Campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte

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    Los condenados a muerte, y las vidas de sus allegados

    Iara Mantiñán Búa - 24-04-2014

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    “Mando postales a Obama para que liberen a Pablo Ibar”, dice Francisco de Paula durante el congreso abolicionista de la pena de muerte en Madrid. Enseña una foto de Pablo y con gracioso acento malagueño añade: “No solo se las mando a Obama, también al Rey, al lendakari (presidente vasco) y a Margallo (ministro español de Asuntos Exteriores)”. Pablo Ibar es el único preso español que actualmente está condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. Desde hace trece años vive en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Raiford, en el Estado de Florida. Francisco de Paula es el presidente de la asociación Vida y Libertad, quien está constantemente organizando campañas para intentar absolver a presos, como Pablo, de la pena capital.

     

    Francisco de Paula responde a las preguntas de pie, en los pasillos del Palacio de Congresos de IFEMA (Feria de Madrid), donde en junio del año pasado se celebró el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. Entre sus brazos sostiene una carpeta repleta de trípticos con fotografías de varios convictos, algunos ya absueltos, otros aún cumpliendo condena. Uno de los liberados está a su lado, sentado en un banco junto a su mujer, embarazada. Viste con un traje gris y una camisa blanca con varios botones desabrochados. Se levanta para hablar con De Paula. A medida que se acerca se vislumbran los grandes eslabones de la cadena de plata que lleva al cuello, bajo las luces blancas de los focos del pasillo.

     

    —¿Te acuerdas del primer sitio al que fuiste cuando te liberaron, Joaquín?, le pregunta Francisco de Paula.

    —A Málaga.

    —Eso, es. Fue en el año 2001, para organizar una exposición por el preso Mario Flores. Me acuerdo que cuando viste mi tierra desde el avión dijiste: “Yo me quedo aquí”.

     

    Joaquín José Martínez, asturiano de origen, estuvo tres años de espera en el corredor de la muerte en Florida, pero logró salir porque se celebró un nuevo juicio en el que se le declaró inocente del doble asesinato del que se le había acusado. Hace doce años de su puesta en libertad. Ahora trabaja como informático en Valencia, aunque pasa mucho tiempo fuera de casa, yendo a congresos abolicionistas.

     

    Francisco de Paula conoció a Joaquín José gracias a su padre, Joaquín Martínez. Al hablar de él cierra su carpeta, y comienza a recordar.

     

    —La primera vez que lo vi fue en el año 2000. Estaba con una hucha en la Puerta de Sol, pidiendo dinero para sacar a su hijo de la cárcel. En una ocasión salió por la televisión y dijo que si todos los españoles daban un duro tendría dinero suficiente para pagar a los abogados que llevaban el caso de Joaquín. Me acuerdo de que una señora le mandó cinco pesetas en una carta (se ríe). Hubo historias impresionantes, señala De Paula.

     

    Sin embargo, la captación de fondos para liberar al recluso español no estuvo exenta de polémica. Cientos de personas contribuyeron con sus aportaciones económicas para que su familia pudiera abonar la cuantiosa minuta de los abogados de un prestigioso bufete estadounidense que defendía la revisión de su causa. Cuando se consiguió que lo absolvieran, Joaquín José fue acusado de haber derrochado los fondos, procedentes de la asociación creada para solicitar la anulación de su condena, en comprar automóviles de lujo. El asunto no ha sido aclarado.

     

    El padre de Joaquín murió el 10 de febrero del 2013, atropellado por un ciclomotor cuando cruzaba por un paso de peatones situado en la calle Artes Gráficas, de Madrid. Desde antes de su muerte, su hijo colabora con Francisco de Paula en campañas a favor de la absolución de otros condenados a la pena capital, entre ellos Mario Flores y Pablo Ibar.

     

    Mario Flores es un joven pintor mexicano condenado a muerte en el Estado norteamericano de Illinois, y el motivo por el que Francisco de Paula fundó su asociación, Vida y Libertad, en 2001.

     

    —Durante cuatro años estuvimos haciendo campaña para intentar liberarle. Organizamos 17 exposiciones con sus cuadros por toda España, incluso llegamos a Suiza. Hemos hecho presentaciones hasta en supermercados, ¿verdad que sí, Joaquín?, dice Francisco de Paula.

    –Sí, presentamos una en un Carrefour, dice Joaquín.

     

    No solo se hicieron exposiciones, sino que se mandaron cientos de escritos al gobernador de Illinois pidiendo la puesta en libertad de Flores, que finalmente se logró en 2004. “Este método me lo enseñó el padre de Joaquín. Me dijo que las campañas debían centrarse en liberar a un solo preso y en presionar a las autoridades a través de cartas, ahora postales”. Pero las campañas y presiones a las autoridades no consiguen parar las miles de ejecuciones producidas cada año. Según datos de Amnistía Internacional en el 2013 se produjeron 1925 ejecuciones en 57 países, en comparación con las 1722 que se celebraron durante 2012 en 58 países, teniendo en cuenta que en Estados como China el número real de muertes es un secreto de Estado.

