El caso de Florence Cassez, ciudadana francesa acusada en México de pertenecer a una banda de secuestradores, se encuentra por llegar a un punto culminante. Al revisar su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará un fallo sobre el proceso que la inculpó.
Después de permanecer seis años en la cárcel, de que su caso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia (al grado de suspenderse la celebración del “Año de México” en el país galo durante 2011), de una intensa campaña del gobierno de Felipe Calderón para convencer a la opinión pública de la culpabilidad de la francesa a través de medios de comunicación electrónica, Cassez contempla la posibilidad de ser liberada.
Un magistrado de la Suprema Corte elaboró un proyecto de dictamen donde rechaza el proceso de las autoridades contra Cassez por haber vulnerado en forma grave los derechos constitucionales (por ejemplo, después de ser detenida por la policía federal, Cassez no fue presentada a la fiscalía en el plazo correcto, ni se notificó en tiempo y forma al Consulado Francés sobre su detención; en el ínterin, la policía realizó un montaje noticioso para la televisión que simulaba su captura en flagrancia, lo que vició de origen el proceso al pasar encima de la presunción de inocencia).
La fiscalía de la Nación (Procuraduría General de la República) ha respondido a dicho proyecto, que será discutido y votado por otros cuatro magistrados además del ponente el 21 de marzo, mediante un argumento inaceptable en términos jurídicos: las violaciones constitucionales carecen de importancia ante la gravedad de los delitos y de la defensa de las víctimas, así como están lejos de invalidar las acusaciones y la pena que en juicio recibió la acusada: 60 años.
Dicha fiscalía espera que, cuando mucho, el dictamen de la Suprema Corte sólo ordene reponer el procedimiento. Las acusaciones contra la francesa están sostenidas en el testimonio de tres testigos, los dos primeros, modificaron su declaración para armonizarla con la exigencia de la fiscalía de acusar a Cassez, el tercero fue torturado antes de declarar contra ella. Nada hay de solidez en el caso que armó la PGR.
En 2005, cuando aconteció la detención de Cassez, el director de la Agencia Federal de Investigaciones era Genaro García Luna, que se convertiría al año siguiente en Secretario de Seguridad Pública del régimen de Felipe Calderón. Un funcionario que ha gozado de un manto protector del presidente.
Al principio del sexenio, García Luna fue recomendado para que llegara como secretario de Seguridad Pública por el hombre más rico del mundo: Carlos Slim. Resulta intrigante que el abogado Calderón, a pesar de gran cantidad de quejas a lo largo de los años, mantenga en su cargo a García Luna, y aun le defienda en privado y en público de las denuncias en su contra por vulnerar la ley. En el medio de los expertos de inteligencia del país, se especula que quizás García Luna “le sepa algo a Calderón”, es decir, que le hubiera coaccionado con algún informe contra la reputación del actual presidente. Lo único cierto, sin lugar a dudas, es el apoyo incondicional que recibe tal funcionario.
Se presume que García Luna habría ascendido en su carrera, entre otras cosas, debido a una vigilancia metódica de gente de poder, que constaría, de ser auténtica la versión, en grabaciones, videos o investigaciones especiales sobre la vida privada de los poderosos. En México, el espionaje ilegal es una práctica generalizada en la esfera política. García Luna es conocido también por su empeño en perseguir periodistas, ya sea para ganarse su amistad mediante ofertas informativas, o bien, como en el caso de la reportera Anabel Hernández, para amenazarlos.
Si actúa en apego a la Constitución, la Suprema Corte de justicia dictaminará la libertad de Florence Cassez. Esto sería un golpe muy duro contra la dupla Calderón-García Luna, cuyo prestigio resulta nulo a pocos meses de abandonar el poder en un gobierno manchado por su pésima estrategia de seguridad y combate al crimen. Como afirma el jurista español Lorenzo Morillas Cueva, el resguardo del bien jurídico es lo que permite la función protectora del derecho al mismo tiempo que realiza su función preventiva. Un dictamen así sería una apuesta decidida por restaurar el Estado de derecho en México.
