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    Obligada a marcharse

    Iñigo Alcañiz - 13-01-2011

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    OBLIGADA A MARCHARSE

     

    El sistema educativo en Colombia está regulado por el Estado, que en la Constitución de 1991 presenta la educación como un derecho básico y un servicio público, cuya finalidad es el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a la cultura.

           La legislación y la política colombiana buscan garantizar la calidad y la efectividad de la enseñanza, así como el acceso a la misma por parte de todos los grupos humanos. Corresponde, pues, al Estado garantizar que estas condiciones se cumplan. Sin embargo, la realidad del sistema educativo colombiano es otra bien distinta, con grandes diferencias entre el sector rural y el urbano.

           Desde hace unos años,  la enseñanza se ha visto afectada por una crisis producida por el incremento de la deuda pública. Esto ha contribuido al empeoramiento de la calidad de la misma. Además, la accesibilidad a la educación por parte de los niños y adolescentes que viven en el campo no ha mejorado. Muchos se ven obligados a caminar durante un largo trayecto a través de la selva para asistir a la escuela. Esto hace que la cobertura educativa en el sector rural sea más baja que en el urbano.

           La crisis que sufre la enseñanza viene reflejada también en el Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno colombiano para el año 2010, donde por primera vez, la cantidad destinada a seguridad y defensa (21,1 millones de pesos) supera al de educación (20,2 millones de pesos). Desde la entrada en vigor del Plan Colombia, ha habido un incremento del presupuesto destinado a la guerra, reperecutiendo negativamente en otros sectores.

           Por otro lado, la mayoría del presupuesto establecido para educación se destina a pagar la deuda contraída en años anteriores y las nóminas del personal docente, que se enfrenta continuamente a retrasos en el pago de su salario cobrándolo cuando sea. Así, el presupuesto destinado a investigación y desarrollo para mejorar la calidad docente, instalaciones, tecnología y material escolar apenas existe.

           Isabel Mosquera, rectora de la institución educativa El Empalme, se enfrenta a la precariedad que sufre el sistema educativo colombiano. Desde el año 2007 dirige esta institución de la selva amazónica que se encuentra en zona de litigio entre el Departamento de Putumayo y el Departamento de Nariño. El conflicto armado provoca que El Empalme carezca del respaldo estatal deseado. Isabel denunció ante los órganos de control las irregularidades en el pago de las transferencias de gratuidad a los establecimientos educativos de la región.

           Tras estas denuncias comenzó a recibir amenazas por parte miembros de los nuevos grupos paramilitares, que ahora actúan como asesinos a sueldo. Éstos entraron en su casa, la apuntaron con un arma amenazando de muerte a ella y su familia para que abandonaran el pueblo. En diciembre de 2009 abandonó El Empalme.

           Ese mismo mes, la rectora denunció el caso ante el Comité de Amenazados de La Secretaría de Educación, sin embargo su caso no fue atendido con la urgencia debida. Regresó a El Empalme en enero para seguir ejerciendo como docente si no quería perder su puesto de trabajo, mientras seguía esperando una respuesta de La Secretaría de Educación. Desde entonces vive con temor ante las amenazas de los paramilitares y sin protección alguna por parte del Estado.

           Isabel no es la única profesora amenazada en la región. Varios profesores han sido asesinados a pesar de denunciar su caso ante la Secretaría de Educación. Es el caso de doos docentes, previamente amenazados, que murieron el 1 de abril del año 2008 en La Hormiga, Departamento de Putumayo, a manos de un miembro del grupo paramilitar Los Rastrojos.

           A pesar de las condiciones vividas en la región, Isabel sigue luchando por la mejora de la calidad de la enseñanza del sur colombiano, donde las diferencias con respecto a la educación en la ciudad se han visto incrementadas con la política de descentralización administrativa que ha llevado a cabo el Estado y que ahora recae en cada departamento territorial. Esta descentralización no tiene en cuenta las carencias de los departamentos de la selva Amazónica, abandonados por Gobierno y sin respuestas ante las exigencias del sistema educativo.

     

    Pilar Rodríguez

     


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