenciana de la Llengua que reconociera la unidad del idioma catalán. (Nótese que el problema no es la unidad de la lengua, sino los fines de construcción nacionalista a los que sirve la lengua y el cínico trasfondo político en el que se opera). Esto se acordó en unas negociaciones en las que participaron Joan Rigol y Francisco Camps. Según reza la noticia, “socialistas y populares consensuaron los términos para la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua –‘no Acadèmia de la Llengua Valenciana’, recalcaron fuentes de CiU”.

 

4. Como se advierte en una noticia de 16 de octubre de 1997 en El País, Pujol afirmaba que, gracias a la colaboración con el PP consiguieron una ostensible mejora de la financiación (1997-2001). La Generalitat había

 

“conseguido la cesión del 30% del IRPF sin topes, mejoras en la financiación de la sanidad, la supresión de los gobernadores civiles y el traspaso de las competencias de tráfico, entre otros objetivos no tan vistosos, como que el BOE publique también en catalán las leyes y los reales decretos”.

 

También habla sobre ello Josep López de Lerma, diputado de CIU en el Congreso de 1980 a 2004, en su reciente libro titulado Cuando pintábamos algo en Madrid:

 

“Aznar va complir amb la seva paraula, es van canviar no poques antigues regles que venien dels socialistes i la fórmula polinòmica final va donar a la Generalitat uns ingressos molt superiors dels obtinguts fins aleshores. A més, per primera vegada en la seva història, la recent i l'antiga, s'habilitava el Parlament de Catalunya per variar a la baixa o a l'alça determinats trams d'impostos estatals”.

 

Es más, afirma incluso que con la mayoría absoluta de Aznar consiguieron de los presupuestos del Estado más financiación de lo que esperaban, destacando especialmente la depuradora del Baix Llobregat. “La humillación del contrario, no lleva a ningún sitio”, escribe López de Lerma sobre las conversaciones que mantuvieron. Y también revela que fue el Estado y no la Generalitat quien pagó los 17.814 millones que costó el Eje Transversal (la C-25, entre Lleida y Girona), infraestructura que hasta hoy se había vendido como milagro pujolista, inaugurada hasta 12 veces, por tramos, hasta 1997. Fue bandera de la última campaña autonómica ganada por Jordi Pujol (1999). Además, Artur Mas aprovechó años más tarde para vender el desdoblamiento del Eje, inaugurado el 5 de enero de 2013: “cuando tenemos autonomía y autogobierno, nos arreglamos mejor. Cuando las cosas dependen de fuera, de Madrid, van más lentas o no”. Pura desfachatez.

 

5. Consecuencia del mismo pacto, en 1998 salió adelante la Ley de Política Lingüística pactada por PSC-CIU, que sentó las bases del modelo iniciado en 1982 y que contó con el visto bueno de Aznar, al no recurrirla ante el Tribunal Constitucional y presionar al Defensor del Pueblo para que tampoco lo hiciera. Con esa ley se procedió al blindaje de la llamada “inmersión lingüística”, a lo que sólo una parte del PP catalán, liderada por el ya para entonces defenestrado Vidal-Quadras se opuso, insistiendo en que su partido “sólo puede votar en contra de una ley que establece sanciones y cuotas de catalán en la radio y que consagra la inmersión lingüística generalizada y obligatoria”. Alberto Fernández Díaz (hermano del hoy archiodiado ex ministro el Interior) era proclive a la abstención y en Madrid el PP ya había aceptado hace tiempo el apaño.

 

6. En 1999, intermediado por López de Lerma tal y como éste cuenta en su último libro, Arenas llegó a pactar con Pujol que los populares no utilizarían “el dossier de la familia Pujol” (que no pensaban hacer público porque “no están locos” y lo que “les unía era tumbar a los socialistas”) y que, a cambio, Pujol criticaría públicamente a Alberto Fernández Díaz, que estaba al frente del PP catalán con muy poca notoriedad.

 

7. Pujol reconoce en sus memorias que para el año 2000 Aznar había cumplido sus compromisos, como las obras del AVE, el aeropuerto de Barcelona o el sincrotrón. Es más, tras hacerse con una mayoría absoluta aún ofreció a CIU entrar en el Gobierno. Pese a ello, Pujol afirma sorprendentemente que Aznar cada vez era más “hostil” hacia las reivindicaciones catalanas.

 

Por descontado, ese “hostil” sigue sin corresponderse con los hechos; y basta con seguir leyendo. El 25 de octubre de 2001, Aznar invitó a Pujol a una finca del Estado en los Montes de Toledo, le paseó en jeep y ofreció a CiU “ministerios importantes”, pero el expresidente catalán declinó la oferta por estimar, dice, que detrás había un cálculo del PP de comerle el espacio a CiU en Cataluña y “finiquitar” la cuestión catalana. (Parece que fue la sexta vez desde la Transición que se le ofreció a Pujol estar en el Gobierno). Esto, no hace falta ser un lince, significa que Pujol temió dejar de representar al catalanismo si acababa haciéndolo ya el PP; o si se lo percibía como aliado de “Madrid”. Por el bien de la estrategia, de su cuota de poder a largo plazo, era mejor beneficiarse sin contaminarse. Estar en misa y repicando. Patrimonializar en exclusiva para su causa el ciego sentimiento nacionalista.

 

De ahí su jugada, llanamente táctica: alejarse de quien había accedido a todas sus reivindicaciones y aún se atrevía a seguir tendiéndole la mano a pesar de tener mayoría absoluta. Así pudo, pese a todo, acusarlo victimistamente de tener una “mentalidad muy férreamente centralista”; algo que quedaría ilustrado, según el propio Pujol, por un comentario que le habría hecho Aznar sobre las placas de los coches: “si al lado de la matrícula queréis poner una referencia a la Comunidad Autónoma como quien pone ‘a mí me gusta el jamón serrano’, vale”. Pero esta anécdota no muestra en realidad más que otra claudicación de Aznar hacia el nacionalismo (¡como si estuviera en su mano ofrecer a Cataluña matrículas nacionales!). Si acaso, anticipa lo que iba a ser una estrategia de victimismo y de descalificación constante al PP como enemigo de Cataluña, narración que, como es norma en lo que venimos viendo, no se corresponde con los hechos… pero que genera buenos frutos.

 

8. En mayo de 2003 Josep Piqué impuso en un Congreso su ponencia contra Vidal-Quadras y los suyos. En ella asumió las tesis históricas del catalanismo, defendió los “derechos como pueblo” de Cataluña y contemporizó con la política lingüística de la Generalitat. El secretario general del PP, Javier Arenas, dejó clara su postura: “necesitamos que muchos Josep Piqué se incorporen al Partido Popular”.

 

9. Sin duda, el nacionalismo aludirá a su ejemplo preferido: el ministro Wert diciendo aquello de que “nuestro interés es españolizar a los niños catalanesen octubre de 2010. Sin embargo, se olvida de contextualizarlo: esto no sólo fue una reacción a los 20 años de catalanización de toda la administración pública catalana y todas las asociaciones que pudo, incluidas las AMPAS (y que forzó al exilio a 14.000 maestros), sino una reacción a la constante política de abierta y orgullosa catalanización (y la consecuente desconexión con vínculos españoles); se olvida, como publicaba entonces la Voz de Barcelona, que antes de que Wert dijera eso (que fue un escándalo político por la reacción de todos, incluidos los socialistas),

 

“El ex presidente del F.C. Barcelona Joan Laporta se comprometió a ‘catalanizar’ el club nada más acceder al cargo (incluyendo el apellido de algún ex presidente que, al parecer, no quería ser catalanizado). El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), ha propuesto obligar a ‘convertir en catalanes’ a la fuerza a los inmigrantes, porque el que no lo haga ‘no cabrá aquí’. El entonces líder de ERC, Joan Puigcercós, instó hace dos años a ‘catalanizar la huelga general’ que tuvo lugar. Y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, en abril de 2011, cuanto todavía no había accedido al cargo, llegó incluso a señalar: ‘Quiero catalanizar el PSOE’.

