La muerte en combate del presidente de Chad, Idriss Déby, en la madrugada del martes 20 abril de 2021, cuando, según la versión oficial, comandaba sus tropas contra un grupo de rebeldes, y apenas unas horas desde que se anunciara su victoria en las elecciones presidenciales, no habría podido ser mejor colofón para un auténtico guerrero, ya curtido en muchos combates anteriores como líder rebelde. Inmediatamente se anunció que uno de sus hijos, Mahamat Idriss Déby, asumía el cargo de presidente interino con el grado de general en jefe de las Fuerzas Armadas, nombrando un Consejo Militar de Transición (CMT) compuesto por 15 generales. Desde entonces, la situación interna del país bajo control de los militares, y a pesar de la ilegalidad del gobierno, al incumplir la propia Constitución del país, parece que sigue relativamente estable en un entorno cada vez más incierto.

No cabe duda de que resulta destacable que, en estos tiempos, el presidente de un país haya muerto en un enfrentamiento directo con sus enemigos. Al margen de esto, la muerte de un presidente en África es un hecho suficientemente significativo como para que hubiera dado pie a numerosas especulaciones de todo tipo, incluso, que hubiera podido ser fruto de “fuego amigo”.

Sucedido inmediatamente por su hijo, el general Mahamat Idriss Déby, este declaró que se convocarían elecciones en un plazo de 18 meses, que amplió posteriormente a 24. Pero no ha sido hasta finales de 2023 cuando se ha podido celebrar un referéndum para una nueva Constitución y una deseable vuelta al orden democrático.

Con la precaria situación de seguridad regional sobrevenida en Malí, Burkina Faso y Níger –todos ellos con recientes gobiernos militares golpistas–, la creciente injerencia de los mercenarios rusos del grupo Wagner en estos países y el imparable avance de los grupos yihadistas en la zona, Chad sigue jugando un papel determinante como bastión de estabilidad del Sahel, a pesar de la muerte de su anterior presidente.

Hablar del Sahel y su entorno requiere explicar brevemente las características de estos países. En primer lugar, hay que destacar que se trata de países enormes, con extensas fronteras, muy poca densidad de población y con Estados débiles, que copan los últimos puestos de los índices de desarrollo y que apenas pueden controlar sus territorios. Estos factores facilitan el movimiento impune de grupos dedicados a todo tipo de actos ilícitos, como drogas, armas y seres humanos, en su camino hacia el norte de África y con destino final Europa, todo ello agravado por el ímpetu creciente de los grupos yihadistas.

Numerosos estudios concuerdan en que el cambio climático afecta más en esta región que en otras partes del planeta: natalidad explosiva; migraciones hacia las ciudades –en las que la población se agolpa en infraviviendas y sin un mínimo de servicios sanitarios y educativos–, y conflictividad, debido a la búsqueda de pastos de los ganaderos, que invaden territorios dedicados a la precaria agricultura. No obstante, las rivalidades étnicas también se manifiestan en su cara más violenta, al acusar con frecuencia a otras etnias, como los fulanis o peuls en este caso, de connivencia con los terroristas, lo cual podría incendiar una guerra civil, y justificar casos de auténtica “limpieza étnica”.

Si algo se puede generalizar en muchas zonas de África, y en el Sahel en particular, es la persistente violencia estructural que subyace en todos los niveles de la sociedad. En muchas de estas regiones, todavía la diferencia entre la vida y la muerte es muy sutil, al imperar el ejercicio de la fuerza física como medio de resolución de los conflictos o por la simple ambición del poder. La abundancia de armas pequeñas y ligeras entre la población fomenta la inestabilidad social y la violencia estructural, ya que pueden adquirirse a través de numerosos medios, no solo ilegales, sino también provenientes de los gobiernos, de funcionarios o militares corruptos.

 

Inseguridad en Malí

Son numerosos los expertos y analistas que tratan la situación de inseguridad en Malí como el principal foco de inestabilidad actual en el Sahel Occidental. Por eso, se debe hacer una breve mención a este país para entender mejor el contexto regional, cómo afecta a Chad y cuál puede ser el papel de este país.

No hay que olvidar que uno de los principales factores de la desestabilización actual del Sahel fue la caída del régimen libio de Muamar el Gadafi en 2011. En concreto, unos 200.000 tuareg que habían formado parte del ejército libio regresaron al Azawad, región al norte de Malí que ya llevaba muchos años reclamando más independencia respecto al resto del país. El golpe de Estado de 2012 propició el avance de los rebeldes tuareg, junto con los yihadistas ya establecidos en la región, que se desplazaban con rapidez hacia la capital, Bamako. Solo la contundente reacción de las tropas franceses, en la Operación Serval, a principios del 2013, logró contener y rechazar dicho avance, para lo que contó con el inestimable apoyo de unos 2.000 efectivos chadianos, a pesar de los más de 1.500 kilómetros que separan ambos países.

Desde su inicio en el verano de 2014, como continuación a la Operación Serval, las acciones militares en el marco de la Operación Barkhane se desarrollaron conjuntamente entre las fuerzas paracaidistas francesas patrullando con las chadianas y nigerinas en su lucha contra los grupos terroristas y de criminalidad organizada que se mueven impunemente por la región. Es aquí donde radica el verdadero reto de esta misión, en el control de estas grandes extensiones del territorio.

Como resultado del golpe de Estado que, en agosto de 2020, derrocó al presidente maliense democráticamente elegido, Ibrahim Boubacar Keita, Francia mantuvo una cierta cautela con el “presidente de transición”, Bah Ndaw. Sin embargo, este entendimiento se vio enturbiado tras el nuevo golpe encabezado por el coronel Assimi Goïta el 24 de mayo de 2021.

Francia suspendió temporalmente sus operaciones en el país y anunció una disminución de sus efectivos integrados en la Operación Barkhane (de un total original de unos 5.000 en el Sahel, de ellos 2.400 solo en Malí) para una mayor “europeización” de la misión, incluyendo a efectivos de otros países. El anuncio de la Junta Militar Maliense de incumplir su compromiso de celebrar elecciones en febrero de 2022 tensionó irreversiblemente las relaciones, hasta el punto de que la junta ordenó la expulsión del embajador francés poco después por unas declaraciones: “La Junta Militar de Malí está fuera de control”, y las del ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en las que denunciaba explícitamente la ilegalidad de dicho gobierno.

Igualmente, la junta ordenó la salida de las fuerzas danesas de la Operación Takuba por “falta de autorización”, lo que contribuyó a acelerar el fin de dicha operación, anunciado el 30 de junio de 2022 con carácter inmediato, que se completó a finales del verano de ese año.

Los grandes esfuerzos económicos y humanos realizados por Francia desde la creación de la Operación Barkhane, no han obtenido los resultados esperados (“efecto final buscado”, EFR, en denominación francesa), como era mantener y recuperar progresivamente el terreno contra los grupos armados terroristas (GAT, en denominación francesa) y evitar el establecimiento de santuarios territoriales. Sus casi 5.000 efectivos, con aeronaves de todo tipo y fuerzas terrestres, no han sido capaces de contener el avance de estos grupos (en particular, el Estado Islámico del Gran Sáhara, EIGS), que se expanden a lo largo del Sahel. Este fracaso ha llevado incluso a numerosas críticas por parte de la opinión pública francesa.

Las últimas desavenencias entre Francia y el gobierno golpista de Malí resultaron evidentes por el mismo carácter ilegítimo de este. Sin embargo, un estudio realizado por el Texas National Security Review también destaca, precisamente, el fracaso de estos esfuerzos. Y es que, con excesiva frecuencia, los fracasos en este tipo de operaciones y misiones surgen desde la propia concepción de las mismas, al obviar o ignorar la verdadera raíz de los problemas, en particular las circunstancias históricas, sociales, étnicas, religiosas o económicas locales. Una aproximación que contemple exclusivamente el ámbito securitario con medios militares, asumiendo que la raíz del problema son los “grupos insurgentes” y, por tanto, “delincuentes”, está abocada al fracaso a medio y largo plazo. En este caso, según este análisis, no se ha sabido identificar la crisis real de gobernanza del país ni se ha logrado involucrar a los líderes locales en mejorar la percepción de la labor realizada por gran parte de la población. Por otro lado, la larga tradición de Francia de apoyar a los gobiernos regionales, al margen de su legitimidad o de sus resultados, y la percepción generalizada de esta dependencia del expresidente Keita, favoreció el rechazo social, lo que ha sido aprovechado por actores locales más autoritarios justificando los dos golpes de Estado recientes.

Las tropas francesas abandonaron definitivamente Malí el 15 de agosto de 2022. Desde entonces, los dos principales grupos yihadistas, el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) han aumentado significativamente sus acciones contra la población civil (prácticamente, un 70% en 2021 respecto a 2020). Ambos grupos rivalizan por la hegemonía en la región, con duros enfrentamientos desde 2019. El primero llegó a declarar, en marzo de 2022, el estatus de provincia del Estado Islámico.

Según el International Crisis Group, JNIM mantiene una presencia hegemónica en el centro y norte de Malí y, por tanto, la retirada de Francia favorecería la disminución de la presión contra este grupo. Sin embargo, hay motivos para pensar que pueda haber posibles acuerdos negociados, pues ya se han producido tímidos intentos de diálogo entre líderes comunales locales y estos grupos, que han propiciado acuerdos de alto el fuego. Según una encuesta realizada ya en 2017, más de la mitad de los malienses apoyarían el diálogo con los yihadistas, por lo que la Junta Militar de Malí podría plantearse iniciar conversaciones. De hecho, la retirada de las fuerzas francesas fue un prerrequisito de JNIM para iniciar contactos con la junta maliense.

Un nuevo factor de desestabilización se ha asentado en Malí desde finales de 2021: el contrato por parte del gobierno golpista del grupo ruso de seguridad Wagner para formar a sus fuerzas armadas, al tiempo que proporciona seguridad a las élites militares malienses. No cabe duda de que el acuerdo (valorado inicialmente en unos 11 millones de dólares mensuales) también incluye el acceso privilegiado a los recursos naturales del país. Según diversas fuentes, podría haber hasta 3.000 efectivos de Wagner desplegados en Malí, prácticamente los mismos con los que contaban las operaciones Takuba (800) y la francesa Barkhane (2.400) juntas.

Las flagrantes acciones de los miembros de Wagner contra los derechos humanos ya han sido denunciadas por diversas organizaciones, como la muerte de numerosos civiles acompañando a fuerzas malienses, con la excusa de combatir a grupos yihadistas. Según Human Rights Watch, en marzo de 2022 se produjo otra matanza en Moura, ciudad del centro de Malí, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Malienses junto con, supuestamente, mercenarios rusos de Wagner, quienes asesinaron indiscriminadamente a más de 300 civiles que, supuestamente, albergaban a yihadistas. Esta es una más de las numerosas denuncias de esta organización por actos similares.

La reacción del gobierno de Malí no se hizo esperar, desacreditando a las organizaciones internacionales denunciantes, incluida la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), a la que llegó a acusar de espionaje.

El resultado de los golpes de Estado en estos tres países sahelianos y la ruptura de vínculos con Francia han dejado vía libre a Rusia para entrar directamente en los mismos, con la justificación de proporcionar seguridad contra el terrorismo yihadista, ante la supuesta “incapacidad” de Francia y de las misiones internacionales.

