Cuando tras la comisión de un crimen se detiene al autor material, pero se sospecha que no es el único responsable, los investigadores suelen hacerse una pregunta: ¿quién obtiene más beneficios con la comisión de este crimen?
La reciente publicación en inglés del informe Política antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos –elaborado por investigadores de la Universidad colombiana de los Andes en 2011– ha motivado que varios medios internacionales, como The Guardian o Il Fatto Quotidiano, hayan amplificado las conclusiones de un informe que viene a reforzar una de los axiomas claves del tráfico de drogas que no conviene perder de vista: el grueso de los beneficios del tráfico y el consumo de estupefacientes no beneficia a la economía de los países productores, como Colombia.
Hay varias razones que justifican que una gran parte de los miles de millones del negocio de la droga terminen engrasando las economías de países como Estados Unidos y los países europeos.
Hace un par de años, en mitad de un atasco, un ilustrado taxista de México, D. F., me detalló, con una precisión de estadístico obsesivo, la escalada de precios de un kilo de cocaína en su globalizado viaje desde los Andes hasta Nueva York o Los Ángeles: apenas atravesaba la frontera con Estados Unidos, el precio de la mercancía experimentaba un aumento de precio exponencial. “¿Y quién se queda con ese dinero?”, me preguntó retóricamente. “Pues no sé”, le dije, “¿los gringos?”, le respondí preguntando. “Ahí lo tiene”, concluyó satisfecho de que el güerito hubiese comprendido su explicación, “esos son los meros meros”.
En 2008, año analizado en el informe, se estima que el tráfico de cocaína producida en Colombia ascendió a unos 300.000 millones de dólares. Tan sólo unos 7.800 millones se habrían quedado en Colombia. Las cifras que se manejan al hablar de mercados ilícitos –no confundir ilícito con inmoral, al menos a priori– suelen elaborarse con una mezcla de datos y extrapolaciones, así que su exactitud suele ser orientativa. La tendencia, sin embargo, resulta esclarecedora. ¿Y qué ocurre con el dinero que no se queda en Colombia?
El dinero negro ofrece una gran ventaja a quienes lo ganan: no paga impuestos. Pero tiene un gran incoveniente cuando se habla de cantidades abultadas: hay que blanquearlo para disfrutarlo con tranquilidad y delectación. Y blanquear dinero cuesta dinero y, si no hace con cuidado, deja rastro. A la hora de blanquear dinero, los bancos son unas lavadoras muy eficientes. En especial, los grandes bancos. ¿Dónde están los mayores bancos? Da la casualidad de que están en Estados Unidos y en Europa. Es decir, donde viven la mayor parte de los consumidores de estupefacientes. Consumidores que pagan un cantidad por gramo que los productores de cocaína, marihuana, opio y drogas sintéticas apenas pueden imaginar: da igual que se compre cocaína o tomates cherry, los intermediarios siempre se llevan la mayor parte de los beneficios.
Alejandro Gaviria, uno de los encargados de elaborar el informe sobre el tráfico de drogas en Colombia, explica algunos de los aspectos de la abnegada labor de los bancos estadounidenes a la hora de blanquear dinero –a cambio de unas interesantes comisiones–: “En Colombia, los bancos están obligados a llevar un control de su dinero mucho mayor que Estados Unidos. Allí, si hicieran las preguntas que te hacen en los bancos colombianos, estarían imclumpiendo las leyes de secreto bancario. Ello a pesar de que la cantidad de dinero lavado es mucho mayor en Estados Unidos. ¿No resulta un tanto cínico?”, se pregunta Gaviria.
Algo similar ocurre con México, país productor de estupefacientes y también país de tránsito. El escándalo del Wachovia Bank destapado en 2010 es un buen ejemplo. La punta del iceberg de todo un sistema de lavado de dinero de proporciones no lo convenientemente estudiadas.
¿Y cuál es el destino el dinero negro que se blanquea y entra a formar parte de la economía legal de Estados Unidos y países europeos como Reino Unido o España? Además de beneficiar de manera directa a sus propietarios, beneficia –y mucho– a todo el sistema económico. Se reinvierte en bienes inmobiliarios, engrosa cuentas bancarias, subvenciona campañas políticas, compra la lealtad de efectivos policiales y, muy importante, paga impuestos y sirve para comprar aviones de transporte y armas que permiten asegurar la continuidad del negocio.
Cabe prenguntarse entonces: ¿la mejor lucha antidroga no consistiría en cortar ese flujo de dinero negro canalizado a través de los grandes bancos? Daniel Mejía, otros de los responsables del informe, explica: “Es un tabú perseguir a los grandes bancos. Además, sería políticamente suicida teniendo en cuenta el clima económico actual, porque las cantidades de dinero que se lavan son demasiado altas”.
Las víctimas de la “guerra antidroga” en Colombia ascienden a miles de personas en las últimas décadas. En México, se contabilizan ya casi 60.000 muertos durante el último sexenio –Plan Mérida mediante: en esencia, un lucrativo contrato de venta de armas y servicios de seguridad de Estados Unidos a las autoridades mexicanas–. La inmensa mayoría de los muerticos colombianos y mexicanos no disponía de una cuenta en un gran banco norteamericano o europeo. Es posible que muchos de ellos no contaran ni siquiera con una cuenta bancaria en sus países.