 

Hasta la Iglesia ha alardeado de catalanizar a sus feligreses. ‘Poco a poco fui introduciendo el catalán [en las misas] hasta hacerlas todas en catalán. Lo vi necesario para que diesen los pasos y les ayudara a hacerse y sentirse catalanes. Eso ha dado sus frutos, sobre todo en el campo de los jóvenes y de los niños, porque a todos ellos les hemos catalanizado’, explicaba un conocido párroco de Manresa, el padre Tubau, cuando se jubiló en noviembre de 2010”.

 

10. En julio de 2015, Cristóbal Montoro anunció un aumento de 7.455 millones de euros del presupuesto autonómico; el 25% fue destinado a Cataluña, la Comunidad Autónoma más beneficiada en 2016, con una subida del 12,12% frente al 8,7% de media.

 

 

11. Según el Ministerio de Hacienda, de 2012 a septiembre de 2016, Cataluña ha conseguido el 28,9% del total de los recursos financieros puestos a disposición de las CCAA, lo que supone más de 58.814 millones de euros que la convierten en “la comunidad que más se ha beneficiado de los mecanismos promovidos por el Gobierno”. De ese dinero, hasta 49.499,9 millones provienen de los mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo Social.

 

12. Cuesta mucho ver qué partidas habría obligado el Ministerio a reestructurar para beneficiarse del FLA, visto que, a pesar del chantaje secesionista, el empleo público en las CCAA había aumentado en 117.200 personas a finales de abril de este año, respecto al primer trimestre de 2015; y 20.600 de esos empleos se han dado sólo en Cataluña, donde 242 funcionarios cobran más que Rajoy, donde la adoctrinadora TV3 suma casi la misma plantilla que Canal Sur, ETB y Telemadrid juntas o donde se debe a las farmacias 207,3 millones de euros (que supongo querrán repercutir al Estado del cual se quieren independizar, sin atender a la realidad de los costos).

 

13. También hemos visto cómo Puigdemont, que durante los últimos meses ha ido forjando lazos con la Comunidad Valenciana (CV) presidida por Ximo Puig, ha conseguido que la Generalitat Valenciana asumiera hace unos meses una tesis que limpia el perverso trato que el catalanismo brindó a la CV durante décadas, vertiendo impunemente la culpa hacia el PP: Ximo Puig nos miente respecto al AVE Valencia-Barcelona, diciendo que ha “encontrado más comprensión al respecto en Bruselas que en Madrid”. Lo cierto es que si Valencia y Barcelona no están unidas es por culpa de la Cataluña del tripartito que, fiel a la lógica nacionalista (que es la del egoísmo proteccionista: aceptar sufrir un mal siempre que el mal del resto sea mayor), presionó a Zapatero para frenar el proyecto. ¿Ven? Para eso sirve “Madrid”, “el Estado” o “el PP”: para llorar y no asumir responsabilidades.

 

14. Pero ese no es el único proyecto estratégico que el catalanismo ha paralizado, chantajeando a gobiernos nacionales (tanto del PP como del PSOE) para conservar sus ventajas comparativas frente a otras CCAA. No es cosa aquí de hacer una lista interminable, pero permítanme apuntar un último proyecto estratégico que, sin duda por presiones nacionalistas, quedó paralizado por Zapatero y que Rajoy no parece muy preocupado por reemprender: me refiero al lentísimo proceso de licitación de la Autovía Mudéjar, que, a pesar de lo que resta, ya quita a la AP-7 parte del tráfico internacional. Se trata de una autovía que podría conectar a España con Francia pasando por Aragón (Huesca, Jaca, Pau, por el túnel de Somport), es decir, por el centro y sin tener que bordear los Pirineos por el País Vasco o por Cataluña, con peajes que financian a las concesionarias de las respectivas CCAA (La Caixa es el accionista de referencia de Acesa) y que por tanto suponen una transferencia no computada de rentas desde España (aunque se acuse falsamente al Gobierno español de sangrar a los catalanes por dichos peajes). La paralización del proyecto o la lentitud con la que por momentos avanza el proyecto, evidentemente, somete más si cabe al Gobierno al chantaje soberanista debido al coste de desconexión con Francia.

 

15. Ya hemos apuntado a la crisis como ventana de oportunidad; sin embargo, larvadamente hubo varios estadios, tanto de construcción nacional como de luchas intestinas dentro de Convergencia, que desde 2003 fueron acondicionando la ocasión y que explican mejor la estrategia de confrontación con el PP. Como apunta López de Lerma, hay un punto a partir del cual, sin necesidad de reacción a agresión alguna, empieza a radicalizarse hasta el partido abanderado de la ‘centralidad’, el que más tajada sacó de Madrid:

 

“Pere Esteve, amb la seva Declaració de Barcelona –l'inici del projecte Galeusca– i els que el segueixen i empenyen, entre els quals, el nen de Pujol –Oriol Pujol–, és l'embrió del que ha d'arribar; la radicalització no sé si de CiU, però sí de CDC, la pèrdua de la centralitat política a Catalunya i no sé si fins i tot la destrucció de CiU”.

 

16. Por último, por lo que respecta a Cataluña, basta sencillamente con mostrar que la del PP como factoría de independentistas es una hipótesis que no se aguanta empíricamente. Por una parte, porque todavía con el PP en el Gobierno la voluntad independentista está bajando; por otra, porque también están aumentando quienes se consideran españoles en Cataluña frente a quienes sólo se consideran catalanes. No es más que pura lógica. ¿Podrían ustedes decir en qué orden es mejor dejar de defender públicamente las ideas propias y ceder a las del adversario porque, de no hacerlo, van a incrementar las filas de la parte contraria por pura reacción? ¿No habrá sido la estrategia socialista (ofrecer alegremente el Estatut que saliera del Parlamento catalán sin exigir ajuste a la legalidad constitucional; cerrar un tripartito con Carod en torno al sectario Pacto del Tinell; defender como razonables discursos como los del último Maragall o los del actual Iceta), reproducida en no pocas ocasiones por los populares (sobre todo por Aznar), la que ha generado independentistas por no contener ninguno de sus incontables excesos? ¿No sabían, acaso, que el nacionalismo es por definición insaciable?

 

●      En el País Vasco: 

 

Yéndonos a Euskadi, y sin alargarlo más de la cuenta, bastaría recordar que en enero de 2016, gobernando Rajoy, la Fiscalía decidió firmar lo que a todas luces pareció un “pacto de la vergüenza” con la cúpula de Batasuna: a quienes estaban acusados no sólo de integrarse en una banda terrorista, sino de dirigirla, les bastó con firmar un documento donde reconocían que su conducta “fue contraria a las leyes del Estado” y que “se comprometen a la renuncia de cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia”. La estrategia, aceptada incomprensiblemente por la Fiscalía, fue alegar “sumisión” a la banda, prácticamente presentándose como víctimas de una extorsión. Pero lo cierto es que en 2004 la propia ETA describía esa “sumisión” del partido del siguiente modo: tras aclarar que “la izquierda abertzale tiene dependencia político/estratégica hacia la organización”, afirmaba que “al final de la década de los 80 y principios de los 90 era [ETA y el partido] un binomio fundamental” (Udaberri Txostena). Pernando Barrena explica claramente la jugada tras su (para nosotros humillante) victoria: “este acuerdo tiene como objetivo que ninguno de los encausados ingrese en prisión. Este acuerdo se ha cumplido y nuestro deseo ahora es que contribuya al final de la aplicación de las legislaciones de excepción”.

 

Evidentemente, el pago por esta confesión, con ETA sin claudicar, no fue poca cosa. Fue, de hecho, democráticamente vergonzoso. Sin embargo, nunca será suficiente para el nacionalismo y esa buena parte de nuestra izquierda reaccionaria, como con tino la denomina Félix Ovejero, que como Aizpeolea, influyente periodista de El País, considera que tras 5 años sin terrorismo, hay que suavizar la política penitenciaria. Sólo en segundo lugar habla el periodista de la necesidad de distanciamiento crítico de los terroristas y ya en tercer lugar del reconocimiento del daño injusto infligido a las víctimas. De las armas, ni mención. De hecho, según él, Rajoy “se niega porque quiere escenificar su derrota policial con la desarticulación de zulos de armas y la detención de esas pocas decenas de etarras, que bien cabrían en un microbús ya en la etapa socialista”. Rajoy, malo. Ya lo sabemos. Y el orden de los factores, absolutamente pervertido.

