Escritos esquinados   el blog de Mikel Arteta

Dice Sánchez que el Estado somos todos. Nuevo bulo. Y van… Alguien debería empezar a aquilatar y ponderar el peso de los bulos: no es razonable equiparar que unos cuantos miles de mamarrachos hagan circular por redes que en Marruecos hay un radar que generó la Dana, o incluso que había 800 muertos en un parking (noticia que, aun sin especular sobre el número de muertos, empezó a circular por todos los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, que esperaban lo peor en Bonaire), cosa que antes o después se iba a averiguar, con que el Ministro del Interior y el Presidente del Gobierno afirmaran que a Sánchez le agredieron en Paiporta y que lo orquestó la ultraderecha (cosa desmentida por la Guardia Civil), o con que la Ministra de Defensa y la Vicepresidenta Montero hayan afirmado sistemáticamente hasta hace dos días (la última en una entrevista a El País de esta última, no desmentida por el periodista) que no pudieron hacer más porque el encargado de declarar la emergencia nacional era Mazón (cuando el único competente era Marlaska, incluso de oficio), ni con que Sánchez afirme que va a destinar 10.600 millones de ayuda a Valencia (cuando la mitad son créditos ICO a devolver), o con que culpen de la inacción a la comida de Mazón (dando por hecho que era el competente, cuando al mando ya estaba la responsable, que era la consejera de justicia e interior, ya que el Presidente de Consell no era parte del CECOPI), ni con que digan que el Gobierno siempre estuvo presente y preparado (cuando al día siguiente aún quisieron votar en el Congreso, contra toda decencia, la apropiación gubernamental de TVE) o con que se afirme que la competencia sobre las emergencias corresponde a las autonomías porque este es un Estado federal.

En este artículo analizaremos este último punto. Pero antes dejaremos claro que los factcheckers que se han callado ante todo esto (servidor intentó solicitar a Newtral que desmintiera un par y aún está esperando), el Gobierno nacional al completo y buena parte de la prensa escrita (sin duda El País) y audiovisual (sin duda la Sexta y TVE) son los grandes propagadores de bulos. Deben pensar que es mejor un Gobierno autoritario que va laminando al Estado, cooptando institución tras institución, mientras lo haga en nombre del bien (y sea de los suyos; y les haga favores, etc.) a que llegue otro Gobierno autoritario y haga lo mismo desde distinto color. Lo malo es que lo primero está pasando y lo segundo es solamente la especulación que, a sus ojos, los excusa.

Niegan la democracia (o sea, la legitimidad del otro, razón por la cual callan ante los ataques de los suyos contra los contrapoderes) preventivamente. Y responden con bulos de bazuka a los mentirosos de tirachinas. Eso sí, revestidos de la autoridad del medio serio (ya muy prostituido) que se dedica a desmentir noticias que no afectan a la democracia ni de lejos como las que ellos propalan (tanto por el objeto de la mentira como por su propia autoridad), por acción o por omisión. Si tan interesados están en saber por qué llega un Trump al poder que revisen su deontología profesional: cuando incluso la gente más formada cae en la cuenta de que no puede fiarse de los medios, la verdad se hace añicos y, consecuentemente, cualquier mentira será tan buena como las demás; así pues, cada uno se rearmará con las de su rebaño. Se acabó la opinión pública, la rendición de cuentas y la democracia. Todo ha quedado reducido a estrategia política sin otro fundamento detrás.

En Paiporta, el Gobierno comprobó que los ciudadanos culpan a su Gobierno central (el que dispone del ejército y de los recursos pesados) de inhibirse durante 5 días, ocultándose tras la supuesta competencia de la Generalitat, bulo que ya no se cree nadie. De ahí el cambio de estrategia: no tomar la competencia de iure (sería reconocer su inhibición desde el martes por la tarde) pero sí mostrarse como el competente de facto. Eso y pasear al ministro Puente. Así lo explica Cué en El País, haciéndose eco de las miserables palabras de un ministro anónimo:

Desde entonces, el Gobierno, pese a que sigue respetando las competencias de la Generalitat y no ha declarado la emergencia nacional, de facto prácticamente ha intervenido a Carlos Mazón y su equipo. Es el Ejecutivo quien tiene ahora la visibilidad, quien pone los medios más relevantes, quien destina 10.600 millones de euros en ayudas y el que este próximo lunes desplegará otro paquete de refuerzo más a medio plazo en un Consejo de Ministros dominado por la dana. Mientras, la Generalitat se enreda en las distintas versiones sobre lo que hicieron su president y la consejera de Interior en la jornada en la que murieron más de 200 personas.

