Vista de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera, detenidos para ser procesados dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas. Foto: Héctor Silva. Cortesía de Plaza Pública.

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    El infierno en las hieleras. Niños emigrantes llaman a la puerta de Estados Unidos

    Héctor Silva Ávalos - 31-07-2014

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    Silvia se desmoronó pocas horas después de haber llegado al centro de detención de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés) en Nogales, Arizona. Llegó ante la trabajadora social salvadoreña que ese día, finales de junio, debía entrevistar a todos los menores indocumentados que recién habían recalado en Nogales procedentes del paso de migrantes en McAllen, Texas. Silvia guardó silencio durante un rato. Sus manos temblaban. Mucho. La mujer se levantó para abrazarla. Silvia lloró lo que traía guardado después de doce días encerrada en una bodega del lado mexicano, a pocos kilómetros de la frontera. En ese lugar, en el que el coyote la metió junto a 40 hombres, a Silvia la violaron. Varias veces.

     

    —Hoy estás aquí. Y dentro de poco vas a ver a tu mamá. Poco a poco vas a salir de todo esto. Hoy lo importante es que estás viva –recuerda la trabajadora social lo que susurró a Silvia para intentar calmarla–.

     

    Poco después Silvia contó su historia, que se parece a la de muchas jóvenes migrantes cuyos padres pagan a traficantes de personas para que las lleven desde el norte de Centroamérica hasta los Estados Unidos; padres que pagaron entre 3.500 y 6.000 dólares a coyotes para que les trajeran a sus hijos desde Guatemala, El Salvador y Honduras, incapaces de proporcionar oportunidades, desarrollo y seguridad a sus hijos más vulnerables.

     

    Silvia, de 16 años, salió de su casa en El Salvador porque el jefe de clica de la MS13 [Mara Salvatrucha], en un municipio aledaño a la capital, la “quería para él”. Clica es una célula de una pandilla. Sus tíos, con quienes se había quedado en El Salvador cuando su madre viajó a Estados Unidos, casi una década atrás, decidieron sacarla del instituto porque, se sabe en el barrio de Silvia, no cumplir el deseo de un marero significa morir, y cumplirlo puede significar meses de esclavitud sexual. Silvia emprendió viaje al norte.

     

    “Es una niña humilde, tímida, que encontró en el camino de lo que había venido huyendo”, cuenta la trabajadora social que entrevistó a Silvia en Nogales, donde la CBP envía a los niños indocumentados que se entregan en el valle de Río Grande.

     

    Los recuerdos son vagos, pero suficientes para hacer que Silvia tiemble, llore; para que a veces piense en matarse.

     

    Llegaron a Reynosa varios. Se habían ido juntando en el camino por México, el que se hace por Tamaulipas, estado fronterizo con Texas que controlan los narcos, ahí donde entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 los Zetas mataron a 72 migrantes. Había otras dos jóvenes como de la edad de Silvia, pero ellas no iban solas –con alguien más que el coyote, se entiende–, viajaban con familiares que no las apartaron de su lado en todo el camino. En Reynosa, varios coyotes –al menos tres– los juntaron a todos en una sola bodega. Los dejaron ahí 12 días. Y a ella, a Silvia, “la querían para ellos”, quizá por eso la dejaron para el final, cuando ya habían sacado a todos los demás para que cruzaran el río.

     

    De Texas, donde se entregó a la Patrulla Fronteriza, a Silvia la trasladaron a Nogales, poco más de 1.800 kilómetros al oeste, al centro de detención al que la administración de Barack Obama envía desde principios de junio a los menores que ya no caben en el centro de detención del CBP en McAllen, ciudad espejo de Reynosa en la frontera.

     

    Al llegar a Arizona, como lo hacen los agentes desde que inició la crisis política por los menores migrantes, a Silvia le pusieron vacunas y, como a todas las adolescentes, le hicieron la prueba de embarazo. Silvia todavía no sabía el resultado de la prueba Cuando habló por primera vez de lo que le había pasado en Reynosa.

     

    —Si me sale que estoy embarazada, sí me mato... –le dijo a la trabajadora social que la entrevistó.

     

     

    Los niños migrantes sin compañía

     

    Es martes, 15 de julio, 11:30 de la mañana. Kevin Maxwell, director del sistema de educación pública del condado de Prince George, en Maryland, aledaño a la capital de Estados Unidos, se apresta a anunciar en Casa de Maryland una nueva iniciativa para absorber a los estudiantes que requieren de programas de nivelación de idioma inglés. Ni la fecha ni el lugar de la conferencia son aleatorios.