 

Es la tesis que se desprende del marco del “conflicto”; es la tesis que han sostenido siempre las organizaciones próximas a la izquierda abertzale (como fueron Elkarri, de Jonan Fernández o, posteriormente, Lokarri, de Paul Ríos, quien hoy defiende junto con el Foro Social Permanente que ETA se desarme ante el Gobierno Vasco, visto que los gobiernos español y francés no quieren ofrecerse para un desarme bilateralmente pactado). El nacionalismo y la izquierda reaccionaria rehúyen el desarme unilateral; Paul Ríos se muestra preocupado porque el gesto del desarme puede llegar a no interesar a nadie, a no servir para nada (“si el desarme pierde valor y no sirve para impulsar otros avances, pues, ¿para qué el desarme?”). Todo menos asumir una narración que se atenga a los hechos: la de que el terrorismo ha acabado a manos del Estado de derecho y de la legítima persecución policial. Es decir, todo menos admitir que el conflicto comienza y termina dentro del pacto político y gracias a él.

 

 

VI. Podemos en España: “una democracia heredera del franquismo”. La prolongación de los ‘conflictos’ catalán y vasco

 

Llegamos ya a Podemos, que se encontró con el discurso hecho. Así pudo atraerse a buena parte de los votantes (¡e incluso militantes!) socialistas, que daban por buena la dinámica centrífuga y plurinacional de Zapatero, que la asumían y estaban dispuestos a defenderla.

 

 

●      Respecto a Cataluña:

 

1. Son incontables las llamadas al “derecho a decidir” que Podemos ha copiado literalmente del independentismo catalán. Asumen que Cataluña es un ente diferenciado (¿tal vez vuelven a la insensata matraca de 1714?), aceptando así lo de convertir una Guerra de Sucesión al trono internacional en una suerte de guerra de secesión española.

 

2. Han hecho suyo el marco nacionalista: se proclaman patriotas, pero renegando de la fiesta nacional (asociándola anacrónicamente, para júbilo del nacionalismo, con la colonización española de 1492); y acuden prestos a las diadas catalanas y a los aberri eguna (día de la patria vasca) para mimetizarse con los suyos. Lo que está por explicar, y no lo harán, es cómo piensan construir patria despreciando a quienes defienden la igualdad de los españoles vivan donde vivan y aliándose con quienes defienden los privilegios históricos y forales de los ricos. Porque, no lo olvidemos, como destapó Borrell, Cataluña, siendo una de las CCAA más ricas, tiene un superávit con el conjunto del Estado de unos 4.000 millones; y donde la financiación media por Comunidad Autónoma es de 2.054 euros per cápita, en el País Vasco y Navarra disponen del doble, de 4.225 y 4.004 euros respectivamente.

 

3. El conocido profesor Manuel Castells, muñidor del programa de Podemos, dejó hace poco patente la insolidaridad que esconde el programa del partido morado, en un artículo titulado “El valor de Pedro Sánchez” y publicado en La Vanguardia:

 

“Es tal el miedo de las autonomías del sur a perder sus privilegios de subsidio, que piensan que serían amenazados por una Catalunya con un concierto fiscal semejante al vasco, que han trazado una línea roja insalvable hecha de nacionalismo español y reivindicaciones presupuestarias”.

 

El buen profesor de izquierdas (cree él) nos afea que nos preocupe el reparto del dinero; el marco discursivo nacionalista, necesariamente conservador, ha fagocitado las connotaciones progresistas en nuestra esfera pública y se permite ubicar en la derecha a quienes defienden algo tan poco conservador como la igualdad. Nótese que Castells está apelando a la tesis nacionalista que alienta a restringir toda transferencia de rentas desde la Cataluña hacendosa a la Andalucía subsidiada. Esto tiene evidentes reminiscencias del racismo del señor Pujol (hoy replicadas, por poner un ejemplo entre miles, por la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Dolors Bassa (ERC −el partido de Rufián, a quien aplauden sistemáticamente los diputados de Podemos en el Parlamento−): “¿Sabe cuántos menores [adictos a esnifar pegamento] llegan a Cataluña? Setenta al mes, y la mayoría llegan de otras partes del Estado, y entre ellos Ceuta y Andalucía, donde ustedes están gobernando”), lo cual no está nada mal para alguien tan prestigioso como él. Aunque, a decir verdad, Andalucía está bastante más infrafinanciada que Cataluña. Bueno, por ser justos: Andalucía está infrafinanciada y Cataluña no lo está.

 

●      Respecto a Euskadi (donde ETA ni ha dejado las armas ni ha pedido perdón ni se ha disuelto, con el amparo de Bildu e incluso de un PNV que sigue haciendo la vista gorda y condenando indiscriminadamente las violencias), la posición de Podemos aún resulta más abyecta, por nítidamente continuista con el marco del “conflicto” alimentado por el mundo de ETA.

 

1. Antes del nacimiento de Podemos, cabe destacar vídeos como el de Fort Apache de enero de 2013, donde Pablo Iglesias anima a no entender la política como “una desigual partida de ajedrez” con las piezas que a cada uno le han tocado, sino a “entenderla como boxeo”, asumiendo que “la paz no es más que el resultado de una guerra; así entendieron en ETA la política e hicieron una guerra que apenas ha terminado y que ha marcado con el dolor de unos y de otros la historia política reciente de España y del País Vasco”. Se pregunta si lo que perdió ETA en la guerra contra el Estado lo podrá ganar la izquierda abertzale en las instituciones, y se responde afirmando que “hay quienes pensamos que lo que se pierde en los campos de batalla, no se gana en los parlamentos; pero al pesimismo de la inteligencia, tras quedar K.O. en el ring, siempre se la ha opuesta el optimismo de la voluntad, ya que aún quedan piezas que mover en el tablero de ajedrez”.

 

En realidad, a estas manifestaciones podríamos sumar aquello de que “el cielo no se toma por consenso”; o, sin retrotraernos tanto, basta simplemente con atender al desprecio a las instituciones con la que sustancian su apuesta por la “estrategia del desbordamiento” (estrategia –copiada del soberanismo catalán− que ha enfrentado a Pablo Iglesias con Errejón, algo más dispuesto a utilizar también las instituciones). Así lo explica esta noticia:

 

“‘No tenemos la fuerza suficiente’ en el Congreso, señaló Iglesias, porque ‘67 diputados son muchos pero no son suficientes’ para cambiar las cosas. Así, advirtió al PP de que ‘si ellos pretenden que nos atrincheremos en el Parlamento’, Podemos le responderá ‘desbordando las calles’, desafiando abiertamente a Mariano Rajoy con un aumento de la conflictividad social. Este lunes no lo dijo, pero el pasado viernes habló incluso de su adhesión incondicional a una huelga general”.

 

El planteamiento, copiado del soberanismo catalán y de la teoría del “conflicto” acuñada por la izquierda abertzale, plantea un choque irreconciliables de legitimidades (Podemos contra el resto de partidos; la calle contra el Parlamento) que no se resuelve hasta hacerse con el poder porque, de otro modo, el poder quedará en manos que, a juicio de ellos, serán siempre ilegítimas, en manos que no se reconocerán y contra las que cabe el desacato. O yo o el caos. Renuncian a la normatividad kelseniana de la forma jurídica (de un proceso de racionalización que busca universalizar derechos), cuya estructura descansa en el principio de legalidad, que ofrece legitimidad, unidad, jerarquía y coherencia a un sistema jurídico que queda garantizado, en última instancia, por un tribunal constitucional que, a su vez, velará no por la sustancia de lo regulado sino simplemente por que los procedimientos de revisión legislativa (constitucional, legal, reglamentaria…) se respetan en cada caso. Al despreciar los procedimientos, ellos se acogen de facto, sin solución de continuidad, a una aparente verdad última que remonta a los orígenes de la técnica golpista de Malaparte y desemboca, como no podía ser de otra forma, en la Teología política de Schmitt.

 

“La norma exige un medio homogéneo. Esta normalidad fáctica no es un simple ‘supuesto externo’ que el jurista puede ignorar; antes bien, es parte de su validez inmanente. No existe una sola norma que fuera aplicable a un caos. Es menester que el orden sea restablecido, si el orden jurídico ha de tener sentido. Es necesario de todo punto implantar una situación normal, y soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es, en efecto, normal. El derecho es siempre “derecho de una situación”. El soberano crea esa situación y la garantiza en su totalidad. Él asume el monopolio de la última decisión. En lo cual estriba precisamente la esencia de la soberanía del Estado, que más que monopolio de la coacción o del mando, hay que definirla jurídicamente como el monopolio de la decisión (…). El caso excepcional transparenta de la manera más luminosa la esencia de la autoridad del Estado. Vemos que en tal caso la decisión se separa de la norma jurídica y, si se nos permite la paradoja, la autoridad demuestra que para crear derecho no se necesita tener derecho” (Schmitt, Teología Política, 1922).