“Se está viendo claro que ellos están en la chapuza y nosotros en la gestión, con técnicos buenos, gente que sabe lo que hace. Estamos evitando entrar al cruce político. El domingo [en Paiporta] mucha gente pensó que esto se iba de madre. Esta semana todo se ha ido reorientando”, resume un miembro del Ejecutivo. Después de unos días con poca presencia, en los que solo hizo breves comparecencias sin preguntas, Sánchez ha optado por volver a las ruedas de prensa en las que anuncia medidas, como hizo durante la pandemia. Con toda probabilidad volverá a comparecer este lunes, con nuevas medidas de apoyo a una población muy golpeada.

Si, como dice el Ministro, la Generalitat estaba en la chapuza y el Gobierno en la gestión y si, como dice el periodista, el gobierno ha cogido la riendas de facto, la pregunta nos alcanza sola: ¿por qué no han tomado la competencia de iure, la responsabilidad jurídica y política de sacar esto adelante? Se diría que quieren la gloria sin mancharse las manos; que quieren a Mazón sin dimitir para tener siempre un chivo expiatorio que nos recuerde a todos quién es el responsable; en fin, que quieren comprar el silencio de la gente y borrar su negligente inacción con millones públicos (y con el relato falso que imponen sus voceros, y patrimonializando de forma nauseabunda una manifestación a la que muchísima gente acudió engañada, pensando que se trataba de exigir responsabilidades políticas a todo un sistema -y que, en todo caso, de concretarlas, como se vio en Paiporta con el Rey, sin trampa ni cartón, la gente atribuía principalmente a Sánchez-), al tiempo que chantajean al Parlamento para que les apruebe los presupuestos. Quieren, en fin, volver a repetir la jugada del Covid: que ante el drama todos se pongan detrás del líder, encubrir su acción tardía y su negligencia con ruedas de prensa del señor Sánchez, repartiendo maná como Dios omnipotente, aclarándonos las bondades de lo público (pese a que lo público existía y no apareció por fallo orgánico de todo el sistema) y pidiéndonos que salgamos a aplaudir al Estado, que somos todos pero lo dirige él. Es tan burda la estrategia que cuesta creer que vaya a funcionar. Pero les funcionará porque el PSOE es ya casi el Estado. Sánchez hoy es prácticamente el Estado. Y es que, sin entrar en valoraciones de una democracia laminada por un Gobierno que está colonizando todo poder estatal, quien dirige el Gobierno que, a su vez, dirige la Administración General del Estado, no es otro que Sánchez. Y pretende, con su bulo, que lo somos los demás, la gente que se mancha las manos para que él permanezca en el poder.

Ayer Sánchez combatía el eslogan de que “el pueblo salva al pueblo” (estamos de acuerdo en el peligro populista de esta tesis que, por otra parte, ha tenido mucho de motivadora y de cierta ante tantos días de pasividad institucional) para acabar diciendo lo mismo: “el Estado somos todos”. Bonita forma de reintroducir por la ventana lo que echábamos por la puerta, ya que si el Estado lo somos todos, entonces no lo es nadie… o lo es el Pueblo. Ahora bien, si se hubiera referido a que lo son todas las Administraciones Públicas, con ánimo de hacer caer la responsabilidad sobre la Generalitat, como la única competente, entonces más le valdría recomponer claramente las competencias en materia de responsabilidad civil y emergencias que afecten a la seguridad de las personas y los bienes.

Vamos por partes para desmentir uno de los grandes bulos: que toda la competencia recaía en Mazón (o en la Generalitat) y que de su exclusiva negligencia (indudable) se deriva todo el problema. Lo cierto es que hay cinco (¡cinco!) administraciones competentes (además de distintos organismos autónomos, dependientes de ministerios como el de Transición Ecológica o el de Interior), cada una de ellas con muchos responsables. Hay un entero sistema de emergencia (núcleo de la soberanía estatal, encargada en primer lugar de salvaguardar la seguridad de las personas y de los bienes) que ha fallado; y ha fallado porque se encuadra en un Estado pseudo-federal que lleva años siendo erosionado por la práctica de sucesivos gobiernos (desde el Tinell, es práctica exclusiva del PSOE, que se ha apropiado incluso de la derecha nacionalista) de, primero, ceder competencias a los nacionalistas (que se ven con poder de chantaje a cambio de apoyar a Gobiernos nacionales gracias a un sistema electoral que corrompe la lógica de la representación ciudadana) y, después, extender el café para todos para que no se note la dinámica confederal y centrífuga que vacía el Estado con pactos que contradicen el espíritu y la letra constitucional, empeñada en salvaguardar la igualdad, no sólo formal sino material, entre españoles.

