“¿Qué será del pobre Pinochet?”, fue la pregunta que aparentemente susurró Salvador Allende pocas horas antes de su muerte, mientras bombardeaban La Moneda. Su hombre de confianza en las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, lo había traicionado. Ese hombre leal a los ojos de Allende, era acomplejado, resentido y altamente desconfiado, según relata el autor Juan Cristóbal Peña al portal El mostrador, rasgos personales con los que el general se mantuvo al frente del régimen militar durante 17 años. Como cualquier dictadura, la chilena se basó y sostuvo en la desconfianza hacia el otro, hacia el enemigo (marxista en este caso) que acechaba y debía mantener atenta a la población. Alerta y desconfiada. Casualidad o no, hoy en el país trasandino existe un alto nivel de desconfianza entre sus habitantes: un 87% de los chilenos desconfía de sus conciudadanos, de acuerdo con un estudio de la OCDE, ente que agrupa a las naciones más ricas del planeta.
El factor críptico
Este dato sobre la desconfianza llama la atención y viene a colación cuando la profesora y periodista chilena, María Olivia Mönckeberg, subraya que Pinochet aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), encerrado junto con sus asesores un día antes de dejar el poder, en 1990. Entre cuatro paredes, el general desconfiado reforzaba con esa ley la posibilidad de privatizar las universidades en Chile, un modelo neoliberal establecido en 1981 por los Chicago Boys. Este modelo se convertiría en un negocio sobre todo a finales de los 80, explica la periodista, y continuaría bajo los gobiernos democráticos de la Concertación y el del conservador Sebastián Piñera, hasta que las movilizaciones estudiantiles de 2011 reclamaron el fin del lucro que se produjo por la ausencia de un sistema regulatorio. Las investigaciones publicadas recientemente por Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile y Con fines de lucro, obtuvieron récords de venta, a pesar de que los dos diarios más vendidos y poderosos de Chile, El Mercurio y La Tercera, no hicieron reseña alguna de los datos revelados en Con fines de lucro por quien es, además, premio nacional de periodismo. Puede ser, sugiere la periodista, que esta omisión tuviese algo que ver con las grandes sumas de dinero que vuelcan las universidades privadas en estos periódicos en concepto de publicidad. Las investigaciones de Mönckeberg desglosan un entramado de negocios paralelos a las universidades privadas, explican cómo amparadas en la ley se formaron sociedades espejo, se crearon inmobiliarias y otros negocios ajenos al ámbito educativo. Estas ganancias millonarias en dólares han ido a parar a las arcas personales de familias, políticos y grupos económicos influyentes nacionales e internacionales, como Laureate, un grupo de capitales norteamericanos que lucra abiertamente y que tiene como figura estelar, canciller honorario, al expresidente estadounidense Bill Clinton.
La Universidad de las Américas, controlada por Laureate y con más de 31.000 estudiantes, no consiguió el permiso requerido por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), aunque sigue funcionando. Un ejemplo citado por Mönckeberg: en 2012 Las Américas obtuvo ingresos por más de 122 millones de dólares mediante el cobro de matrículas a los estudiantes chilenos. Por otro lado, el caso que más polvareda ha levantado fue el cierre de la Universidad del Mar (la clausura definitiva se producirá en diciembre de 2014) después de una investigación del Ministerio de Educación en la que se encontraron contratos y deudas millonarias con inmobiliarias relacionadas con los socios fundadores de dicha casa de estudios, entre otros, afectando a 18.000 estudiantes y a cientos de funcionarios y docentes. “Nada se consigue sin sacrificio”, era el lema con el que se presentaba este centro. Hoy son doce las universidades privadas que están bajo la investigación de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, entre ellas la Universidad de las Américas. Los fiscales también investigaron a exmiembros de la CNA sobre delitos de lavado de dinero y corrupción al interior de esa entidad, que tiene entre otros fines verificar la calidad de las instituciones. “La Universidad del Mar había comprado su acreditación”, recuerda el periodista chileno Francisco Figueroa.