En este sentido, no dejó de ser significativa la ofensiva diplomática que llevó a cabo el presidente Macron por diversos países africanos en julio de 2022, tanto para manifestar su compromiso con la región como para tratar de contrarrestar la creciente influencia de Moscú, si bien, como se ha puesto de manifiesto, con nulos resultados positivos.

A pesar del abandono de sus efectivos en un país esencial en la lucha contra el terrorismo, Francia trató de mantener su apoyo a la Fuerza G5 Sahel, replegando sus fuerzas de Barkhane a posiciones en Chad y Níger, con los 400 efectivos de operaciones especiales en la misión Sabre en Burkina Faso, que actúan en la crítica triple frontera entre estos dos últimos países y Malí. Igualmente, sigue su presencia permanente en Costa de Marfil y Senegal.

En junio de 2022 el presidente de Malí, Goïta, anunció un retraso de las elecciones de 24 meses, que de nuevo se han pospuesto para algún momento a lo largo de 2024, alegando problemas técnicos.

También en junio de 2022, y a pesar del rechazo de la comunidad internacional al gobierno golpista de Malí y las tensiones surgidas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la renovación del mandato de MINUSMA un año más, hasta el 30 de junio de 2023, con unos 13.000 militares y unos 1.900 policías. La denuncia por parte de la MINUSMA de las acciones irregulares contra la población civil de las fuerzas armadas malienses en comandita con Wagner provocó el rechazo sistemático del Gobierno de Transición Maliense. Llegaron a acusar a las fuerzas internacionales de espionaje. La presión ejercida por el gobierno maliense culminó con la Resolución 2690 (2023) del Consejo de Seguridad de la ONU de abandonar el país para finales de 2023. La premura impuesta por el gobierno de Malí para el redespliegue desde el norte, completada a mediados de octubre de 2023, obligó a abandonar copioso material militar de todo tipo.

El rechazo hacia Francia se consumó con la declaración de la Junta Militar Naliense de expulsar a las tropas de este país de la Operación Barkhane, completándose la retirada definitiva el 15 de agosto de 2022.

La irregular e inestable situación de Malí también ha tenido sus repercusiones en la viabilidad de la misión EUTM Malí liderada por la Unión Europea desde 2013, con importante participación de militares españoles, y cuyos éxitos en la formación y asesoramiento de las Fuerzas Armadas de Malí han sido indudables. Cuando la propia continuidad de la misión ya estaba en entredicho, finalmente, el Consejo de la UE decidió, inicialmente, agotar el mandato actual vigente desde 2020 hasta el 18 de mayo de 2024. Sin embargo, la realidad de la situación de inseguridad política del país ha llevado a la UE a cancelar dicha misión, principalmente por la radical oposición de Francia a continuarla tras haber sido forzada a abandonar el país.

Este vacío deja la vía expedita a Rusia, no solo con los mercenarios de Wagner ya presentes, sino también con tropas regulares, según una conversación entre el presidente golpista, Assimi Goïta, y el propio presidente ruso, Vladimir Putin, en la que acordaron “intensificar la cooperación en materia antiterrorista”, lo que quiera que eso significa. Léase, ¡seguridad a cambio de la libre explotación de los recursos minerales! El respeto a los derechos humanos, por supuesto, ni se menciona. Es evidente que, en estas circunstancias, hablar de unas posibles elecciones democráticas sería ilusorio.

 

Burkina Faso y Níger

Como si pudiera resultar contagiosa la proclamación de levantamientos militares en la región, Burkina Faso siguió los pasos de Malí, sufriendo un golpe de Estado el 24 de enero de 2022, liderado por el teniente coronel Paul-Henri Damiba, que constituyó una junta militar. No habría de durar mucho en el poder: fue derrocado el 30 de septiembre por el capitán Ibrahim Traore. La justificación: “El continuo deterioro de la situación de seguridad en el país”. Las tensiones con la antigua metrópoli no se hicieron esperar y, a principios de enero de 2023, la nueva junta militar dio un mes de plazo para que las fuerzas francesas presentes en el país lo abandonaran definitivamente, lo que se cumplió el 19 de febrero de 2023.

Burkina Faso, con más de 20 millones de habitantes, alberga unos dos millones de desplazados internos.

Podría decirse que “no hay dos sin tres” y así ha sido con el nuevo golpe de Estado en Níger, el 26 de julio de 2023, cuando el propio jefe de la Guardia Presidencial, el general Abdourahamane Tchiani, lideró una insurrección militar apoyada por el Estado Mayor, que lo nombró jefe del Estado y estableció el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria.

El firme rechazo de la comunidad internacional, incluida la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), con duras sanciones económicas, incluso la amenaza del empleo de la fuerza defendido por Nigeria para restablecer al depuesto presidente Mohamede Bazoum, no lograron más que ratificar al nuevo gobierno en su posición. Tanto Malí como Burkina Faso manifestaron que apoyarían a Níger en caso de cualquier intervención militar extranjera en este país. Finalmente, las amenazas se suspendieron ante el rechazo explícito de otros países de la región a tal opción, incluidos Libia y Chad.

Las consecuencias más visibles fueron las sanciones económicas de los principales donantes de ayuda, esto es, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero, como ha ocurrido casi siempre, estas medidas no han sido suficientes para que la población se vuelva contra su gobierno ilegítimo. Más bien, ha sido la propia población la que sufre estas sanciones, dependiente como es de la ayuda exterior. Benín y Nigeria, por su parte, cortaron el suministro eléctrico. Resultó chocante en cierto modo la firme reacción internacional a este golpe de Estado, cuando no ocurrió así en Malí ni en Burkina Faso. Un buen motivo puede ser la existencia de unas de las principales minas de uranio, que le permiten a Francia abastecer a una cuarta parte de sus centrales nucleares.

Según la ONU, de los 26 millones de habitantes del país más de cuatro millones necesitan ayuda humanitaria urgente y más de tres están en situación de inseguridad alimentaria.

Al igual que en los otros dos países, las fuerzas militares francesas (unos 1.500 efectivos) fueron obligadas a abandonar el país, lo que se consumó a finales de diciembre de 2023.

Una de las consecuencias más llamativas y negativas de esta coincidencia de asonadas militares en estos países vecinos, Malí, Burkina Faso y Níger, ha sido el abandono por parte de las tres naciones del Grupo G5 Sahel. Creado a finales en 2014 en la capital de Mauritania, Nuakchot, ha contado con el apoyo político y económico de la UE y de él se esperaba que fuera un verdadero núcleo de cooperación y desarrollo entre sus miembros, además de Mauritania y Chad. Ante esta situación evidente, estos dos últimos han declarado extinto dicho grupo.

Un paso ya definitivo en las relaciones con Occidente se ha producido a mediados de marzo de 2024, cuando la Junta Militar Nigerina ha declarado extinto el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, país que ha mantenido unos mil efectivos operando una base de aeronaves no tripuladas (drones).

La creación de este grupo supuso una luz de esperanza a la resolución de los muchos y graves problemas de esta región, entre los que destacan, sin duda, la extrema pobreza y la inseguridad. Un avance significativo fue, sin duda, la puesta en marcha, en 2017, de la Fuerza Conjunta G5 Sahel (FC-G5S). No puede decirse que empezara con buen pie, pues ya a los pocos días del establecimiento de su cuartel general en Sevaré, Malí, sufrió un ataque, obligando a su traslado a Bamako. También se hizo pronto patente que las fuerzas aportadas de 750 efectivos por cada país eran insuficientes para cubrir las enormes extensiones de terreno fronterizo, además de los recelos de cada país a ceder autoridad sobre las propias fuerzas a las otras capitales. Todo ello restó la eficacia que habría sido deseable en unas operaciones tan complejas.

A lo largo de 2023, las acciones de los grupos terroristas se mantuvieron con altibajos, observándose una ligera disminución en número hacia finales del año, aunque se han producido ataques más cruentos contra asentamientos militares y población civil. Aun así, el número de víctimas en la región supera con creces las 500 de media cada mes.

De la figura anterior se observan claramente las zonas de mayor actividad terrorista, destacando el JNIM en el centro de Malí, así como la zona próxima a las “tres fronteras” entre este país, Burkina Faso y Níger, país este que también sufre operaciones del Estado Islámico en el Sahel (EIS). Aclaratoria es la referencia en dicha figura al impacto de los ataques según el número de víctimas, de bajo impacto (menos de 10), medio (entre 10 y 29) y alto, con más de 30 víctimas.

Desde su creación, en 2002 en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, Boko Haram ha sido el principal y cruel grupo terrorista que actúa en el entorno del lago Chad y que afecta a Nigeria, Níger, Chad y Camerún. En 2016 se escindió una facción afín al Estado Islámico que acabó constituyendo el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés). La rivalidad entre ambos grupos ha llevado a duros enfrentamientos entre ambos, aumentando la violencia en el entorno del lago Chad.

Poco a poco se va observando la progresiva penetración de estos grupos, de JINIM en particular, hacia el golfo de Guinea, y al norte de Togo y Benín, principalmente.

Lo que no deja de ser una lamentable constante son las acciones de las fuerzas armadas de estos países, apoyadas por el grupo ruso Wagner, que muestra una gran contundencia y viola con excesiva frecuencia los mínimos derechos humanos de la población, que sufre la violencia indiscriminada de unos y otros.

De todo lo anterior podría deducirse que la casi impunidad con la que están actuando los grupos terroristas en la región, ante la impotencia de los gobiernos y sus fuerzas armadas, ha provocado la creciente indignación de la ciudadanía, que se siente indefensa. Esta realidad, además de las acciones desestabilizadoras de grupos interesados (instigados por Rusia, principalmente), no es menos cierto que, de algún modo, los incruentos golpes de Estado en la región han contado con un respaldo de una parte importante de la población e, incluso, de militares que ya habían demostrado sus méritos en la lucha antiterrorista.

Pueden ser estos los motivos por los que, a pesar de las condenas internacionales, tanto de la UE como de organizaciones africanas –la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), instigada esta principalmente por Nigeria–, las sanciones no hayan prosperado, lo cual puede interpretarse como un voto de confianza a los nuevos Gobiernos.

Dejan estas situaciones lugar para la reflexión, sobre todo, en países occidentales, pues si bien podría plantearse la dicotomía entre democracia o autocracias/dictaduras, la realidad de las poblaciones de estos países podría ser mucho más simple, al plantearse sobrevivir el día a día o no. Cuando las carencias de los servicios y bienes más fundamentales es tan grande el régimen político resulta irrelevante para una población que sufre todos los inconvenientes. No hay que olvidar que las sanciones, si algo han demostrado en general, es que perjudican más a los más pobres y de zonas rurales que a la clase media y urbana. La incapacidad de los nuevos gobernantes para garantizar la seguridad está propiciando la aparición de grupos de autodefensa que, con frecuencia, son origen de más violencia indiscriminada.

La situación en la región es fuente permanente de preocupación para la comunidad internacional, cuyas acciones analizaremos a continuación.