Así, el sistema de protección civil ha quedado diseminado, tras la centrifugación pertinente, entre las 5 administraciones distintas que componen el Estado, lo que ha facilitado a una de ellas (la que vulgar y también jurídicamente se conoce como Estado, y que se ve representada por el Presidente del Gobierno y sus Ministros -que están a caballo entre el Gobierno y la jefatura de cada departamento administrativo o Ministerio-) lavarse las manos ante una crisis que también era de su responsabilidad. Vamos a verlo.

1º) En el sistema de protección civil comienzan teniendo competencia los municipios, concretamente los alcaldes. Así, el artículo 21.1 m) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local reza que corresponde:

 “[a]doptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.

Pero esto no se aplica a todos los municipios, sino, como se aclara en el artículo 26 c) de esa norma, a los municipios de más de 20.000 habitantes, como Paiporta; lo cual, como afirma el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP), implica que tienen que tener previstas acciones de carácter normativo, planificador, operativo, de recuperación, etc.

Con más fuerza y claridad incide la ley autonómica 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que, tras aclarar que “las distintas administraciones, en el marco de sus competencias, promoverán actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y a la prevención de catástrofes y calamidades públicas”, afina en su artículo 14.2, afirmando que:

“Corresponde a la autoridad municipal la responsabilidad de la adopción de las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en los planes de protección civil de ámbito municipal, en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública dentro del término municipal, y en especial la constitución de los centros de coordinación municipales (CECOPAL) en aquellas emergencias que, por su envergadura, se estime necesario, de acuerdo con los planes de emergencias activados”.

2º) ¿Qué ocurre con los municipios de menos de 20.000 habitantes? Pues aquí aparece la segunda administración pública.

El artículo 36.1 de la citada Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, estipula que:

“son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31 (es decir para “asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal”)

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación

A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente:

Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal

Y, en esta línea, el artículo 13 de la ley autonómica 13/2010 asegura que:

“1. Las diputaciones provinciales ejercerán sus competencias en materia de protección civil y gestión de emergencias de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal y en la de la Comunitat Valenciana. Así, les corresponde:

En situaciones de emergencia, poner a disposición del Mando Único de la emergencia los medios y recursos de su titularidad disponibles.

Garantizar la prestación del servicio de protección civil en aquellos municipios que no cuenten con servicios propios, por no resultar obligados a ello o haber obtenido dispensa de los mismos.”

3º) Finalmente, los dos niveles anteriores quedan coronados por la delegada de Gobierno, dependiente directamente del Presidente del Gobierno, a quien corresponde, según el artículo 75.c) de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, “dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia”.

Además, el artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, aparece como una de las encargadas, junto a la Comunidad Autónoma, de instar al Ministro del Interior la declaración del estado de emergencia nacional, en pie de igualdad con la Generalitat a la que se acusa de no instarlo.

¿Qué medidas tomaron estas tres administraciones hasta las 15:20, cuando la Generalitat declara el nivel 2 de la emergencia y pasa a hacerse con la competencia, con el «mando único», que quedó entonces en manos la consejera Pradas, orgánicamente integrada en el CECOPI (no así Mazón, que no era competente pese a estar comiendo fuera e incomunicado, pese a su responsabilidad política innegable)? Pues, por lo que sabemos, algunos municipios, como Torrente, tomaron medidas y otros no. Algunas instituciones, como las Universidades, las tomaron y otras no. ¿Pueden decir que la Generalitat no les había informado?

“a las 20 horas de la tarde (del lunes), Emergencias 112 de la Generalitat valenciana avisó, a través de su perfil de X, de que se suspendían las clases en varios municipios, como Crevillent, Náquera, Alzira y Elche, por las fuertes precipitaciones que se esperaban. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, Emergencias realiza su primera actualización del estado de alerta por lluvias, y decreta nivel naranja en el litoral sur de la provincia de Valencia, y avisa de que «se prevén precipitaciones intensas, extensas y generalizadas», acompañadas de granizo. Poco después, a las 7:42, Emergencias comunica que Aemet acaba de actualizar la alerta a nivel máximo rojo y a las 7:45 se declara el mismo nivel desde la Generalitat para el litoral sur de la provincia de Valencia, mientras que se mantiene el nivel naranja para el litoral norte.”