     

    Casa de Maryland, una de las ONG proreforma migratoria más influyentes en el área metropolitana de Washington, está en Langley Park, un barrio poblado de centros comerciales en cuyos locales suele negociarse en español, etíope, coreano, vietnamita, creole, incluso farsi. Langley Park está en el límite entre Prince George y el vecino condado de Montgomery, cuyas escuelas secundarias están entre las que más acogen estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. En el caso de Montgomery, el año pasado, en cinco de las escuelas secundarias del distrito central del condado cuatro de cada diez estudiantes requirieron de programas de ajuste ESOL (inglés para hablantes de otras lenguas). A una de esas secundarias deberá ir Silvia, la menor recogida en Nogales. Desde Langley Park, su madre pagó 4.000 dólares a un coyote para que la llevara desde El Salvador hasta la frontera.

     

    Ahí, en los condados latinos de Maryland, habló Maxwell sobre los planes de su condado para absorber a las centenas de menores que, esperan, llegarán desde Nogales y McAllen para reunirse con sus padres.

     

    Los menores de edad llevan 20 años viniendo desde Centro América a estos dos condados y, en general, a los condados de los Estados Unidos donde salvadoreños, guatemaltecos y hondureños se han asentado. Empezaron a venir cuando sus padres –que llegaron huyendo de las guerras de los 80 y 90 en la región, de la violencia de posguerra, o atraídos por la posibilidad de mejores salarios y condiciones de vida– reunieron el dinero que los coyotes les pedían para traerles a los hijos que dejaron de uno, dos... cinco, diez años.

     

    En el Washington de los suburbios –en Maryland al norte del Distrito de Columbia y en Virginia al sur– ya se empieza a hacer frente a la crisis con algunas políticas públicas. El otro Washington, el oficial, la sede del poder ejecutivo y parlamentario, de mayoría anglo americana, sigue enfrascado en una discusión política sobre la migración de mexicanos y centroamericanos que dura ya casi una década. La cuestión de los los niños de la frontera no es más que un nuevo capítulo.

     

    El 2 de junio pasado, el portal de la Casa Blanca subió una declaración escrita en la que el presidente Barack Obama se hacía eco del crecimiento en las cifras de menores centroamericanos que llegaban solos a Estados Unidos. Según indicó con posterioridad el gobierno estadounidense, desde octubre de 2013 –inicio del año fiscal estadounidense– hasta junio de 2014 habían entrado sin acompañantes 52.000 menores en el país (58.000, según algunas ONG), la mayoría centroamericanos, un aumento del 90 % respecto a un periodo similar en el año fiscal anterior. La abogada Ashley Huebner, coordinadora legal del Centro Nacional para la Justicia Migratoria de Chicago, calcula que en junio pasado llegaron un promedio de 400 niños centroamericanos al día al valle del Río Grande y al cruce por Arizona.

     

    La primera señal de la crisis en el seno de la burocracia estadounidense que se ocupa de la frontera vino del centro de detención de la Patrulla Fronteriza estadounidense en McAllen, donde las condiciones higiénicas, las denuncias de abusos y la saturación empezaron a llamar la atención de organizaciones no gubernamentales que, alertadas por el incremento en las cifras, redoblaron sus esfuerzos para entrevistar a los menores cuando salían de los centros de detención.

     

    La Casa Blanca, además, se disponía a pedir un importante refuerzo presupuestario al Congreso en Washington para hacer frente al alza en la cifra de niños migrantes. El 7 de julio, Obama oficializó su petición: 3.700 millones de dólares para atender los nuevos flujos.

     

    Sobre las causas de la crisis no hay consenso. Las repuestas dependen de a quién se le pregunte. Art del Cueto, portavoz en Nogales de agentes sindicalizados del CBP, dice que, según sus conversaciones con los guardias fronterizos que custodian a los menores, la mayoría viene con la única intención de reunirse con sus padres. La abogada Ashley Huebner piensa, como la mayoría de oenegés que atienden migrantes o como el congresista hispano Luis Gutiérrez, que hoy vienen más menores porque la violencia en el triángulo norte de Centro América se ha acentuado.

     

    El exembajador de El Salvador ante la Casa Blanca, Rubén Zamora, lo resumía así en un evento público sobre Migración y violencia en Centroamérica celebrado en un edificio del Congreso en Washington: “Para El Salvador y Centroamérica la migración no es un fenómeno, es un sistema... Y como todo fenómeno sistémico no tiene una sola causa ni una solución simple o unilateral”.

