Aprovechando un domingo de resaca constitucional, propondría recordar las políticas antiliberales que vienen sufriendo muchos ciudadanos catalanes no nacionalistas. Y a esto habría que añadir la consulta-pantomima: una brutal deslealtad institucional del Gobierno catalán que viene a empeorar ostensiblemente las cosas. Pocos se han parado a pensar que, desde una perspectiva europeísta, estos hechos resultan más graves por cuanto caminan en sentido contrario a la construcción europea. A nadie se le debería escapar que en la construcción de la UE, mucho más que en cualquier Estado federal clásico, la lealtad institucional es la clave para que los Estados miembros cumplan y hagan cumplir las directivas de un ente político que no atesora el monopolio de la violencia legítima.
No puede ser más reprochable la actitud de un Gobierno catalán que, desoyendo todas las voces autorizadas, nos regaló hace poco un nuevo capítulo de esta triste y vergonzante historia democrática. Se ha empeñado en desvirtuar la democracia, reduciéndola sistemáticamente (en un discurso público que cala peligrosamente entre la población) a la aplicación de la regla de la mayoría. Repiten constantemente que la democracia es votar y que todo lo que no sea dejar votar es directamente antidemocrático. Al parecer a la democracia no le importa “qué” se vota, ni “quién”, ni “cuándo”, ni “cómo”, ni “por qué”. No se cansarán de afirmar los desleales, ignorantes y zafios como ellos solos, que “ha ganado la democracia y perdido el autoritarismo” de las instituciones españolas, que habían ilegalizado la consulta. Y lo que es peor: ayer incluso escucharon estos oídos -¡era la señora Cospedal!- decir que nuestra democracia era tan democrática que permite incluso que haya partidos que lleguen al poder para cargársela. (Escuché –lo juro– que esto es lo que sucedió en Cuba o en Irán… ¡Cómo debió sufrir ahí la democracia… allá por…!). Es cierto que nuestra democracia, ay, no es militante, pero se me antoja que no por ello es más democrática… sino menos. Al fin y al cabo, como decía Dewey y como no deberíamos cansarnos de repetir: “la regla de la mayoría, justo como regla de la mayoría, es tan tonta como sus críticos dicen que es. Pero nunca es simplemente la regla de la mayoría… Los medios por los que una mayoría llega a ser una mayoría es aquí lo importante: debates previos, modificaciones de los propios puntos de vista para hacer frente a las opiniones mayoritarias… La necesidad esencial, en otras palabras, es la mejora de los métodos y condiciones del debate, de la discusión y la persuasión”.
Bien, esta es la razón por la que ni de lejos basta, por ejemplo, con limitarse a denunciar la ilegalidad de aquella consulta, que ciertamente no contó con absolutamente ninguna garantía democrática. Sobre todo debemos, por aquello de prevenir, denunciar tanto el discurso del odio como la perversa pedagogía democrática que se viene haciendo desde las instituciones catalanas. Y que, como vemos, cala como una tromba de heces, trepanando los cerebros más santurrones.
El nacionalismo secesionista catalán no ignora que en democracia no se puede votar todo: es fundamental saber “qué” se puede votar y qué no. No hay democracia sin sujeción a las reglas constitucionales del juego, es decir, a la separación de poderes, al Estado de Derecho o al correcto funcionamiento de órganos contramayoritarios, como los tribunales constitucionales. Del mismo modo que la prevalencia de los derechos fundamentales nos impide siquiera pensar en votar la posibilidad de despojar de ciudadanía a una minoría étnica o religiosa, no es democrático que una mayoría relativa pueda despojar a una parte de la ciudadanía catalana de su ciudadanía europea (que ostentan en tanto ciudadanos españoles). Duelen especialmente a la sensibilidad democrática palabras como las que hace poco más de un año pronunció la que sigue siendo Presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), una de las principales beneficiarias de ayudas públicas y promotora y rostro visible de todos los actos encaminados a reivindicar la secesión catalana, Carmen Forcadell: “nuestro adversario es el Estado español y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular. Que no debería llamarse Partido Popular de Cataluña, sino Partido Popular EN Cataluña”. “Estos son nuestros adversarios, el resto somos el Pueblo catalán y somos los que conseguiremos la independencia”. Discurso éste, del Pueblo catalán contra el adversario español, que el propio Presidente de la Generalitat catalana ha repetido varias veces.