Ha salido Ximo Puig a la palestra pidiendo responsabilidades políticas y jactándose de su actuación en 2019 por una dana en Alicante donde hubo 3 muertos. No tengo por qué dudar de que Puig habría sido más diligente que Mazón (no digo que sea difícil); y probablemente supo transmitir mejor el riesgo a los ciudadanos y a las administraciones competentes (al final se trata de eso, básicamente), muchas de las cuales tomaron medidas.

No obstante, por una parte, lo de 2019 no se puede comparar a lo que ocurrió el día 28 de octubre de 2024, donde por el barranco llegó a pasar un caudal equivalente al río Nilo, a 10 ebros, datos tan absolutamente inesperables que hoy incluso ponen en duda los grandes organismos internacionales, muy interesados en estudiar este caso. Y, por otra parte, a efectos prácticos, no hay gran diferencia respecto de la reciente actuación de la Generalitat. El 112 de la Generalitat emitió avisos por lluvias, tanto el lunes por la tarde como otros tres entre las 7:30 y las 7:45 del mismo martes, además de otro (que es el clave en Valencia Sur, porque el problema ahí no fueron las lluvias) a las 12:51 del martes (tras dos avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar a las 11:28 y 11:49), mandando un “aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la zona del barranco del Poyo». ¿Qué medidas tomaron los municipios de más de 20.000 habitantes y la Diputación o la delegada de Gobierno, como encargados de los de menos de 20.000? A las 13:29 otra alerta de la Generalitat… La Delegada del Gobierno se limitaba a transmitir la preocupación de los municipios a la Generalitat… ¿pero, medidas? Y hasta las 18:52 difícilmente pudo haberse alertado porque la CHJ (dependiente de Teresa Ribera), preocupada por el desbordamiento del río Magro y la ruptura de la presa de Forata, se olvidó de alertar durante casi tres horas de la subida exponencial de un cauce que, antes de las 16:00, había vuelto a bajar a niveles sin ningún riesgo. En fin, como en 2019, no todos los municipios, ni organismos ni establecimientos tomaron medidas; pero, a diferencia de 2019, la Generalitat a las 15:20 tomó el mando tras declarar el nivel 2 de emergencia y tras solicitar, una hora antes, que acudiera la UME a Utiel, elemento clave para que todos empezaran a sospechar que la emergencia era claramente nacional y que requería de recursos nacionales.

4º) Llegamos ya al nivel autonómico. En el artículo 12.1 de la ley autonómica 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, se apunta que corresponde al Consejo de Gobierno de la Generalitat:

(e) “Establecer los medios para fomentar actuaciones que contribuyan a la prevención de siniestros, a la atenuación de sus efectos, y en general a la toma de conciencia y sensibilización de los ciudadanos de la importancia de la protección civil”, (f) gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias, (h) Coordinar las actuaciones de la Generalitat con otras administraciones públicas en materia de protección civil y gestión de emergencias, (i) Coordinar entre sí los servicios públicos o privados que deban intervenir en situaciones de emergencia, (m) Impulsar y coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones para la restitución de la normalidad tras una situación de emergencia declarada; y, en su segundo punto, sigue: a) Proponer al Consell que eleve solicitud al ministro del Interior de la declaración de una situación de emergencia como de interés nacional; d) Ejercer el Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil y desarrollando, entre otras, las siguientes funciones: 1.º Determinar las actuaciones a desarrollar y los recursos humanos y materiales que han de asignarse a cada situación de emergencia. 2.º Declarar, cuando le corresponda, los niveles, fases o situaciones de emergencia establecidos en los planes y procedimientos de protección civil. 3.º Determinar las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y para el personal de los servicios de intervención. 4.º Coordinar la información a la población durante la situación de la emergencia. 5.º Declarar la finalización de la emergencia en aquellos casos establecidos en los planes y procedimientos de protección civil; e) La decisión de constituir el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), cuando la evolución de la situación de emergencia así lo aconseje.