 

La legalidad no sería función de ninguna investidura legítima, no sería cosa de procedimientos democráticos y poco importaría que el sistema constitucional contemple los cauces de su propia revisión. La legalidad dependería, según este teórico al que siempre abrazó Podemos (jurista del nazismo), de que exista un soberano a quien el Pueblo esté dispuesto a seguir y cuyas decisiones esté dispuesto a acatar. La teoría jurídica y política que intente fundar una ‘sociedad bien ordenada’ se deja de lado; se abre la puerta grande a la ontología política. Para definir la política se prescinde de la normatividad (del deber ser), se separa lo que debería ir unido y se invierten los polos: el pueblo acatando una norma da cuenta de quién es el soberano, el autor de dicha norma; más que la legitimidad (procedimental), importará la legitimación (acatamiento) que brinde el pueblo. Por eso, tanto Podemos como el mundo abertzale o el soberanismo catalán plantean abiertamente un choque de legitimidades y buscan aumentar la conflictividad extrainstitucional. Por eso Podemos se afana en declararse no como un partido, sino como un movimiento que representa al verdadero Pueblo (alberga distintas sensibilidades pero deslegitima todo proyecto que quede fuera). Por eso luchan (como los soberanismos vasco y catalán) por mostrar la imagen de la calle antes que la de las urnas o las instituciones (una falsa, por sesgada, legitimidad popular). Por eso buscan ensalzar la imagen carismática del líder. Por eso se apropian (o quieren hacerlo) de los medios de comunicación y echan mano de panfletos y propaganda, con el fin de ocultar el pluralismo social y mostrar una opinión unánime hasta ahogar la libertad del disidente, que acaba sumido en una ‘espiral del silencio’ por miedo a enfrentarse a quienes tiene alrededor. Por eso recurren a referéndums bonapartistas, que buscan retorcer preguntas para sesgar las respuestas mediante alternativas dicotómicas cuidadosamente seleccionadas y que jamás representan la pluralidad de opciones que pueden tomarse en cada instante.

 

Creen que el conflicto descarnado es la verdad de la política, cuando lo cierto es que sólo es la tenebrosa última estación, cuando van cayendo las sucesivas capas de confianza recíproca entre ciudadanos y, con ellas, la estabilidad institucional; cuando los procesos de reforma que debían canalizar pacíficamente el conflicto dejan de ser viables. Estas son las contradicciones que quieren forzar para pescar en río revuelto, hasta hacerse con el poder aunque el país sea ya ingobernable, o precisamente por eso. Se prescinde de la perspectiva real del otro, que se tasa en su voto y en la libertad para proyectar sus ideas con igualdad de voz; se ancla todo el proyecto en un discurso solipsista y autocomplaciente que menosprecia el pluralismo y apela a una legitimidad última que se erguiría por sobre nuestras cabezas, negándose a contrastar las palabras con los hechos; se eleva la estrategia a único fin; se promueve el descrédito del sistema de representación y, por tanto, de la única democracia realmente existente; y se pide el desbordamiento, que es tanto como considerar la ley un papel mojado mientras se generan, al tiempo que se llama a la desobediencia civil, unas lealtades paralelas, ajenas o ‘desconectadas’ de la justicia constitucional. Las instituciones irían por un lado y ellos por otro. Y por eso corremos el riesgo de que convenzan y venzan si no aplicamos la ley de una vez por todas, esperando que la ciudadanía considere que se ejecuta con justicia. Por eso hace bien el Gobierno en empezar a revelar los argumentos de justicia que se hallan tras la ley. Y por eso haría bien el PSOE en cerrar el paso a quienes, como Sánchez, se empeñan en decir que España es una “nación de naciones” (copiando el invento nacionalista y repartiendo legitimidades a diestro y siniestro, usando un concepto que no tiene definición jurídica posible y que es de una plasticidad tal que conduce a la abierta contradicción) en lugar de decir que España es un Estado soberano (única definición manejable de nación) que debe garantizar la igualdad de sus ciudadanos si aspira a ser una democracia.

 

2. A afirmaciones como las de Fort Apache (que ha dado lugar a la importante digresión que se acaba de cerrar) u otras de La Tuerka, se han sumado desde el principio declaraciones como la de Monedero, afirmando que ETA mataba camellos porque la Policía usaba la droga para frenar su lucha, cuando lo cierto es que ETA usaba la coartada de que eran camellos para justificar algún asesinato extraviado, como explica Isabel San Sebastián a cuenta del asesinato de su primo.

 

3. En un documento que estuvo colgado en su web, titulado Sistema penal y construcción de la paz en Euskadi tras el fin del terrorismo: la postura de Podemos desde la defensa radical de los derechos humanos, el partido afirma que ETA fue “responsable” de sus acciones, “quizás −al menos en su origen− comprensible”. Nótese que dicen “responsable” y no “culpable” para describir una causalidad (apretaron el gatillo, sí). Por lo demás, acerca de lo “comprensible” (se entiende que se refiere al contexto franquista), juzguen ustedes en función de lo escrito en su Primer Manifiesto de 1964 si eran razonables los móviles políticos de ETA (los mismos antes y después de Franco):

 

“el que no está con el Pueblo Vasco y su Resistencia, está en contra de aquél y de ésta (…). Son abertzales –patriotas– los que colaboran con la Resistencia Vasca, los que se oponen a ella o la boicotean, serán barridos”.

 

Podría parecer que Podemos se desmarca de la justificación de la violencia etarra tras haber entrado en democracia; pero sólo es un espejismo puesto que no dudan en adoptar a continuación una postura equidistante, culpando a las “instituciones del Estado” de haber “cometido directa o indirectamente vulneraciones −asesinatos, torturas, detenciones, etc− de derechos humanos en el ámbito policial y también judicial y penitenciario”: “los autores de todas las violencias ejercidas −más allá de su equivalencia− son responsables del daño injusto causado y de las vulneraciones de derechos humanos cometidas”. Frente a esta patraña y sin negar las excepciones que deben ser denunciadas (pero como excepciones que no manchan nuestro Estado de derecho), convendrá recordar que las denuncias de torturas fueron sistemáticamente promovidas como directriz de la banda, que en la mayor parte fueron simple propaganda y que fueron casi siempre desmontadas (p. 46) y refutadas por informes forenses.

 

Pero, ya se sabe, al denunciar la violencia legítima de un lado, baja automáticamente la culpa de los otros, los asesinos. Y así pueden afanarse en criticar un supuesto “derecho penal de autor” en relación con los delitos de terrorismo y con la política penitenciaria que se les aplica; la clave para vencer legítimamente a ETA sería, por tanto, acabar con una política penitenciaria de “excepción” (como la nombra los abertzales); y nos recuerdan que los derechos fundamentales deben ser “respetados y salvaguardados específica e individualmente, sin que puedan ser objeto de prestaciones y contraprestaciones que supediten su defensa a las circunstancias del momento”. Omiten, claro, que la pertenencia a una organización terrorista es un delito y que el terrorismo agrava con mucho el asesinato, puesto que la misma acción busca no sólo acabar con la vida de la víctima, sino amedrentar a toda una población para que claudique (para que inste al poder político a ceder) e imponer así su orden, por encima de los procedimientos democráticos. Omiten que son los etarras, que siguen militando bajo la disciplina de la banda, quienes, al no tomar distancia, renuncian de facto a los beneficios penitenciarios. Esto es lo que la política penitenciaria trata de romper, con razones sobradas y experiencia demostrada.