También se menospreció el “quiénes” votan. Conviene aclarar que han podido votar los mayores de 16 años, pues el Gobierno sabe bien que los jóvenes conforman el sector más radicalizado, el que ha crecido bajo las políticas más intensas de “catalanización” (sobre todo, de la inmersión lingüística) efectuadas desde las instituciones catalanas. Basta, para contrastar las medidas antiliberales de construcción nacional que padeció (¿voluntariamente?) la sociedad catalana, con echar un ojo al programa de gobierno con el que CIU (el partido que gobernó ‒hoy sabemos que con cotas de corrupción inimaginables‒ Cataluña durante los 23 primeros años de democracia ‒y que sigue gobernando hoy‒) se presentó a (y ganó) las elecciones en los años 90.
En total, la Generalitat calculaba que estarían llamados a votar 5,4 millones de ciudadanos. Sin embargo, fueron animados a votar también los inmigrantes, o residentes no ciudadanos, que no ostentan ciudadanía; así pues, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en realidad a los potenciales votantes en 6.228.531 personas. Pero resulta que votaron incluso ciudadanos de otras comunidades autónomas que, por tanto, no tendrían jamás derecho a voto en unas elecciones legales. De este modo, el censo resulta ridículamente incalculable. Pero tampoco les importaba demasiado, en realidad. Lo más grave y preocupante de toda su puesta en escena era pretender, de manera voluntarista, que los habitantes de Cataluña, que conforman sólo una parte del sujeto soberano español (que según nuestra Constitución se refiere, lógicamente, al conjunto de ciudadanos españoles), ostenta legitimidad para decidir algo que afecta de lleno al conjunto del demos español. Contra el más elemental sentido de autogobierno democrático, pretenden excluir a la mayoría del pueblo soberano de una de las decisiones que más íntimamente le afectan. Saben bien que permitirles votar al margen de los cauces constitucionales es brindarles la condición de sujeto soberano, dándoles ya el 90% de lo que ilegítimamente reclaman. En ese sentido, la consulta pudo ser una fracaso ridículo o un tanto más en la generación de la conciencia política nacionalista.
¿“Cuándo” hay que votar? Sin duda en las elecciones preceptivamente convocadas por el ejecutivo de turno. Y no era el caso, puesto que no había competencia para ello. Por lo demás, todo el mundo entiende que no es lo más adecuado votar con el clima de crispación que vivimos en España y con la carencia absoluta de información que sigue rodeando al asunto. Entre otras cosas, la propaganda institucional catalana se niega a reconocer que Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea en caso de secesión. A pesar de ser una de las regiones españolas donde la corrupción ha estado más institucionalizada y donde hoy hay más ahogo financiero (el catalán está a la altura del bono basura), el Gobierno catalán se limita a prometer a los suyos que todo irá mejor y que dispondrán de más recursos para paliar el paro y la pobreza. El nivel de propaganda institucional y de desinformación resulta democráticamente alarmante.
Esto entronca directamente con el “cómo” hay que votar. Desde luego que resultó democráticamente aberrante una consulta realizada sin censo, sin información, sin campaña a favor del “no” (de hecho, los partidos a favor del “no” llamaron a no votar), sin jornada de reflexión y con una televisión pública regional sobrefinanciada que en absoluto respeta el pluralismo al que debería someterse un ente público. Una consulta que guardó, al parecer, urnas abiertas ‒para que pudieran votar quienes hubieran tenido “dificultades” de acudir el día 9‒ durante los quince días posteriores al cierre de las urnas. Se añade que, entre los voluntarios que presiden y vigilan las meses electorales, pudimos ver contando votos al Presidente de ERC, el principal partido secesionista en Cataluña. En realidad, todos los voluntarios que abrieron los colegios eran partidarios del “sí”, fruto de que las asociaciones que los encuadran (mal llamadas sociedad civil) mantienen estrechos vínculos clientelares con el Gobierno catalán. La limpieza y transparencia, en suma, brillaba por su ausencia. Quizás por eso hubo incluso menores de 14 años votando; o gente que votó hasta dos y tres veces.
Por último, resulta evidente que no puede ser democrática una votación allí donde todos los medios públicos regionales llevan años decantándose descaradamente a favor del “sí”, a pesar de que todas las encuestas confirmen que la mayoría de catalanes no quiere la independencia. Las instituciones catalanas abusan así de la sobreexposición pública de su posición política sesgada, asfixiando a los partidarios de seguir dentro de España, despojándoles de visibilidad y tratando tozudamente de generar un sentimiento de vergüenza a aquellos que se atrevan a alejarse de la línea oficial, omnipresente en todo el sector público y semi-público catalán.