     

    Violencia. Reunificación familiar. Pobreza. Y un sistema migratorio, en Estados Unidos, incapaz de lidiar con ese fenómeno al que se refiere Zamora cuando sus protagonistas cruzan el río Bravo o el desierto de Arizona. En la crisis actual también juega una reforma legal que el Congreso estadounidense aprobó en 2008 y que garantiza a los menores centroamericanos el derecho a audiencia ante un juez, además de impedir a la Patrulla Fronteriza deportarlos de inmediato.

     

    Ya a mediados de 2013, al escritorio de Zamora habían llegado informes desde los consulados salvadoreños en Texas y Arizona sobre los menores migrantes.

     

    “En McAllen escuchamos por primera vez que los niños llegaban hasta los agentes fronterizos con un papelito en la mano en el que iba el nombre y el teléfono de un pariente aquí en Estados Unidos. Los coyotes les habían dicho que los agentes de CBP no los podían deportar inmediatamente...”, cuenta el diplomático.

     

    Tras ser detenidos en la frontera se inicia, para los niños centroamericanos, un proceso que se resume así: Cuando un menor de 18 años sin documentos migratorios legales entra en Estados Unidos sin un adulto y es detenido por la Patrulla Fronteriza es sometido casi de inmediato, siempre, a un proceso de deportación. La ley les garantiza el derecho de aviso consular y de audiencia ante jueces migratorios, ante quienes deben explicar por qué entraron de manera ilegal en Estados Unidos. La ley, además, entiende que esos menores son refugiados, por lo que la CBP los pone bajo custodia de la Oficina de Servicios Humanos y de Salud (HHS, en inglés), una oficina de servicios civiles, no de aplicación de la ley.

     

    La ONU ha descrito a estos niños como refugiados. En virtud de la reforma legal de 2008, y amparada en la ley de protección a víctimas de tortura, Estados Unidos entiende que estos menores pueden ser objeto de malos tratos en sus países de origen, por lo que se les proporciona la oportunidad de explicar ante un juez migratorio si ese es el caso. La mayoría de menores, al decir de agentes de la CBP, prefiere no presentarse a las citas migratorias y pasan a vivir sin papeles. La Secretaría de Seguridad Interna (DHS, en inglés) no ha proporcionado, hasta ahora, cifras de qué porcentaje de los niños que sí se presentan a las audiencias son deportados.

     

    De Nogales, adonde llegó Silvia después de que sus coyotes la violaron en Reynosa, los menores salen para reunirse con sus familias, siempre y cuando puedan identificarlas, a esperar un proceso de deportación que puede tardar meses, incluso años, a causa de la sobrecarga de trabajo de las cortes migratorias: unos 375.000 casos atrasados, según cifras oficiales, o van a albergues si no tienen parientes que los reciban. De los 3.700 millones  millones que pidió Obama unos 2.200 millones serían para reforzar los centros de detención y albergues. La primera parada es, casi siempre, en los centros de detención, a los que los niños bautizaron, hace tiempo, hieleras.

     

     

    Las hieleras

     

    —Tata Dios. Tata Dios...

     

    Felipe llegó a Nogales desde el noreste de Guatemala. No habla inglés. Apenas araña el español. Felipe es un niño guatemalteco que sólo habla mam.

     

    A principios de julio, poco antes de que Estados Unidos celebrara otro aniversario de su independencia, el día 4, empezó a llegar a este centro de detención una oleada de niños mam. “Hacíamos lo que podíamos, pero tampoco nosotros les entendíamos… casi sólo hablaban la lengua de sus pueblos indígenas”, cuenta una agente consular salvadoreña destacada en Arizona. Guatemala no tiene consulado en Tucson o en Nogales: un par de empleados consulares, destacados en Phoenix, a poco menos de 300 kilómetros, viajan eventualmente hasta Nogales para atender a los migrantes de ese país.

     

    A  miles de kilómetros de ahí, Martín, un trabajador social en Maryland que se identificó solo con su nombre de pila, escuchó historias como la de Felipe e inició una cadena en Facebook para buscar, entre las comunidades guatemaltecas en el área metropolitana de Washington, intérpretes de mam. No tuvo éxito.

     

    A Felipe lograron entenderle un poco con señas, dibujos y, sobre todo, por la aflicción dibujada en el rostro cuando, tras hablar a Guatemala una vez desde el centro de Nogales –desde julio, según fuentes consulares centroamericanas, a todos los niños, sin excepción, les permiten realizar una llamada telefónica a sus países–, se enteró de que alguien había intentado matar a su mamá.

