Margarita Zacarías Rodríguez, madre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías.

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    México: 43 estudiantes desaparecidos y cuatro años de impunidad

    Diego Lantero Señán (texto y fotos), Ciudad de México - 05-10-2018

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    Ernestina Lugardo del Valle, madre de Israel Jacinto Lugardo, uno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 tras ser detenidos por la policía municipal de Iguala, Estado de Guerrero, México.  

     

    En esta soleada mañana de septiembre, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa acoge ruido de cocinas, cerdos, machetes cortando hierba y perros durmiendo a la sombra. Pero hace cuatro años aquí sólo campaba el silencio de la muerte. “Somos aulas de 25 compañeros. Casi dos grupos enteros desaparecieron”, dice Po, alumno de segundo curso. Barridos de un día para el otro, físicamente eliminados.

     

    Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes viajaba en cinco autobuses que habían tomado en la ciudad de Iguala, a 120 kilómetros de Ayotzinapa, para asistir a una manifestación en la Ciudad de México, cuando la policía municipal los atacó. A lo largo de la noche seis personas fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas. 43 estudiantes fueron detenidos y subidos a vehículos en distintas direcciones.

     

    La mañana del 27 de septiembre México se despertó con el mayor caso de desaparición forzada de su historia. De los 43 estudiantes no se ha vuelto a saber nada. Pasaron a formar parte de la estadística de la impunidad: 36.250 personas se encuentran desaparecidas en México desde que existen registros. Este mes se cumplirán cuatro años del caso Iguala, y, como denuncian familiares, compañeros y activistas, aún nadie ha sido sentenciado por estos hechos.

     

     

    Una escuela rural en pie de guerra

     

      

    “Po”, normalista de segundo curso y portavoz de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el comedor de la escuela.  

     

    A la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se accede por una pista asfaltada en un recodo de la carretera de Chilpancingo a Tixla. Alrededor de la escuela, que antes de 1926 fue una hacienda de caña, sólo se ven campos de maíz y algunas casas desperdigadas. Aquí estaban internos los 43 estudiantes desaparecidos, formándose para ser profesores de primaria. Los “normalistas”, como se les llama, son hijos del campesinado, y aquí reciben formación totalmente gratuita, estancia y manutención.

     

    Las escuelas normales rurales, 17 en todo el país, nacieron como un proyecto de educación campesina, y desde su fundación han estado vinculadas a los movimientos de izquierdas y a los grupos guerrilleros que florecieron en el Estado de Guerrero en los 60 y 70.

     

    “Es verdad que hay un componente político muy fuerte”, confirma un alumno frente a uno de los murales que cubren las paredes del comedor con las efigies de Lenin, Marx, Zapata y el Ché Guevara. Los estudiantes están organizados en tres comités: el Comité Ejecutivo, el Comité de Lucha y el Comité de Orientación Política y Propaganda. Estos coordinan desde las sanciones y la cría de cerdos hasta la seguridad, la administración y las manifestaciones. A nivel nacional, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) agrupa a las escuelas normales del país. La FECSM se autodenomina “semiclandestina”, y los miembros de su dirección se identifican por apodos, al igual que todos los alumnos de Ayotzinapa.

     

    La desaparición de los 43 normalistas fue sólo el colofón de un largo historial de choques entre los normalistas y las fuerzas de seguridad del Estado. En 1988, en esta misma escuela, Juan Manuel Huikan Huikan, un normalista que se enfrentó a la policía murió desangrado por un balazo en el pecho. En 2011 dos normalistas murieron a tiros cuando bloqueaban la Autopista del Sol, que conecta Chilpancingo con Acapulco.

     

    Pero hasta ese 26 de septiembre nunca habían sufrido un ataque de esa escala. Dice Po que los días después de la desaparición los estudiantes se atrincheraron. Cortaron la carretera, robaron víveres. “De la generación que egresó con los 43 la mayoría se fue, no lo soportaron. Son ya pocos los que pueden contar qué pasó ese día en Iguala”.

     

     

    La investigación: mentiras, evidencias falsas y torturas

     

      

    Estudiantes normalistas marchan frente al Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México el 24 de septiembre de 2018.  

     

    Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son recibidos con collares de flores, desfiles, banda de música y pancartas. Vienen a Ayotzinapa a presentar su último informe de seguimiento, que denuncia que hasta la fecha “los tribunales mexicanos no han dictado una sola sentencia sancionatoria”. Los estudiantes de primero, rapados y en formación, corean consignas disciplinadamente mientras los comisionados ocupan sus puestos en la cancha de baloncesto, convertida en sede del evento.

     

    “Para ustedes no ha cesado la horrible noche que empezó el 26 de septiembre del año 2014”, dice el colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, dirigiéndose a los padres que ocupan las primeras filas. “Nadie puede medir el dolor inconmensurable que ustedes los padres han sufrido”.

