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Escritos esquinados el blog de Mikel Arteta


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28 de septiembre, 2017

La izquierda sofá

 

“En los casos en los que la minoría nacional es intolerante, la mayoría será incapaz de impedir la violación de los derechos individuales dentro de la comunidad minoritaria. Los liberales en el grupo mayoritario deben aprender a vivir con esto, de la misma forma que deben convivir con las leyes no liberales de otros países.” Estas son palabras de Kymlicka, supuesto –disculpen el oxímoron- “nacionalista liberal”, que ilustran nítidamente el atropello que van a cometer contra sus conciudadanos quienes pretenden “acomodar” a Cataluña en España.

 

La influencia de este nacionalista quebequés en la teoría política es notable, por más que a todas luces su propuesta sea una barbaridad. (La explicación de su relevancia es sencilla: el nacionalismo riega con recursos públicos las universidades para imponer su marco interpretativo. Basta ver los recursos destinados a inanes grupos de investigación universitarios de corte nacionalista en Euskadi o Cataluña; luego los argumentos se copian y la rueda gira).

 

Al hacerla desde la voluntad nacionalista, su alicorta interpretación del principio de subsidiariedad (según el cual las decisiones deben tomarse en el ámbito competencial más cercano al ciudadano siempre que esto sea lo más más eficiente) nos abocaría a respetar las normas o tradiciones más recalcitrantes de los estados federados (aquí Comunidades Autónomas) simplemente por ser un ámbito más cercano al ciudadano que el federal (aquí “estatal”). Nos pedirán que toleremos su intolerancia en nombre de la tolerancia (no pidan más lógica al nacionalismo que la del poder). Y así, quien no tenga las suficientes convicciones republicanas (la defensa de la igualdad ante la ley), cederá. Acuérdense: “apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña”. Primero se les “acomoda” en el sofá; se les da un café especial, puro y copa; y cuando se acaba el partidito, si te he visto no me acuerdo.

 

Por estos derroteros, el nacionalismo “liberal” que nos ocupa conduciría a sacrificar las libertades individuales en el altar de una muy mal entendida libertad política o autogobierno. Según el contexto, ello implicaría tolerar las ablaciones, la sumisión jurídica de la mujer, o políticas urbanas de segregación racial, por ejemplo. Quien tal propuesta ofrece sólo aspira en realidad a construir y preservar una nada liberal homogeneidad social (en Cataluña la construcción nacionalista fue proyectada con “la estrategia de la recatalanización”, documento interno de CIU filtrado a El Periódico en 1990, que todo el mundo debería releer), apelando a derechos colectivos que sofocan a los derechos individuales.

 

Pero una cosa es conceder derechos individuales que se ejercen colectivamente (como los derechos de reunión, de manifestación o huelga; el derecho al voto; los derechos lingüísticos; o incluso el derecho a constituirse en estado federado: el propio Estatut, como norma paccionada y sometida a la Constitución, concede amplias capacidades de autogobierno a un colectivo dado de ciudadanos que podrá votar en el ámbito de sus competencias) y otra cosa bien distinta es romper el patrón individual de los derechos en nombre de un colectivo, despojando a los ciudadanos del libre ejercicio de su autonomía moral, es decir, de sus “derechos de salida” respecto de la presión ejercida por su comunidad (ética, administrativa, política, etc.). Esto segundo es lo que trata de hacer el nacionalismo en nombre de la supervivencia de su nación.