A nadie le puede caber la menor duda de que debe dimitir o ser cesada la responsable de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que estaba al mando, por solicitar al Gobierno que envíe la UME a Chiva a las 14:00 (no se entiende, por cierto, si esto es así, el retraso de la UME en llegar), habiendo avisos de desbordamiento desde las 11:28; por no convocar al CECOPI hasta las 17:00; por no enviar inmediatamente un aviso de alarma a todos los móviles de la zona de Utiel a las 11:30 y otro a los de Valencia Sur, como poco a las 19:00, cuando la CHJ acababa de avisar, tres horas tarde, de que el barranco del Poyo se estaba desbordando con un caudal inaudito; y por no proponer al Consell, desde las 14:00 (cuando solicita intervención de la UME) o al menos desde las 19:00 (cuando sabe por la CHJ que el barranco del Poyo se ha descontrolado por completo y los alcaldes llaman pidiendo auxilio, cuando le avisan de que el río Magro amenaza con desbordarse y que la presa de Forata puede venirse abajo) que eleve solicitud de declaración de interés nacional de la emergencia a Marlaska.

A esto yo añadiría la dimisión o cese de Nuria Montes por esputar, autoritaria y despectiva, que los familiares no se acercaran a comprobar si los cuerpos de sus familiares estaban en la morgue improvisada porque donde mejor podían estar en su casa. Y también la de Susana Camarero, consejera que afirmaba ante los micrófonos que la ayuda no pudo llegar antes porque no había acceso debido al estado de las carreteras (¿y los helicópteros del ejército?) y porque los ayuntamientos no les llamaban para decir lo que necesitaban, al haberse caído las comunicaciones.

Y a esto hay que añadir, por supuesto, al responsable político de todos ellos, que desapareció durante por lo menos 3 horas críticas, quedando al parecer ilocalizable en horario de trabajo.

5º) Finalmente llegamos al Estado o, para que Sánchez, tan pillo él, nos entienda, a la Administración General del Estado y al Gobierno central, pues los ministros son a la vez parte del Gobierno y de la Administración.

Dice el artículo 149.1.20 de la Constitución española que:

1. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

Y las sentencias del Tribunal Constitucional 123/1984, 133/1990 y 113/1992 reconducen la protección civil al concepto de la seguridad pública.

Fíjense -un inciso- que la propia Constitución se refiere en el artículo clave que dirime la organización territorial del poder al Estado para referirse al Gobierno nacional y, por derivación, a la Administración General que éste dirige. Es curioso que la Constitución no avale a Sánchez (¿Newtral?) con eso de que el Estado somos todos.

Consecuentemente, por más que haya desarrollo normativo y competencias asumidas a nivel autonómico (habrá que ver si no son demasiadas) es evidente que el Estado no puede inhibirse de una competencia que se le atribuye en exclusiva.

De ahí la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil que prevea, en su artículo 28, los supuestos de una emergencia “de interés nacional”:

1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. 3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

Y, a partir de dicha definición, en la que encaja perfectamente lo que vivimos aquel martes, el artículo 29 regula quién y cómo puede declararse ésta:

“En los supuestos previstos en el artículo anterior, corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa O a instancia de las Comunidades Autónomas O de los Delegados del Gobierno en las mismas. Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo caso, previa comunicación con la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública”

En su artículo 3 se crea un “Sistema Nacional de Protección Civil” que:

1. “integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones: a) Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse; e) Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
2. Las actuaciones del Sistema se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El artículo 4 prevé una Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.

El artículo 7 (bis), en su apartado 7, establece el deber de colaboración

“para los titulares de centros, establecimientos y dependencias, en los que se realicen actividades previstas en el artículo 9.2.b) que puedan originar emergencias, deberán informar con regularidad suficiente a los ciudadanos potencialmente afectados acerca de los riesgos y las medidas de prevención adoptadas, y estarán obligados a: a) Comunicar al órgano que se establezca por la administración pública en cada caso competente, los programas de información a los ciudadanos puestos en práctica y la información facilitada.”

El artículo 9 instituye una Red Nacional de Información sobre Protección Civil.

“ Se crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil con el fin de contribuir a la anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante cualquier situación que lo precise, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Esta Red permitirá al Sistema Nacional de Protección Civil: a) La recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a información sobre los riesgos de emergencia conocidos, así como sobre las medidas de protección y los recursos disponibles para ello. b) Asegurar el intercambio de información en todas las actuaciones de este título.”

Artículo 12 crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, un

“sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia.

2. La gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
3. Todos los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y bienes comunicarán de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil cualquier situación de la que tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil.
4. Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda.