 

A continuación, la ponencia, que desapareció de su web, pasaba a hablar de “la memoria” que debe fraguarse en el País Vasco; pero desde sus equidistantes premisas. No se trata para ellos de restaurar la inseparable dupla democracia-estado de derecho, supremo bien jurídico (condición de posibilidad del resto de derechos) que ETA buscó llevarse por delante; no se trata de advertir a los ciudadanos del peligro de ideas excluyentes que pretenden que la voluntad de unos pocos confeccione un proyecto político que aplaste los derechos individuales de los conciudadanos; de lo que se trata, para Podemos, es de “propiciar que el relato de la víctima, interactuando con la confesión del victimario, contribuya a configurar la memoria como derecho de la sociedad, haciendo aflorar la verdad como acto político para la reconstrucción de la comunidad”. Este engendro de “justicia restaurativa” busca que la sociedad olvide y diluya el pasado para no hurgar en la herida. Lo hunde todo en un mar de lágrimas, donde las primeras en ahogarse son las categorías jurídicas y políticas, imposibilitándonos distinguir entre lo justo y lo injusto.

 

Y al final llega la cita culmen (de cinismo) de todo su texto: “aunque su tratamiento haya de ser específico y deba enfocarse desde una perspectiva eminentemente práctica, cabe hacer una mención a la propia disolución de ETA en relación con la superación de la excepcionalidad en el tratamiento penal y penitenciario de sus presos”. Es decir, sólo después de reclamar un cambio en la política penitenciaria, aluden (“aunque el tratamiento haya de ser específico”, o sea, al margen de la política penitenciaria que reclaman) a la disolución de ETA. En lugar de exigir un final incondicional de ETA, facilitan que su final llegue después de su última victoria: ETA se podrá disolver una vez que sus presos reciban, como colectivo (pero disimulando la fórmula individual, para impostar altura democrática), un trato de favor. Mientras tanto, ni siquiera ven con buenos ojos (tampoco el PNV ni, lógicamente, Bildu) la detención de los etarras que quedan libres.

 

4. Sintomáticas fueron las listas que confeccionaron para el Senado, con nombres como Miren Gorrotxategi (Bizkaia), que en mayo de 2011 fue imputada, junto con otros 4 profesores de la UPV, por un presunto delito de prevaricación por otorgar privilegios a dos etarras deportados que les permitieron redimir condenas. En un artículo en El País, de 22 de diciembre de 2000, escrito junto a J. M. Susperregui y Lucía Martínez (otros dos profesores de la Facultad de Comunicación), se quejaba de que una bomba en el ascensor de la Facultad rompía la normalidad de una Facultad atestada, ejemplar, dinámica y normalizada. Todo sin mencionar que la bomba iba dirigida a una profesora por decantarse políticamente; sin reconocer, por tanto, que no había tal normalidad. O Gonzalo Alba Rico, ese colaborador del diario Gara que, en su artículo ‘Colaborar con ETA’ (11 de febrero de 2007) afirmó que:

 

“Hace poco más de un mes una bomba de ETA mató a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, dos inmigrantes ecuatorianos que, ni por nacionalidad ni por voto, tenían la más mínima relación con el conflicto en Euskal Herria”. “Pocas veces habrá habido dos víctimas más inocentes”.

 

“Si realmente queremos paz y democracia, tenemos que empezar por dar la vuelta con naturalidad a esa frase: ‘Todos hemos matado a Carlos Alonso y Diego Armando’. Por eso, igual que debemos decir, en el País Vasco y en España, ‘todos hemos matado a Carlos y Diego’ e indemnizarlos con la solución negociada que reclama a gritos su inocencia absoluta, debemos decir igualmente, por imperativo moral y democrático, ‘todos somos Iñaki de Juana’ y combatir este poco de dictadura que amenaza la paz y las libertades de los vascos y de los españoles”.

 

Y no se queda atrás su miserable artículo: ‘ETA también vota’ (7 de marzo de 20080):

 

“Hace unas horas ha muerto asesinado Isaías Carrasco, un exconcejal del PSOE, en el portal de su casa en Mondragón (Guipúzcoa). (…) ¿A favor de quién ha votado ETA? (…) Sabemos, en cualquier caso, contra quién ha votado. Ha votado contra un hombre que no iba a votar al PP”.

 

●      A nivel nacional: 

 

1. Aquí ya empieza a asomar el marco que Podemos se dispone a construir, a base de transponer con algún ligero retoque el marco abertzale: donde el mundo de ETA negaba de plano la legitimidad de “los Estados español y francés”, Podemos niega la legitimidad del PP. En realidad, el pacto del Tinell, amparado por el PSC y el zapaterismo, habían puesto las bases para arrinconar al PP como apestado intratable, prácticamente como reducto franquista. Esto, por cierto, es algo con lo que ya comenzó a jugar el PSOE de González con aquella campaña del doberman en 1996.

 

2. Pero Podemos, para sobrevivir, quiere matar al padre. Así que de un tiempo a esta parte, tocaba deslegitimar de lleno también al PSOE. Por supuesto, el marco discursivo abertzale volvería a ofrecer los elementos suficientes: bastaba con recordar lo que en España las nuevas generaciones no conocían: el GAL. Así, en el debate de investidura del 2 de marzo de 2016, Pablo Iglesias decidió copiar a Mikel Zubimendi y le espetó a Sánchez: “desconfíe de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva”.

 

3. Ese discurso, repetido desde entonces en varias entrevistas y medios distintos, fue apuntalado cuando presentaron a Pili Zabala (hermana del miembro de ETA asesinado y enterrado en cal viva por los GAL) como candidata a lehendakari. Desconocida antes, olvidada y relegada después, Pili fue usada para subrayar los contornos del marco discursivo que da continuidad al franquismo con la democracia, sin la solución de continuidad que, de hecho, introdujo una Transición que, con todos los problemas que pueda llevar aparejada una transición, es considerada ejemplar por políticos y teóricos de medio mundo. (Pero todo es poco ante el anhelo idealista de un mundo post-conflicto; una baza inagotable que estrujarán sin miramientos).

 

El marco quedaba preparado para canalizar la confrontación política con quienes ahora pasaban a ser enemigos y no adversarios políticos. Y, cuanto más se encona el enfrentamiento, ya se sabe, más barra libre se da a los violentos para que canalicen su odio contra lo señalado como ilegítimo.

 

4. Los primeros resultados los vimos en la Universidad Autónoma de Madrid, donde un grupo de violentos (alguno armado con un cuchillo) escrachearon la charla de Felipe González y Cebrián, en lugar de permitir que los estudiantes más críticos les pusieran en un brete con sus preguntas, como exigiría un demócrata crítico. Esto fue calificado por Iglesias como síntoma de “salud democrática” frente a quienes, según él, “sacan pecho por el terrorismo de Estado”. Por supuesto, no podrá dar un nombre de nadie que haya sacado pecho por cuanto, quienes la tenemos, lo consideramos nuestra vergüenza. Juzgada. Pero para ellos no se trata de hacer justicia sino de convertir al adversario en enemigo, arrebatándole hasta la palabra. Ya lo hicieron con Rosa Díez. ¿También era un síntoma de salud democrática?

 

Y así, Podemos va abandonando cualquier posibilidad de un proyecto populista abarcador (que, a juzgar por su relación con los nacionalistas, no parece que nunca se tomaran en serio), mientras asoman cada vez más fuertes las tesis recurrentes de Monedero, asociando nuestra democracia con el franquismo y fagocitando a quienes alguna vez rieron sus gracias:

 

 

“Pero el PSOE y El País dicen que algunos estamos en los límites de la democracia solo porque recordamos la historia del PSOE. O porque recordamos que se está haciendo muy largo el franquismo”.

 

 

5. Llegamos a la reciente convocatoria de “Rodea el congreso”, apoyada por Podemos y que incomprensiblemente no fue desautorizada o conducida, por seguridad pública, a un lugar que no fuera el Congreso. La manifestación acabó con lanzamiento de botes, mecheros e insultos a diputados de Ciudadanos, democráticamente elegidos. En la convocatoria se apelaba a “hacer frente al golpe de la Mafia con democracia”, tras afirmar que “el golpe del régimen se ha consumado” que “Rajoy será finalmente investido en octubre. Será un gobierno ilegítimo de un Régimen ilegítimo. Un jefe de Estado al que nadie ha votado y apenas nadie fue a recibir el día de su coronación –la mafia de Nóos– llama a consultas a un candidato al que tampoco nadie ha votado –la mafia de los ERE- para que se abstenga en la investidura de otro candidato que en dos elecciones no ha alcanzado votos ni acuerdos suficientes para formar gobierno –la mafia de la Gürtel”.

