Hace unos días acudí a la consulta de mi médico de cabecera y como viene siendo habitual llevaba un retraso de casi una hora. Mientras esperaba observé que la mayoría de las personas a mi alrededor habían acudido para recoger recetas porque se trataba de pacientes crónicos (en su mayoría de edad avanzada). Precisamente reducir la presión asistencial en las consultas de Atención Primaria era uno de los objetivos de la receta electrónica, que supuestamente debería estar implantada en España desde hace meses.
El Real Decreto Ley 9/2011 establecía que la llamada e-receta no sólo estaría en funcionamiento en las 17 comunidades sino que sería “interoperable en todo el Sistema Nacional de Salud antes del 1 de enero de 2013”. Más de 10 meses después Castilla León y La Rioja son las autonomías más rezagadas, mientras en Galicia, Baleares y Andalucía la implantación es cercana al 100 por cien. En esta última región, la receta electrónica (allí denominada Receta XXI) ha cumplido ya 10 años, en los que se ha conseguido reducir las consultas de pacientes crónicos entre un 15 y un 20 por ciento. De esta forma se favorece tanto a los profesionales (que disponen de más tiempo para atender al resto de enfermos) como a los propios pacientes crónicos o con tratamientos de larga duración, que sólo tienen que acudir a la farmacia con la tarjeta sanitaria para adquirir sus medicamentos.
El paradigma del diferente desarrollo de la receta electrónica es la Comunidad de Madrid, donde mientras muchos pueblos ya la han implantado, en cambio no ha llegado a las farmacias de Madrid capital. Pese a que se ha anunciado en repetidas ocasiones (2007 y 2009) su inminente aplicación, no estará totalmente implantada hasta el segundo semestre de 2014.
Además de la disparidad en la implantación de la e-receta entre las distintas autonomías existe un segundo problema: la falta de interconexión entre los sistemas informáticos de todas las farmacias españolas. De esta forma si un paciente tiene que desplazarse a otra comunidad no puede comprar sus fármacos si no dispone de la receta en papel. La ministra de Sanidad, Ana Mato, sitúa en enero de 2015 la interoperabilidad entre los distintos modelos de receta electrónica.
Esperemos que los plazos se cumplan y de una vez por todas la e-receta esté en todas las farmacias (incluyendo las boticas rurales) lo que garantice que cualquier ciudadano, esté donde esté, pueda acceder a su tratamiento de forma continuada. A partir de ahí el siguiente paso será la e-receta europea, pero para eso habrá que esperar algo más de tiempo. De momento, nos conformaremos con reducir la carga de trabajo administrativo y burocrático de los médicos de Atención Primaria, que no es poco.
