Ahora que se ha hecho tan evidente que las instituciones de la Unión Europea están consolidando las políticas neoliberales en el viejo continente, recuerdo la firma en 2004 de aquella Constitución europea que no era tal, que pomposamente acabaron llamando Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, y que nunca entró en vigor porque franceses y holandeses se negaron en referéndum. Al final, se ratificó en 2009 el Tratado de Lisboa, que venía a apuntalar los mismos principios de desregulación del mercado que el texto anterior.
En España, aquel primer tratado “constitucional” se aprobó en España con un abrumador 76%, si bien con muy baja participación. No hubo debate; existió apenas una poderosa campaña de los partidos mayoritarios –PP y PSOE- a favor del “sí”, que negaba a los ciudadanos la información y la discusión, reduciendo toda la controversia al dogma mentiroso de que aprobar el tratado equivalía a “más Europa” y que eso, en sí, sería bueno para España. Izquierda Unida y otros partidos minoritarios intentaron alzar la voz contra el tratado, pero no se les concedió el más mínimo espacio en los medios. El falso debate “más o menos Europa” ocultó la verdadera cuestión: qué Europa queremos construir. Y resulta descorazonador que el devenir de la Unión esté matando precisamente ese Estado de bienestar que durante décadas se ganó el consenso de los europeos, un consenso que para muchos ciudadanos era el principal punto en común de pueblos tan diversos como los que habitan este continente.
Tal vez no esté de más recordar aquel proceso y analizar las consecuencias que ha tenido para los europeos, habida cuenta de que, el pasado 1 de marzo, sin mucho ruido, 25 de los 27 gobiernos que forman la Unión Europa firmaron el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TSCG), texto que deberá ratificarse en los próximos meses para entrar en vigor el 1 de enero de 2013. Uno de los puntos clave del tratado será la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), con un capital de 700.000 millones de euros que aportan los Estados. Nos han dicho que esa inyección de capital nos ayudará a superar la crisis, pero, ¿qué nos han contado realmente de cómo se implementará?
El MES será una especie de Fondo Monetario Internacional (FMI), en el sentido de que prestará ayuda financiera a los estados en problemas. Pero las condiciones que se pedirán a cambio no serán decisión del MES, sino, como ahora, de la troika: UE, Comisión Europea y FMI. Además, “los bancos, que pueden pedir al Banco Central Europeo (BCE) préstamos al 1%, prestarán al MES a una tasa muy superior, después el MES a los Estados… a una tasa todavía mayor”, como advierte Raoul Marc Jennar en su contundente artículo “Golpe de Estado europeo”. Es decir, más de lo mismo que ya estamos viendo: leyes fabricadas ad hoc para que los bancos se embolsen el dinero de los contribuyentes. Y Angela Merkel, germánicamente inquebrantable, enroscada en su postura de que el BCE no debe prestar dinero directamente a los bancos ni comprar deuda pública de los estados; claro, parece mucho más razonable crear caminos indirectos que, en el trayecto, llenen los bolsillos de los banqueros a costa de los contribuyentes. Nada nuevo bajo el sol: los procesos de acumulación de capital siempre fueron un expolio, un robo gracias al que lo que era de muchos pasa a ser de unos pocos.
Otra de las disposiciones más importantes del TSCG es la “regla de oro”, esto es, la obligatoriedad de que los estados miembros no superen el 3% del PIB de déficit ni el 60% de la deuda pública. En caso contrario, quedarán sometidos a la Comisión y el Consejo –ojo: el Parlamento nunca toma las decisiones; hace tiempo que los tratados de la Unión favorecen el aumento de competencias de las instituciones menos democráticas-, que les obligarán a emprender un programa de “reformas estructurales obligatorias”. A estas alturas sabemos bien, como recuerda Jennar, que con reformas estructurales quieren decir reducción de salarios, precarización del empleo, revisión de las pensiones, caída del gasto social, privatizaciones y demás artimañas para desmantelar el Estado de bienestar.
Jennar subraya dos motivos de alarma adicionales: uno, que la pérdida de independencia de los estados se califica en el tratado de “irrevocable e incondicional”; dos, que, según decidieron los mandatarios europeos para curarse en salud –a la vista de la crisis institucional que provocó en 2005 el ‘no’ de franceses y holandeses-, bastará con doce ratificaciones sobre 25 para que el TSCG entre en vigor. La Unión Europea se configura cada vez más como una entidad supranacional que limita la democracia para consolidar las políticas económicas más afines al capitalismo.
Seguimos atrapados en el mismo discurso. Nos dicen que el camino es “más Europa”, pero se cuidan mucho de explicarnos qué Europa. Pero nuestra inocencia –o cómplice ignorancia- tiene hoy menos disculpas.