 

Régimen, jefatura de Estado, Gobierno y partidos parlamentarios; todo era ilegítimo menos los manifestantes y los partidos afines de los convocantes, como Bildu (Elena Martínez López lleva trabajando para la izquierda abertzale desde enero de 2012) o Podemos (Alberto Albino Torre Barciela, actualmente forma parte del Círculo Unidad Popular). De ahí que Podemos fuera vitoreado por los mismos manifestantes que increparon y lanzaron objetos al resto de representantes.

 

El cartel de la convocatoria en Valencia deja más clara la narrativa, asociando tanto al PP (gaviotas) como el PSOE (puño) con el golpe de estado de Tejero.

 

 

Y así, resulta que este marco, alimentado por cualquiera que se quiera subir al carro, está por gangrenar todo lo que la democracia ha ido construyendo, legitimando cualquier ataque (que queda sin respuesta) contra puntos aleatorios de nuestro sistema político, que va quedando desvertebrado.

 

6. Basta con echar un ojo a la manifestación contra las reválidas (que el PP aceptó congelar de su propuesta educativa, pese a que los resultados de nuestro sistema piden a gritos subir el nivel; y pese a que parecía una buena fórmula introducir evaluaciones externas a final de una etapa educativa con el fin de obligar a los profesores a acabar el temario, comparar el nivel por centros y evitar cualquier tipo de trampa que oculte el nivel real de los alumnos, que es lo que se trata de solucionar si no queremos que la gente vaya quedando apeada del mercado de trabajo).

 

 

Por supuesto, ignoran que reválidas ya hubo en la República (con el Plan Villalobos), e incluso antes. Y poco les importa que cinco países europeos ya tengan reválidas al final de la segundaria o que 23 las tengan al final del periodo escolar (antes del acceso a la Universidad). Total, hasta los padres promueven huelgas de deberes… ¿No será más fácil estar con ellos?

 

7. También han venido a echarle una mano a los podemitas algunos intelectuales orgánicos. Del mismo modo que los nacionalistas alentaban a sacar listas negras de malos catalanes, como aquel infausto libro titulado La trama contra Catalunya, de Hèctor López Bofill, o ese otro titulado Perles catalanes. Tres segles de col.laboracionistes (donde, entre otros, Josep Pla, Juan Antonio Samaranch, Cambó y Porcioles, hasta Albert Boadella, Félix de Azúa, Rosa Regàs, Carme Chacón, Miquel Roca o Duran Lleida son descritos como “una galería de personajes ‘nostrats’ de la peor especie: esclavistas, colonizadores, colaboracionistas, genocidas…”, un electo de “catalanes despreciables” que tienen en común “apoyar a los opresores de nuestro pueblo y de paso oprimir a otras naciones”), Podemos tiene a su Sánchez Cuenca y a su Fernández Liria, entre otros, para desprestigiar a los intelectuales que se han mantenido más firmes contra el desgarro nacionalista. Con su libro La desfachatez intelectual, Sánchez Cuenca, trató inútilmente de tirar por tierra el prestigio de los pocos intelectuales que se han atrevido a plantar cara contra la dictadura nacionalista en Euskadi y Cataluña, en aras de defender el legado zapaterista. Mucho se ha escrito sobre las trampas que esconde su tesis.

 

Recientemente ha sido Fernández Liria el que ha decidido atacar, en una tribuna de la web Cuarto poder (Respuesta a Javier Cercas (1)), a Javier Cercas, Antonio Elorza, Félix de Azúa, Fernando Savater, Félix Ovejero o José Luis Pardo. Así, en su apuesta (tras retomar una vía en su día abierta por Hannah Arendt) por leer la Crítica de la razón práctica kantiana desde la Crítica del juicio, acaba concluyendo que “los intelectuales del tipo de Javier Cercas razonan bien, pero su facultad de juzgar está podrida. No están equivocados, están locos”. Lo que quiere decir es que las categorías operativas de la razón, tanto pura como práctica (desde el principio de causalidad hasta el principio moral de universalización) no funcionan en el vacío y que la razón es siempre una razón situada o impura, histórica, que, como veíamos al principio, se maneja a partir de premisas y experiencias personales que en buena medida compartimos desde nuestra común socialización, pero que pueden ponerse en entredicho. Esto, según Habermas, nos obligaría a intentar recomponer reflexivamente (mediante argumentos) el acuerdo que se ha roto, con vistas a recuperar la coordinación de la acción. La argumentación (que raramente comienza llamando “locos” a los interlocutores) no implicará necesariamente alcanzar un nuevo acuerdo, pero sí, al menos, tratar de entender al otro hasta concebir su postura y estrechar el desacuerdo, hasta convertirlo, si acaso, en desacuerdo razonable.

 

Sorprende en el escrito del autor su desprecio por aquello de que “las condiciones de producción corresponden a un estadio determinado del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas condiciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política y a la que corresponden unas determinadas formas sociales de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona la vida social, política e intelectual en general” (Marx, Introducción a la crítica de la economía  política, 1859). Y así, basándose en que el juicio es consustancial, previo incluso al uso de las categorías de la razón y prescindiendo por ello, para emitir sus juicios, tanto de la razón como de las condiciones materiales que nos rodean, Fernández Liria apela como arma a la imaginación: “es imposible imaginar, por ejemplo, la cadena causal que liga el móvil con el que llamamos a mamá los domingos, con una guerra en el Congo en la que han muerto diez millones de personas, causada por la minería del coltán”. Con este ardid lacrimógeno e insuficientemente explicado, muy de la Sexta (cadena que en su reciente documental sobre la cosa prefirió inducirnos a maldecir al malvado capital, a maldecirnos a nosotros mismos por usar la tecnología o a maldecir, para escurrir mejor oscuras disonancias cognitivas de las que hacerse cargo, a los Estados que lo importaran −aunque por ello toda su industria puntera perdiera pie frente a los competidores free riders− en lugar de apelar a la ONU para que trate de controlar de verdad al Estado fallido, limpie el actual Gobierno de corrupción y recomponga instituciones viables, con libertades y derechos −incluido el de propiedad, porque la propiedad de sus conciudadanos es lo primero que quieren violar los asesinos y violadores congoleños a las poblaciones asentadas sobre el preciado recurso−, convenientemente garantizados por una administración imparcial y un por un sistema de justicia contra el propio Gobierno congoleño), Fernández Liria se ve libre para, obviando la legitimidad de unas instituciones democráticas que nosotros (contrariamente al Congo) ya tenemos bastante perfiladas, poder desprestigiar a esos intelectuales que, a diferencia de él, no se han dado cuenta de que el secreto consistía en desearlo con fuerza para que “el sistema” dejara de ser eso que hay que analizar para comprender la acción social, como pretendió Marx; ahora, con “la imaginación al poder”, a alguno parece bastarle para torcer las leyes sociales, decidiendo que “no somos antisistema, el sistema es antinosotros”. De nuevo: si Mahoma no va a la montaña…

 

Ruboriza un teórico que, desde el pensamiento mágico, no sólo se olvida de que el libre mercado tiene a bien disolver las viejas nacionalidades (esas que Podemos azuza, reverberando las antidemocráticas premisas soberanistas −“a cada nación le corresponde un Estado”–, que despojan al Estado de su nota más definitoria –la soberanía estatal, así reconocida por el Derecho internacional– para granjearse los votos nacionalistas a costa de desfigurar la condición de posibilidad de la igualdad: el propio Estado) que enfrentan a la clase trabajadora, sino que directamente prescinde de la cadena causal que también cabría trazar (de usarse la razón que nuestro intelectual desprecia) entre la tecnología que permite que los niños pijos llamen a mamá (él es un rudo hombre que aún usa palomas mensajeras) y la victoria contra la escasez alimenticia que hace dos siglos se creía insuperable, o contra las enfermedades, o contra fenómenos meteorológicos (un huracán, un terremoto...) que hoy pueden ser prevenidos. Desprecia una tecnología que permite el manejo de grandes cantidades de datos con los que se planifican políticas públicas de una efectividad cada vez mayor, que ha permitido reducir las tasas de pobreza extrema y que, sobre todo, ofrece la posibilidad de una coordinación de la acción hasta hace poco inconcebible. Parece no comprender que el mundo que se levanta sobre internet (de los datos, de las cosas, de la energía) e impresoras 3D, va conformando una nueva estructura que, por lo mismo que facilita el poder del Imperio, puede más que nunca, a poco que concertemos la acción, conducirnos hacia el procomún de la Multitud (para que me entienda), tal y como lo va describiendo Jeremy Rifkin. Ante un análisis mínimamente materialista de nuestras circunstancias, no parece que vaya a ningún sitio su empeño por cerrarse a los avances técnicos que mejoran la estructura de la que debemos servirnos para emanciparnos, por dividir a la sociedad y por negar la mano a los gobiernos socios con los que tenemos que recorrer todavía un duro camino hasta que la estructura esté al servicio de las personas. Pura gesticulación adolescente e irresponsable. Profundizan la crisis social para llegar al poder, no para solucionar nada.

