Se calcula que en el año 2010 se produjeron en China unas 180.000 protestas sociales de diversa entidad. Se prevé que la cifra de 2011 haya sido parecida o incluso superior. En los últimos años, el número de protestas no han dejado de aumentar: nos encontramos, por tanto, ante una tendencia al alza.
El último episodio de protestas que ha llegado a los medios occidentales -e incluso a muchos medios de la China continental- tuvo lugar hace unos meses en Wukan, una localidad de unos 13.000 habitantes situada en la provincia sur oriental de Guangdong. Las protestas populares comenzaron el pasado septiembre motivadas por el fuerte descontento que se había ido acumulando hacia los políticos locales a causa de una mala praxis -léase corrupción- en la expropiación de tierras con fines inmobiliarios. Las protestas continuaron durante todo el otoño hasta alcanzar su punto álgido en los primeros días de diciembre, tras la muerte de Xue Jinbo -uno de los interlocutores elegidos por la población para negociar con las autoridades- mientras se encontraba bajo custodia policial tras ser detenido. Sólo la intervención de negociadores enviados por Pekín logró poner fin al conflicto. A cambio de cesar las protestas, los habitantes de Wukan recibieron la promesa de que les serían devueltas las tierras expropiadas ilegalmente y que serían liberados todos los detenidos. Y, lo más importante, los negociadores enviados por Pekín prometieron que los habitantes de Wukan podrían elegir a sus representantes políticos regionales mediante sufragio directo. El proceso electoral se puso ya en marcha a comienzos de este mes de febrero.
Protestas como de la de Wukan han motivado que en los medios occidentales se hable con cierta frecuencia del riesgo que suponen estas demostraciones de descontento para la estabilidad a medio y largo plazo del régimen chino.
Algunos datos parecen indicar que, en efecto, las protestas cada vez más numerosas son un síntoma de que algo va mal en el país asiático. En 2010, la partida del presupuesto chino dedicada a financiar a las fuerzas del orden nacionales -unos 83 mil millones de dólares- superó al gasto destinado a financiar su gran ejército, en constante proceso de renovación y modernización tecnológica.
Sin embargo, también se podría hacer una lectura distinta de esta proliferación de conflictos internos que se vive en China desde hace ya algunos años. El politólogo Peter L. Lorentzen, de la Universidad de Berkeley, publicó un estudio en 2010 en el que ofrecía una interpretación del fenómeno de las protestas en China que contradice, o al menos atempera, la mayoría de anuncios alarmistas que pueden leerse en muchos medios de información. Según Lorentzen, el régimen chino estaría tolerando las protestas que se celebran en todo el país porque le resultarían beneficiosas, al utilizarlas como una herramienta más de gobierno. Dichas protestas estarían permitiendo a los dirigentes chinos obtener un feedback del descontento social más preciso que el que pueden otorgarle todos sus organismos de información burocráticos, toda vez que en los últimos años, con el cambio de modelo económico y político, se ha producido una descentralización del poder y una mercantilización de la política que complica tanto el control como la adecuada recopilación de información sobre lo que ocurre en el país en cada momento. A su vez, para los ciudadanos, supondrían un modo de plantear sus reivindicaciones, ser escuchados y, con suerte, conseguir soluciones. Las protestas enviarían también señales de alarma sobre la corrupción de los dirigentes locales y regionales, que además de causar malestar entre la población propicia, en muchas ocasiones, un considerable derroche de recursos públicos con el que Pekín se muestra cada vez menos tolerante. Lorentzen no es el único en afirmar que el régimen chino está instrumentalizando las protestas a su favor. En varios medios internacionales han aparecido en los últimos meses noticias que ofrecen una explicación similar del fenómeno.
Esa tesis explicaría por qué el partido único que gobierna el país no ha visto amenazada hasta el momento su supervivencia, a pesar de que en su territorio se producen unas 500 protestas diarias. Otro elemento a destacar es que, incluso cuando las protestas alcanzan la envergadura y duración en el tiempo de las que tuvieron lugar en Wukan, los manifestantes continúan declarando su fidelidad al partido comunista. La tesis de Lorentzen es útil para explicar dinámicas de descontento que nacen de pequeños conflictos fácilmente solucionables sin por ello cuestionar los principios irrenunciables del régimen. Es decir, el Gobierno chino puede estar dispuesto a negociar con los manifestantes cuando el objeto de sus reivindicaciones tiene que ver con pensiones y salarios atrasados, con conflictos laborales o medioambientales muy precisos o con quejas por la desmesurada corrupción de los dirigentes locales y regionales, por poner tres ejemplos.
La crisis económica mundial ha afectado a la progresión de la economía china, aunque sus tasas de crecimiento continúen siendo espectaculares, situándose en torno al 8% anual. La inflación ha aumentado, debido sobre todo al incremento en el precio de los alimentos, y se ha ralentizado el proceso de consecución de uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de Pekín: conseguir que el consumo interno no deje de aumentar, lo que reduciría la dependencia de las exportaciones e implicaría una libertad de acción política y económica que ahora no tiene respecto a sus principales clientes (con Estados Unidos a la cabeza).
Gran parte de la estabilidad del país reside en una especie de pacto social no escrito: a día de hoy la población aún confía en que tanto su futuro como el de sus hijos será mejor. A cambio, asumen un presente difícil, que incluye penalidades laborales y privación de derechos. Si la crisis se agudizara y terminase provocando que esta confianza en el futuro se desvaneciera se podría llegar a generar un descontento masivo, mucho más difícil de gestionar que unas simples protestas contra unos dirigentes locales corruptos.
No cabe duda de que el Gobierno chino tendrá que reflexionar sobre qué reformas debe poner en práctica si no quiere que las protestas minoritarias y aisladas se agudicen implicando reivindicaciones con un calado político más profundo. Por ejemplo, desde Pekín se debería abordar con mucha más flexibilidad la cuestión del estatus de los millones de chinos que se han desplazado del campo a la ciudad ilegalmente. Al no contar con el hukou, el permiso de residencia obligatorio, vigente desde los tiempos de Mao y heredero de la propiska soviética, esos millones de ciudadanos están excluidos del acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad. En 2012 está previsto que la población urbana supere por primera vez en la historia del país a la población rural.
Resulta difícil saber si el Gobierno Chino será capaz de continuar guiando al país con la misma firmeza y control que hasta la fecha, mezcla de autoritarismo político y algo parecido a un liberalismo económico extremo. Cada paso que se da desde Pekín en la dirección de una ampliación de derechos -sobre todo, económicos- suele ir seguido de uno o varios pasos atrás que contradicen una supuesta voluntad aperturista (sería exagerado hablar por el momento de una voluntad democratizadora, tal y como la entendemos en occidente).
Tampoco está claro si muchas de las políticas de Pekín se deben a una decisión pro activa de gestión política a medio o largo plazo o, más bien, a una inevitable y no del todo calculada reacción ante una amplia sucesión de hechos consumados. Hasta que tengamos más elementos de juicio para saber hasta qué punto el Gobierno chino es el auténtico timonel del país tal vez no sea descabellado pensar que la inmensa mayoría de las protestas que se producen a diario en China, como las que tuvieron lugar en la pequeña localidad de Wukan, lejos de debilitar al régimen no hacen sino ayudarlo a la hora de controlar un poco más el proceso de cambio constante en el que está inmerso el país desde hace ya más de tres décadas.