 

La estabilidad del Sahel

Tras la cumbre auspiciada por Francia, celebrada en Pau en enero de 2020, y que contó con la participación de los países del G5 Sahel, el presidente de Burkina Faso declaró ya entonces la ineficacia de las operaciones lanzadas hasta la fecha, fruto del aumento de la actividad yihadista, la desconfianza y los recelos entre los países que repercutían en la debida coordinación de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel. Como resultado de la cumbre se confirmó la necesidad de reorientar las operaciones sobre el terreno en un nuevo marco, que se denominó Coalición para el Sahel, heredera de la Alianza para la Seguridad y Estabilidad en el Sahel (P3S).

En su blog, el Alto Representantes de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Josep Borrell, constataba: “Los avances militares conseguidos sólo serán duraderos si van acompañados de la vuelta del Estado y de sus servicios básicos”. Nada hacía prever que en agosto de ese año tendría lugar un golpe de Estado en Malí.

Como conclusiones de la cumbre se definieron cuatro pilares que, de un modo u otro, ya estaban contemplados dentro de las diversas acciones llevadas a cabo en el marco de la contribución de la UE a esta región, como la lucha contra el terrorismo, el desarrollo de las capacidades militares de los Estados del G5 Sahel, el apoyo a la reinstauración del Estado y de las instituciones públicas en el territorio y la contribución al desarrollo.

Además de las declaraciones de grandes intenciones, en su aspecto más operativo, se acordó la creación de la Task Force Takuba para agrupar los efectivos de fuerzas especiales de países europeos ya presentes en Barkhane, con el principal objetivo de garantizar un mejor control fronterizo.

Al mismo tiempo, Takuba ayudaría a profundizar en las medidas ya en curso de apoyo logístico, adiestramiento de cuadros de mando y equipamiento del G5 Sahel, llevadas a cabo por las misiones de la EUCAP Malí y EUCAP Níger, ambas en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE, la ONU (MINUSMA) y la colaboración de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

La VII cumbre del G5 Sahel, celebrada en la capital chadiana en febrero de 2021, contó con la asistencia de representantes de la UE, la ONU, la Unión Africana, la CEDEAO, Francia y España, y sirvió para hacer balance de la celebrada en Pau en 2020. Igualmente, se aprovechó el foro para la II Asamblea General de la Alianza del Sahel y una reunión de la Coalición por el Sahel.

Sin embargo, el golpe de Estado perpetrado en Malí, en mayo de 2021, supuso un duro revés a todos estos procesos, ante la incertidumbre que plantea la situación política del país, ya crítica en los últimos tiempos.

Complementaria de la Coalición para el Sahel es la Alianza Sahel, fundada en 2017 a iniciativa de Alemania y Francia, cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de la región. En su III Asamblea General, que tuvo lugar en Madrid en abril de 2022, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó el compromiso de nuestro país con la región, y destacó en su discurso de inauguración: “La coordinación de los principales agentes del desarrollo es más necesaria que nunca. Es el momento para nosotros, los socios, de renovar nuestro compromiso por el desarrollo y la estabilidad del Sahel, en beneficio de sus poblaciones. Esta Asamblea General es una excepcional ocasión en este sentido”.

No cabe duda de que todas estas iniciativas necesitan de una clara definición de objetivos complementados con declaraciones políticas que, con frecuencia, resultan algo rimbombantes y que, desgraciadamente, no siempre se corresponden con la realidad y los pingües objetivos logrados.

Según el Global Terrorism Index, del Institute for Economics and Peace, con sede en Sídney (GTI 2023), los países del Sahel destacan, lamentablemente, entre los más desfavorecidos. Los datos no mienten. En su análisis de un total de 163 países analizados, en el índice de “impacto del terrorismo” Burkina Faso se encuentra en segundo lugar, tras Afganistán; le siguen Malí, en cuarta posición, y Nigeria, en octava; estos dos dentro de los que califica con un “muy alto índice”. En un segundo bloque, con un índice “alto”, se encuentran Níger (décima) y Chad (decimonovena). Se ve, por tanto, que el Sahel Occidental destaca significativamente en este cruel escalafón.

También es una zona de notoria actividad terrorista. De los grupos más mortíferos de la región sigue destacando en primera posición el Estado Islámico (EI o Daesh), seguido de Al-Shabaab, en Somalia; en cuarta posición se encuentra JNIM, El Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP); en sexta, seguido de Boko Haram, en el lago Chad. Destacan, como se ve, las franquicias del Daesh.

Es cierto que se ha observado una ligera disminución del número de ataques terroristas entre 2021 y 2022 (5.463 y 3.955, respectivamente), así como un menor número de víctimas mortales (7.142 y 6.701, respectivamente). Sin embargo, de la comparación de los datos se deduce que, con un significativamente menor número de atentados, las víctimas han aumentado proporcionalmente. Son, en cualquier caso, cifras enormes e injustificables que pueden empeorar en cualquier momento, dada la inestabilidad creciente de la región.

También se señalan estos países entre los que suelen reprimir de manera más violenta las manifestaciones de su población civil.

En todo caso, el África subsahariana registró el mayor número de muertes por actos terroristas en 2023, en particular en el Sahel, con un 43% del total de víctimas mundiales.

 

Cambio climático

El Sahel es una de las regiones del planeta en la que los efectos del cambio climático son más dramáticos. Así, la escasez estructural de agua, las cada vez más profundas y duraderas sequías, la desertificación subsiguiente, la inseguridad alimentaria y el rápido aumento de la población son factores que agravan su ya precaria situación, provocando miles de desplazamientos. Ya en el Índice de Terrorismo Global de 2022 se decía que la situación del África Subsahariana no ha hecho sino empeorar en los últimos años: “En África subsahariana se está gestando la tormenta perfecta. El incremento de la actividad terrorista, el drástico cambio climático, los fracasos persistentes de las élites gobernantes y el aumento de las tensiones étnicas han creado las condiciones para que se produzcan varios golpes de Estado, alentados, como todo parece indicar, por Rusia y sus mercenarios de Wagner, cada vez más presentes e indiferentes a los principios democráticos y los derechos humanos”.

Y es que, ciertamente, los golpes de Estado que se han producido son una muestra inequívoca del déficit de gobernanza imperante, lo que puede justificarse, según la periodista Ruth McLean, buena conocedora de la región, por la supuesta necesidad de que sólo los líderes fuertes, que ejerzan su autoridad con mano dura, serían capaces de doblegar la amenaza que suponen estos grupos y la violencia en general que impera en África: ¡luchar contra la violencia con más violencia!

Interesante, también, es el análisis de la investigadora Marta Summers, avalado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con su estudio de los tres países sahelianos en los que se ha identificado una mayor actividad terrorista –Burkina Faso, Malí y Níger–,  corroborado por numerosos autores. En concreto, trata de demostrar si, en estos Estados “frágiles”, se da una interrelación entre factores como la débil gobernanza, la inseguridad, las carencias en sanidad y educación y la precariedad económica, con la posible incidencia del terrorismo yihadista. En sus conclusiones se constata que, efectivamente, al margen de que muchos de estos factores estudiados ya estaban presentes en estos países estos antecedentes han servido de caldo de cultivo para la implantación de estos grupos.

Sorprende, por su originalidad, la valoración del empleo de los cómics como medio de contener la violencia, especialmente entre los jóvenes, como propone en un artículo el historiador y politólogo Guillermo Rojo Casas. En una población mayoritariamente analfabeta, con mínimos recursos para la lectura y con una gran diversidad lingüística, la transmisión de mensajes complejos mediante imágenes, con un lenguaje no verbal, resulta un medio muy versátil, que estimula la imaginación y la fantasía de los lectores. Luchar contra el mito del héroe terrorista que defiende unas causas de dudosa legalidad puede resultar muy positivo para minimizar, cuando no evitar, la adhesión de los jóvenes a estas causas criminales. Destacan plataformas de cómics online como Webtoon, Six Billion Demons y Berdboy, en las que el predominio del inglés es evidente, en contraposició del tradicional francés que se habla en la zona. No hay que desdeñar ningún recurso para tratar de contener la violencia estructural de esta región.

Si bien sigue siendo precaria la implantación de internet en estos países, no cabe duda de que tendrá un rápido aumento y contribuiría a la divulgación de estas iniciativas, Según datos de 2023 recogidos por el Banco Mundial, la implantación en Mauritania es del 60%; en Burkina Faso, del 22%; en Níger, del 23%; y en Chad, del 20%. Malí está muy por debajo de sus vecinos, con apenas un 10%, ante la falta de infraestructuras, a pesar de la concentración mayoritaria de su población en el sur.

Tras destacar estas carencias básicas en la región, conviene recordar que la UE y sus Estados miembros suponen los mayores donantes de ayuda al desarrollo en el mundo; pero, no es menos cierto que esta ayuda no siempre ha logrado la eficiencia óptima. Estudios como el citado facilitan la identificación de qué aspectos, factores o zonas concretas podrían ser los objetivos para ayudar a encauzar y priorizar adecuadamente estas ayudas, de manera que ejerzan un efecto palanca más eficaz en la estabilización de estas sociedades y, por ende, coadyuvar a contener la expansión de los grupos yihadistas.

La realidad es que las carencias de estos Estados, con sus poblaciones en las situaciones descritas, han propiciado el predominio de estos grupos, bien por el medio de la represión violenta de la población, bien por la falta de recursos básicos que los propios Estados son incapaces de proporcionar a las poblaciones respectivas.

El gran interés del estudio de Marta Summers en su aplicación al objeto de este trabajo –la relevancia de Chad– radica en que este país sufre de todos esos males y, si se ha logrado contener la violencia yihadista hasta la fecha ha sido por el firme ejercicio de la fuerza del Estado contra todo tipo de disidencias a lo largo de muchas décadas plagadas de conflictos armados que, al mismo tiempo, han forjado uno de los ejércitos mejor preparados de la región.

Sin embargo, la inmediatez que supone la amenaza yihadista en los tres países mencionados anteriormente, en particular en la triple frontera entre ellos, no ha dejado mucho margen para que otros analistas se hayan centrado en Chad, soslayando la importancia que la estabilidad política y social de este país puede tener en el entorno regional. Los tiempos no corren a favor de la represión de las poblaciones y, tarde o temprano puede producirse una involución en el país, lo que sin duda agravaría la desestabilización de toda la región de manera incontrolada e irreversible durante muchos años. Sirva de ejemplo el derrocamiento del dictador sudanés, Omar Al Bashir, en 2019. La situación política de este país no solo no ha mejorado significativamente, desgarrado desde principios de 2023 en una verdadera guerra civil entre las dos facciones enfrentadas.

Este artículo pretende destacar la importancia de la estabilidad de Chad como garante de seguridad y estabilidad, no solo interna, sino también regional.

 

Chad en su encrucijada

La ubicación de Chad, en el centro del continente africano, le confiere una especial relevancia en la geopolítica regional. Con una población claramente en aumento, que ronda los 18 millones de habitantes a comienzos de 2024; una economía que, a pesar de los réditos del petróleo, no consigue sacar a una gran parte de su población de la pobreza (un 33% de la misma vive bajo el umbral de la pobreza, ya que dispone de menos de 1,90 dólares al día); que ha sufrido un notable retroceso por los efectos de la pandemia del COVID, está no obstante jugando un papel determinante para, al menos, tratar de controlar la inseguridad e inestabilidad del entorno por la actividad de los grupos yihadistas.