Respecto al “por qué”, la cosa no es menos grave. Toda la comunidad internacional entendería, y nuestro partido el primero, que si los ciudadanos catalanes sufrieran un expolio de sus recursos o que si se les vulnerase los derechos fundamentales, tendrían legitimidad moral y legal para emprender un proceso de secesión. Precisamente por eso, durante los últimos años de especial efervescencia independentista, asociaciones financiadas opulentamente por el Gobierno catalán, han alimentado un discurso que se sostiene en un supuesto expolio fiscal de España a Cataluña (“España ens roba”), el menosprecio a su lengua, y el menosprecio a sus símbolos. Bien, lo cierto es que Cataluña no está ni mucho menos expoliada, como se ha demostrado tras la publicación de las balanzas fiscales españolas. Todos los expertos han coincido ya en que las cifras sobre el déficit fiscal que manejaban desde Cataluña eran un disparate victimista. Todavía resulta más hilarante que aduzcan el menosprecio a su lengua: hace décadas que la escolarización en Cataluña se produce exclusivamente en catalán como lengua vehicular, incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo español, así como del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (pero también contra el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de organizaciones prestigiosas como la UNESCO). Exceptuando, claro, las horas preceptivas de lengua española. Y ello a pesar de que, según reiteradas encuestas oficiales que ofrece la propia Generalitat catalana, más del 50% de los catalanes tienen el castellano como lengua materna y sólo alrededor del 35%, el catalán. Y, por último, tampoco tiene ningún sentido hablar de menosprecio a los símbolos, sobre todo cuando es en Cataluña donde han dejado de ondear en muchos Ayuntamientos banderas españolas, o donde se han llegado incluso a quemar en actos públicos banderas constitucionales. De hecho, basta con pasear por cualquier rincón de Cataluña para ver una sobredosis de banderas; muchas de las cuales ni siquiera son las banderas institucionales de Cataluña. Una estética que, por lo demás, quizás recuerde a tiempos remotos que muchos ni remotamente querríamos recordar.
Desgraciadamente, a pesar de la absoluta carencia de razones que avalen al secesionismo catalán, aunque podamos decir abiertamente que no sólo se trata de un proceso ilegal sino incluso antidemocrático, el Gobierno español parece siempre empeñado (espoleado por los partidos bienpensantes y por los que se niegan a emitir un mensaje que a corto plazo les corte el grifo de votos en Cataluña -algo que finalmente resulta inevitable ante el atractivo del original sobre la copia-) en negociar y reconducir una salida con el insurrecto Gobierno catalán. Mientras tanto, éste asumió la responsabilidad de toda la organización a aquella consulta, que llevó a cabo hasta el final pese a dejar en última instancia en manos de los organizadores (afines, ya se ha dicho) el proceso. Tan es así que el Presidente catalán se atrevió a afirmar: “si alguien quiere conocer quién es el responsable, que me mire a mí”. El Fiscal General, no obstante, decidió que aunque el acto era ilegal resultaba “desproporcionado” mandar a la policía llevarse las cajas y cerrar los colegios. Y la policía catalana, que tenía órdenes del Fiscal de apuntar las sedes de votación y los nombres de los voluntarios irredentos que desafiaron la consulta del Tribunal Constitucional español, decidió hacer caso omiso y no apuntar los nombres. Sólo UPyD, que ya había pedido previamente que se retiraran en su día las urnas, denunció el mismo día al Presidente de la Generalitat, a la Consejera de Educación y al consejero de interior catalán como cabezas organizadoras visibles de este acto de insurrección. Así pues, estos son los lamentables mimbres con que los españoles debemos hacer frente a uno de las amenazas más graves (y en la actualidad no son pocas) que se ciernen contra nuestra democracia.
De las 6.228.531 personas convocadas (sin contar a quienes vinieron de otras regiones que albergan algún sector de población pro-catalanista, como la Comunidad Valenciana o Baleares), el pasado día 9 de noviembre votaron en Cataluña 2.236.806 personas. Sólo un tercio (35,9%) del voto potencial. De ellos, el 80, 76% votó sí a la independencia: un 29% del inquietante censo. Resulta evidente que, a pesar de la movilización, estas cifras no muestran, ni mucho menos, una victoria del secesionismo catalán. Y es que, como recuerdó un editorial de uno de los diarios catalanes más leídos (La Vanguardia), “en noviembre del 2012, los partidos soberanistas (CiU, ERC o la CUP) lograron 1.781.000 papeletas y la mayoría absoluta de la Cámara catalana, pero no sumaron el 50% del sufragio emitido. No parece, por tanto, una base lo bastante sólida como para emprender la siempre compleja aventura hacia la independencia”.
Dicho lo cual, nadie niega un importante problema político, agravado por una deficiente cultura política democrática. Por eso echamos de menos voces republicanas, en el mejor de los términos, que hablen en España de igualdad, libertad y fraternidad. Voces que respondan al odio con argumentos, primero, y con la ley, después. No sólo la voz de nuestro paralizado Gobierno. También la voz de Europa.