     

    —Tata Dios, señora, Tata Dios –gritaba el niño al escuchar las noticias de su aldea. Su caso recibió seguimiento de los agentes del CBP, quienes se interesaron por averiguar qué había pasado en la aldea de Huehuetenango de la que salió Felipe; al final, quedó claro que la madre había sido atacada por delincuentes y que la llevaron a un centro de salud donde la estabilizaron. Felipe, quien según entendieron agentes consulares que escucharon su historia viajó para huir de la violencia que postró a su madre, terminará, por ahora, en un albergue: todavía no ha identificado a algún pariente que podrían responder por él en Estados Unidos.

     

    “Muchos niños, como él, perdieron todas sus cosas, que nunca eran muchas, en el camino. Algunos contaban que se escondían en los calzoncillos el papelito en el que traían nombres y teléfonos de sus familias, pero los perdieron al cruzar el río [Grande]”, cuenta una agente consular salvadoreña.

     

    Felipe, guatemalteco. Silvia, salvadoreña. Dos de las historias que han pasado por Nogales, donde una veintena de periodistas entró el 20 de junio pasado a contemplar una versión más amable de la crisis de los niños migrantes. Durante esa visita guiada fue posible apreciar, durante unos minutos, la parte más fotogénica de la crisis. La menos fea.

     

    En esta visita guiada hay mucho silencio: los niños no hablan, ni siquiera en susurros. Apenas un par de sonrisas que no alcanzan a esconder el peso de sus historias, de las historias de los que llegan desde los pueblos mam o de las niñas que dejan atrás países de poca esperanza para aventurarse a llegar hasta el norte.

     

    Pero incluso en esta visita guiada el frío no puede esconderse: golpea.

     

    Los niños les dicen hieleras. En la de Nogales, el frío golpea desde la entrada, sobre todo porque quien entra viene del desierto, de la inmensa planicie seca de arena blanca, gruesa, que se extiende por todo el norte de Sonora, en el norte de México, y por el suroeste de los Estados Unidos, en Arizona, ahí por donde han caminado durante décadas los migrantes.

     

    El frío golpea y, al decir de varios de las decenas de niños aquí recluidos, llega a ser aun peor que los 45 grados Celsius, la sequedad en la boca y las llagas en la piel que provoca, afuera, el desierto.

     

    Desde fuera, la hielera de Nogales luce como una cárcel de las que Hollywood suele fotografiar con tomas aéreas: estructuras cuadradas de cemento gris y pardo, alambradas, reflectores, vehículos con sirenas y guardias armados. Adentro, el guion es también como una película de terror cuando la cuentan los niños.

     

    S. G., una joven guatemalteca de 17 años, llegó a la hielera de Nogales a mediados del año pasado, después de haber pasado por otras dos hieleras.

     

    S. G. entró en Estados Unidos por McAllen, el pueblo fronterizo tejano enclavado en el valle del río Bravo, que es el otro epicentro de esta crisis migratoria. Cuando los agentes de CBP la arrestaron empezaron a maltratarla, según contó la joven a una trabajadora social con la que habló varias semanas después. Este es su relato del terror, reconstruida a partir de esa entrevista.

     

    “Me vine de Guatemala con mi hija. Ella tiene un año. Estuve en tres hieleras como nueve días. En la primera hielera un oficial me gritó: ‘Vienes a este país solo a robarnos el dinero’… No me dejaron cambiarle la ropa a mi niña, solo el pañal… En la segunda hielera los agentes no me dieron cobijas [mantas] ni comida ni pañales para la niña hasta el tercer día. Tampoco me dieron medicinas, pero yo sentía que la niña estaba enferma. En la tercera hielera [Nogales] tampoco me dieron comida, hasta el tercer día. La niña tenía hambre. Lloraba y lloraba. Tuvo hambre en las tres hieleras”.

     

    “Le pregunté a uno de los agentes por qué tanto frío, por qué la temperatura tan baja. Me contestó: ‘la baja temperatura mata los microbios’”. Lo dice, con una mueca de disgusto, la agente consular salvadoreña que ha entrevistado a decenas de menores de su país recluidos en Nogales desde que se inició la crisis, quien aceptó compartir sus experiencias desde el anonimato para hablar con libertad. Mientras habla, la mujer apoya su mano sobre un escritorio de formica en el consulado salvadoreño en Tucson, a 90 kilómetros de Nogales. A pocos centímetros hay uno de los kits que los agentes dan a los niños que llegan a las hieleras: una bolsa de plástico transparente que contiene una yarda, especie de cobertor de material brillante, parecido al aluminio, para protegerse del frío.