Una cuestión siniestra
“Entre gallos y medianoche, sin ningún preámbulo, aprueban algo muy especial. El 81 fue un año absolutamente fundacional en el que empezó a regir la Constitución del 80, aprobada luego de un plebiscito absolutamente fraudulento, y con ella vinieron las reformas legales de lo que se llamaron modernizaciones. Llegaron las reformas de la educación, por ejemplo, dando la posibilidad de crear estas universidades privadas, corporaciones sin fines de lucro. Luego crearon los Institutos Profesionales y los Centros de Educación Técnica a los que sí les dieron permiso para lucrar”, explica la periodista. Entonces, continúa Mönckeberg, en la educación superior estaba previsto que los grupos económicos que se habían logrado armar, que no eran los tradicionales, fueran los llamados a crear estas universidades privadas bajo el modelo inspirado en el sistema de vouchers del ideólogo del neoliberalismo, Milton Friedman.
Igual que lo hicieron con las AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones) y con las ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional), cuyos actores fueron estos nuevos grupos económicos que se habían fortalecido con la devolución de las empresas que estaban en manos del Estado, o habían pasado por manos del Estado en el gobierno de Allende a manos privadas. “Por todo lo que yo he averiguado y escrito, aquí en Chile se llegó a extremos más fuertes que los modelos aplicados por Margaret Thatcher y Ronald Reagan; fue más exagerado en varios aspectos”, subraya. “Pero en el 82 se desató una crisis económica muy fuerte, y había una crisis también del propio modelo que estaban implementando. Rodaron por el suelo los grupos económicos de aquel entonces sobre todo los que estaban en actividades bancarias, financieras. Eso frenó el proceso e hizo que las universidades privadas no se crearan en el minuto que las querían crear”.
Tras el paso de los años, el triunfo del no a la continuidad de Pinochet, y los 23 años de democracia, la periodista sostiene: “Lo que está pasando en la educación superior es un volcán, es una cuestión siniestra. Están estafando a la gente, están haciendo un negocio tremendo. Esto es obra básicamente de los civiles que rodeaban a Pinochet que luego dan origen a la Unión Democrática Independiente (UDI), con un modelo privatizador en todos sus aspectos y que lo vieron como una forma de dominación, de perpetuación. Es un negocio ideológico y es un negocio económico. Por el lado de las lucas (dinero) la cosa reventó y está reventando hoy en día”.
Mönckeberg sostiene que en materia de lucro “la inmobiliaria ha sido el clásico”. En sus investigaciones abundan datos de inmobiliarias que arriendan edificios a las universidades, siendo los titulares de las inmobiliarias los mismos que de la universidad, como fue el caso de la Universidad del Mar. Por todo esto, desde su punto de vista, el despertar universitario y el movimiento estudiantil que cuestiona el lucro y pide enseñanza gratuita y de calidad, “a la mayoría de la gente la pescó de sorpresa, a nivel político también”.
Así llegamos a Giorgio Jackson, una de las caras más conocidas de ese movimiento, electo diputado en 2013. Jackson tiene 27 años y es clave en la conformación de la cámara de diputados. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y su elección marca un hito, por provenir de un sector independiente, Revolución Democrática, abriendo una brecha en el sistema binominal establecido por Pinochet y que sólo ha permitido gobernar a las coaliciones de la izquierda y derecha tradicionales de Chile. “A los dirigentes estudiantiles, algunos de ellos electos diputados, siempre le están poniendo el contrapunto. En estos días en El Mercurio han estado saliendo personajes que son para mi gusto bastante del pasado, de la transición, de la Democracia Cristiana, por ejemplo el senador Andrés Zaldívar, que siguen dictando cátedra y diciendo que no hay que hacerle tanto caso a la calle, a los jóvenes”. Entre los contrarios a la gratuidad y la continuidad del lucro figuran Mariana Aylwin, la hija del expresidente democratacristiano Patricio Aylwin, porque está involucrada en corporaciones de la enseñanza básica y media, comenta Mönckeberg, o el exministro de la Concertación, José Joaquín Brunner, que fue uno de los artífices del modelo en las universidades y no se jugaron por un cambio.