 

Pero lo que más sorprende es que trate impúdicamente (¡juzguen ustedes si eso no es desfachatez y deshonestidad intelectual!) de convencernos de que Podemos no son más que habermasianos que vienen a defender el “patriotismo constitucional”. Más bien, como ya hemos ido exponiendo, su proyecto schmittiano es la antítesis del de Habermas: partiendo de que “el cielo no se toma por consenso”, desde el principio renunciaron a las pretensiones de verdad o de corrección en sus discursos, recelaron del pluralismo político (que es la base de la democracia) y delinearon con esmero el terreno de juego para poder reducirlo todo a la desnuda relación de fuerzas. En eso consiste “concebir la política como boxeo”, que decía Pablo Iglesias para explicar (¿legitimar?) la lucha de ETA. Y puesto que todo vale, como demostraron las victorias de alumnos aventajados como Farage o Trump, hoy se habla abiertamente de postverdad.

Pretende, decíamos, que los herederos de Laclau, pero sobre todo de Schmitt y Mouffe, pasen a apropiarse nada más y nada menos que del concepto de “patriotismo constitucional”. Debe ignorar que Habermas ha pensado toda su obra precisamente contra el nacionalismo y el realismo político schmittiano, que en Auschwitz tuvo su paroxismo (una cesura histórica a partir de la cual se fue construyendo la ONU y que forzó a los ciudadanos de cada Estado a adoptar esas identidades colectivas inclusivas, necesariamente postnacionales, que son los patriotismos constitucionales). Habermas piensa contra una exacerbación nacionalista, que fue precisamente fruto de la imaginación descontrolada de una panda de atroces nacionalistas, que, como Eichmann (cuyo proceso judicial, como es sabido, fue estudiado por la propia Arendt), nunca sospecharon que su juicio estaba desviado; entre otras cosas porque nunca pusieron a trabajar los mecanismos reflexivos a los que da pie la razón, por más que Eichmann invocara en juicio al imperativo categórico. (Lejos de pensar si estaba tratando a judíos, gitanos, rojos, opositores o parias como ‘fines en sí mismos’, como seres dignos o como simples medios, es evidente que los convirtió en medios de su soñado y mil veces imaginado lugar bajo el sol). De otro modo, contraponer un juicio con otro juicio no tendría otra forma de aquilatarse que la mera relación de fuerzas de cada cual. En eso precisamente desemboca la propuesta política de Podemos, como hemos ido viendo.

 

El filósofo alemán ha pensado toda su obra contra las peores derivas de la hermenéutica filosófica (que vienen a ser ésas que dan barra libre a la imaginación del juicio por la que apuesta Fernández Liria), alejándose de los juicios incontrastables (porque donde no hay criterio externo que permita sopesar la calidad acaba imponiéndose el juicio más pesado, el del poderoso) y buscando ligarlos a las categorías de la razón o inteligencia prelingüística, que, en forma de cuasi-trascendentales del habla (la abstracta y monológica razón práctica kantiana se diluye en razón comunicativa, y la filosofía transcendental muta en filosofía del lenguaje), son las únicas que pueden servir de guía para ordenar el juego performativo-argumentativo y separar el grano de la paja. No es que la “comunidad ideal de comunicación” aboque a consenso alguno sobre los juicios políticos, jurídicos o morales; esa comunidad ideal ni existe ni se le espera: sólo dibujará el criterio (simetrías que debería guardar todo discurso −pero que nunca se darán−) para que el punto de vista moral del recíproco respeto a todos rija, ya que no entre las relaciones de producción ni, consecuentemente, en nuestras interacciones cotidianas, al menos sí en los procedimientos institucionalizados con los que intentamos regular nuestro mundo social. ¿Para qué? Para garantizar lo mejor posible el mayor número de libertades para cada uno, a pesar de las asimetrías de partida y de las incontables determinaciones. Esto es precisamente lo que, según Habermas, busca sustanciar el constitucionalismo; y el constitucionalismo es justamente lo que desprecia la estrategia realista del “desbordamiento”. Juzguen ustedes.

 

La “comunidad ideal de comunicación”, decíamos, no es más que un criterio contrafáctico que revela cuándo una disputa está siendo atravesada por poderes que distorsionan tanto una relación que pasaremos a considerarla como patológica. Y entre las distorsiones destacan las generadas por aquellos poderes que se afanan en construir inicuos marcos discursivos para no tener que participar sinceramente en la disputa pública, despreciando la negociación en el único sitio que, mal que bien, institucionaliza una representación a escala de la ciudadanía y garantiza la igual participación, los turnos de palabras y un poder político ponderado: las instituciones públicas, principalmente el Congreso. En realidad, poco hay más anti-habermasiano que alejarse deliberadamente de la perspectiva de un participante en el discurso, prescindir de razones para convencer al adversario político o al votante, y adoptar la perspectiva del politólogo para construir un marco discursivo en el cual, siguiendo la infausta teoría nacionalista del “conflicto”, se distorsione hasta tal punto la comunicación que ya no quepa forma buena de arbitraje entre las partes. Sólo garrotazos.

 

Es antihabermasiano, pero Habermas cuenta con ello, claro. Por eso, mientras él mantendría, por convicción democrática, el pulso al nacionalismo (comparó al nacionalismo catalán, al que Podemos acompaña en las diadas, con el Frente Nacional francés) y criticaría sus derivas plurinacionalistas (que abren la puerta a las ventajas fiscales para las regiones más ricas, como Cataluña o País Vasco), Errejón, uno de los defensores del principio fiscal de ordinalidad para contentar el bolsillo del nacionalismo catalán, nos dice, como siempre nos ha dicho el nacionalismo, que “no son los intereses sociales los que constituyen sujeto político. Son las identidades: los mitos y los relatos y horizontes compartidos”. Y, por si hubiera dudas, aclara que comparte con la extrema derecha de Le Pen “la necesidad de volver a reconstruir comunidad y sentirse parte de algo”, de “ser parte de un pueblo, de una patria democrática que en las malas me protege”. Son un engendro que no hay por dónde coger; y que cuando menos te lo esperas declara el catalán idioma oficial de Zaragoza, consagra a Aragón como nación constituyente o asume que Podemos Andalucía es un partido autónomo dentro de Podemos que, a su vez, no sabemos ya cuántos partidos son. Y, claro, como esto no les gusta, se apresuran desde la cúpula a negarle a su organización andaluza (respecto al conjunto de afiliados de Podemos) lo que ellos defiende como derecho unilateral de  Cataluña (sin contar con el resto de españoles): el derecho a decidir.

 

Resumiendo: Zaragoza es una nación de la nación aragonesa que, a su vez, es una de las cuatro o cinco o seis naciones de la Corona Aragonesa (Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón, ¿el Valle de Arán y Andorra? de la plurinación española que, dentro de Europa es... el hazmerreír. Bueno, lo sería si Europa no estuviese ahora para llorar mientras nosotros jugamos con fuego.