     

    Esa es una  imagen que también golpea, la de muchas mantas de aluminio juntas, tendidas sobre decenas de niños y de bebés que son sus hijos. Y golpean, de nuevo, sus historias:

     

    “Y. R. tiene 16 años. La arrestaron con su hijo de dos años y CBP los puso a ambos en una celda junto a otras 30 personas, la mayoría adultos. Dice Y.R. Que la celda era un ‘congelador’, y que no le dieron ninguna sábana. Al tercer día de estar en la celda, el hijo de Y. R. tenía síntomas de fiebre. Al principio, la joven tuvo miedo de avisar a los custodios sobre la condición de su hijo porque había visto que le gritaban a cualquiera que pedía ayuda... Un oficial la acusó de mentir sobre su edad; le dijo: ‘las niñas de 16 años no tienen hijos que son mayores de un año’”.

     

    El testimonio de Y. R. y el de S. G., guatemaltecas, son dos de 40 listados presentados como ejemplos en una denuncia colectiva que da cuenta de 116 casos de abusos atribuidos por menores centroamericanos a agentes de CBP. Cinco organizaciones no gubernamentales, en representación de los menores, interpusieron la demanda ante la Secretaría de Seguridad Interna en Washington la segunda semana de junio, poco después de que Obama calificara de crisis humanitaria la situación de los niños en la frontera.

     

    La visita de los periodistas a Nogales también sirvió para ver de lejos la bodega rectangular, divida en sectores con vallas móviles de malla metálica, donde duermen los menores. Ese día no olía mal. Usualmente, dicen trabajadores sociales, agentes consulares y niños que han estado ahí, apesta: a sudor, a cuerpos que han pasado hasta 20 días sin poder darse una ducha. A mierda.

     

    “Hoy huele menos. Yo estuve diez días entrevistando a los niños. Cuando llegué se sentía el olor a caca… Al principio sólo había pocas letrinas, después pusieron de esos baños plásticos verdes, pero ese olor se esparce…”, cuenta un agente consular centroamericano que visitó Nogales a finales de junio.

     

    Dice Ashley Huebner, coordinadora de los abogados demandantes, que decidieron aprovechar el foco que el mismo Obama puso a la crisis en la frontera para airear los abusos a los que los menores han sido sometidos por agentes estadounidenses desde hace tiempo. Los abusos, dice Huebner, no han recibido suficiente atención del Washington oficial.

     

    En lo que va de crisis, de hecho, poco se ha hablado en Estados Unidos de esos abusos. El tema de los menores migrantes ya provocó un puñado de audiencias especiales en comités legislativos en Washington, a uno de los cuales llegó Jeh Johnson, secretario de DHS. Algunos congresistas, como el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, propusieron al presidente Obama que deporte a todos los niños que llegaron a partir de octubre. La crisis ha generado también una nueva ola de peticiones a la Casa Blanca, desde el lobby latino, para que se detengan las repatriaciones. Se habló de presupuesto, de acciones desde el ejecutivo, de la implicación política que tanto para demócratas como para republicanos tendrá la crisis en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Y se habla también de la pésima situación de los países de los que proceden los menores. Pero poco se habla de las denuncias sobre abusos cometidos por agentes estadounidenses en suelo estadounidense.

     

    Al final, la solución inmediata desde Washington, al menos la que se dibuja en la petición de fondos extraordinarios que Obama hizo al Congreso sí pasa por mejorar la atención en las hieleras. Y pasa, también, por más deportaciones: los niños que están en el sistema desde que empezó la crisis serán repatriados. Lo dijo el vicepresidente Joe Biden durante su reciente visita a Guatemala. Lo dijo el secretario Johnson, también en Guatemala. Lo dijo Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca. Y lo empezó a hacer ya la administración a través de DHS: hace unos días despegó de Estados Unidos el primer vuelo fletado sólo para menores hondureños. Iba lleno. A Guatemala han sido deportados niños, pero que viajaban en compañía de familiares.

     

    Desde finales del año pasado, cuando el incremento en la cifra de menores migrantes apenas se percibía, Estados Unidos hablaba ya sobre vuelos exclusivos para niños, al menos con destino El Salvador, según confirmó el exembajador Rubén Zamora a la cadena de televisión Al Jazeera a finales de junio.