Lo que la tele mostró y lo que ocurrió
Las movilizaciones estudiantiles chilenas de 2011 fueron muchas veces captadas por los medios de comunicación locales e internacionales en sus instancias más morbosas, en las que primaron los enfrentamientos entre grupos de estudiantes y las fuerzas de seguridad. Estos violentos choques, los gases lacrimógenos, las piedras, los encapuchados, los escudos y las huidas masivas, dejaron en segundo plano el debate de fondo. ¿Qué ocurría con la educación superior chilena? Echando la vista más atrás de 2011, dice Giorgio Jackson: “En las movilizaciones de 2006 los reclamos trascendieron a los estudiantes (fue la llamada revolución pingüina, de estudiantes de enseñanza secundaria); se trataba de modificar la LOCE y de que se terminara el lucro en la educación. Son dos conceptos. Se dio un debate muy llamativo con la participación de la ciudadanía. Fue un factor clave. Esa movilización llevó a la modificación de LOCE por la Ley General de Educación (LGE) que fue aprobada en 2008, pero no dejó satisfechos a los estudiantes. Previo a esto la presidenta Bachelet había convocado a una mesa interdisciplinaria. Ahí emergió un proyecto de ley que contenía varias de las demandas del movimiento estudiantil. Sin embargo al pasar al parlamento la discusión se desvirtuó, el proyecto se trabó y terminó pactándose un acuerdo, la LGE, entre el gobierno de la Concertación y la derecha. El gobierno lo dio como un triunfazo y esto zanjó el tema educacional en Chile. Hubo modificaciones pero no se discutió el modelo de mercado que hoy día está en nuestro sistema educacional”. Jackson sostiene que durante los gobiernos de la Concertación “no hubo un cambio en la matriz ideológica, sobre cuál iba a ser la directriz y el rol del Estado dentro del sistema educacional. Y eso provocó mucha frustración”.
La consecuencia fue que muchos de esos estudiantes salieran a la calle en 2011, dice el nuevo diputado. Relata que el movimiento reunía a estudiantes con diferencias ideológicas, que debatieron y se prepararon muy bien, salieron a la calle reclamando medidas concretas contra la precarización, hasta que poco a poco las demandas se fueron tornando políticas, de fondo; los medios de comunicación decían que quienes protestaban eran los estudiantes de elite mientras miembros de la propia Concertación reconocían que habían infiltrado operadores políticos para desactivar las protestas. Bajo la consigna “por el fin del lucro, por una educación pública, gratuita y de calidad”, ese año salieron a la calle más de 100.000 personas. “Las demandas se tornaron políticas, lo que pasaba en educación también pasaba en salud, también pasaba en pensiones. Nosotros conocimos la verdad social a través de esta grieta educativa, conocimos lo que es este entramado. A eso se le suma que nos encontramos con una pared política que es la constitución, propusimos una reforma tributaria, una reforma constitucional, la demanda iba hacia el país”.
Recuerda Jackson que poco antes de las grandes movilizaciones el índice de aprobación de Piñera era de más del 60%, muy alta tras el rescate de los mineros, en 2010. En julio de 2011 Piñera tenía un 21% de aprobación. Bajo su gobierno pasaron cuatro ministros de Educación, uno de ellos fue destituido en 2013, Harald Beyer, por negligencia a la hora de fiscalizar el lucro, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Dos años antes, Joaquín Lavín, por entonces ministro de Educación, reconocía en un programa de televisión que había “recuperado su inversión” en una universidad privada. En efecto, era uno de los titulares de la Universidad del Desarrollo y de la Inmobiliaria Ainavillo. Lavín renunció después de las movilizaciones estudiantiles. Para rematar y fiel a su estilo, Piñera declararía: “la educación es un bien de consumo”.
Masificación según se mire
Para Jaime Bellolio, electo diputado por la UDI, partido de la derecha, la educación terciaria está en un punto de inflexión y cree que el debate debe centrarse en la calidad. “En los últimos 20 años, cuando uno ve la trayectoria de las instituciones de educación superior nota que hay una estabilización en la cantidad de universidades en general, públicas y privadas, y la cantidad de personas que ha ido ingresando a la educación superior es inmensa. Hoy día tenemos cerca de un millón de personas en la educación superior (esto comprende universidades, institutos profesionales y los centros de formación técnica). En las universidades hay cerca de 600.000 personas. Ha crecido el acceso a las personas de menores ingresos”, indica Bellolio. Como Jackson, su contrincante político, Jaime Bellolio fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, estudió en Chile y en Chicago, donde se especializó, entre otras áreas, en educación. “Cuando uno ve las razones por las cuales los jóvenes con menores ingresos no entran en la educación terciaria, la principal no es que no tengan el dinero para pagar la matrícula de la universidad sino doce años previos de mala calidad en la educación. Por eso es tan importante hablar de la educación hacia atrás y no sólo de la universitaria. Y otra clave es que una vez que accedan, permanezcan, porque de los que se matriculan sólo el 50% termina su carrera”. Y sobre el movimiento estudiantil, Bellolio agrega: “Con justa razón reclamaban que la universidad no fuera una mochila para toda la vida y una posibilidad de ascenso social. El problema más visible de la educación superior tiene que ver el financiamiento. Pero los verdaderos problemas de la educación superior son aquellos invisibles, que tienen que ver con la calidad de la educación previa, con el sistema de selección, la imposibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, la deserción en el sistema universitario, con la duración de las carreras”.