Si así llegamos al artículo 18 donde se recogen las funciones del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil (CENEM), como la de “actuar como Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional. En ellas los órganos competentes de coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas se integrarán operativamente en este Centro, con las funciones y mediante los mecanismos de coordinación que se determinen, así como las redes de información para la gestión y coordinación de los servicios que intervengan en su resolución. El alcance de dicha integración y las condiciones de hacerlas efectivas se determinarán por el Consejo Nacional de Protección Civil”.

El CENEM de la DGPCE “es un centro estratégico de gestión y coordinación de la información y alerta a nivel nacional en materia de Protección Civil, que trabaja en cooperación con los demás centros de coordinación autonómicos e internacionales en el mismo ámbito, dando un servicio de seguimiento de los sucesos que afecten a la población de manera ininterrumpida las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año”.

Hay que remitirse a la web de Cantabria, para leer que el CENEM, “dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, es quien recopila la información y los medios de las distintas administraciones para determinar en qué momento intervienen bajo el mando de la emergencia.”

También podemos encontrar un pasquín oficial de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, donde se describe al CENEM como un “centro neurálgico de respuesta del Estado ante las emergencias”, se aclara que:

“El Centro Nacional de Emergencias (CENEM) representa un pilar esencial para la coordinación de recursos y garantiza una respuesta rápida del Estado cuando se produce un suceso de especial relevancia.

Gestiona más de 1.000 situaciones de interés al año y centra su actividad todo tipo de emergencias que puedan afectar a las personas o a sus bienes como inundaciones, incendios, seísmos, volcanes, así como accidentes en polígonos químicos o en el transporte de mercancías peligrosas.

Además, desde el CENEM se moviliza la Unidad Militar de Emergencias y se mantiene el contacto permanente con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para la coordinación de medios y recursos internacionales.

Para su actividad cuenta, entre otros servicios, con el apoyo de un sistema de satélites de última generación, a través del Programa Copernicus de la Unión Europea, que facilita una información cartográfica de alta resolución ante cualquier emergencia.

Opera de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, con un equipo de profesionales que desarrolla su trabajo conforme a más de 200 instrucciones técnicas y protocolos operativos certificados por AENOR”

Y finamente, el artículo 39 regula el Consejo Nacional de Protección Civil.

“el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y de la Administración Local, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación. Tiene por finalidad contribuir a una actuación eficaz, coherente y coordinada de las Administraciones competentes frente a las emergencias.

2. Forman parte del Consejo Nacional el Ministro del Interior, que lo preside, los titulares de los departamentos ministeriales que determine el Gobierno, los representantes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía competentes en materia de protección civil, designados por éstas, y la persona, con facultades representativas, que designe la Federación Española de Municipios y Provincias».

Aquí caben muchísimas preguntas. ¿Por qué el Presidente y todos los ministros, descaradamente el Presidente, Marlaska y las ministras Montero y Robles (por no hablar de toda la prensa), han sostenido que el competente para declarar la emergencia nacional era Mazón cuando el único competente, y lo puede hacer de oficio, es Marlaska? ¿Por qué no lo hizo, dada la gravedad de los sucesos, visto que podría incluso entrar a declararse un estado de alarma y, sobre todo, cuando el propio Sánchez llamó esa noche (tardísimo) a tres presidentes autonómicos (valenciano, murciano y castellanomanchego), dejando patente con ello que la emergencia era supraautonómica? ¿Qué información dieron la AEMET y la CHJ al CENEM, de acuerdo con el artículo 12.3? ¿Qué respuesta, supervisión o colaboración dio el CENEM -dependiente de Marlaska- a la Generalitat o al CECOPI, puesto que opera de manera ininterrumpida 24/7? ¿Por qué no decidió nada acerca del mando de la emergencia? ¿De qué sirvió a Marlaska tener imágenes de Copernicus desde las 16:00? ¿A qué esperó la Red de Alerta Nacional del CENEM para colaborar con la Generalitat o con el CECOPI e instarles a que emitieran la alerta a los móviles que ellos mismos gestionan? ¿Por qué la Ministra Montero se puso al frente de un comité nacional prácticamente a las 22:00 de la noche y qué hizo? ¿Por qué la CHJ, obligada por el artículo 12.3, dejo de emitir alertas sobre el cauce desbordado del barranco desde las 16:00 hasta casi las 19:00? ¿Dónde estaba la ministra Ribera y por qué hubo que esperar a las 20:00 para que ella y su secretario de estado llamaran a Mazón (el segundo desde Cali)? En última instancia, ¿cuánto tiene que esperar, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, el Gobierno nacional, es decir, la administración que ostenta en exclusiva, según la Constitución, la competencia sobre este tipo de emergencias (que claramente rebasaba desde las 14:00, cuando se solicita a la UME, los recursos disponibles por una Comunidad Autónoma), para cumplir la ley y hacerse con el mando legal de un operativo que claramente le viene grande a un Gobierno incompetente como el de Mazón? ¿15 minutos?, ¿media hora?, ¿dos horas? ¿12?, ¿un día (con, por medio, votación en el Congreso sobre la cooptación gubernamental de TV)? ¿Dos semanas? El Gobierno no ha asumido el mando de iure básicamente porque supondría reconocer que ha faltado a su obligación legal. Y, ahora, como dice Cué en El País, saca pecho asumiéndolo de facto.

