El domingo 8 de mayo de 2011 culminará una marcha ciudadana en México en protesta ante la sangre derramada en la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón.
Encabezada por el escritor y periodista católico de izquierda Javier Sicilia, tal marcha ha elegido el silencio de los manifestantes durante el trayecto. Mientras tanto, Sicilia como otros líderes no han dejado de expresar sus críticas al gobierno mexicano a través de diversos medios de comunicación, al mismo tiempo que los manifestantes portan mantas y cartulinas en las que condenan las acciones gubernamentales en todo tipo de tonos.
Este contraste entre el llamado al silencio (el propio Sicilia ha declarado que ya no escribirá más poesía debido al asesinato de su hijo a cuenta del crimen organizado) y los discursos cada vez más beligerantes (“Queremos refundar la nación”) es uno de los signos centrales de este episodio civil que muestra el hartazgo colectivo ante la violencia imperante en México.
Sicilia comenzó su activismo contra la guerra al narcotráfico en las semanas anteriores con la exigencia de restablecer la paz social en el país a partir de buscar un diálogo con el crimen organizado. Fue muy criticado por hacerlo, en particular, en los círculos del gobierno y sus voceros: la idea de reconocer como interlocutores a criminales contradice el fundamento de la ley.
Por lo demás, el pronunciamiento de Sicilia pasa por alto un hecho: el Estado mexicano, mediante funcionarios, políticos, policías y militares, mantiene una interlocución constante con los grupos del crimen organizado, aunque en términos oficiales esto no se reconozca. Es uno de los efectos de la corrupción. Lo mismo acontece con las agencias estadounidenses que operan en México, por ejemplo, FBI y DEA (http://www.eluniversal.com.mx/notas/757697.html). A la vez, tanto las agencias de EEUU como el gobierno mexicano hacen la guerra al narcotráfico. Esta ambigüedad es parte del problema. Y Sicilia parece ignorarlo a pesar de ser un aspecto divulgado en el debate público desde tiempo antes, al igual que las críticas tempranas a la estrategia gubernamental.
El incremento de la violencia estaba previsto desde años atrás. Al insertar el dispositivo bélico-policial, el gobierno mexicano puso en crisis a los distintos grupos criminales y creó tensiones y desestabilizaciones sociales en muchas partes del país, lo que justificaba a su vez la implantación y desarrollo de la Iniciativa Mérida, el plan de combate al narcotráfico pactado desde años atrás entre México y EEUU sobre la base de la “seguridad” en América del Norte.
El trasfondo geopolítico del auge de la violencia y la inseguridad en México es uno de los grandes faltantes en el conocimiento público del problema. La mayoría de los mexicanos, como lo reflejan múltiples encuestas, cree que este asunto es una pugna entre criminales y fuerzas del gobierno (que actúan bajo plena soberanía, lo cual es falso).
Asimismo, el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de restar importancia al factor geopolítico con el fin de asumir el peso de la guerra contra el narcotráfico como el gran puntal de su gestión. Al comienzo de las operaciones esta circunstancia le permitió legitimarse de cara a la opinión pública después de llegar al poder tras comicios muy cuestionados.
Sin embargo, en los últimos tiempos dicha guerra se ha convertido en el mayor obstáculo de su gobierno: ni logra imponerse con su estrategia sobre los grupos criminales ni consigue convencer a los mexicanos sobre el rumbo correcto de ésta. En México existe una gran ruptura entre sociedad y gobierno, y esta adversidad vuelve a expresarse con la marcha actual a favor de la paz.
Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón insiste en mantener la guerra contra el narcotráfico sin retroceso alguno, convencido de que le asiste la razón, la ley y la fuerza pública. Los opositores reclaman que no les oye ni atiende, mientras el presidente solicita comprensión de la sociedad. Dos líneas en divergencia.
Este segundo frente de la guerra contra el narcotráfico (la falta de aceptación y apoyo generalizados por parte de los mexicanos) tiende a imponerse como la dificultad máxima del partido en el gobierno frente a las elecciones presidenciales del 2012. El presidente Felipe Calderón aún puede reenfocar aquella divergencia sin necesidad de mostrar debilidad alguna a través de diálogo y acuerdos mínimos con los opositores bajo un principio compartido: el compromiso de defender el Estado de derecho en México.