 

 

VII. Conclusión

 

Prescindiendo de los hechos, una narración fantástica que ha calado hace tiempo en nuestra esfera pública permite a un partido como Podemos, en primer lugar, afirmar que no es el nacionalismo (o el plurinacionalismo) lo que rompe la solidaridad interterritorial, sino las “políticas neoliberales” del PP, las que fracturan el país entre ganadores y perdedores de la crisis. Pero, en realidad, basta leer un poco sobre el tema para entender que el nacionalismo es precisamente el instrumento político de las élites económicas (¿neoliberales?) para cerrar el círculo en torno a su riqueza: por eso surgen movimientos independentistas en las regiones más ricas (País Vasco, Navarra, Cataluña y, quizás, Baleares) y no en otras tan singulares (africanas, incluso) como Canarias, Ceuta o Melilla. Dando a elegir, ya sabemos quiénes tensarán más la cuerda. De ahí que, si de atenernos a los hechos se trata, no veo por qué iba a estar el PP más a la derecha que Podemos. Al menos hasta que Cifuentes dijera el miércoles 16 que los madrileños “están pagando la sanidad y la educación” de los andaluces. ¡A ver ahora quién le afea al gesto si ese discurso pasa por progresista cuando lo profieren vascos y catalanes! En un país autocomplaciente, donde todos quieren ser de izquierdas, ya no parece quedar nadie con las manos libres para defender públicamente la igualdad y la solidaridad.

 

Evidentemente, nada de estos discursos rupturistas casa con el patriotismo constitucional que necesitamos en España. La igual voz (isegoría) que cada ciudadano debe poder tener gracias a la Constitución (para, si quieren, poder salir de su parcela reservada de autonomía privada y participar del autogobierno democrático con sus conciudadanos), quiebra allí donde la igualdad se predica de las naciones que constituyen la ‘soberanía compartida’ y no de los ciudadanos. El patriotismo constitucional −que los principios del Estado social de Derecho arraiguen en nuestra cultura política y en nuestra forma de auto-comprendernos como españoles que resuelven conflictos civilizadamente− es precisamente el único antídoto contra los marcos rupturistas que hemos ido desbrozando. Dejar de creer en estos principios (otra cosa es la constante necesidad de redefinirlos y de reapuntalar sobre la marcha el mejor procedimiento posible), dejar de interiorizar y defender públicamente los procedimientos que nos ha dado el atesorar siglos de sabiduría colectiva para así poder imponer, sin tapujos ni cortapisas institucionales, proyectos que tengamos por la encarnación terrenal de La Justicia al margen del derecho democrático y de la consideración de nuestros conciudadanos, a quienes se les empieza a negar honestidad, capacidad de razonar o sentido de justicia, es encerrarse en una burbuja metafísica de sabiduría solipsista, incontrastable y por eso incontestable. Es anteponer la fuerza a la razón. Es el principio del fin de la política democrática.

 

Pero Podemos, igual que hizo hace poco un grupo de profesores abertzales preocupados por generar su marco ganador, debe pensar que nunca está de más vincular su marca al prestigio intelectual de Habermas, por más que éste repudie todo lo que representan. Además, si de forzar la crisis del régimen se trata, ocurre que del mismo modo que uno de sus verdaderos referentes intelectuales, Zizek, pidió el voto para Trump (¿también asume Zizek, con tal de zarandear el sistema, los ‘efectos colaterales’ del discurso del odio?−), hoy no hay compañeros de cama más útiles para Podemos que los secesionistas, aunque de patriotas constitucionales tengan lo que ellos de honestos.

 

En segundo lugar, la estrategia de presentarse como “la gente”, como el auténtico pueblo, les ha ido permitiendo deslegitimar todo cuanto les rodea como rescoldos del franquismo. Por supuesto, darán la bienvenida a toda cesión ante su discurso (como aquella de Sánchez ante Évole, contándonos lo evidente: la influencia que las grandes empresas tienen en las líneas editoriales de los medios de los que son accionistas; como si Podemos estuviera ahí sin apoyos), por cuanto sitúa al cedente cerca de la “gente” a quienes ellos representan en régimen de exclusividad; pero cualquier crítica será simplemente tachada de interesada, de proveniente de las filas del Régimen neofranquista del 78. Y así seguirán resbalando los argumentos contrarios mientras se mantenga en pie un marco discursivo que, confeccionado durante años en País Vasco y Cataluña, les sirve a ellos para presentarse como víctimas que reaccionan ante los malvados, en lugar de mostrarse como lo que son: sujetos reaccionarios. Una pieza más de la ola de reacciones que nos rodea. Si la Universidad de Málaga suspende de empleo y sueldo a Errejón por posible incumplimiento de contrato o si Rita Maestre es procesada por su intolerante gesto en una capilla, la culpa es de la máquina del fango. Si la justicia analiza una opacidad procesal que atañe a la juez en excedencia que se presentó por las filas de Podemos al Congreso, la respuesta será que se ha “activado la maquinaria del fango”. Lo mismo que cuando se les investiga por financiación irregular o, simplemente, cuando se desvela la procedencia de parte de su financiación. Y si Espinar especula con una VPO a la que con toda probabilidad sólo pudo acceder por intermediación de un padre enjuiciado por su abusivo uso de las tarjetas black (¿casta?), dirán que “Prisa desata la máquina del fango”. Y los devotos creyentes les creerán. Y así acabó Espinar, pese a estar en la parte orgánicamente débil del partido, ganando en las primarias de Madrid a Rita Maestre: una sucia jugada desvelada por la prensa (que le situaba inequívocamente del lado estructural de la casta) pudo ser reinterpretada fácilmente dentro de su marco como un ataque de la casta contra una víctima indefensa, elevada casi a símbolo de la reacción del pueblo.

 

Nótese que el problema no es tanto la gravedad de los casos, que, aunque apuntan alto, quedan todavía lejos de las cotas de miseria institucional a las que nos acostumbraron los grandes partidos (y que esperemos, idealismos aparte, que se reduzcan a su mínima expresión, pero, sobre todo, que se sancionen jurídica y políticamente los que vayan saliendo); el verdadero problema es que en lugar de simplemente atenerse a la presunción de inocencia o de confesar sus culpas hasta donde lleguen (separando el grano de la paja, si es que pueden), ellos se empeñan en un discurso político que los representa como íntegros, puros e incorruptibles frente a todos los demás, que pasan a ser impuros, corruptos, la casta, el mal... De ahí que, preventivamente, cualquier crítica pasa a es una mentira surgida de la “máquina del fango” activada por los corruptos. De nada son ellos responsables, sino que todo les resbala en cuanto se revisten del manto protector con que se ha revestido siempre el peor nacionalismo: el de la superioridad moral.

 

Este desdén por la auténtica naturaleza de las personas es lo que les permite trazar la línea roja con la que deslegitimar no sólo al Régimen, sino al adversario político, azuzando la conflictividad social para restar aceptación al ordenamiento jurídico, y para ganar su batalla por la vía del desbordamiento en las calles. (Hoy habrá quien no vea el peligro, pero como afirmaba hace poco Pablo Pombo en El Confidencial, en cualquier momento pueden “coger vuelo en cuanto se den algunas condiciones necesarias, no son muchas: si la recuperación económica pierde pulso, si los medios alimentan al trol a cambio de mayores audiencias −como hicieron con Trump−, si el PP no asume el cambio del paisaje político, o si el PSOE no levanta cabeza”).

 

En lugar de centrarse en cómo deben ser las leyes y la administración para institucionalizar los múltiples conflictos y garantizar la mejor convivencia posible entre seres humanos (que, como decía Kant, están hechos de una madera tan retorcida que nada recto puede salir de ella; que no somos ángeles, sino seres de zigzagueante voluntad y espíritu más bien corruptible), nacionalistas vascos, catalanes y Podemos defienden que el mal (el gran conflicto preconstitucional) terminará y el cielo llegará cuando se acabe con la Constitución y los únicos verdaderamente honrados, ellos, alcancen el poder. Pues miren… eso no era la izquierda, era otro proyecto de cuyo nombre no quiero acordarme.

 

 

 

 

Mikel Arteta (1985) es licenciado en Derecho y en Ciencias políticas y de la Administración. Es doctor en Filosofía moral y política por la Universidad de Valencia, con una tesis sobre el concepto de “constitucionalización cosmopolita del Derecho internacional” en la obra de J. Habermas. Actualmente trabaja como asistente técnico europarlamentario. Ha publicado varias colaboraciones en prensa, además de en revistas como Claves de Razón Práctica o Grandplace. En FronteraD ha publicado Contra el (pluri)nacionalismo de etiqueta, y la sobrevalorada virtud de la deliberaciónPor ‘nuestro’ patriotismo constitucional. ¿Necesita España un proyecto ‘atractivo’ de vida en común? y escribe asiduamente en su blog Escritos esquinados.

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