 

Por más colectivo que sea su ejercicio, ninguno de los derechos previamente citados debería impedirme, si así lo prefiero, dejar de ir a la huelga, manifestarme o no por lo que yo quiera, votar lo que me venga en gana o no votar, e incluso cambiar el idioma que mi comunidad quiere imponerme por vía de antinatural socialización (en este último caso bastaría con permitir escoger la escolarización y el trato con la administración entre las dos comunidades lingüísticas presentes en Cataluña). Éstos y otros derechos individuales que, en nombre de la igualdad, facilitan al individuo huir de la asfixia grupal (una mujer maltratada podrá denunciar a su marido sin miedo a quedarse en la calle; una chica musulmana podrá estudiar y quitarse el velo sin miedo a ser repudiada socialmente –por más que lo haga su familia no podrá obligarla contra su voluntad, ni podrá sustraerse de sus obligaciones hasta que tenga 18, ni desheredarla por esas razones-) deberían quedar consagrados siempre dentro de una comunidad democrática, es decir, una regida por una constitución que garantice los mismos derechos y obligaciones para todos y cada uno de los ciudadanos. Derechos universales, fundamentales, humanos.

 

De hecho, en último término y aunque no todos pueden optar a ello (un sirio podrá tratar de escapar de las normas opresivas de una dictadura o de una guerra pero con demasiada dificultad será acogido con garantías en otros países: sus derechos como refugiado rara vez son efectivamente protegidos porque no hay soberanía que valga tras el Derecho internacional humanitario), el derecho de salida puede ejercerse contra un ordenamiento entero. Nos guste o no, Depardieu pudo adquirir la ciudadanía rusa para evitar pagar los impuestos que vinculan colectivamente a los franceses; y pudo hacerlo pese a que no podían considerarse impuestos confiscatorios.

 

Dicho lo cual, nadie aceptaría que, apelando a una imposible regla de tres, París se declarara independiente y libre de impuestos para no transferir rentas hacia el resto del país; y mucho menos que solicitaran de repente los parisinos un permiso de trabajo en mano al resto de trabajadores franceses que en adelante pretendan trabajar allí. Sin embargo, en España no parecemos entender, en fin, que Cataluña es de todos los españoles como Madrid o Cáceres es de los catalanes: como no se cansa de repetir Félix Ovejero, la soberanía y el territorio común sobre el que rige, es la cosa más comunista que hay porque todo es de todos sin que nada sea de nadie.

 

La “redistribución”, y con ella la búsqueda de emancipación individual, es el histórico paradigma de la izquierda que la democracia ya ha hecho suyo (que queda patente cuando un “nosotros”, los desposeídos, lucha por la redistribución de rentas frente a un “ellos”, los privilegiados en el reparto de rentas del capital o del suelo –y el litoral  catalán, con el suelo de Barcelona, es un bien preciado que no da pocas rentas-). Frente a esto, el “reconocimiento” de la identidad colectiva es el reaccionario paradigma de una derecha posmoderna (hoy asumido por buena parte de la izquierda) que anula al individuo y prioriza su sometimiento al grupo. Son los espurios intereses creados (hacerse, por ejemplo, con la renta exclusiva del suelo catalán) los que priorizan a un “nosotros” frente a “los otros”, que quedan excluidos del sistema de solidaridad que caracteriza a todo Estado democrático: no olvidemos que uno tiene derecho a una prestación porque sus conciudadanos –“ellos”, no “los otros”- tienen la obligación de pagar impuestos y de no obstaculizarle su disfrute. Por eso ningún Estado de la UE ha garantizado a los sirios los derechos que sí garantizan a sus nacionales.

 

Desgraciadamente hay quien, para preservar la “identidad” de cada uno con el resto del grupo, sacrificaría la igualdad de oportunidades individuales y anularía los contrapesos institucionales que garantizan nuestras libertades públicas: las actuales cadenas de integración política son las que nos permiten recurrir (hoy incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) decisiones inicuas que nuestros jueces, parlamentos o gobiernos autonómico (o nacionales) hayan podido tomar. Contra la torticera interpretación nacionalista, el principio de subsidiariedad consagra también que las instancias más alejadas del individuo garanticen las iguales libertades de un conjunto cada vez más amplio de ciudadanos, evitando que nadie caiga preso de élites locales descontroladas. Lo que en Europa buscamos para nosotros se lo negamos en Cataluña a una mayoría de catalanes (que tenemos por minoría sólo porque las sobre-representadas élites catalanas hacen todo lo posible por ocultarlos). Los abandonamos, por un lado; renunciamos a lo nuestro, por otro.