El país, en el puesto 187 de 188, está a la cola del planeta en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con un analfabetismo que alcanza el 60%. La tasa de desempleo supera el 30% de su población, sin apenas algún tipo de ayuda social, en un país en el que los jóvenes menores de 15 años representan casi la mitad de la población.

La religión (islam sufí) no ha jugado un papel relevante hasta la fecha, ya que las hermandades sufís (tariqat) forman parte del entramado institucional a través del Alto Consejo de Asuntos Islámicos. No obstante, ha sido la paulatina incursión de predicadores afines al wahabismo saudí lo que está fomentando una cierta fractura en el país y que incluso propicia el apoyo de determinados sectores a las posiciones radicales de Boko Haram. El Gobierno ha reaccionado con medidas más estrictas de control sobre estos nuevos grupos y otras más visibles, como la prohibición de burkas o turbantes. Pero no deja de resultar un tanto paradójico que se oponga a la influencia saudí, cuando está apoyando a este país con tropas en Yemen contra los hutíes chiitas.

En la lucha contra el terrorismo yihadista se han llegado a tomar medidas ciertamente chocantes, como las limitaciones a la circulación de motocicletas (uno de los principales medios de transporte) o a la de pequeñas embarcaciones en los ríos del sur o en el lago Chad, lo que también tiene un efecto negativo sobre su economía y ha obligado al desplazamiento de población a otras zonas del país.

El elemento étnico, al igual que en otros países africanos con una extensa diversidad, puede suponer un factor de conflicto interno, ya que el Gobierno está dominado por la etnia zaghawa, a la que pertenecía el fallecido presidente Déby, tan minoritaria que apenas supone un 2% de la población, muy lejos del 30% de los sara, de los árabes (casi un 10%), de los kanembu (más del 9%) o del pueblo masalit (7%). Ese dominio se refleja en la cúpula de sus Fuerzas Armadas, donde, incluso, los de la etnia zaghawa perciben salarios más altos.

Conscientes del profundo significado que tiene el factor étnico en África en general hay que destacar que esta etnia también es mayoritaria en Darfur, región al oeste de Sudán y fronteriza con Chad, por lo que un conflicto de esa región con Jartum podría enfrentar de nuevo a ambos países. No obstante, desde la caída de Al Bashir parece que Sudán está más preocupado por su estabilidad interior, todavía muy lejos de lograrse, que por la exterior.

Sus fuerzas armadas han demostrado una gran eficacia por la capacidad de realizar rápidos movimientos, y están perfectamente adaptadas al desierto al norte del país, como quedó demostrado por el éxito en la Guerra de los Toyota contra Libia, en enero de 1987, así llamada porque, con unas 400 pickup de esta marca, debidamente armadas con ametralladoras pesadas, misiles antitanque Milán e incluso algunos misiles antiaéreos Stinger, las fuerzas chadianas cogieron por sorpresa y lograron aniquilar a todo un campamento libio acantonado en la región, causando miles de muertos e incautándose de numeroso material bélico, contra muy pocas pérdidas chadianas. El enfrentamiento devino en un largo periodo de más de tres lustros de conflictos en torno a la Franja de Aouzou, de gran interés económico y que separa ambos países. Sin embargo, estas cualidades no se han mostrado tan resolutivas en el entorno subsahariano, con más vegetación, como en Malí, Nigeria, la República Centroafricana o el entorno del lago Chad. Es cierto que, en este último, sus éxitos en contener a Boko Haram han sido evidentes, pero no tanto a la hora de consolidar el terreno, con abundante maleza, en la que los yihadistas se pueden esconder fácilmente. Esto ha provocado intercambios frecuentes de control sucesivo de ciertas zonas por una y otra parte.

La preeminencia de sus fuerzas armadas también condiciona sus relaciones con sus vecinos. Las relaciones con Nigeria han estado marcadas por la lucha contra Boko Haram, algo dubitativas al principio, pero firmes cuando los intereses de Yamena se vieron perjudicados en el lago Chad. Hay que tener presente que la capital chadiana se encuentra a apenas 50 kilómetros de la frontera con Nigeria.

En un momento, Déby llegó a protestar ante el gobierno de Goodluck Johnathan por la escasa coordinación en las operaciones contra ese grupo que, por fin, llevaron a Abuya a autorizar el “derecho de persecución” en su territorio. Aun así, hay autores que consideran una “ofensa” al orgullo nigeriano, el país más rico de África, que deje en evidencia su incapacidad militar y tenga que depender de su vecino oriental, uno de los más pobres del mundo. También es cierto que, al contrario que Chad, Nigeria solo ha autorizado fuerzas extranjeras en su territorio en ocasiones concretas, como los medios aéreos de reconocimiento norteamericanos durante el secuestro de las niñas de un colegio cristiano en Chibok, en abril de 2014.

Por otra parte, hay que reconocer que gran parte de la conflictividad reciente originada en Chad por la amenaza de grupos rebeldes fue instrumentalizada y justificada oficialmente por Idriss Déby con el argumento de que se trataba de una defensa contra “mercenarios y yihadistas”, en particular de Boko Haram, en el entorno del lago Chad. La realidad es que, al margen de Boko Haram, la mayoría de estos “rebeldes” eran opositores a su régimen autocrático y represivo, y estaban guiados por objetivos meramente políticos. Estaría por ver, sin embargo, cuáles serían las convicciones democráticas de estos grupos una vez llegaran al poder.

Aun así, hay puntos oscuros en el comportamiento de sus tropas que no conviene olvidar, igualmente frecuentes por lo demás en otros países de la región. Se trata de esos actos que en absoluto ayudan a la eficacia de las acciones de las fuerzas militares ni a su prestigio, incluso, como miembros de componentes internacionales, en el trato con la población civil, que sufre con demasiada frecuencia los abusos sistemáticos de las mismas, sexuales y de otra índole, por no hablar de la muerte indiscriminada. Estos hechos y otros similares son denunciados regularmente por parte de organismos no gubernamentales independientes que son sistemáticamente ignoradas por las autoridades. A pesar de ello, el compromiso y la eficacia de sus intervenciones en el exterior no ha sido deslucida por este tipo de actos reprochables y sí reconocida, en general, por dirigentes occidentales y africanos.

En el contexto anterior, es significativo el estudio llevado a cabo por la analista francesa Marielle Debos sobre antiguos combatientes chadianos, entre 2004 y 2012, a los que trata de “profesionales” de las armas que siguen viviendo con y de ellas como profesión (métier), a pesar de que ya no exista un conflicto real. Sirva como resumen del mismo el ensayo escrito por la antropóloga Magali Chelpi-den Hamer. Sin duda, es una herencia perversa desde la misma independencia del país, que ha sufrido una conflictividad permanente. En sus observaciones, Chelpi-den Hamer destaca el carácter “masculino” de dicha actitud, asociada al “hombre” como muestra de fortaleza. Pero no es menos importante la percepción de que, con mucha frecuencia, existe lo que podría denominarse como “fluidez de lealtades”, incluso, lo que denomina “navegación social”, esto es, que las rivalidades no se pueden asociar totalmente a un grupo étnico, religioso o político, sino que estas lealtades pueden cambiar y, de hecho, cambian según las circunstancias, por lograr una mejor posición social o, desde luego, por la mera supervivencia. Así, se dan casos de soldados profesionales que se unen a grupos rebeldes y viceversa, por lo que considera que se produce una “profesionalización de las armas” que se puede ejercer alternativamente (incluso, simultáneamente) como soldado profesional, como rebelde opositor político o como simple bandido. Con esta mentalidad se puede entender que se haya dado el caso de que prominentes políticos se hayan inventado un pasado como “guerreros”.

De este planteamiento, según el cual el conflicto armado se ha convertido en una profesión (occupation), también se ha hecho eco el escritor especializado en asuntos africanos Jason K. Stearns en su artículo de la revista Foreign Affairs de junio de 2022.

Es evidente que esta violencia está subyacente en la actitud del Estado en sus relaciones, no ya contra los grupos rebeldes del momento, sino contra la propia población. Igualmente, es lógico pensar que esta actitud pueda ser exportable a los países del entorno, aunque sus pasados y evolución no sean exactamente iguales.

Tras esta somera exposición de las capacidades militares de Chad, y ante la evidencia de que su economía no está a la altura de los desafíos que ha de afrontar, es difícilmente justificable dedicar una gran parte de su presupuesto a mantener dichas capacidades en detrimento de las necesidades básicas de una población cada vez más insatisfecha. Recordemos el amotinamiento generalizado de un grupo de soldados chadianos durante su despliegue en la operación MINUSMA, y que ya habían servido en la Operación Serval, por las largas demoras en cobrar sus relevos.

No cabe duda de que Chad ha sido y pretende seguir siendo un baluarte para Occidente en la lucha contra el terrorismo yihadista, pero las propias circunstancias (más bien, limitaciones) económicas, sociales, étnicas, políticas y militares no harán de este país, a medio y largo plazo, el factor estabilizador regional tan deseado, en particular por Francia.

La lógica y la sensatez indican que algo debe cambiar en la situación del país y en la estrategia occidental ante la dicotomía de mantener esta situación cortoplacista favorable, pero ciertamente inestable, o plantear soluciones a más largo plazo, que garanticen la estabilidad y el deseado desarrollo del país, y debería haber pocas dudas sobre qué opción es la más deseable.

Por lo tanto, hemos visto cómo en la situación interna del Chad prevalece la violencia y la inestabilidad, ya sea por la lucha contra grupos terroristas en su territorio, o por la represión de la población. Esta naturaleza, sin embargo, no está limitada a sus fronteras, sino que la conflictividad parece ser un factor permanente de su entorno.

 

La posición de Francia en el Chad

El contexto anterior sería muy difícil de entender de no haber sido por el apoyo inequívoco que Chad ha recibido de Francia desde la misma independencia del país, en un lejano 1960. Así, Francia, en la consecución de sus intereses comerciales y políticos, no ha tenido inconveniente en apoyar políticamente a los diferentes regímenes que han dominado el país, con presidentes poco preocupados por el bienestar y los derechos humanos de su población y que han reprimido sin miramientos cualquier tipo de oposición. Primero, contra la insurgencia del Frente de Liberación Nacional (FROLINAT) en las décadas de 1960 y 1970. Posteriormente, en los enfrentamientos para contener el expansionismo libio, entre 1978 y 1987, con la Operación Manta, sustituida por la Operación Épervier, desde 1986. Durante estos años no dudó en mantener en el poder a Hissène Habré, quien fue sentenciado en 2016 por un tribunal internacional a cadena perpetua por crímenes de guerra, contra la humanidad y torturas, y que, por cierto, fue derrocado por Idriss Déby tras el golpe de Estado que lo llevó al poder en diciembre de 1990.

Durante el mandato del fallecido presidente Idriss Déby su firme posición contra el yihadismo se correspondió con la continuidad del respaldo sin fisuras, político y militar, de Francia, proporcionado regularmente inteligencia y vuelos de demostración de fuerza, lo que resultó indispensable para mantenerlo en el poder.

La crítica situación en Malí, en 2013, llevó a la aportación de unos 2.000 efectivos de las fuerzas armadas chadianas a la operación francesa Serval, que fue reemplazada por Barkhane en 2014. Esta operación también sustituyó a la antigua Épervier en Chad, hasta el punto de que el cuartel general se ha instalado en la Base Aérea 172 (cuartel Sargento Hadji Kosseï), próximo a la capital chadiana, desde donde se han dirigido las operaciones en coordinación con la Fuerza G5 Sahel, la Fuerza Multinacional Mixta y la MINUSMA.