     

    Los cinco grandes aplicadores de la pena máxima son China, Estados Unidos, Irak, Irán y Arabia Saudí. Varias reos fueron ejecutados en Arabia Saudí y seguramente en Irán y Yemen por delitos cometidos cuando eran menores de edad, según informes de Amnistía Internacional.

     

    Estados Unidos es el único país del continente americano que aplica la pena de muerte. En 2013 fueron ejecutados 39 reos, un 10% menos que en 2012. El 41% de las muertes se verificaron en Texas, donde el horario de ejecuciones es de seis de la tarde a doce de la noche, los procesos suelen comenzar siempre a las seis y cuando no haya ninguna apelación pendiente. Antes de proceder a la ceremonia los prisioneros tienen derecho a hacer públicas sus últimas voluntades, declarar si quieren hacer testamento y pedir su última comida. El día de la ejecución reciben una visita familiar de cuatro horas. Después son trasladados, a la una y media de la tarde, a otra celda donde les dan ropa nueva, se dan una ducha con agua caliente y les registran. Más tarde, un funcionario se reúne con ellos para explicarles cómo se efectuará el procedimiento. Si la ejecución no se suspende el funcionario vuelve a recoger al reo a las seis de la tarde para notificarle que “ya es la hora”.

     

    Los argumentos que legitiman esta práctica es que los ciudadanos de Texas han votado democráticamente que se recurra a la pena capital como castigo para que sirva como elemento disuasorio ante ciertos crímenes. Paradójicamente, Texas cifra en seis variables las diferentes formas de morir en el Estado de la estrella solitaria: natural, accidente, suicidio, homicidio, desconocida y pendiente de investigación. Cuando se ejecuta a un reo los funcionarios marcan la casilla de homicidio, por lo que “técnicamente los documentos oficiales confirman que el Estado comete homicidios”, tal como señala el reverendo Carroll L. Pickett en el documental Es la hora de morir.

    Recientemente, países como Indonesia, Kuwait, Vietnam y Nigeria han vuelto a autorizar el recurso a la pena capital. Asimismo, Irán, Japón, Sudán del Sur y Malaisia intentan ocultan que siguen aplicando la pena de muerte: celebran sus ejecuciones en medido de un hermetismo casi absoluto. Bielorrusia es el único país de Europa y Asia central que sigue aplicando la pena capital, aunque desde 2013 no ejecutó a ningún reo. Guatemala, Granada y Santa Lucía aseguran que sus corredores de la muerta están, por primera vez, vacíos.

     

    Los delitos no letales castigados con pena capital durante el año pasado fueron: adulterio, blasfemia, malas prácticas económicas, violación, robo con agravio, distintas formas de traición y robo contra el Estado. Los delitos de narcotráfico son los más comúnmente castigados con la pena de muerte.

     

    En Corea del Norte las causa de las ejecuciones son: asesinato, canibalismo, malversación, pornografía, huída a China, corrupción, ver vídeos prohibidos y actividades en contra del partido de los trabajadores coreanos. Otros países que aplican la pena de muerte son Palestina (Gaza), Somalia, Sudán, Taiwán, Afganistán, Bangladesh y Botsuana. Pese a los datos que ofrecen las organizaciones que combaten el uso de la pena de muerte, en 2013 se registraron avances hacia la abolición a escala internacional: se redujo el número de países que aplican la pena capital de 37 (1994) a 22 (2013). Entre ellos, Bolivia, Guinea-Bissau y Letonia ratificaron un tratado de la ONU para abolir la pena de muerte.

     

     

    Juicios multimillonarios

     

    Pero la pena de muerte también conlleva otros debates paralelos. Como el coste elevadísimo de los juicios en los que se sustancia una pena capital. Las campañas, recogidas de firmas o congresos que puedan gestionar organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional no cubren los costes de los juicios de los condenados a muerte. “Cada pena de muerte le cuesta a Estados Unidos más de un millón de dólares”, explica Jerry Givens, exverdugo del Estado de Virginia. Givens, que participó en el congreso contra la pena de muerte que se celebró hace cerca de un año en Madrid, dice que cada reo “ha de tener al menos dos abogados especializados” y que a veces el proceso se prolonga por espacio de hasta quince años. “Es el Estado, con el dinero de los contribuyentes, el que debe pagar los gastos de la fiscalía y las horas de trabajo de los abogados de oficio”.

     

    Los testimonios de Givens son respaldados por Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación Pablo Ibar. “La condena de Pablo ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Florida, denegándole la posibilidad de realizar un nuevo juicio. Ya no hay presunción de inocencia, sino más bien al revés: hay presunción de culpabilidad. Ahora la defensa ha de probar que es inocente”. Este tipo de juicios, entre letrados y apelaciones, genera un grado tal de estipendios que “ninguna economía familiar puede soportarlos”, afirma Krakenberger.

