Los datos son valiosos. Pero compartidos abiertamente, lo son mucho más. Entre otros motivos porque el dueño o depositario de unos datos cualesquiera no tiene por qué ser quien sepa extraerles la mayor utilidad, ni menos aún todas las posibles.
Tomemos por ejemplo los Presupuestos Generales del Estado que presenta el Gobierno todos los años en el mes de septiembre. Además de los varios tomos de papel que envía el Ministro de Economía a las Cortes, la información posteriormente está disponible en la web del ministerio de una forma muy fragmentada y dispersa. Para cualquier ciudadano de a pie extraer la información e interpretarla correctamente resulta un reto casi insuperable. Sin embargo, hay otra manera de presentar esta información, y es que con los datos que cuelga el ministerio en su página web el programador David Cabo ha podido desarrollar, por ejemplo, una aplicación como http://dondevanmisimpuestos.es, que permite examinar visualmente la evolución de cualquier partida de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años de una forma completamente accesible.
El denominado movimiento Open Data / Open Government (datos abiertos / gobierno abierto) ha experimentado un importante auge desde el año 2009. Administraciones públicas como la estadounidense de Barack Obama –con http://data.gov – o las británicas de Gordon Brown y ahora David Cameron –con http://data.gov.uk –, y creadores de opinión tan influyentes como Tim Berners-Lee – uno de los inventores de la World Wide Web–, con su petición “raw data now!” (¡datos crudos ahora!), han contribuido notablemente a impulsar este fenómeno internacional.
La agenda Open Data defiende que, rompiendo con siglos de inercia, los datos acumulados por los organismos públicos en el desarrollo de sus funciones deben estar disponibles al público en formatos abiertos –que cumplan requisitos técnicos mínimos–y con una licencia libre de copyright que permita a cualquier ciudadano analizarlos, reutilizarlos y redistribuirlos, incluso con fines comerciales. Los datos al fin y al cabo pertenecen a una sociedad que ya los ha pagado con sus impuestos
Enraizado con el movimiento en pro de los datos abiertos, la noción de Open Government o gobierno abierto va más allá: busca mejorar la calidad de la relación entre ciudadanos y administraciones mediante la transparencia de los procesos de decisión, la participación y la colaboración.
#opendata from Open Knowledge Foundation on Vimeo.
Se puede seleccionar la opción de subtítulos en español.
Hablando ahora de Open Data / Open Government como un único fenómeno, las utilidades de la apertura de datos mediante el recurso a aplicaciones web o móviles podrían jerarquizarse bajo dos grandes epígrafes bien diferenciados, siempre desde la óptica de las autoridades políticas responsables de aprobar la publicación de datos que faculta su desarrollo:
. Las iniciativas simpáticas: Consisten en la mejora de los procesos de toma de decisiones y acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos.
. Las iniciativas antipáticas: Buscan un incremento en el control y fiscalización ciudadana de los administradores de recursos públicos y una más exhaustiva rendición de cuentas del representante ante el ciudadano.
No resulta sorprendente comprobar que, hasta la fecha al menos, y allí donde no se han quedado en la más absoluta banalidad, las series de datos abiertas al público en España se han centrado en aspectos relativamente poco comprometedores desde un punto de vista político, tales como la energía gastada por los edificios públicos, la calidad del agua o la oferta formativa disponible, por citar tres ejemplos.
Como es bien conocido, y pese al reiterado incumplimiento de las promesas programáticas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en ese sentido –elecciones de 2004 y 2008–, en España no contamos aún con una Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a diferencia de la práctica totalidad de países de nuestro entorno (p.e. el Freedom of Information Act estadounidense). Una ley como esta daría el derecho a los ciudadanos a solicitar y recibir información sobre lo que ocurre en la administración. Este déficit implica una falta de cobertura legal para exigir la apertura de datos, y muy en especial de aquellos que puedan ser considerados políticamente comprometedores, las anteriormente denominadas iniciativas antipáticas.
¿Por qué es importante todo esto? Quizá lo mejor sea recurrir a algunos ejemplos concretos de iniciativas ya desarrolladas al menos en una primera versión y encuadrables bajo cualquiera de los dos epígrafes definidos:
. ¿Quiere saber las incidencias de la red de carreteras de una Comunidad Autónoma del País Vasco? http://Infocarretera.com se lo sitúa a un par de clics de distancia.
. ¿Acceder a la información relevante en tiempo real y sobre la red de autobuses municipales de Madrid? La respuesta está en http://MisParadas.com.