La implicación de Francia en las revueltas internas de Chad dio un considerable salto cualitativo en 2019, cuando su aviación atacó directamente a las fuerzas rebeldes en el norte del país, además de proporcionar información con vuelos de reconocimiento sobre estas unidades. Se ve, por tanto, que el sostenimiento de Déby en el poder fue prioritario para Francia, al margen de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y la inocultable miseria de una parte nada desdeñable población, que apenas ha participado de los réditos del petróleo de las dos últimas décadas.

Este apoyo fue, incluso, determinante durante los combates que culminaron con la pérdida de la vida de Idriss Déby, el 20 de abril de 2021. Tras los mismos, el líder del FACT anunció que se había visto forzado a un repliegue estratégico de sus fuerzas hacia la localidad de Kanem, cerca de Níger, al tiempo que denunciaba a la prensa el apoyo prestado por Francia, cuyos aviones sobrevolaban continuamente sus posiciones, de las que informaban continuamente a las fuerzas armadas chadianas.

Ante la retirada de las fuerzas occidentales de Malí y la evidencia de que la seguridad se verá afectada, el presidente de facto de Chad, Mahamat Idriss Déby aseguró que su país compensaría esa carencia incrementando sus tropas en el norte del país para la operación MINUSMA de la ONU: “No es momento de irse de Malí”, dijo Déby, quien resaltó que el país “es el epicentro del terrorismo en el Sahel”. Esto supuso un aumento sobre los ya 1.000 efectivos previamente autorizados por el gobierno maliense.

Por el contrario, en agosto de 2021 el gobierno de Chad había decidido reducir a la mitad los 1.200 efectivos que tenía en la denominada “triple frontera”, entre Malí, Burkina Faso y Níger.

A título orientativo, en la siguiente figura se puede ver el despliegue de las fuerzas armadas francesas, lo que evidencia un considerable esfuerzo en esta vasta región de casi 4.000 kilómetros entre Bamako y el este de Chad, y con escasas vías de comunicación. La expulsión de las fuerzas francesas de Burkina Faso, Malí y Níger deja la seguridad en manos de estos países y de los mercenarios rusos de Wagner, lo que abre un mar de dudas.

Por ahora, nada hace prever la posible expulsión de las fuerzas francesas de Chad, como ha ocurrido en sus vecinos.

De algún modo se puede concluir que la conflictividad interna de Chad es coherente y está firmemente vinculada a la de los países circundantes. Así, en el sudoeste y el entorno de la capital, Yamena, la principal amenaza a la estabilidad de Chad sigue siendo el grupo nigeriano Boko Haram, que ya en 2015 juró lealtad al Estado Islámico (Daesh). Si bien, al principio pudo albergarse alguna duda sobre la posición de Chad respecto a este grupo, sus ataques en el norte de Camerún contra el oleoducto desde los yacimientos petrolíferos chadianos de Doba y el tránsito de mercancías chadianas hacia el puerto camerunés de Duala, obligaron a Chad a adoptar una actitud más comprometida. Lógicamente, esto también provocó las represalias de los terroristas en la región, caracterizada por los tradicionales vínculos comerciales y étnicos entre la población de los cuatro países fronterizos. No obstante, conviene resaltar que el grupo terrorista despertó inicialmente ciertas simpatías entre los más jóvenes, captando, incluso, a algunos de ellos para sus filas.

La pugna entre los líderes de Boko Haram, Abu Bakr Shekau y Abu Musab Al Barnawi, este últio hijo del fundador del grupo, Mohamed Yusuf, provocó una escisión en su seno en el verano de 2016, dando lugar a la fundación de ISWAP por parte de Al Barnawi, quien ha mantenido su fidelidad al juramento original al Estado Islámico. La rivalidad entre ambos grupos llevó al enfrentamiento directo y a la pérdida de confianza por parte de la dirección del Estado Islámico cuyo líder, Muhamad Said Abdelrahman al Maula, también conocido como Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi (eliminado, a su vez, por las fuerzas especiales estadounidenses en Siria, en febrero de 2022), dio la orden directa de liquidación de Shekau, a quien calificó como “el líder de la desobediencia y la corrupción”. Fue durante un ataque del ISWAP, en el bosque de Sambisa, cuando Shekau resultó muerto, en junio de 2021 (desaparición, por cierto, varias veces anunciada con anterioridad), lo que ha favorecido la prevalencia de este grupo, que ha continuado con su estrategia de terror en el entorno del lago Chad.

Si bien las relaciones con Níger, en el noroeste, son cordiales, la inseguridad del entorno es atizada por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que aprovecha la incapacidad del Estado nigerino para controlarlo y la porosidad de la frontera entre ambos países, moviéndose con total impunidad en sus actividades delictivas. La posición de relativa “neutralidad” mantenida por Chad, tras el golpe de Estado en aquel país, indica una cautela en beneficio de la estabilidad común.

Destaca también la relación entre Chad y Libia, su vecino del norte. Nunca ha sido fácil, principalmente por las ansias expansionistas de Gadafi, lo que se manifestó en históricos conflictos militares, además del perjuicio que origina a los intercambios comerciales en las tradicionales rutas del Sáhara. Recordemos la Guerra de los Toyota, ya mencionada.

Tras la caída de Gadafi y las sucesivas crisis sufridas en Libia, en particular el fracaso del rebelde mariscal Jalifa Haftar en 2019 de tomar por la fuerza la capital, la ONU estableció con carácter interino un Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en la capital y Mohamed Menfi como presidente del Consejo Presidencial del Estado. Este Gobierno tenía el encargo de preparar las elecciones presidenciales y parlamentarias que deberían celebrarse en diciembre de 2021. Sin embargo, la conflictividad permanecía latente y, en marzo de 2022, Haftar ahondó la fractura en el país con la formación de un Gobierno Nacional de Estabilidad (GNS) en Tobruk, al este del país. Recibe el apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional está apoyado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea (a excepción de Francia), Catar y Turquía.

Las trágicas inundaciones sufridas en el país en septiembre de 2023, con un saldo de más de 6.000 fallecidos, y sus dificultades para hacer frente a la catástrofe, fueron un reflejo de la crisis institucional que sufre el país, al no haber podido asignar los recursos necesarios para el mantenimiento de sus infraestructuras críticas ni de los servicios de emergencia.

La inestabilidad del sur de Libia se transmite al norte de Chad, al ser refugio tradicional de grupos rebeldes contra Yamena, como la incursión del Frente para el Cambio y la Concordia de Chad, en 2021, donde resultó muerto el presidente Idriss Déby.

Con su vecino oriental, Sudán, Chad mantiene una cierta rivalidad. En tiempos de Idriss Déby y de Omar Al Bashir fue tan intensa como con Gadafi. Uno y otro apoyaban continuamente a grupos rebeldes opositores, lo que llevó a duros enfrentamientos armados entre ambos, destacando el ataque de los rebeldes apoyados por Sudán que, en su avance exitoso en 2008, llegaron a las puertas de la capital chadiana. El acuerdo de no agresión subsiguiente, logrado ese año en Dakar, ha servido de elemento de estabilidad desde entonces.

Por su parte, la región de Darfur, del tamaño de España y fronteriza con el este de Chad, ya sufrió un auténtico genocidio a principios de la década de 1990 con los yanyauid (milicias árabes a caballo al servicio de Jartum). Siguió en 2003 y, posteriormente, en 2011 y 2017, dejando un nutrido mercado de excombatientes a ambos lados de la frontera. Con la caída y encarcelamiento del dictador sudanés, en 2019, y la inestabilidad interna que sufre el país, no parece que esté en condiciones de muchas veleidades armadas en el exterior. Así, desde abril de 2023 tiene lugar un encarnizado enfrentamiento de los generales Abdel Fattah Al-Burhan, de la élite político-militar, quien ostenta la jefatura del Estado y de Gobierno sudanés, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, del lado de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés, Rapid Support Forces), fundamentalmente en Darfur.

Como ya ocurrió en las anteriores crisis de Darfur, Chad sigue siendo receptor de la población que huye de Sudán. Según ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), en julio de 2023 habría unos dos millones de sudaneses entre refugiados y desplazados. Sin olvidar que Darfur ha sido tradicional refugio de rebeldes chadianos, y desde donde el propio Idriss Déby desencadenó su golpe de Estado en 1990.

Como ocurre con frecuencia en estos conflictos regionales la inestabilidad de Sudán ha sido influida por la de Libia. Así, el Ejército Nacional Libio, de Khalifa Haftar, ha manifestado su apoyo a las RSF sudanesas de Hemedti desde el inicio del conflicto, quien le habría apoyado en su intento de tomar Trípoli en 2019, además de posibles vínculos de tráficos ilícitos en la región sureña de Fezán. Supuestamente, ambos también recibirían el soporte del grupo Wagner ruso y de Emiratos Árabes, y en contra de Egipto. Por su parte, Hemedti está bien relacionado con políticos y militares chadianos, ya que él mismo es descendiente de árabes de este país y su familia vive a ambos lados de la frontera. Se mantiene así una perversa dinámica que consiste en apoyar a los grupos rebeldes del país vecino. El resultado, una vez más, es una verdadera masacre de la población civil que el propio alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, calificó de “aparente campaña de limpieza étnica”. Adam Mousa Obama, del grupo Darfur Victim Support, habla de “genocidio en la zona occidental de Darfur”.

Es evidente que tanto Haftar como Hemedti se beneficiarían de la inestabilidad de su entorno para la ejecución de sus actividades ilícitas.

Pasando ya a analizar la frontera sur, con la República Centroafricana (RCA), esta no ha sido menos conflictiva. Aun así, parece que se está superando la inestabilidad resultante de revueltas internas, que contaron con apoyo chadiano a grupos opositores, y por los enfrentamientos entre los seleka y los antibalaka en 2014, que provocaron miles de muertos y refugiados. Tropas chadianas participaron en las misiones de estabilización de la misión MISCA de la ONU, de donde se retiraron tras las acusaciones de abusos contra la población civil. Desde 2018 se ha podido comprobar la presencia de la milicia rusa Wagner, que contaría con casi 2.000 efectivos a principios de 2024, y apoya decididamente al Gobierno autocrático de Faustin-Archange Touadera. Y es que la explotación de las minas de oro del este del país y otros recursos naturales suponen un incentivo sin duda atractivo.

Asimismo, y al igual que en sus otros países vecinos, también zonas de la RCA sirven como santuarios para grupos opositores al régimen de Yamena. En enero de 2023 se produjo un enfrentamiento entre el Ejército y opositores procedentes de la RCA, que se saldó con 14 soldados y 77 opositores muertos.

La lucha de Chad contra Boko Haram en el entorno del lago Chad también supone un vínculo de dependencia para Camerún.

Como se puede apreciar, esta larga tradición de rivalidades externas del país y las no menos intensas internas contra los diversos grupos rebeldes que se han opuesto a los poderes autocráticos han mantenido al país en una conflictividad permanente, que ha contribuido a forjar unas fuerzas armadas potentes y eficaces que, además, han contribuido a la buena reputación que ha logrado el país en su compromiso y resolución como mediador regional.