Establecidas las distintas administraciones (¡cinco!) que intervienen con competencia en la materia, lanzo unas reflexiones de trazo grueso sobre las que quizás alguien podría recoger el guante durante estos días si de verdad nos importa analizar el problema y darle una solución.

En primer lugar, cualquiera se preguntará si no hay demasiadas administraciones implicadas y, sobre todo, si no existen ambigüedades y falta de concreción a la hora de establecer indicadores objetivos para saber qué actuaciones concretas tienen que emprenderse, o quién y cuándo deben tomarse esas decisiones. Tampoco es entendible la sistemática duplicidad de organismos, cuando de sobra bastaría con un solo órgano nacional (como el CENEM) que integrara cada vez, en su caso, a los representantes autonómicos en la materia (que deberán colaborar en la gestión sobre el terreno y en la aportación de cuanta información dispongan), dejando que un mando único -que dispondrá de la información y los recursos suficientes- se haga cargo de decidir en cada caso. Lo que no se entiende es cómo, existiendo un organismo nacional de emergencia en materia de protección civil, nadie alertase a la Generalitat de los medios a su servicios, como el sistema de alerta que depende directamente de dicho centro (de la Red Nacional de Alerta).

Insistimos en que el hecho de que un organismo nacional tome el mando no significa que la Comunidad Autónoma, los municipios o delegación de Gobierno se desentiendan de colaborar en absolutamente todo lo que se requiera para la gestión sobre el terreno del operativo de prevención, de salvamento o de reconstrucción. De hecho, en el nivel tres el mando operativo es de la UME (artículo 37.4 de la ley 17/2015), ni siquiera del competente jurídicamente, que sería Marlaska.

Es necesario hacer caso a los técnicos, como los de la propia CHJ, que no sólo venían advirtiendo de la necesidad de realizar una serie de obras públicas para prevenir desbordamiento de ríos y barrancos, sino que dejaron claro que el sistema de emergencia en España necesitaba una revisión porque estaba lleno de fallas y por eso pidió, entre otras cosas, un control nacional sobre las alertas:

 “es necesario el establecimiento y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida, sobre la base de unas redes de control integradas de información hidrológica dotadas de las herramientas informáticas oportunas que sirvan de ayuda para optimizar la gestión y la explotación de los recursos hídricos y su coordinación con la información meteorológica».

«(…) es importante tener en cuenta las posibles interrelaciones entre distintos ámbitos de trabajo, por lo que es importante reforzar la coordinación entre políticas sectoriales para alcanzar la máxima coherencia en la aplicación de medidas».

(…) Dada la multitud de actores implicados es necesario establecer protocolos de actuación, de comunicación y colaboración que permitan una actuación coordinada entre todos ellos, procedimientos ágiles de intercambio de información, etc. que mejoren la capacidad de respuesta ante la inundación reduciendo en la medida de lo posible sus efectos adversos», concluía el informe.

En segundo lugar, ¿sabiendo como sabemos, tras la crisis del Covid o las críticas a la prevención de Ayuso en 2023 ante otra dana, que un responsable político se enfrenta a un dilema tan perverso como el que contrapone prevención/seguridad y economía (movilidad frenada y establecimientos y servicios cerrados), tiene sentido poner a competir políticamente a los municipios entre sí en lugar de fiar la competencia al nivel más alto, técnico y eficiente posible, como decreta el principio de subsidiariedad tomado en serio? ¿No decía aquel ministro en la sombra que la estrategia ahora es ridiculizar a la Generalitat, mostrando la eficiencia de los técnicos nacionales?