. ¿Saber dónde está el punto wifi más cercano en Zaragoza? La aplicación para iPhone descargable en http://www.dndzgz.com/ se lo puede brindar de inmediato.
. ¿Comprobar si hay incidencias en la red ferroviaria del área metropolitana de Barcelona? Solo hay que acceder a http://rodalia.info.
. ¿Informarse sobre estadísticas de calidad de vida en un barrio o distrito de ciudades como Valencia? http://Monquartier.heroku.com tiene las respuestas.
. ¿Controlar la actividad de los diputados o senadores por su provincia? http://3126euros.com (el sueldo mínimo de un diputado) y http://Sena2.info le ofrecen todas las estadísticas en un formato muy fácil de consultar.
. ¿Analizar la contratación pública de un ministerio en un ámbito concreto? http://GastoPublico.es pone una parte importante de la información pública disponible a su alcance.
. ¿Fiscalizar los presupuestos de su municipio? http://LosPresus.de es una herramienta que permite trazar comparativas de un modo muy visual e intuitivo.
. ¿Seguir la actualidad del parlamento autonómico? En http://parlio.org se informa al ciudadano sobre la actividad parlamentaria del Parlamento Vasco.
La lista, en fin, es larga. Esta selección no es más que una pequeña muestra. Y es que a lo largo de los últimos doce meses grupos de programadores, diseñadores, periodistas, estudiantes o activistas cívicos han desarrollado aplicaciones móviles y web como éstas. Lo han hecho en el contexto de eventos exprés como el Desafío AbreDatos –donde los equipos que se presentan se dedican a generar aplicaciones en un plazo máximo de 48 horas y se premian las mejores– o sencillamente colaborando en su tiempo libre.
El profesor estadounidense Clay Shirky auguraba el pasado día 28 de abril, en una conferencia impartida en Madrid, que la canalización del cognitive surplus (o exceso de capacidad cognitiva) en curso en la actualidad está materializándose, entre otros aspectos, en el surgimiento de un pequeño ejército de generadores de aplicaciones y contenidos digitales, ayudando a crear así un mundo más democrático y mejor gobernado.
En este sentido, existen organizaciones internacionales que llevan muchos años promoviendo la transparencia y la participación ciudadana digital. La Sunlight Foundation en Estados Unidos y mySociety en el Reino Unido son grandes ejemplos. Estas entidades han desempeñado un papel fundamental a la hora de facilitar el incipiente desarrollo de esta nueva filosofía que, partiendo de los principios de transparencia y participación, busca aprovechar al máximo las posibilidades brindadas por las nuevas tecnologías de comunicación en el ámbito de la política y el ejercicio activo de los derechos de ciudadanía.
En España las iniciativas que se han llevado a cabo están más fragmentadas. Entre ellas se puede citar –sin ánimo de autobombo– a Pro Bono Publico, una asociación sin ánimo de lucro surgida en 2009 que busca la apertura de datos públicos y el uso de la tecnología para aumentar la transparencia y eficiencia de las administraciones, y mejorar así nuestra vida en sociedad.
Corresponde a nosotros, ciudadanos, exigir cambios y crear una sociedad civil más fuerte. No es fácil, porque hay una inercia tremenda en organismos acostumbrados a no tener que rendir cuentas a nadie“–y más en nuestro país en donde como se comentó anteriormente no estamos acostumbrados a la transparencia–, pero en última instancia hay que cambiar el tipo de relación entre las administraciones y los ciudadanos: a veces se olvida, pero trabajan para nosotros, quienes pagamos puntualmente su sueldo con nuestros impuestos.
Todos nos beneficiaremos de la apertura de datos, pero este avance supondría una especial ventaja directa para colectivos como el periodístico. También diseñadores e infografistas contemplan un nuevo universo de oportunidades. Medios internacionales del prestigio del New York Times o The Guardian han apostado fuerte recientemente por un nuevo modelo de periodismo basado en datos y visualizaciones cada vez más atractivas. Un ejemplo reciente es la visualización de las opiniones vertidas globalmente en Twitter sobre la muerte de Osama bin Laden tras el anuncio de ésta.
Por otro lado, pasos atrás como los importantes recortes aplicados al presupuesto federal americano para los sitios web oficiales dedicados a la publicación de datos abiertos –el presupuesto para iniciativas como USASpending, ITDashboard y data.gov ha pasado de 34 millones a 8 millones de dólares–, constituyen un claro elemento de riesgo. Y es que, al contrario de lo que muchos activistas han asumido en el pasado, no existen garantías de que los avances en materia de transparencia y publicación de datos en formatos abiertos resulten irreversibles.