Si exceptuamos las incursiones de grupos rebeldes desde el sur de Libia, país, a su vez, en una situación de franca inestabilidad, las relaciones con sus vecinos se mantienen por ahora dentro de una cierta previsibilidad, si es que puede aplicarse tal término a la región.

En el seno de esta coyuntura, la legitimidad democrática del Gobierno de Chad está, como cabría esperarse, en serias dudas.

Centrándonos ya en los antecedentes del fallecido presidente Idriss Déby Itno, hay que destacar que, desde su llegada al poder en 1990, golpe de Estado mediante, se fue aferrando al mismo de un modo u otro. En 2005 aprobó una reforma de la Constitución en la que eliminaba la limitación anterior a dos mandatos presidenciales de seis años, lo que le permitió presentarse a su reelección. En mayo de 2018 logró aprobar una cuarta Constitución (su primera fue en 1996; la tercera, en 2013), reinstaurando dicha limitación a dos períodos en el vértice del poder (artículo 66), lo que le permitió presentarse a su sexto mandado, y le habría permitido permanecer en el palacio presidencial de Yamena hasta 2033, al tener lugar las siguientes elecciones en 2021.

El apoyo a Déby también vino dado por contar con una Asamblea Nacional favorable, con una mayoría de su partido (Mouvement Patriotique du Salut, MPS), cuyas elecciones para su renovación fueron demoradas hasta en cinco ocasiones desde 2015 con pretextos dudosos.

El nombramiento de Déby como “mariscal” en agosto de 2020, coincidiendo con el 60º aniversario de la independencia del país, y justificado por su firme lucha contra Boko Haram, fue un paso más en su afianzamiento en el poder. Para ello se aseguró el voto de sus diputados de la Asamblea Nacional, además de algunos miembros de la oposición. Este grado está por encima del de “general”, emulando así a otros dirigentes africanos que también se perpetuaron en el poder, con cargos rimbombantes. Recordemos a Mobutu Sese Seko (apodado el “leopardo de Kinshasa”), presidente del antiguo Zaire, hoy República Democrática del Congo; a Jean-Bédel Bokassa, quien se autonombró “emperador” de la República Centroafricana. No se puede decir lo mismo de Idi Amín Dada, quien fue presidente de Uganda, con un apelativo poco edificante, como “el carnicero de Uganda”.

Las anteriores elecciones presidenciales, en abril de 2016, no estuvieron libres de grave controversia, no solo por parte de la oposición, sino también por algunas figuras internacionales. La violencia imperó en muchos casos e, incluso, con la muerte de varios opositores en circunstancias nunca aclaradas.

Las últimas elecciones presidenciales, convocadas para el 11 de abril de 2021, no auguraban que fueran a ser mucho más distendidas que las anteriores, y la polémica estuvo servida desde el mismo momento de la convocatoria y de que Déby anunciara su candidatura, en febrero de 2021. Esos meses previos a los comicios se vieron manchados por la violencia. Los incidentes suscitados durante manifestaciones celebradas en la capital fueron rápida y contundentemente sofocados por las fuerzas de seguridad, y culminaron con el asalto a la residencia de Yaya Dillo, opositor y antiguo líder rebelde, con el resultado de dos muertes, incluida la de su madre. Tampoco se libró la sede del líder opositor que quedó en segundo lugar en las elecciones anteriores de 2016, Saleh Kebzabo, que, en marzo, también fue atacada.

De las 17 candidaturas propuestas tan solo 10 fueron aprobadas por la Corte Constitucional. De estos, los tres principales renunciaron, haciendo un llamamiento al boicot: Saleh Kebzabo, el abogado Theophile Bongoro y Ngarledji Yorongar. También se unió al boicot Succès Masra, líder de “les Transformateurs”, cuya candidatura fue rechazada, ya que la Constitución también exige como requisito para ser candidato haber cumplido 45 años de edad (artículo 67).

Finalmente fueron seis los opositores que presentaron cara a Déby y que participaron en las elecciones. Todos coincidían en que “el boicot no es una solución a la situación política que vive el país” y en que, “a pesar de la degradación y violación de la legislación vigente, debe ser a través de la insistencia que lograrán decantar el régimen actual y cambiarlo”. Además, “la política tiene pánico al vacío”.

En general, la mayoría de las declaraciones de miembros de la oposición hacían referencia al abuso de posición de Déby, a la militarización del ambiente político del país, a la falta de credibilidad y transparencia del proceso electoral y al arresto indiscriminado de opositores, además de la tradicional injerencia y connivencia de Francia con dicho proceso y en la política interna del país. Estas manifestaciones y otras similares fueron despreciadas por Jean Bernard Padaré, secretario general adjunto y portavoz del MPS, quien proclamó: “este llamamiento al boicot no deja de ser una huida hacia adelante de quienes no tienen nada positivo que ofrecer”.

En lo que sí coincidía la mayoría de la población es en que, quienquiera que saliera elegido, debería atacar decididamente los verdaderos problemas del país: “la paz y la seguridad, la estabilidad económica, la salud y la educación de los jóvenes, y todo lo que tienen otros países normales”. Aspiraciones ya recurrentes en un país que durante décadas sufrió una guerra interna y que no ha dejado de sufrir la violencia, tanto por sus vecinos (Libia y Sudán, en particular), como por los diversos grupos rebeldes que luchan contra el autoritarismo del presidente fallecido y de los anteriores.

La casuística de la población era diversa en cuanto a su intención de voto. Muchos jóvenes no pudieron depositar la papeleta en la urna por carecer de la preceptiva tarjeta electoral, a pesar de haberla solicitado con anterioridad. Otros, ni siquiera veían motivos para participar, entre ellos un alto porcentaje de jóvenes que, a pesar de sus titulaciones, apenas ha visto mejorar su futuro laboral en un país con una tasa de paro del 30%. Hay que tener presente que el 46% de la población no supera los 14 años, en consonancia con otros países sahelianos del entorno, y más del 70% de la población es menor de 30 años, por lo que no ha conocido a otro presidente más que a Idriss Déby.

En este ambiente de tensión, el director de la campaña de Déby, Zen Bada, manifestó que “las chadianas y los chadianos han dado una lección de madurez política a todos los que tenían la ilusión de controlar el derecho al voto de los compatriotas”. Igualmente, que “todos los equipos electorales de los diferentes candidatos habían disfrutado de total libertad de movimientos, de reunión y de expresión”, algo difícilmente creíble cuando las manifestaciones ya se habían prohibido desde el mes de febrero.

Según datos oficiales de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la participación fue del 64,81% del electorado, de los siete millones de chadianos que fueron convocados a las urnas el 11 de abril de 2021. El resultado final del escrutinio dio una victoria aplastante a Idriss Déby, con un 79,32% de los votos, seguido a gran distancia por Albert Pahimi Padacké, con apenas 10,32%; Lydie Beassemda logró 3,16% y, el resto de los candidatos se quedó por debajo del 2%.

Como era de esperar, la CENI dio el visto bueno a todo el proceso “transparente y de acuerdo con la legislación vigente”, salvo algunos incidentes “menores” en algunos colegios electorales de la capital. Evidentemente, para el presidente Déby, “todo transcurrió dentro de la mayor normalidad y libertad”.

Todos estos hechos ocurrían en un contexto en el que las fuerzas rebeldes del Front Pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) ya estaban afianzando sus posiciones el norte del país desde Libia y amenazando a las fuerzas armadas chadianas.

Como ya anticipamos anteriormente, la muerte de Idriss Déby tendría lugar poco después de estas elecciones de 2021.

 

Muerte y relevo de Idriss Déby

Los rebeldes del FACT, protegidos en el sur de Libia, con la connivencia del mariscal Haftar, se habían levantado a principios de abril de 2021 contra el presidente chadiano, avanzando desde el norte hacia la capital. Este, con la emoción de su reciente reelección todavía en el aire, había decidido visitar a sus tropas en el norte del país.

Según la versión oficial, el presidente Déby resultó muerto en combate, al frente de su ejército en una operación contra fuerzas rebeldes en el norte del país. Esto no sería de extrañar. Curtido ya en numerosas batallas, y con su aspecto no menos imponente (que, en opinión de algunos, causaba impresión), su nombramiento como mariscal, en agosto de 2020, pudo influir para que tratara de emular sus hazañas bélicas pasadas y sus dotes de liderazgo como guerrero, y servir de estímulo moral y ejemplo para sus tropas, por lo que no dudó en dirigirlas contra una columna de insurgentes.

Esta actitud tan “proactiva” ya había sido criticada con frecuencia. En particular, destaca la declaración del doctor Evariste Ngarlem Toldé, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad de Yamena, mostró su pesar:

“Tenía la costumbre de ir al terreno. Si fue ascendido al grado de Mariscal el 11 de agosto lo fue por haber combatido a Boko Haram. Ya he dicho que un jefe de Estado no está llamado a ir al teatro de operaciones, cuando tiene ministros de Defensa, jefes de Estado Mayor, y que hemos formado a generales; ahí tenemos hoy las consecuencias”.

El anuncio oficial del fallecimiento lo hizo el portavoz de las Fuerzas Armadas Chadianas, Azem Bernandoa, en un comunicado leído en la televisión:

“El presidente de la República, jefe del Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Idriss Déby Itno, acaba de dar su último aliento en defensa de la integridad territorial en el campo de batalla. Es con una profunda amargura que anunciamos al pueblo chadiano la muerte, el martes 20 de abril de 2021, del Mariscal de Chad Idriss Déby Itno”.

Como continuación a esa declaración, Bernandoa hizo un llamamiento al diálogo y a la paz para continuar construyendo juntos el país: “El Consejo Militar de Transición asegura al pueblo chadiano que todas las disposiciones serán tomadas para garantizar la paz, la seguridad y el orden republicano”.

En el mismo comunicado, el portavoz del ejército anunció que el hijo de Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno, asumiría el puesto de presidente interino como general de cuatro estrellas, liderando ese Consejo Militar de Transición (CMT), que estaría integrado por 15 generales. Apelando al diálogo y a la concordia nacional, se manifestaba el compromiso de llevar a cabo una transición democrática y la convocatoria de elecciones presidenciales tras un periodo de 18 meses.

Con objeto de poder dar una cierta imagen de distancia con el poder, Mahamat Idriss nombró a Albert Pahimi Padaché para encabezar dicho Consejo. Este ya había ejercido el cargo de primer ministro entre 2016 y 2018 (hasta la eliminación del puesto el todopoderoso Idriss Déby Itno), además de ser líder de la Agrupación Nacional de Demócratas Chadianos (RNDT-Le Réveil), que había quedado en segunda posición en las elecciones de abril de 2021. A pesar de ello, se considera afín tanto al padre como al hijo, lo que deja claro el intento de dar continuidad al periodo de transición.

Las reacciones de rechazo a la instauración del CMT no se hicieron esperar desde todos los ámbitos de la sociedad civil. Evariste Ngarlem Toldé llegó a tacharlo de “golpe de Estado”. Por parte del líder de la oposición, Saleh Kebzabo, en una entrevista con la BBC Afrique, hizo hincapié en la llamada al diálogo entre el poder auto establecido y la sociedad civil, puesto que “ningún poder puede imponerse por la fuerza, venga de donde venga”. Igualmente, apelaba a cumplir la Constitución, que establece que “será el presidente de la Asamblea Nacional quien ostentará el poder en la fase de transición”.

