La defensora de derechos de las mujeres Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez, crimen que las autoridades mexicanas han minimizado.
Dicho atentado forma parte de una larga serie de actos criminales que permanecen impunes: 1) el asesinato diez años atrás de la hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade); 2) el asedio de policías, funcionarios y personas anónimas para que Norma Andrade abandonara las pesquisas familiares sobre el asesinato de su hija; 3) las omisiones de las autoridades frente a este asesinato; 4) la negligencia de las mismas frente a las amenazas de muerte que, a lo largo de los años, han padecido la propia Norma Andrade y Marisela Ortiz, fundadoras del grupo civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa; 5) en los últimos meses fueron amenazadas de muerte tanto Marisela Ortiz como María Luisa García Andrade, hermana de Alejandra e hija de Norma, por lo que debieron abandonar Ciudad Juárez.
Las autoridades mexicanas se han mostrado incapaces de brindar protección a ninguna de ellas, como tampoco a otras activistas sociales que fueron asesinadas, Josefina Reyes, Susana Chávez, o Marisela Escobedo, quien reclamaba justicia ante el asesinato de su hija y cayó víctima del ataque de un sicario frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua un año atrás.
Durante su campaña electoral, Felipe Calderón se comprometió a solucionar la impunidad de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En viaje a Italia y ante legisladoras italianas, reiteró su promesa. Nada al respecto cumplió. Su gobierno ni siquiera ha respondido en forma integral, excepto simulaciones propagandísticas, a la sentencia de la Corte Penal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó un par de años antes al Estado mexicano por expedientes del Campo Algodonero.
Estos hechos vuelven a evidenciar la carencia de un Estado de derecho en México, del que es co-responsable también el poder legislativo, y, frente al tema de los derechos de las mujeres, sus comisiones de equidad y género, las senadoras y diputadas a cargo, quienes al lado de las funcionarias del ramo, son ya figuras decorativas que validan un estado de desorden institucional.
La presunción de legalidad oficial se contradice día tras días frente a un país estragado por la violencia, la inseguridad y la ineptitud de sus instituciones para enfrentar el problema. Días atrás, fueron asesinados también el activista social Nepomuceno Moreno Núñez en Hermosillo, Sonora, y José Trinidad de la Cruz en Aquila, Michoacán.
En México, impera la propaganda y la manipulación informativa del gobierno y sus vocingleros. Y cunde la furia presidencial ante las exigencias civiles, síntoma de la frustración ante el fracaso de la estrategia de combate al crimen organizado que emprendió su gobierno: debe recordarse, contra la amnesia gubernativa, que el problema actual de México inició en gran parte con los asesinatos sistemáticos contra mujeres en Ciudad Juárez hacia 1990, debido a la corrupción y la impunidad propiciada por los acuerdos del poder económico-político y el crimen organizado en tal frontera, y bajo la connivencia del gobierno federal.
A la fecha, y a pesar de los programas de seguridad que el gobierno federal emprendió en Ciudad Juárez, esta localidad permanece como la más violenta del país, con 300 homicidios al mes de acuerdo con las estimaciones oficiales. De poco vale que el gobierno actual culpe a los anteriores de la situación presente. O que busque legitimarse a través de “diálogos” demagógicos que cuentan con la complacencia de algunos dirigentes de grupos civiles, como los del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El altísimo índice de violación a derechos humanos por parte de policías, soldados y marinos bajo el pretexto del combate al crimen organizado delata una disfunción institucional: se trata de delitos sistémicos, es decir, pertenecientes o relativos a la totalidad del sistema de seguridad, un hecho que ningún alegato de legalidad interna o externa puede cancelar. Mucho menos justificarlo mediante el apego a los acuerdos internacionales de respeto a derechos humanos mientras se tolera su incumplimiento dentro del país.
La erosión institucional de ahora es un asunto gestado a lo largo de los años, algo que pocos quieren observar y recordar, e implica a funcionarios, ex funcionarios, policías, militares y protagonistas políticos de diversos partidos, además de empresarios y capitalistas.
La acusación reciente de 23 mil ciudadanos mexicanos, encabezados por académicos y ex funcionarios, contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional de la Haya por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, desató las amenazas presidenciales: “el gobierno explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realizan calumnias, acusaciones temerarias”. Quiere pasar por alto que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho de que se demande al presidente de la República. En la fase terminal de su gobierno, Calderón se queja de que se le quiera comparar con Hitler y Milosevic, y se ha quedado solo en tierra de nadie: carente de legalidad y de legitimidad. Sujeto ya al escrutinio internacional, como tanto otros “demócratas” latinoamericanos que dijeron “apegarse a la ley” y se hundieron al final en la tradición autoritaria del continente.
Bajo tal contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha declarado a México el segundo país con mayor desigualdad entre sus afiliados, causa fundamental de la crisis del país. Basta de mentiras, engaños, triunfalismos falsos.
En este momento, se divulga que acaban de recibir nuevas amenazas de muerte Norma Andrade, María Luisa García Andrade y Marisela Ortiz del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