La teoría a este respecto cifraba la irreversibilidad de los avances en que ningún gobierno o partido político estaría dispuesto a asumir los elevados costes políticos que se suponía irían asociados a una vuelta a estándares más opacos en esta materia. Frente a esta asunción, y como acabamos de ver este mismo mes en las negociaciones presupuestarias que han tenido lugar entre el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, la realidad se está mostrando tozudamente distinta.
Shirky ha acuñado el denominado “principio de Shirky”. Este principio reza que las instituciones intentarán preservar aquellos problemas para las que ellas mismas son –o creen ser– la solución. Menciono esto porque creo que explica muy bien las reticencias que desde amplios ámbitos políticos puede generar un movimiento que, por su propia esencia, faculta al ciudadano a tomar un número cada vez mayor de decisiones de gran calado de un modo directo o sin intermediarios, poniendo así en riesgo la cómoda posición de la que han gozado tradicionalmente nuestros representantes políticos en las instituciones democráticas.
Bajo esta concepción, el actual contexto de crisis económica resulta un conveniente aliado a la hora de postergar esfuerzos, o incluso de desandar parte del camino de apertura de datos ya cubierto. Centrándonos en España, no resulta nada infrecuente oír a responsables políticos escudarse en la crisis a la hora de tumbar de la fila de prioridades legislativas o de gobierno las iniciativas que buscan lograr una mayor transparencia política y administrativa. El Ministerio de Presidencia, encabezado por su titular, Ramón Jáuregui, ha dado buena muestra de ello, ignorando hasta la fecha las reiteradas peticiones de legislación que han llegado al ministerio desde entidades como la Coalición Pro Acceso.
“Hay que ahorrar costes” es el mantra al que se recurre, unas veces para no desarrollar iniciativas y otras para limitar al máximo la ambición de las que se aprueban. La proliferación de portales de datos abiertos en distintos ámbitos administrativos –municipales y autonómicos principalmente– de cara a la cercana fecha electoral del 22-M es un buen ejemplo de estos fenómenos de venta de imagen y culto al marketing político más que apuesta decidida por un nuevo concepto. La falta de sustancia de estos portales, por desgracia, suele ser la regla general más que la excepción –qué también las hay, con portales más valientes como Open Data Euskadi u Open Data Navarra, por citar dos destacados–.
La reacción ante este brote de portales en algunos ámbitos cualificados ha sido, cuando menos, discutible. Y es que, en lugar de analizar en profundidad las carencias de los datos puestos a disposición del público, algunos observadores y analistas han preferido poner el foco sobre la falta de reutilización que han generado estas primeras iniciativas aperturistas llevadas a cabo por distintas autoridades locales y autonómicas. De acuerdo con esta visión, la pelota estaría ahora en el tejado de unos ciudadanos-usuarios que deberían demostrar la utilidad de esta apertura de datos inicial exprimiendo al máximo su aún limitado potencial, exonerando por lo tanto a las autoridades de su deber de asumir unos esfuerzos de apertura de datos verdaderamente ambiciosos,
Esta visión dista de ser la única. Ya se ha mencionado con anterioridad la terrible barrera que supone para un correcto desarrollo de los principios Open Data de una ley española de libre acceso a la información pública. Pero, además de esta carencia, la utilidad pública que se pueda generar siempre será una función de la calidad de los datos que las autoridades competentes respectivas se decidan a abrir. Sin esfuerzos ambiciosos de liberación de datos adicionales, no parece realista esperar unos niveles de reutilización que pongan a nuestro país a la par con los más avanzados en este ámbito –Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda– en términos de desarrollo y uso de aplicaciones informáticas.
Por otro lado, y al modo de la película Field of Dreams, en lo tocante a los datos abiertos tampoco debemos caer en la tentación de musitar el famoso “if you build it, they will come” (si lo construyes, ellos vendrán). Los dos esfuerzos, el público y el cívico, necesitan coadyuvarse, impulsarse mutuamente, para garantizar que logramos extraer todo el valor que una transparencia proactiva e inteligente pone a disposición de nuestra sociedad.
En definitiva, lo que el movimiento Open Data / Open Government propone es una interacción explícita entre gobierno y la sociedad para la búsqueda y la resolución de los problemas comunes que afectan a nuestra convivencia y toma de decisiones de una manera racional, cuantificable y evaluable. Propiciar el aumento de la participación ciudadana y una consiguiente mayor vinculación del gobernado en el proceso político. La pregunta que muchos queremos formular es: ¿quién más se apunta a remar en esta dirección?
Jacobo Elosua es vicepresidente y tesorero de Pro Bono Publico