Jackson discrepa con esta postura: “El sistema de educación superior, desde que Pinochet cambió las reglas, no se había discutido; había una oportunidad política… Por eso el reclamo entra por educación superior y no por educación básica o media, porque ya se había hablado de eso en 2008. Hacía tiempo que no había espacio político para ingresar este tema. Con la educación superior existía una deuda”. Hay algo de espejismo en todo esto según reflexiona el periodista Francisco Figueroa, ya que de cada diez estudiantes sólo cuatro logran acceder a la educación superior chilena, tanto universitaria como técnica. De esos cuatro estudiantes sólo dos logran egresar. “La clase política se jacta mucho de haber aumentado el acceso a la educación y eso es efectivo pero no distinto a lo que ha ocurrido en otros países, no de la mano del mercado sino del Estado. El ritmo chileno fue muy acelerado pero muy segmentado, dependiendo mucho de la capacidad de pago del estudiante”, enfatiza Figueroa.
A quién avala el Estado
Giorgio Jackson asocia el incremento de la matriculación al surgimiento, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, del Crédito con Aval del Estado (CAE), que básicamente consiste en que el dinero que presta el banco al estudiante es avalado por el Estado. “El problema asociado a esto es que desencadenó una red de corrupción en torno a la acreditación por la cantidad de dinero que podían tener las universidades que llegaba a través de los alumnos como un voucher. Si conseguías la acreditación lograbas tener un flujo de dinero gigante en tu universidad. El premio gigante era un voucher por alumno aunque fuese una universidad de dudosa calidad. Esto generó una expansión de las universidades privadas que antes no tenían financiamiento y consolidó un modelo de negocio que generó sobreprecios”, subraya Jackson. El periodista Francisco Figueroa se refiere al CAE como un negocio redondo para la banca. “Te endeudas con la banca y cuando ya no puedes pagar aparece el Estado. Ahora hay una masa importante de estudiantes endeudados”.
Algunos ejemplos: la carrera de antropología puede costar 20.000 dólares, medicina unos 70.000 dólares, dependiendo de la universidad y los años que implique culminarla. El salario promedio de una familia chilena de bajos recursos es de aproximadamente 500 dólares y el promedio de lo que Figueroa llama “frágil clase media” está en torno a los 800 dólares. Sus hijos fueron el blanco de las universidades privadas de “dudosa calidad” o de los centros profesionales o técnicos. ¿Por qué dudosa calidad? Porque de las 4.700 carreras existentes en Chile, 700 cuentan con acreditación. Este dato proviene del presidente de la fundación Educación 2020, Mario Waissbluth. “300.000 estudiantes terminan con un título tan subvalorado que no podrán pagar su deuda ni en 20 años”, explica Waissbluth, y añade que “el 80% de la educación superior es financiada por las familias en el supuesto de que puedan asumir sus deudas”.
Esas deudas no tocan a las familias llamadas de “cota mil” por vivir en las zonas altas de Santiago, afincadas en las faldas de la cordillera, cuyos hijos estudian en universidades privadas de elite si no consiguen el puntaje necesario para entrar en la prestigiosa Universidad de Chile o la Universidad Católica. “Tomando en cuenta ganancias de capital, el 1% más rico de Chile se lleva a casa el 30,5 % de la torta, en comparación con 21% en Estados Unidos, 11% en Japón y 9% en Suecia”, expresa Waissbluth refiriéndose a la distribución de la riqueza en Chile y que tiene un claro reflejo en la educación: los ricos estudian con los ricos, los de clase media con sus pares y los pobres con los pobres.