En tercer lugar, como ya se ha apuntado, cabe preguntarse algo tan absurdo como el tiempo que tiene que transcurrir para que, en cumplimiento del deber de cooperación y coordinación, o simplemente asumiendo sus competencias en virtud del artículo 29 de la ley 17/2015 y de un principio de subsidiariedad bien entendido, el Estado (el Gobierno, Marlaska) se haga cargo de una gestión absolutamente ineficiente por parte de la administración inferior, del mismo modo que a las 15:20 la Generalitat se hizo cargo de la competencia de unos ayuntamientos sobrepasados.

Por último, nadie debería escapársele que esto se debe, en su base, a un sistema autonómico fallido, a una dinámica centrífuga intolerable, fruto de las concesiones sistemáticas a un nacionalismo que se ha hecho fuerte por un nefasto sistema electoral que no debería otorgar representación a partidos con menos de un 5% por de voto a nivel nacional. Ni siquiera tenemos reválidas en las escuelas para intentar garantizar niveles educativos mínimos y así espolear a aquellas Comunidades o centros que se van quedando atrás en un sistema educativo que el Estado (¡la AGE!) ha dejado, absurdamente, en manos exclusivas de las CCAA, pese a ser competente para regular la normativa básica, según el 149.1.30 de la Constitución. Los exámenes PISA los realizan las CCAA cómo quieren y si quieren. Pero esto es sólo un ejemplo. En España apenas funcionan bien y conservan su prestigio instituciones como el sistema nacional de transplantes o el MIR en el sistema médico. Y ya se quieren cargar este último, tras un pacto de Sánchez con el nacionalismo catalán, de quien depende para seguir en el Gobierno.

Finalmente, cabe concluir que Mazón debería dar una rueda de prensa este jueves para cesar a la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que ha estado al mando de la crisis todo este tiempo, y a 2 consejeras más (Nuria Montes y Susana Camarero). Acto seguido debería dimitir él por su pasividad, su desaparición de la gestión durante 3 o 4 horas y su lentitud en instar la declaración del nivel 3 de emergencia nacional a Marlaska y en enviar la alarma móvil a la población, que debería haberse hecho desde el mediodía. Luego debería explicar bien la secuencia de los hechos y aclarar con pelos y señales dónde empiezan y hasta dónde alcanzan las competencias municipales, las de la diputación, la delegación de gobierno, la Generalitat y las del Gobierno central. Y, finalmente, debería sugerir que, tras su dimisión, podrían venir las de unos cuantos alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes que no cerraron colegios ni pidieron evitar todo tipo de circulación desde que hacia las 7:30 del martes (o desde la tarde del lunes) se informara de la alerta roja desde el 112 de la Generalitat; y, sobre todo, desde que a las 12:51 del martes la Generalitat se hiciera eco de los avisos de la CHJ y diera un “aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la zona del barranco del Poyo». Podría seguir la dimisión de la delegada del gobierno por no coordinar debidamente la emergencia y, sobre todo, por no instar a Marlaska a declarar la emergencia nacional. También apuntaría al Presidente de la CHJ, órgano que se desentendió del barranco del Poyo durante 3 horas decisivas. Y, por último, no se puede sino señalar la inacción de Montero (al frente del comité de emergencias nacional el martes por la noche) y de Robles (responsable de haber mandado a más efectivos del ejército y no escudarse cobardemente -¡y mintiendo!- en que Mazón no declarara una emergencia nacional que tenía que declarar Marlaska). Pero sobre todo deberían dimitir Ribera y su secretario de estado (al frente de la CHJ y, por tanto, de las alertas sobre el caudal del barranco del Poyo) y, antes que ella, Marlaska (responsable del CENEM y de no haber declarado el nivel 3 de emergencia el martes por la tarde, esquivando el mando, que en realidad habría caído en la UME. No debería quedar sin asumir su responsabilidad política, y dimitir inmediatamente, Sánchez, quien lejos de instar a Marlaska a asumir de oficio el mando el martes por la tarde, bajó el miércoles del avión desde la India e hizo votar a todos los suyos la cooptación de TVE (y aún estamos debatiendo sobre la comida de Mazón del día anterior con una periodista). Y desde entonces se ha dedicado a ver hundirse a Mazón, frotándose las manos, dejando pasar 5 días (hasta ver cómo le recibieron en Valencia) antes de poner los medios realmente necesarios para hacer frente a la catástrofe, tras el requerimiento del Rey, y a cuenta de su nueva estrategia. Una en la que se nos dice que el Estado somos nosotros; y que aplaudamos. Dimita ya si le queda vergüenza.