     

    Las deportaciones, de hecho, fueron la moneda de cambio que la administración Obama utilizó desde los últimos compases de su primer mandato y sobre todo en 2013 para convencer a senadores republicanos (la cámara alta tiene mayoría demócrata) de que dieran su voto a la la ley S. 744, que daba entidad a la reforma migratoria. En esencia, esa ley creaba un nuevo estatus migratorio provisional –válido por seis años renovables– para indocumentados presentes en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, ampliaba visas de trabajo, reorganizaba visas familiares y creaba un nuevo programa de permisos para trabajadores agrícolas. Y, lo más importante para los latinos, abría el camino a la legalización de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos.

     

    Los republicanos argumentaron siempre que antes de visas y reunificación familiar era necesario reforzar la frontera para evitar la entrada de más indocumentados. Los números dicen que Obama ha deportado más guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que cualquiera de sus predecesores. La Cámara de Representantes, a pesar de eso, bloqueó la ratificación de la S. 744 y mandó al limbo legislativo la reforma migratoria.

     

    En su reciente petición de fondos al Congreso, Obama también consignó 879 millones de dólares para la deportación de adultos que viajan con niños y 64 millones para asignar más jueces migratorios a los casos de los niños sin compañía detenidos en centros de CBP  y albergues.

     

     

    Epílogo

     

    Silvia, la joven salvadoreña, recibió, al menos, una buena noticia en Nogales: no está embarazada. No fue suficiente. Silvia siguió llorando. Sus manos siguieron temblando. Un grupo de agentes consulares logró que la Patrulla Fronteriza la llevara a un hospital tras la primera crisis nerviosa, cuando dijo que si estaba embarazada se iba a quitar la vida. Ahí la atendieron. Pero la joven no dejó que le hicieran pruebas forenses que permitieran identificar, en México, a los violadores. Cuando Silvia llegó al centro de detención llevaba casi tres semanas sin bañarse, lo que dejaba una ventana abierta para la recolección de ADN. Pero Silvia no lo consintió. Solo quiere olvidar.

     

    A las autoridades salvadoreñas en Washington les informaron de que Silvia ya está en Maryland, con su madre. Por ahora no será deportada, aunque el proceso contra ella ya entró en el sistema legal estadounidense.

     

    Allá, en la hielera de Nogales, quedan otras historias. Decenas. Cientos. Como la de Felipe, el niño mam, o la de los hermanos Rodríguez.

     

    —En la otra jaula, él se puso violento. Yo tengo que hacerle cosquillitas para calmarlo –Juan, de 11 años, el menor de dos hermanos, explica a la trabajadora social por qué siempre tiene que estar cerca de su hermano mayor, Byron, de 13 años.

     

    Los Rodríguez llegaron con su tía, otra niña, de 15 años, y otras dos hermanitas. A la tía no la separaron de las pequeñas. A Juan lo iban a separar de Byron, pero el mayor de los hermanos empezó a atacar a otros niños que estaban recluidos junto a él. A uno lo cogió del cuello con fuerza. Juan abrazó por detrás a su hermano para hacerle cosquillas. Para calmarlo. Solo así Byron aflojó la presión sobre el cuello del otro muchacho.

     

    —¿Y tu papá está aquí en Estados Unidos? –le preguntó alguien a Juan en la hielera de Nogales.

    —Aquí vive. Se llama como yo, pero yo no lo conozco –contestó el niño.

     

     

     

     

    La mayoría de los nombres en este reportaje, como el de Silvia, están cambiados a petición de los mismos protagonistas o de las personas que narraron las historias de los niños que viajan por México en compañía de coyotes y pasan solos la frontera con Estados Unidos. Este texto, con ligeras modificaciones, ha sido publicado originalmente en la web guatemalteca Plaza Pública.

     

     

     

     

    Héctor Silva Ávalos es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University en Washington, DC. Es autor del libro Infiltrados: crónica de la corrupción en la Policía Nacional Civil de El Salvador y colaborador regular de medios salvadoreños como El Faro y La Prensa Gráfica y del portal InSightCrime, especializado en el crimen organizado en América Latina. También es autor del ensayo Estados Unidos y el triángulo norte de Centro América: la desconexión exsitente, escrito para el Diálogo Interamericano en Washington. Durante 15 años trabajó en La Prensa Gráfica, de El Salvador, como reportero de investigación, editor y gerente de redacción. Es colaborador regular del medio digital guatemalteco Plaza Pública.

     

     

     

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