Rocío Ovalle-. El tren siempre ha tenido algo de romántico. Avanza a un ritmo pausado por paisajes que a menudo parece que nadie ha visitado antes y el carácter del viajero se contagia también del medio de transporte: se vuelve más reflexivo y la inercia le empuja a una acción meditada. En este particular lugar, un vagón de tren, es donde hace tres décadas se conocieron varias abogadas que acudían a una conferencia sobre género. Comenzaron a charlar sobre el papel de la mujer en la sociedad y se dieron cuenta de que tenían mucho en común y que podían hacer algo por mejorar el trato que le daban las leyes a esta mitad de la población cuyos derechos son vulnerados más frecuentemente.

 

Es así como nació el Congreso Estatal de Mujeres Abogadas. Eran los años 80 y la movida se sacudía la represión mientras ellas iban consiguiendo, una a una, modificaciones de las leyes, como la reforma del tipo de violación, la introducción del impago de la pensión como delito y el registro de los casos de violencia de género. A pesar de que su iniciativa fue muy mediática, estas abogadas feministas nunca daban sus nombres: firmaban como “las abogadas” y se llamaban –y aún lo hacen- “compañeras”, recuerda Esperanza Osaba, una de las veteranas.

  

 
En 2013 tuvo lugar su XXV Congreso en Barcelona, que celebraron regresando a la primera ciudad que acogió el evento y al mismo tema de entonces: la violencia machista. La jurista María José Varela, que se ha enfrentado a violadores masivos como «el loco del chándal” o «el violador de la Valld’Hebrón”, fue una de sus fundadoras. “Aquel primer año no conseguimos datos sobre malos tratos para estadísticas porque los casos de violencia familiar se registraban como lesiones, no como violencia de género, algo que conseguimos cambiar. También se tipificó la violencia económica y el abandono de la familia, y en las violaciones es donde hemos tenido más éxito, pues muchas de las cosas que pedimos entonces las hemos conseguido introducir en la legislación”, repasa Varela.

  
Sin embargo, los temas que discuten hoy no han cambiado. “Las autoridades han hecho muchos cambios en la legislación, pero los jueces no tienen voluntad de aplicarla porque no les gusta”, denuncia Aránzazu Juan-Aracil, experta en derecho penal que en el último congreso ha dirigido una ponencia sobre el aborto. “Estamos mejor que hace 25 años, pero podemos acabar mucho peor debido a la ola de conservadurismo que venimos presenciando. Las reformas que está impulsando Gallardón son preocupantes”, advierte. Por su parte, la vasca Juana Aranguren alerta de los mitos del neomachismo de hoy en día, como las denuncias falsas de violencia de género –algunos colectivos han llegado a afirmar que las denuncias en las que la mujer no acude a declarar son falsas, cosa que, puntualiza, no se corresponde con la realidad-  o la custodia compartida, que «a menudo persigue perpetuar la violencia contra la mujer porque, en los casos en que no hay acuerdo, los hombres presionan con ella a las mujeres para conseguir un reparto de los bienes que les beneficie». Por ello, Osaba asegura que hay que estar siempre vigilantes “y seguir importunando”.

  

Uno de los hitos del trabajo de este grupo fue a principios de los 90 cuando, tras asistir a un congreso, Mercedes Milá hizo un debate en “Queremos saber”, el programa de actualidad que presentaba en Antena 3. “En el programa yo denunciaba que en nuestro código penal la configuración de la violación era distinta en función de si la agresión era anal, bucal o vaginal y del objeto que se utilizara. Mercedes se quedó alucinada. Tenía una fila cero con representantes del Gobierno a quienes pregunto si esto era cierto, que lo intentaron justificar como pudieron”, relata Varela. El impacto del programa fue tal, con sus cinco millones de audiencia, que el Ministerio de Justicia del entones Gobierno socialista realizó rápidamente una enmienda a la ley igualando los casos de violación. A pesar del enorme éxito de su denuncia pública, el grupo de juristas hoy se preocupa más por introducir estas cuestiones en la vía política que en comunicar el ingente trabajo que llevan a cabo.
   
En cada congreso, varias expertas presentan el estado de la cuestión de problemáticas concretas, que luego pasan a debatir con las participantes en el congreso y entre todas proponen los cambios necesarios para revertir situaciones de desigualdad e injusticia para las mujeres. Después de la puesta en común, publican las conclusiones y se las presentan a diferentes diputados del Parlamento sensibilizados hacia estas cuestiones. Son su vía de entrada en el sistema, por lo que la “permeabilidad” de estos políticos se convierte en condición sine qua non para el trabajo de las abogadas. Este trabajo se suma al del organismo que, desde 2002, se encarga de vigilar la respuesta que da la Administración de Justicia a las mujeres, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, aunque el trabajo de las juristas tiene un carácter más crítico que el de éste.

  

“Luchar, algo favorece el cutis”, afirma Varela con voluntad optimista al concluir su ponencia en el Congreso de 2013. Lejos de ser frívolo, el comentario refleja un hecho innegable. La mayoría de ellas ronda los 50 ó 60 años. El paso del tiempo no les impide continuar tan activas como el primer día; sin embargo, el relevo generacional les preocupa. Para Varela, la defensa de los derechos de las mujeres es una cuestión que requiere gran implicación, algo que no ve en las abogadas más jóvenes. Por su parte, Aranguren hace hincapié en la importancia de dar continuidad a estos congresos. “Hemos conseguido reformas muy importantes, pero, además de haber mujeres en todas las instancias, hay que inculcar una mentalidad feminista para que haya un cambio de conciencia”, reflexiona.

  
El derecho al aborto es una de las principales cuestiones que se han tratado en el Congreso. “Como venimos haciendo desde nuestra constitución hace 25 años, seguimos exigiendo la despenalización del aborto y que éste sea practicado de forma libre, gratuita y condicionado a la sola decisión de la mujer. Ante el anuncio del ministro de Justicia de restringir aun más la interrupción voluntaria del embarazo, denunciamos que esto supone un retroceso de 30 años en los derechos de las mujeres que las conduciría de nuevo a la persecución penal y a una práctica en la clandestinidad que atenta contra su salud”, concluye una de las ponencias. Ahora, quizá inspirado en los comienzos de este grupo de abogadas, un nuevo tren cruzará medio país para llevar la protesta contra la reforma de la ley del aborto de Asturias a Madrid.

  
Si existiera, el tren de la igualdad de género no sería un AVE. Ni siquiera un cercanías. Sería un regional al que se van incorporando nuevos viajeros en su recorrido y que, aunque lento, avanza. Hoy la Historia da una nueva lección: la facilidad con la que el viaje puede acabar abruptamente antes de llegar a su destino resquebraja los cimientos de los derechos fundamentales y de la democracia que los abandera. Aunque quizá esto último también sea, como el tren, algo meramente simbólico.