Yo sospecho de todos los que dicen “judicializar”. Si Montesquieu oyera decir eso en cualquiera de sus tiempos verbales se reiría, aunque no sé si era de natural risueño. Sería como si oyera “ejecutivización” o también “legislativizar”. No es sólo que los principios (de la separación de poderes) se violenten con este alargamiento silábico innecesario, sino que, por medio del estiramiento, quienes gustan de decir “judicializar” pretenden romper en pedazos la palabra original. La judicialización acabaría por romper lo judicial, y así sucedería lo mismo con “ejecutivizar” o “legislativización”. El poder judicial acabaría desjudicializado; el poder ejecutivo desejecutivizado y el legislativo deslegislativizado. Es el progresismo rompedor. Quizá todos los (des)judiciliaciantes, como la ínclita Ione Belarra, una vez conseguidos, un suponer, sus anhelos (des)judicializadores, desearían moverse ¡con libertad! entre lo judicial y el nuevo límite (des)judicializador extendido que, básicamente, y para no empezar a confundirnos, por si acaso, entre judicializaciones y judicializacionas y judicializacionos, sería como desatar a la política (no me refiero a Belarra, a quien se le ve muy suelta, sino a la política en general) más que nunca bien atada gracias a que se escogió en su día a los Montesquieus y no a las Belarras. Yo entre Belarra y Montesquieu, me quedo con Montesquieu, la verdad. Sobre todo, después de oír decir a aquella que “el proceso de judicialización es una derivada de la salida de España” de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Sólo nos faltaban las matemáticas, además de los alargamientos silábicos, para desjudicializar lo judicializado, que es, en realidad, lo último que ansía este gobierno extraordinario ya plenamente desejecutivizado y deslegislativizado.