La cartera de deudores
Acerca de las particularidades del Crédito con Aval del Estado, Figueroa hace hincapié en que fue un gobierno progresista el que otorgó este negocio a los bancos. Mediante el CAE, sigue Figueroa, los bancos no arriesgaban nada, ganaban por todas partes. “El Estado estuvo pagando a los bancos un sobreprecio por una “cartera de deudores”. Es un negocio redondo para los bancos porque le puede vender esa cartera al Estado para deshacerse de ese problema y lo hace a una tasa de interés de alrededor del 10%”. A partir de 2011, en medio de la presión, el gobierno de Piñera “baja radicalmente el sobreprecio que pagaba el Estado a los bancos porque se da cuenta de que es algo impresentable”, remarca el periodista, autor del libro Llegamos para quedarnos. A todo esto, con respecto a la falta de regulación, en Chile está estancada una ley que crearía una Superintendencia de la Educación Superior, la cual según Bellolio (uno de sus impulsores) va a ser retirada por el entrante gobierno de Bachelet.
En el libro Con fines de lucro el rector de la estatal Universidad de Chile, Víctor Pérez, propone que toda institución que reciba directa o indirectamente dinero del Estado quede bajo el control de la Contraloría General de la República y que se les aplique la Ley de Transparencia. Esto fue presentado por el rector ante la cámara de diputados en 2013, lo que da la pauta del grado de “libertad de movimientos” que aún gozan las universidades privadas en Chile. “Si bien existe una ley, el lucro no está tipificado como delito”, dice Andrés Fieldbaum expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en el mismo libro. Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena son quienes utilizan las herramientas jurídicas para investigar. A la pregunta de por qué no se contempló la posibilidad del lucro cuando surgió la ley que habilitó la privatización de las universidades, el electo diputado de la UDI, Bellolio, responde: “Creo que no se estaba pensando en que esto iba a ocurrir. Se pensaba en que se fundaría una universidad como tal, con su edificio y que impartiera educación, y no que hubiese una sociedad anónima al lado, con los mismos dueños de la universidad, que recibiera ingresos”.
El nuevo escenario
Estamos frente a un periodo “altamente complejo, confuso e impredecible”, reflexiona Waissbluth a propósito de la promesa de Bachelet de llegar a la gratuidad de la educación en un periodo de seis años. Figueroa recuerda que Bachelet ganó las elecciones desmarcándose de los partidos tradicionales (las instituciones más rechazadas por la sociedad chilena) y tomando las banderas del movimiento estudiantil, al menos en los titulares: una educación superior gratuita, una reforma tributaria que la pueda financiar y una reforma constitucional para dejar atrás un sistema electoral “muy tramposo”.
La desafección por la política se manifestó en la abstención, que fue de casi el 60% (en Chile el voto no es obligatorio), apunta Figueroa. “Hay un escenario distinto y el juego está jugándose. Creo que Michelle Bachelet ha reflexionado mucho sobre el tema. Y está toda la artillería puesta para tratar de contener el que se hagan las reformas. Creo además que es muy interesante todo lo que ha pasado con la indagación de la justicia”, opina Mönckeberg. Para ella lo que ha ocurrido a partir del movimiento estudiantil demuestra que se han dado pasos importantísimos: “No estaríamos hablando de reformas en la constitución, de asamblea constituyente, de reforma tributaria”. En lo relativo a la gratuidad, el diputado de la UDI, Bellolio, se cuestiona: “¿Cuál es el modelo que quiere impulsar Bachelet? No lo sabemos. Tenemos algunas ideas de algunas personas que dicen algunas cosas. ¿Cuál es el modelo de universidad pública estatal gratuita que dicen algunos? ¿El de la UBA en Argentina, el de la UNAM en México? En ellas entran 7.000 u 8.000 estudiantes al año y se gradúa el 7%”. Jackson apoya a Bachelet y entiende que hay una gran oportunidad pero no garantías. “Si lo de la gratuidad fuera de un día para otro esto sería una catástrofe. Yo prefiero que se genere un proceso sobre cuál es el rol del Estado, de ponerle las reglas claras a las universidades y que el financiamiento sea el broche de oro”, concluye.
Gabriel Díaz es periodista uruguayo/español. Desde que tenía 20 años escribe crónicas personales y publica reportajes vinculados, la mayor parte de ellos, a la capacidad de los seres humanos de sobreponerse a dictaduras, guerras o genocidios. A los 21 años viajó a Bosnia, después a Sierra Leona, Ruanda, Israel, Palestina, Guatemala y Colombia, entre otros países. Actualmente sigue de cerca los claroscuros de la llamada pacificación de las favelas, en Río de Janeiro.
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