     

    Hilda y Mario hablan con un hilo de voz y gesto endurecido. Su hijo César Manuel es uno de los 43 estudiantes que desaparecieron esa noche. La pareja dejó casa y trabajo en Tlaxcala. Viven desde entonces en la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, y consagran su existencia a la búsqueda de su hijo.

     

    “Ya son cuatro años sin ninguna investigación”, se lamenta Mario. “Las investigaciones son ficticias, simulacros. Nosotros tenemos nombres, apellidos, caras, grados, todos los que queremos que investiguen, y no los han tocado”.

     

    Estrictamente hablando, sí ha existido investigación por parte del Gobierno, para el que lo ocurrido en Ayotzinapa es caso resuelto: los estudiantes fueron confundidos con un cártel rival, atacados por miembros del grupo narcotraficante Guerreros Unidos con la ayuda de policías municipales corruptos y conducidos a un basurero a 30 kilómetros de Iguala. Allí fueron ejecutados, incinerados y sus restos arrojados al cercano río San Juan.

     

    Esto es lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció en noviembre de 2014 como “verdad histórica”. El problema es que la fuerza de los hechos demostró que el caso Ayotzinapa estaba lejos de ser resuelto.

     

    Para los familiares de los desaparecidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido un apoyo clave cuando el Gobierno quiso dar carpetazo al caso. Apenas un mes después de la desaparición, la CIDH conseguía el acuerdo del Estado para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este equipo técnico internacional, formado por expertos en desaparición forzada y exhumaciones, viajó a México y desmontó en dos informes publicados en 2015 y 2016 la versión oficial de los hechos.

     

    Este informe paralelo concluye, en primer lugar, que la verdad histórica estaba fundada en testimonios obtenidos bajo tortura. Patricio Landa fue uno de los primeros detenidos el 27 de octubre, acusado de matar y quemar a los estudiantes. “Escoriación rojiza con aumento de volumen en un área de 6.5 x 3.5 que abarca región frontal hasta región malar del lado izquierdo (…)”, reza el informe médico de la Secretaría de Marina. “Me dieron un culatazo en la ceja izquierda, y me reventaron y me siguieron golpeando (…) Me tiraron al suelo y me empezaron a echar agua fría y me empezaron a dar electricidad abajo en la planta de los pies y en los huevos, en la cara (…) Me dijeron que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas”, declaró Landa el 14 de noviembre.

     

    En segundo lugar, que la policía federal, estatal y el Ejército estaban, como mínimo, al tanto del operativo que se estaba produciendo en el centro de Iguala, frente al Palacio de Justicia. En tercer lugar, era imposible que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero de Cocula. Allí no había indicios de un fuego de tal magnitud como para reducir a cenizas 43 cuerpos humanos. Por otra parte, difícilmente podrían haber hecho una hoguera: ese día llovía.

     

    En junio, un tribunal federal de Tamaulipas ordenó crear una comisión de investigación de la verdad y la justicia. Desde entonces, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y miembros de las Fuerzas Armadas han presentado más de cien querellas contra el fallo. 1.460 días después, ninguna persona ha sido sentenciada.

     

     

    Cambio de gobierno en México: entre la esperanza y la incertidumbre

     

     

    Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa conmemoran el cuarto aniversario de su desaparición en la plaza del Zócalo, Ciudad de México.  

     

    1.460 días después, llueve, como llovía esa noche en Iguala. El Paseo de la Reforma de Ciudad de México está ocupado por miles de personas caladas hasta los huesos. Los familiares de los 43 desaparecidos encabezan la manifestación, escoltados por un cordón de más de 500 normalistas procedentes de todo el país.

     

    Es momento de cambios en el tablero político. En diciembre tomará posesión Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, respaldado por una coalición de partidos de izquierdas con una mayoría aplastante en la recién renovada Cámara de Representantes. Los familiares lo saben, y las reuniones y movilizaciones para influir sobre el presidente y su entorno se multiplican.

     

    “Al presidente entrante le pedimos que cumpla”, dice don Mario. “Nosotros no queremos sólo una comisión de la verdad. Queremos una comisión de investigación para dar con el paradero de nuestros muchachos y justicia para los culpables”.

     

    Sobre un escenario demasiado pequeño para una plaza demasiado grande, y mientras la gente comienza a abandonar el lugar, la voz de los padres sigue reverberando en los soportales del Zócalo. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, parece retar a alguien: “cuatro años después, aquí nos tienen”. Cuatro años después, vuelve a llover, como aquella noche.

     

     

     

     

    Diego Lantero (Madrid, 1993) es un fotoperiodista freenlance especializado en violencia política y derechos humanos. La cámara le ha llevado a investigar el asesinato de líderes sociales en Colombia para el Centro Europeo de Derechos Humanos, retratar a las madres de los desaparecidos de Ayacucho y a contar la historia de los refugiados pakistaníes en la frontera serbia. 

     

     

     

     

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