Y es cierto, pues esta particular y trágica circunstancia ya está prevista en el artículo 81 de la Constitución de Chad:

“En caso de vacante de la Presidencia de la República por cualquier causa o de impedimento definitivo, constatado por el Tribunal Supremo ante el Gobierno y por mayoría absoluta de sus miembros, las atribuciones del Presidente de la República, con excepción de los poderes previstos en los artículos 85, 88, 95 y 98 son ejercidos provisionalmente por el Presidente de la Asamblea Nacional y, en caso de impedimentos de este último, por el Primer Vicepresidente. En todo caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales al menos cuarenta y cinco (45) días y noventa (90) como máximo desde que se hubiera producido la vacante”.

Como era lógico, esta decisión también fue rechazada por los rebeldes del FACT. Su portavoz, Kingabé Ogouzeïmi de Tapol, alegó que “Chad no es una monarquía en la que el poder pueda pasar de padres a hijos”, al tiempo que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no reconociera al CMT. En términos similares se expresaba el comunicado del grupo afín al FACT, el Consejo de Mando Militar para la Salvación de la República (CCMSR), cuyo líder, Rachid Mahamat Tahir, llamaba a “continuar la lucha de liberación hasta el final, a saber, el fin de este régimen dictatorial”.

Las declaraciones institucionales de los principales organismos internacionales tampoco se hicieron esperar.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, señaló que “la estabilidad, la seguridad y la integridad deben ser preservadas”. Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dejó claro que “la UE estará del lado de su aliado en la lucha contra el terrorismo en este periodo difícil”.

El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Borrell, en nombre de todos los socios de la UE, expresó sus condolencias en un tuit: “La UE llama al conjunto de actores implicados a la responsabilidad”, con la “prioridad inmediata” de garantizar la estabilidad tanto del país como del conjunto de la región.

Particularmente importante fue la posición inicial de Francia, fiel a sus antecedentes, en lo que se podría definir como una actitud entre cautela y cierta connivencia con la nueva situación política.

El presidente Macron mostró sus condolencias, confiando en la “estabilidad” en Chad, pero fue más allá al asegurar: “Chad ha perdido a un gran soldado y a un presidente que ha trabajado sin descanso por la seguridad del país y la estabilidad de la región durante tres décadas”, y añadió: “Francia ha perdido a un amigo valeroso”. Igualmente, reafirmó el compromiso de su país con “la estabilidad y la integridad territorial de Chad”. En términos similares se manifestó el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, destacando la condición de un “amigo de Francia” y de un “socio fiable”: “En estos momentos particularmente difíciles, Francia está al lado del pueblo chadiano”. El comunicado del Elíseo destacaba “la importancia de que la transición se desarrolle pacíficamente, dentro de un espíritu de diálogo con todos los actores políticos y la sociedad civil, que permita el rápido regreso a una gobernanza inclusiva apoyada en las instituciones civiles”. Palabras todas ellas que obvian el descontento generalizado de gran parte de la población y que para nada denuncian la situación de irregularidad política imperante en el país, y sí están en sintonía con la posición que París ha mantenido tradicionalmente a la hora defender el orden establecido en su propio beneficio, a pesar de las evidentes dudas sobre la legitimidad de las acciones de gobernantes de sus antiguas colonias.

La relación de Estados Unidos con Chad ha sido controvertida durante años, entre otros motivos por el deficiente intercambio de información respecto a las actividades de grupos terroristas, así como la falta de control en la emisión de pasaportes; pero, finalmente, el presidente Donald Trump reconoció sus esfuerzos y compromiso a favor de la seguridad regional. En un breve comunicado, el Departamento de Estado norteamericano se lamentaba del fallecimiento de Déby, mostrando su “más sentido pésame” al pueblo de Chad. Y añadía: “Condenamos la violencia y la pérdida de vidas en Chad”, al tiempo que expresaba su apoyo al país africano “durante este momento difícil” y abogaba por “una transición pacífica del poder en conformidad con la Constitución chadiana”. Queda patente en este texto que la prioridad para este país es el cumplimiento del mandato constitucional, pero sin condenar explícitamente la imposición del CMT.

En su comunicado oficial, la Unión Africana manifestó “su más sentido pésame a la familia y al pueblo de la República de Chad” recordando al presidente Déby como un “campeón de los esfuerzos de África por propiciar un continente pacífico, seguro y estable”. Y agregaba: “El difunto presidente Déby desempeñó un papel clave en la difusión de la agenda de la Unión Africana para promover la paz y la seguridad y fue un ferviente partidario de los esfuerzos del grupo para crear un entorno de seguridad y estabilidad, especialmente dentro de la región del Sahel”.

La posición el Grupo G5 Sahel tras la muerte de Déby, representada inicialmente por los presidentes de Mauritania y Níger, fue, al menos, constructiva al hacer un llamamiento hacia una transición pacífica. Mucho más no podía hacer cuando otro miembro, Malí, sufrió su segundo golpe de Estado en mayo.

Finalmente, el secretario general de la ONU, António Guterres, por medio de su portavoz, expresó su “profunda tristeza” por la noticia, y recordó: “El presidente Déby fue un socio clave de Naciones Unidas e hizo importantes contribuciones a la estabilidad regional, en particular, como parte de los esfuerzos para combatir el terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia organizada en el Sahel”.

No cabe duda de que, en aquellos momentos, las principales instituciones mundiales se esmeraron en resaltar las facetas más favorables del fallecido. Es cierto que, en un entorno africano, con una conflictividad estructural permanente y con múltiples necesidades básicas de la población, mantener la seguridad dentro de unos márgenes tolerables es fundamental y, en ese sentido, su compromiso con la estabilidad del entorno y su lucha contra la insurgencia yihadista ha sido firme. Pero, desde una perspectiva “occidental” (europea, principalmente), en concreto, en lo que respecta a los derechos fundamentales de la población, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el garantizar unas elecciones libres y transparentes, con participación de todas las fuerzas políticas y sociales, deberían ser derechos y requisitos exigibles a cualquier país.

 

Tras la muerte de Idriss Déby

Una vez fijado el CMT el periodo de “transición” en 18 meses (octubre de 2022), en sus el general Mahamat anunció en sus primeras manifestaciones que su principal cometido sería llevar a buen término un “Diálogo Nacional Inclusivo”. Inicialmente previsto para finales de 2021, sería precedido por conversaciones con los grupos militares. Finalmente, este diálogo, que se celebró en Doha, la capital de Catar, se retrasó hasta mayo de 2022, lo que prorrogó el proceso de transición hasta diciembre de 2022, cuando habrían de tener lugar las elecciones presidenciales y legislativas. Como resultado de este proceso también se reformaría la Constitución, ratificándola en un referéndum nacional.

Como en anteriores situaciones similares, las reacciones de la oposición y la población contra el CMT no se hicieron esperar y fueron sistemáticamente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La amenaza de los grupos rebeldes se ha mantenido y, en especial, el Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT). Si algo ha cambiado significativamente con el nuevo gobierno es la intención de incluir a estos grupos en el proceso de transición y estabilización final del país.

Pero ¿quiénes integran realmente el FACT? En sus orígenes, en 2016, surgió como una escisión de la Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo (UFDD), coalición de grupos chadianos fundada por el general Mahamat Nouri, antiguo ministro de Defensa con Idriss Déby. Su deriva autocrática hizo que muchos de sus antiguos colaboradores, y parte de la población, descontenta, se refugiaran en el sur de Libia, zona controlada todavía por el general Halifa Haftar, opuesto al gobierno de Trípoli reconocido internacionalmente. En esta región también han tenido oportunidad de forjarse en la lucha contra la franquicia del Estado Islámico en la región y el propio Ejército Nacional Libio.

Sigue siendo el grupo más activo de los últimos años, liderado por Mahamat Mahadi Ali, y está integrado por unos 3.000 combatientes, principalmente de la etnia gorane, a la que pertenecía el anterior presidente Hissène Habré. Pero también hay antiguos colaboradores de Déby e incluso de su propia etnia zaghawa, lo que da una idea de que los grupos rebeldes son capaces de superar sus rivalidades étnicas en aras al objetivo común, oficialmente: derrocar el régimen corrupto de Yamena.

Las desavenencias entre las principales figuras del FACT, provocaron una nueva escisión, formándose el Consejo del Mando Militar por la Salud de la República (CCSMR). Esta fractura, además de las acciones de las fuerzas chadianas contra sus bases al sur de Libia, desde finales de 2021, ha debilitado al FACT, aunque todavía mantiene suficiente fuerza como para haber seguido combatiendo.

Las conversaciones entre representantes del CMT y los jefes de los grupos rebeldes en Doha, como lo es el FACT, fueron avanzando, aunque no sin sobresaltos. A mediados de julio de 2022, Mahamat Idriss anunció el inicio de un diálogo nacional para el mes de agosto con vistas a la celebración de las próximas elecciones. La premura de esta fecha, que tampoco fue consensuada con los grupos rebeldes, impediría participar en dichas negociaciones a varios de ellos y a sus aliados políticos, lo que provocó que estos se retiraran de la mesa. Además, exigían que el actual presidente no se pudiera presentar a las elecciones, a lo que el Gobierno respondió que esa decisión debería formar parte del proceso de negociaciones.

Si el objetivo principal de estos grupos era echar a Idriss Déby del poder no cabe duda de que lo han logrado con su muerte. El problema está en ver cómo evolucionará la situación en Chad, cómo seguirá en un futuro próximo con la junta militar y, mucho más importante, como será tras las elecciones presidenciales y legislativas previstas.

Por otra parte, las acciones del grupo nigeriano Boko Haram y del ISWAP en el entorno del lago Chad han agravado una ya enrevesada situación de emergencia humanitaria, que ha provocado el desplazamiento de más de 230.000 personas. Esta violencia no hace sino que empeoren la condiciones vitales de la población en el entorno del lago Chad, que ha visto reducida drásticamente su superficie de agua en los últimos años debido a la sobreexplotación de sus recursos y al cambio climático. En los cuatro países fronterizos del lago la inseguridad alimentaria afecta a más de cinco millones durante la estación seca y al menos 300.000 niños sufren malnutrición grave.

Al ya extinto Grupo G5 Sahel, cuyo objetivo era una mayor integración de sus cinco miembros en todos los ámbitos, Chad ha aportado las fuerzas armadas más potentes a la Fuerza Conjunta G5 Sahel (FC-G5S).

Igualmente, Chad sigue jugando un papel relevante en la Fuerza Mixta Multinacional (FMM) contra Boko Haram (también conocida como Fuerza Multinacional de Intervención Conjunta, del inglés Multinational Joint Task Force, MNJTF). Integrada por Nigeria, Chad y Níger, su eficacia ha estado en entredicho desde su creación. A una deficiente financiación (a pesar de la ayuda de la UE), se une la indefinición de responsabilidades, flagrantes faltas de coordinación, de transparencia en las operaciones y de gestión de los presupuestos. No obstante, hay que reconocer sus éxitos en su lucha contra los yihadistas en el entorno del lago Chad. Los relativos avances de esta fuerza llevaron incluso al gobernador de Borno, estado nigeriano original del grupo terrorista, a unas declaraciones triunfalistas de que el grupo podría haber sido eliminado a lo largo de 2023. Evidentemente, no ha sido el caso.

