Reglas adaptables en el juego de la inmigración de África a Europa. Ante el ‘caso Aquarius’

Carla Fibla

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Foto: Kenny Karpov / SOS Mediterranée

 

Aterrizar el domingo 17 de junio en un aeropuerto de España tras una semana de desconexión absoluta, perdida en el sur de un país africano, y escuchar la noticia que abría los informativos me generó una sensación de incomprensión e incredulidad.

 

El flamante nuevo Gobierno español, del mismo partido socialista que, al igual que su principal contrincante político, ha perpetuado durante las últimas décadas la desprotección más absoluta de los que siempre se han jugado la vida para alcanzar una existencia digna, realizaba un “acto de buena voluntad” acogiendo a los 630 migrantes que habían sido rechazados por las autoridades de Italia y Malta.

Escuchar desde primera hora de la mañana la llegada en directo del primero de los tres buques que, tras ocho días de travesía, por fin llegaba a un puerto firme, con los detalles de una recepción sin precedente con centenares de traductores, personal sanitario, agentes de la seguridad del Estado desplazados para la recepción, me recordó al mismo circo con el que Marruecos presume del proceso de regularización de personas que se quedan estancadas en un país que es de tránsito aunque las autoridades alauíes se obstinen en decir que es de “acogida”, o las políticas de puertas abiertas a África con las que jugaba Muammar Gadafi en Libia.

 

Y mientras el circo en el que la vulnerabilidad de un cifra irrisoria de las personas que cada día se juegan la vida intentando alcanzar la costa europea acaparaba todos los focos y tenía su efímero momento de gloria algunos periodistas lograban introducir en sus crónicas la coletilla de que en ese mismo fin de semana 1.290 personas habían sido auxiliadas en el Mediterráneo y el Atlántico.

 

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), antes del fin de semana del 10 de junio 9.315 personas lograron llegar a las costas españolas. Más del doble que en el mismo período de 2017.

 

“No somos los responsables de esta situación ni la solución, somos un síntoma de la situación”, explicó Karline Kleijer, jefa de prensa de MSF (Médicos Sin Fronteras) Holanda en el puerto de Valencia. El buque Aquarius lleva realizando tareas de salvamento desde 2016 en las que han rescatado a casi 20.000 personas.

 

 

Crisis europea de la inmigración

 

Lo que desde la Unión Europea se denominó la “crisis de los refugiados” a finales de 2015, con la llegada masiva de pequeñas y precarias embarcaciones a las cosas de las islas griegas, sobre todo a Lesbos y Kos, obligó a las organizaciones no gubernamentales a reorganizar sus efectivos en el mar. Además de la ayuda espontánea de los ciudadanos que consideraron que se había tocado techo y se lanzaron a ayudar sin esperar a que lo hicieran sus gobiernos, las organizaciones que llevan décadas manteniendo una presencia a menudo compleja al otro lado del Mediterráneo, en países del norte de África, intensificaron su labor y desplegaron un dispositivo permanente convirtiéndose, aunque no estén dispuestos a reconocerlo, en la única esperanza de las personas que emprenden el arriesgado viaje.

 

El modus operandi que se generó en las islas griegas es el mismo que se desplazó al Mediterráneo en 2016, cuando entró en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía: 3.000 millones de euros en dos año por frenar la salida de embarcaciones con refugiados y migrantes desde sus costas, y la devolución de las personas que no tuvieran derecho a asilo que ya se encontrasen en territorio europeo.

 

 

El mismo plan

 

El próximo domingo, 24 de junio, se celebrará una mini cumbre informal en Bruselas para tratar las “situación de emergencia” que está provocando el flujo de personas migrantes y refugiados en Europa. La delicada y cada vez más extrema situación del Gobierno de Angela Merkel, que lleva más de tres años acogiendo a los que logran alcanzar por el sur tierras europeas, la radicalización en el discurso de cada vez más gobiernos europeos sobre la necesidad de ser más restrictivos para frenar las llegadas, y la realidad acuciante de que no van a dejar de llegar hace que los dirigentes se reúnan de nuevo para plantear las “salidas” de siempre.

 

Según lo que se ha filtrado a los medios sobre el planteamiento del encuentro, en esos movimientos previos a la cumbre europea prevista para cinco días después, Bruselas quiere que las personas rescatadas desembarquen en países africanos, en lugar de ser trasladados a Europa cuando son rescatados a la deriva en el mar. Pretenden copiar el modelo turco, con “un país que dependa económicamente de la UE y que tenga capacidad de gestión”, y para ese cometido se barajan lugares como Egipto o Libia.

 

Una vez más, como ocurrió con Turquía, la política de esos “países de acogida” respecto a las personas migrantes y refugiadas, así como la inestabilidad y represión de los regímenes que podrían acogerles, queda en un segundo plano.

 

Alejar el caos, hacer que el Mediterráneo sea la verdadera frontera, en la que se muera o se sea rechazado, obligado a retroceder a los países de tránsito en los que a menudo se quedan estancados durante meses, o incluso años, en los que existen informes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales como la OIM o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que aseguran que se está practicando la esclavitud. La CNN emitió en 2017 imágenes de varios puntos de Libia en los que se vendían a personas en subastas, imágenes que obligan a remontarse al siglo XVI, cuando diez millones de esclavos fueron enviados a las Américas desde África Occidental.

