La detención del dirigente de autodefensas comunitarias en Michoacán, José Manuel Mireles, quien se había convertido en una figura mediática y transmediática de alcance internacional, ofrece dos caras contradictorias del gobierno mexicano.
A finales de 2013 y principios de 2014, Mireles parecía el conducto idóneo, con su imagen de ciudadano justiciero, para tratar de encauzar los intereses convergentes ahora en Michoacán: crimen organizado, disidencia del crimen organizado, autodefensas comunitarias, gobierno local y gobierno federal, fuerzas armadas, agencias de inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica, presencia de vendedores de armas estadounidenses, mafia china, empresarios y políticos corruptos, etcétera.
El gobierno de México quiso darle a Mireles el encargo de encabezar las “autodefensas comunitarias” en Michoacán y explotó la información que éste tenía sobre el grupo criminal de mayor peso allá: el ensamble de La Familia y Los Caballeros Templarios. Después de un accidente en avioneta meses atrás, que en medios de inteligencia trascendió como atentado, y en el que Mireles sufrió lesiones graves de las que se repuso, el gobierno le brindó protección a cambio de que Mireles aceptara plegarse al Comisionado federal y a la estrategia de seguridad que se le planteó. El eje de ésta consistía en desarmar a los grupos de autodefensa y convertirlos en fuerzas legales. Mireles reiteró su negativa al respecto con un alegato: mientras Los Caballeros Templarios persistieran armados, él y sus allegados no se desarmarían.
El gobierno mantuvo su amenaza: sólo aceptaría auto-defensas pro-gubernamentales y desarmadas. Fue un ultimátum para Mireles, quien mantuvo su rebeldía: en breve, cayó preso acusado de posesión de armas de uso reservado a las fuerzas armadas y bajo la amenaza de indagar otras acusaciones, entre ellas, presuntos delitos contra la salud (tráfico de drogas), delincuencia organizada y homicidio. A pesar de que la versión oficial habla de que se han solucionado los principales problemas en Michoacán relativos a la inseguridad y la violencia, que han implicado el aprisionamiento del hijo del gobernador Fausto Vallejo y el del hijo de Servando Gómez Martínez (líder de Los Caballeros Templarios), los principales grupos criminales continúan en bajo perfil su operación en dicho estado, así como persiste también el clima de abuso y tensión social. Para los políticos y activistas de izquierda, Mireles es un luchador social, un “preso político” al que se ha criminalizado por oponerse a la corrupción del gobierno. Por su parte, Mireles ha insistido en negar que traficó marihuana en el pasado: acepta que estuvo tres años en la cárcel acusado de tal delito pero que “fue absuelto”. Con la detención de Mireles, el gobierno mexicano ha querido tomar control de la situación michoacana y enviar un mensaje claro: el trato con el crimen organizado se maneja desde el centro del país; quienes se opongan a su política pública o confidencial, serán considerados enemigos de la seguridad nacional. Decenas de personas y algunas organizaciones de izquierda se han movilizado en Michoacán y otras partes del país para demandar la liberación de Mireles. Sin embargo, y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, le fue dictado a Mireles el auto de formal prisión. Retirado el apoyo inicial del gobierno federal, roto su pacto con agencias estadounidenses de inteligencia (que permitían el flujo de armas para su grupo desde EUA), Mireles cayó en un creciente aislamiento. Ahora está preso en un penal en el estado de Sonora. Allí le espera una larga temporada.
