52 personas asesinadas por un incendio provocado en Monterrey, Nuevo León, al norte de México. Esta muestra de barbarie señala el reinicio del terrorismo del crimen organizado en una zona, la frontera con Estados Unidos, que padece una desestabilización creciente.
En su mayor parte, el estado de Nuevo León está dominado por el grupo criminal Los Zetas, que contiende con el Cártel del Golfo y el de Sinaloa por este territorio estratégico. Al igual que el estado vecino de Tamaulipas, Nuevo León está sujeto al control de Los Zetas, amos de las industrias criminales en la región (narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, secuestros, robo, tráfico y explotación de personas, etcétera). Las autoridades, civiles y militares, han sido incapaces hasta el momento de restaurar el Estado de derecho allá.
Lo lamentable del caso es que tanto el gobierno local como el gobierno federal han asumido la postura de víctimas de un poder que los rebasa, como si su responsabilidad fuera otra que combatir al crimen organizado, reducirlo e imponer el orden institucional. En su afán de enfrentar la realidad con acciones sustitutivas, el gobierno federal se entrega a la propaganda y los mensajes auto-compasivos, motivacionales, que denotan la pérdida del sentido de Estado y de gobierno.
El presidente de la República acaba de aludir a que México es “más que la violencia”. O bien, afirma:»México es mucho más fuerte que un puñado de criminales que quieren imponer el miedo». Sin duda lo es: el problema reside en que su gobierno se ha desgastado tanto por la “guerra al narcotráfico” que desató, que las expectativas públicas dentro y fuera del país están y estarán centradas en la violencia detonada por tal suceso. Es contradictorio que el mismo personaje que colaboró a construir el problema y las percepciones alrededor de éste, busque ahora atenuar sus efectos. Las comunicaciones emitidas bajo cierto cariz suelen mantenerlo al paso del tiempo a pesar de los desmentidos, las retractaciones o los matices sobre lo que se quiso decir. Los contenidos tiene vocación irreversible. El mensaje se vuelve reiterativo: la responsabilidad es de otros. En este caso, de EEUU: «Si están decididos y resignados a consumir drogas, busquen entonces
alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de
los criminales, o establezcan puntos de acceso claros distintos a la
frontera con México, pero esa situación ya no puede seguir igual».
Desde tiempo antes, la operación del gobierno mexicano contra el crimen organizado dejó de ser el propósito de hacer una guerra eficaz al narcotráfico para asumir, como una acción sustitutiva más, una guerra mediática de índole propagandística y en pos de mejorar la imagen de cara a las críticas generalizadas. Así, se ha visto intentar a sus funcionarios de comunicación una “narrativa” contra los “10 mitos” sobre la seguridad, que incluye una visualidad tipo cómic y un reduccionismo tramposo e inverosímil sobre hechos contrastantes que la gente ha atestiguado. O se congrega a los funcionarios de seguridad a rendir duelo a las víctimas del incendio en Monterrey cuando ellos fueron incapaces de garantizar ésta a tales ciudadanos.
Asimismo, la presión gubernamental sobre los medios de comunicación se ha vuelto insistente para imponerles contenidos favorables al propio gobierno. La idea es proyectar una imagen institucional que no se corresponde con los resultados de su lucha contra el crimen organizado: en encuestas recientes, la mayor parte de las personas opina que el gobierno ha fracasado al respecto. Y cada día las noticias les dan la razón.
El énfasis en acciones sustitutivas del gobierno mexicano tiende a favorecer actos solemnes, propios de la subcultura política de años atrás, donde el presidente puede lucir su voluntad retórica de combatir el crimen en forma de un discurso refractario a la autocrítica. Además, en medio de arengas e himnos, el gobierno presume su capacidad de dialogar con clientelas cautivas, por ejemplo, activistas y organizaciones no gubernamentales que viven del presupuesto del propio gobierno, o con movimientos sociales que están “hasta la madre”, hartos de la violencia y, al mismo tiempo, ávidos de legitimar y legitimarse mediante el gobiernismo más ritual.
Dentro de unos días, la Cámara de Diputados en México realizará un Foro titulado “Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad”, que contará con la presencia del presidente de la República y diversas personalidades nacionales y extranjeras, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, a quien se recuerda por su vehemente defensa en 2003 de las asesinadas de Ciudad Juárez, hasta que el gobierno mexicano en turno le convocó como asesor de su plan para “solucionar el problema” (un conjunto de acciones sustitutivas que sólo consiguieron enraizarlo en la impunidad y la corrupción), y jamás volvió a defender del desdén oficial a las víctimas del llamado feminicidio: las familias de éstas aún esperan su explicación al respecto. Vale recordar que la adversidad mexicana de hoy comenzó en Ciudad Juárez. Es de suponer que Garzón volverá a hacer un favor semejante al gobierno mexicano. Por desgracia, la simulación tiende a imponerse en esta grave hora.
También esta semana, fue secuestrado y asesinado en Culiacán, Sinaloa, el periodista Humberto Millán Salazar. Con él, ya son 74 los periodistas asesinados en México desde el año 2000. Todos esos crímenes permanecen sin castigo. Mientras tanto, el presidente de la República se conduele de la impunidad en todo el país que el mismo deberia combatir.