 

 

Humanizar a Europa

 

Europa va a intentar humanizarse en la cuestión migratoria. La batalla interna se libra entre los que siempre han mantenido posturas más estrictas y radicales en la contención y expulsión de personas migrantes y refugiadas, como Austria, que recientemente se felicitaba por haber “cerrado con éxito la ruta de los Balcanes” y recordaba que en 2015 ya se opuso a la política de “puertas abiertas”, y los que enarbolan el discurso de los derechos humanos para justificar la acogida, liderados por Alemania.

 

La trágica situación en la que se encuentran miles de personas en la isla de Lesbos, en un limbo administrativo denunciado de forma reiterada por organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, es el ejemplo de que las políticas de acogida tampoco están funcionando. El Gobierno griego da asilo al 99% de los refugiados sirios, al 95% de los palestinos, al 86% de los eritreos, al 75% de los iraquíes, pero en el caso de los afganos se queda en el 69%, a pesar de que son la segunda mayor comunidad de refugiados en Grecia. Un total de 15.000 personas que están esperando la carta que les devuelva a Afganistán, porque la UE considera que es un “país seguro”, a pesar de que desde enero de 2018 han muerto 3.000 civiles en atentados ejecutados por los talibanes y por el autoproclamado Estado Islámico.

 

España ha aprovechado que la ley considera como “náufragos” a las personas recogidas en el mar con autorización para entrar en el país. Eso es lo que permitió que llegaran al puerto de Valencia y que de forma excepcional, como recoge la Ley de Extranjería, se les asignase un permito de residencia de 45 días. Pero esas mismas personas ya eran “náufragos” antes de que les avistasen desde el Aquarius de MSF y SOS Méditerranée, igual que todas las personas que emprenden el incierto viaje con la esperanza de que les rescaten.

 

Mientras el perverso sistema de la actual política migratoria europea siga rigiéndose por el azar de que se encuentre a las personas que están jugándose la vida para alcanzar la oportunidad de tener un futuro no se respetarán los derechos humanos básicos de miles de hombres, mujeres y niños. Eso es lo que está ocurriendo ahora, sin que las imágenes efímeras e impactantes de momentos concretos relacionados con la desesperación que conduce a una persona a intentar llegar a Europa de forma ilegal, hayan tenido un efecto real en los gobiernos europeos.

 

 

La solución está en el origen

 

“La solidaridad no puede ser exclusivamente intraeuropea. Debemos ser también solidarios con África. África es un continente noble y joven, la cuna de la humanidad. Los 2.700 millones de euros de nuestro Fondo Fiduciario UE-África están generando posibilidades de empleo en todo ese continente”, aseguró Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el 13 de septiembre de 2017.

 

Cuando pronunció esas palabras hacía dos años que se había lanzado el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, para hacer frente a “las causas profundas de inestabilidad y de la migración irregular mediante la promoción de oportunidades económicas y de empleo, así como de seguridad y desarrollo”. Un fin noble al que los estados miembros de la UE se limitaron a contribuir con 152,5 millones de euros. España destinó tres millones de euros, sólo un millón menos de lo que invierte al año en el mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, que en los últimos años han sido elevadas y reforzadas.

 

Esta es la realidad. Los países europeos siguen analizando los movimientos ilegales de personas como una amenaza, sin comprender ni tener en cuenta las causas por las que alguien abandona su hogar. Sobrevivir en la mayor parte de los casos, alcanzar una vida digna en otros, las personas que invierten sus ahorros en el viaje, que se comprometen con sus familiares a sacarles de la pobreza después de que se hayan endeudado para tener una oportunidad, tienen derecho a que se les escuche, a que se analice su situación caso por caso, a existir.

 

Desde un barrio del sur de Senegal repleto de carteles en los que se anuncia la cooperación de diferentes gobiernos europeos asociados a proyectos de desarrollo con fecha de caducidad, el director de una escuela de secundaria con más de 1.700 alumnos, una media de 60 jóvenes por clase, explica que hay familias que pagan las tasas de matrícula del año en junio para poder recoger el boletín de notas de sus hijos. Necesitan todo el año para reunir las 7.000 cfas (10,68 euros) que les permitan saber si sus hijos han superado el curso.

 

“En la región de la Casamance tenemos una de las tasas de escolaridad más altas, pero también un índice de pobreza muy elevado”. Esa es la clave, la solución está en el origen, asegurándose de que los fondos fiduciarios llegan a las manos adecuadas, de que se prioriza el trabajo de las organizaciones que están contribuyendo al desarrollo en una cooperación marcada por los tiempos y la realidad africana.

 

 

 

 

Carla Fibla es periodista especializada en Oriente Próximo y el Magreb. Fundó y dirigió www.aish.es. En FronteraD ha publicado, entre otros artículos, Primavera, verano, otoño e invierno árabeMayo ha sido de los palestinosLas rebeliones, amenazadasMuere Bin Laden, viven las rebeliones¿Divide y provoca sectarismos la rebelión?¿Revolución islámica?Del viernes de descanso al viernes de la rabiaDesde el interior de las revueltasLa revolución libia se estrella contra Gadafi y Y llega la revolución del Nilo

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