Significativa fue la oferta de apoyo de Nigeria al proceso de transición en Chad.

Los cinco meses de negociaciones en Doha, capital de Catar, entre representantes del Gobierno y de hasta de 52 grupos rebeldes concluyeron con la firma de un acuerdo en agosto de 2022. Se fijó un periodo de transición y el nombramiento de un ministro para dicho proceso.

A este acuerdo siguió en Yamena un proceso de “diálogo nacional, inclusivo y soberano” (DNIS), que concluyó en octubre de 2022 y en el que se acordó la prolongación del periodo de transición durante 24 meses más. Se establecieron también las bases para un regreso al orden constitucional, nombrando al presidente de facto, Mahamat Déby Itno, como presidente interino. El hijo de Idriss Déby anunció la formación de un Gobierno de unidad nacional, y prometió la celebración de un referéndum constitucional a finales de 2023 y nuevas elecciones a las que, lógicamente, él se presentaría, dejando en papel mojado su compromiso anterior.

Como continuación a este proceso, el Consejo Nacional de Transición (CNT) aprobó con una aplastante mayoría del 96,1% el proyecto de elaboración de la nueva Constitución, creando para este proceso la Comisión Nacional para la Organización del Referéndum Constitucional (CORONEC).

La nueva demora de 24 meses para un regreso a una normalidad constitucional y democrática provocó las protestas de la oposición y fueron duramente reprimidas por el Gobierno, con más de 100 víctimas civiles, cifras que variaron según las fuentes (oficiales o de los organizadores: 73 para las primeras; 300 para los opositores), además de varios agentes de policía. Estos hechos fueron condenados explícitamente por una resolución del Parlamento Europeo en diciembre de 2022.

Hechos como estos siguen dejando patente la incapacidad del Gobierno de superar su tendencia a responder con actitudes autoritarias en el ámbito político, donde también los actores se imponen o destituyen con excesiva frecuencia mediante la violencia como uno de los principales medios para ganar y mantenerse en el poder.

Se corresponde esta actitud con la política seguida por el Gobierno de Mahamat de priorizar los gastos en defensa y seguridad en los presupuestos de 2023, con un aumento del 20%, aunque no ha olvidado otros sectores productivos, como infraestructuras. Esto contrasta claramente con la disminución de casi el mismo porcentaje en educación y en otros sectores de ámbito social.

En línea con su preocupación por la seguridad, a principios de 2023 ha firmado un acuerdo en esta materia con Arabia Saudí y ha abierto una oficina de asistencia militar en Israel.

Estas actitudes para nada benefician el supuesto proceso de reconciliación nacional hacia una estabilidad política, erosionando paulatinamente la buena voluntad de los grupos que inicialmente apoyaron los acuerdos de Doha. Si esto ocurre con los que estuvieron de acuerdo con el proceso, es lógico pensar que haya muchos más recelos entre los miembros del Marco Permanente de Consulta y Reflexión (CPCR), que agrupa a 18 de los movimientos rebeldes que no aceptaron el acuerdo de Doha, incluido el FACT de Mahamat Mahdi Ali, responsable oficialmente de la muerte del anterior presidente Idriss Déby. El CPCR ha mantenido sus propias reuniones periódicas desde enero de 2022 con un marcado interés por incluir a todos los ámbitos de la sociedad civil.

En julio de 2023 el Gobierno anunció para el 17 de diciembre la celebración de un referéndum para validar una nueva Constitución, cuyo resultado ha sido oficialmente su aprobación por un 86% de los votantes, con una participación de casi el 64%.

La nueva Constitución establece un Estado unitario pero descentralizado, con unas comunidades autónomas con asambleas locales elegidas por votación y consejos de jefaturas ya existentes. El jefe del Estado seguirá concentrando la mayor parte del poder y tendrá limitado sus mandatos a dos quinquenios. Es de resaltar que esta limitación ya existía en tiempos de Idriss Déby y que él mismo modificó la anterior Constitución, lo que le habría permitido seguir en el poder dos mandatos más.

Igualmente, y como era de esperar, permitía a su hijo, el general Mahamat Idriss Déby, a presentarse como candidato a las elecciones previstas para finales de 2024, posibilidad que ha sido siempre criticada por la oposición y uno de los principales motivos de las manifestaciones del 20 de octubre de 2022, brutalmente reprimidas.

La oposición, formada por más de cuarenta formaciones políticas, como el Bloque Federal, la Plataforma Republicana, el Grupo de Concentración de Actores Políticos (GCAP), así como de integrantes de la sociedad civil, como Watidf Tama, hizo un llamamiento a boicotear dicho referéndum o a votar en contra. Entre sus principales motivos fue la denuncia de que el excesivo centralismo del pasado ha contribuido en gran medida al subdesarrollo del país, manifestando su preferencia por un estado federal, dado el gran tamaño del país y la diversidad cultural y social que lo caracteriza, lo que dificultaría la gobernabilidad real desde la capital.

En enero de 2023 se habría desarticulado un intento de golpe por militares, cuyos artífices que fueron condenados a 20 años de prisión y, posteriormente, indultados en julio por el presidente interino, Mahamat Idriss Déby.

 

Conclusiones

Son muchas las conclusiones que se pueden extraer de esta exposición, comenzando por definir el Sahel Occidental como la región en la que se pueden incluir a efectos de estudio los cinco países del Grupo G5 Sahel (ya extinto de facto a esta fecha): Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, los cuales se encuentran entre los más pobres del planeta y sufren de todos los males del subdesarrollo.

Está totalmente aceptado por la comunidad internacional que la caída del líder libio, Muamar el Gadafi, en 2011, ha sido uno de los principales factores que han contribuido a la desestabilización del Sahel.

La rápida reacción de Francia, con la Operación Serval, en 2012, logró contener el avance de los grupos rebeldes y yihadistas desde el norte de Malí hacia la capital, Bamako. El posterior establecimiento de las misiones de la ONU (MINUSMA), de la Unión Europea (EUTM Malí, EUCAP Malí y EUCAP Níger) y de Francia (Barkhane, en toda la región) ha contribuido durante estos años a la contención de estos grupos. Sin embargo, los hechos han demostrado la incapacidad real de estas misiones para seguir conteniendo estas amenazas, generándose cada vez una mayor violencia que sufre en carne propia la población civil. Este deterioro de la seguridad ha sido justificado por sectores de las fuerzas armadas de Burkina Faso, Malí y Níger para derrocar a los gobiernos legítimos por medio de golpes de Estado, en los que se ha visto claramente la mano de Rusia, a través del grupo de mercenarios Wagner, estrechamente vinculado al Kremlin.

Una de las primeras medidas tomadas por estos gobiernos ha sido la expulsión de Francia, antigua potencia colonial, que había logrado mantener un relativo control sobre estos países durante décadas, con la presencia de sus fuerzas armadas (sin olvidar los evidentes beneficios económicos que ello le ha reportado). Pero también ha obligado al repliegue de MINUSMA, por no estar garantizada la seguridad de sus miembros.

El vacío dejado por las fuerzas internacionales beneficia, sin duda alguna, a Moscú, cuyo interés es expandir sus tentáculos en la región para aprovecharse de sus recursos naturales, mostrando, al mismo tiempo un claro desprecio por el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos de la población, como ha sido denunciado de forma reiterada por organizaciones independientes.

Por su parte, Chad, ha logrado mantener una posición relativamente neutral en este contexto.

El desaparecido Idriss Déby Itno había accedido a la presidencia de Chad tras un golpe de Estado contra su predecesor, Hissène Habré, en diciembre de 1990. Permaneció en el poder durante más de tres décadas con un régimen autocrático en el que logró contener tanto a los opositores como a las sucesivas amenazas internas de grupos rebeldes, que operaban desde los países vecinos. Todo ello con la manipulación de los diferentes procesos electorales, además de la represión sistemática de cualquier tipo de oposición, pero sin olvidad el apoyo implícito de Francia.

Curtido ya en múltiples combates, el presidente Déby demostró una firme determinación contra los grupos yihadistas, lo que, a pesar de su régimen autocrático, le valió el reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional.

Tras su muerte en combate (según la versión oficial), la instauración de un régimen militar liderado por su hijo, Mahamat Idriss Déby, si bien es ilegal constitucionalmente y aceptado con reservas por la comunidad internacional, ha logrado mantener una débil estabilidad en el país, aunque perduran las antiguas formas represivas.

Como resultado de las conversaciones entre el Gobierno actual y los principales grupos de oposición y rebeldes se ha aprobado una nueva Constitución, que dará lugar a un proceso electoral y es de desear que se pueda hacer una transición hacia un régimen democrático, no sin limitaciones.

La comunidad internacional y Occidente (Estados de Derecho), en particular, deben reflexionar sobre la conveniencia o no de apoyar sin fisuras a regímenes autocráticos y, con frecuencia, dictatoriales, todo ello justificado en aras a mantener una cierta estabilidad regional. Estas actitudes, tan frecuentes en el pasado, y todavía hoy, son esgrimidas con frecuencia (y no sin razón) por otros regímenes no democráticos como una doble vara de medir la legitimidad de los gobiernos.

No obstante, y en opinión de este autor, mantener la integridad de Chad, bastión de cierta estabilidad relativa en su entorno, es esencial para contener el peligro provocado por los grupos yihadistas y los regímenes dictatoriales militares que se han instalado en varios países del entorno, además de la incursión de Rusia. Para ello han sido evidentes las concesiones a la situación claramente irregular, por no decir ilegal desde la muerte de Idriss Déby (y, ciertamente, durante sus años en el poder). No en vano, Francia mantiene el cuartel general de la Operación Bakhane en este país y, lamentablemente, no existen muchas alternativas en toda la región. Las palabras del presidente Macron con ocasión de los funerales de Idriss Déby son inequívocas en el sentido de que seguirá colaborando con Chad y no dejará caer el país.

Sin embargo, garantizar esa estabilidad no puede ser a cualquier precio, y menos cuando se han estado violando sistemáticamente los principios democráticos y los derechos humanos más básicos. Llegará un momento en el que la población se levantará contra esta represión y se provocará una reacción en cadena que desestabilizará aún más la región. Sirva de ejemplo la caída del presidente de Sudán, Al Bashir, en 2019.

Tratar de solucionar la crisis de seguridad en la región por medios fundamentalmente militares, sin mejorar la gobernanza en todos sus aspectos y las condiciones de vida de la población, está abocado al fracaso a largo plazo. Por tanto, es imprescindible favorecer un proceso de legitimación democrática de los gobiernos regionales, en particular de Chad, lo que debe ser el firme compromiso de la comunidad internacional.

Con los antecedentes descritos, bien se puede justificar que la República del Chad esté llamada a jugar un papel clave en la geopolítica del Sahel, sin olvidar la necesidad imperiosa de ir solucionando los otros conflictos vivos de la región.

 

Bibliografía e información de interés

 

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Un extracto de este artículo fue publicado con el título ‘Idriss Déby Itno, el último presidente-guerrero caído en combate: consecuencias imprevisibles para la estabilidad del Sahel’. Documento de Opinión IEEE 27/2023.