     

    Debido a esto, la Asociación Pablo Ibar, en la que Krakenberger colabora “desinteresadamente”, trató de persuadir en 2006 al Parlamento Vasco y al Congreso de los Diputados en Madridpara conseguir partidas presupuestarias destinadas a españoles que afrontan condenas de muerte en el extranjero. Lograron recaudar 223.000 euros para la causa: 110.000 provienen de los Presupuestos Generales del Estado y 103.000 de la Comunidad Autónoma Vasca. “Así es como hemos conseguido afrontar las apelaciones”, dice Krakenberger.

     

     

    Venta de órganos

     

    Además de los caros procedimientos que supone la pena capital, se debe señalar el mercado de órganos de los ejecutados. Concretamente en China, el país donde más se aplica la pena de muerte, se propuso dejar de usar los órganos de los ejecutados para trasplantes en noviembre 2013. Así lo anunció a la agencia Reuters el responsable de la Oficina Estatal de Trasplantes, Huang Jiefu, quien señaló que el Ministerio de Salud obligará a partir de esa fecha a los hospitales a obtener sus órganos de donantes voluntarios.

     

    En toda China, 165 hospitales están autorizados para practicar trasplantes, pero Huang no detalló cuántos de ellos empezarán a poner en práctica esta medida. “Confío en que pronto todos los hospitales prohíban el uso de los órganos de los prisioneros”, se limitó a señalar a la citada agencia.

     

    Aunque buena parte de la sociedad china acepta la extracción de los órganos de los condenados a muerte como una manera de pagar por sus delitos, el autoritario régimen de Pekín se ha propuesto dejar de utilizarlos a causa de la mala imagen internacional que generan dichos trasplantes. De hecho, las asociaciones defensoras de los derechos humanos han criticado que los familiares de los presos en el corredor de la muerte ni siquiera son consultados sobre la extracción de sus órganos. Más graves aún son las denuncias del ilegalizado culto Falun Gong, que ha acusado al régimen chino de condenar a sus seguidores a muerte para “robarles” los órganos.

     

    A tenor de Huang Jiefu, que fue viceministro de Salud, el 54 por ciento de los trasplantes que se practican actualmente en China se efectúan con órganos de reos ejecutados. Aunque la cifra sigue siendo altísima, supone una reducción con respecto al otros años, cuando los condenados a muerte aportaban el 64 por ciento de los órganos trasplantados, según escribió Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Pekín, en su artículo China dejará de usar órganos de ejecutados para trasplantes.

     

     

    Mantener la mente ocupada

     

    En el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, mientras entrevistamos a Andrés Krakenberger, de pie en el pasillo de IFEMA y al lado de Francisco de Paula, aparece Cándido Ibar, el padre de Pablo. Krakenberger y Francisco de Paula le saludan con afecto, como si les uniera una amistad lejana. “Si pretendes sacarle una sonrisa a Cándido Ibar, lo llevas claro”, nos dice Krakenberger.

     

    El padre de Pablo Ibar accede a sostener una entrevista. Con voz sosegada, comienza a hablar con orgullo de su hijo. “Quería ser deportista de cesta punta, como yo”. Cesta punta es un deporte de origen vasco muy popular en Estados Unidos, y el juego por el que Cándido dejó su vida en el País Vasco para comenzar una nueva en Atlanta en el año 1968. Ahora reside con su segunda mujer y sus hijos en la ciudad de Woodstock. “Estoy jubilado, aunque de vez en cuando trabajo como carpintero a tiempo parcial”, dice. “Pero hace diecinueve años Pablo fue detenido y empezamos este trauma. Eso lo cambió todo”.

     

    Desde ese momento, Cándido inició una lucha para probar la “inocencia” de su hijo. “Para mí no existe la palabra cansancio. Hay que sacar a Pablo de la cárcel, tarde el tiempo que tarde; esa es mi meta”, y añade: “Me acuerdo de él a cada momento, cuándo estoy comiendo con mi mujer y me pregunto: ‘Qué estará haciendo Pablo’”.

     

    Al hablar de Pablo esboza una pequeña sonrisa, pero se le borra cuando recuerda la penitenciaría. “Entro contento en la prisión, cuando voy a visitarlo. El problema es cuando salgo. Entonces viene lo peor: porque no sé si volveré a verle o no”.

     

    —¿En qué piensa cuándo se levanta por las mañanas?

    —En mantener mi mente ocupada con el trabajo, las 24 horas del día.

     

    La pena de muerte no solo conlleva grandes dilemas morales y económicos, sino que deja abierta una duda sobre si se puede seguir justificando una condena que implica la posibilidad de asesinar legalmente a inocentes.

     

     

     

     

    Iara Mantiñán Bua es periodista. Ha publicado el libro Conociendo al Cape Coloured. En FronteraD mantiene el blog La fábrica de historias y ha publicado ¿Merece la pena pagar 200.000 dólares por un máster en gestión de empresas en Harvard? y Una habitación nueva para Sara

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