 

Lo que buscan (sin decirlo) quienes pretenden “acomodar” o “encajar” a Cataluña es dejar a las élites nacionalistas que continúen libremente con sus políticas iliberales de construcción nacional; siempre y cuando permanezcan jurídicamente en España. Las élites, unas y otras, agradecerán que desde fuera hagamos la vista gorda ante una inmersión lingüística que sacrifica a más del 50% de catalanes que tienen como lengua propia el castellano (frente a un 36% que emplea habitualmente el catalán). Y a esto hay que sumar, por supuesto, la aceptación de las multas lingüísticas o la desaparición del castellano de la esfera pública catalana (televisiones, radios, documentación y comunicaciones públicas, formularios solicitados en las administraciones, etc.). Hay que sumar, en fin, el sutil ostracismo del no nacionalista.

 

En su día, el Estado pidió respaldo a Pujol en las instituciones centrales y a cambio le dejó hacer y deshacer en Cataluña a su antojo. Ahora al Gobierno le cuesta entrar allí y hacerse presente; más de lo que sospechaba. ¿Por qué? Porque por una sola vez que ha sonado (con alarma social que reverbera incluso hoy) que “hay que españolizar a los catalanes” (algo que deberíamos traducir por “hay que acabar con la iliberal 'estrategia de recatalanización', recuperando la competencia sobre educación para el Estado”), han sonado con total impunidad y bendición decenas de “hay que catalanizar a los catalanes”. Pero nadie se escandaliza; y menos que nadie, los ciudadanos españoles que creen quedar indemnes (hasta que ellos o sus hijos decidan buscar trabajo en Cataluña y se den de bruces con el idioma como barrera de entrada en el mercado laboral). Es más, lo que hemos escuchado es a Esperanza Aguirre hablando de “catalanizar España”. La derecha no es menos sofá, no se piensen. Pero los pactos entre élites están en su ADN.

 

El Estatut consagra el bilingüismo porque en Cataluña se hablan dos lenguas (la principal, el castellano), no para españolizar ni por provocar; sin embargo, para acomodar a las élites catalanas y evitar sus aldabonazos algunos no dudan en traicionar a la mitad de los catalanes, haciéndolos sentirse extraños en su propia casa. Frente a la ley, frente a la lógica democrática de la igualdad política, frente a criterios morales de justicia: inmersión y ostracismo. Así, pese a que nunca acomodarán a quien pretende irse de la sala, ahondan en la percepción de extrañeza -es decir, en la exclusión en su propia casa- de buena parte de los trabajadores catalanes que sí quieren quedarse.

 

40 años trabajando en Barcelona, dos hijos catalanes, una casa, un marido catalán, proyecto de envejecer y morir ahí; éste es un perfil típico que, incluso devenido catalanista, se siente como “de prestado” y, encima, agradecido. Un perfil que probablemente renuncie al voto (o lo delegue en la mayoría) porque “esto es cosa de catalanes”. Díganme: ¿sucede esto en Madrid? ¿Debe una democracia aceptar esto como normal? ¿Debemos los españoles, como dice Kymlicka, “aprender a vivir con esto, de la misma forma que [debemos] convivir con las leyes no liberales de otros países”? ¿Debemos desdeñar el atropello de derechos sufrido por tantos catalanes justo ahora que, como europeos, deberíamos alarmarnos por la regresión democrática en Hungría o Polonia? Oigan, ¿y esto lo acepta la izquierda en nombre de la democracia? ¿Diálogo? ¿Derecho a decidir? ¿Alguien va a hablar de justicia e igualdad?

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Tienes más razón que un santo.Es increíble lo ciegos que están algunos ante semejante proyecto reaccionario,especialmente  la supuesta izquierda.Por cierto,creo que has cometido un error:cuando hablas del asilo,das a entender que las leyes internacionales se imponen a la soberanía nacional.En la práctica es al revés,no?

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