Hay un dicho popular que ilustra casi de manera visionaria lo que se empieza a atisbar por el horizonte de los transgénicos en el mundo: “hecha la norma, hecha la trampa”. Y es que, en lo que a biotecnología se refiere, el ingenio va siempre un paso por delante de la regulación. Que conste que esta última afirmación la cojo prestada del responsable de desarrollo tecnológico de Syngenta, uno de los gigantes mundiales, junto con Monsanto, Bayer, Basf y DuPont, en la producción de semillas y productos químicos agrícolas.
Una pequeña anécdota quizá sirva para ilustrar este trance. En julio de 2013, Elisabeth Waigmann, directora de la unidad de Organismos Genéticamente Modificados de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), visitó España. Para la mayoría de la población pasará desapercibido que ese departamento se encarga de la regulación y vigilancia científica de los discutidos transgénicos en territorio europeo, y que la Comisión no toma ninguna decisión al respecto sin contar antes con sus informes técnicos. Durante una charla informal, pude preguntarle a esta delgada y fibrosa mujer, de tez pálida casi enfermiza, pero de recio carácter austriaco, sobre si en Europa, y aquí me refería a los políticos, ya se había comenzado a discutir acerca de las nuevas herramientas de ingeniería genética, como la cisgénesis o las técnicas de edición genómica, y las futuras implicaciones científicas, sociales y legales del desarrollo de los productos derivados de ellas. Todavía nada, me reconoció. Ese debate aún no se había abierto. Desconozco si la situación habrá cambiado en este algo más de año y medio, pero lo que sí se puede dar por seguro es que este es un litigio que ya empieza a coger inercia en otras partes del mundo, y que a Europa le va a ser difícil ignorarlo en los próximos meses. Reguladores de todo el mundo tratan ya de averiguar si estas nuevas técnicas se pueden considerar realmente ingeniería genética y, en caso de que así sea, cómo se deberían legislar.
No debería sorprendernos, por tanto, que, mientras Europa se lo piensa, un reciente artículo publicado en The New York Times haya sacado a la luz pública la tendencia de algunas empresas en EE UU de desarrollar cultivos genéticamente modificados utilizando estos novedosos procedimientos, que se escapan a la jurisdicción de las administraciones correspondientes, porque simplemente no se concebían cuando se crearon las regulaciones, allá por los años 80. La sociedad avanza que ni te lo imaginas, seguro que pensaron en aquella época.
El Departamento de Agricultura estadounidense, por ejemplo, ha anunciado que no tiene autoridad para investigar y legislar sobre determinados productos que ya se encuentran en fase experimental, como un césped creado para la producción de biocombustibles o una planta ornamental capaz de florecer en la oscuridad, lo cual ha encendido las alarmas de no pocos críticos de los transgénicos, que defienden que con las modificaciones genéticas pueden aparecer efectos adversos, independientemente de los procesos empleados para su obtención. Creen que sencillamente se están utilizando resquicios técnicos para que cultivos y organismos genéticamente modificados eviten los tediosos y costosos procesos reguladores estatales, lo que nos devuelve como en un bucle al principio del artículo.
Esto es algo que, sorprendentemente, también solivianta a algunos defensores de la seguridad de los transgénicos, que critican que el hecho de que algunos cultivos puedan evadirse de los controles hace que los mecanismos de supervisión en su conjunto se vuelvan ilógicos y obsoletos, además de un obstáculo para el desarrollo de nuevos productos.
Por su parte, las compañías que han empezado a utilizar estas nuevas técnicas alegan que si no se etiquetasen estos métodos como ingeniería genética, los nuevos artículos se podrían comercializar, e incluso producir, más fácilmente en Europa o en el resto de regiones del globo cuyas sociedades son reacias a aceptar los organismos genéticamente modificados. La ausencia de supervisión daría alas a las pequeñas empresas, así como a la modificación de cultivos menos comunes, ya que hasta ahora sólo las grandes compañías podían hacer frente a los gastos asociados al procedimiento regulador. Y eso que el marco normativo estadounidense es por definición más laxo que el europeo. Un factor a tener muy en cuenta en esta cuestión es que aún no se conoce en detalle el alcance del posible Tratado de Libre Comercio entre Europa y EE UU (TTIP), pero del que se sospecha que puede afectar de manera directa a la liberalización de estos productos en el viejo continente.
Los pasadizos que algunas empresas encuentran para colarse por los muros de la legislación tienen que ver, por un lado, con los componentes genéticos externos que se insertan en el genoma de un organismo modificado: los transgénicos típicos, como el maíz resistente a insectos o la soja tolerante a herbicidas, son los que incorporan en su ADN genes de otra especie diferente, generalmente una bacteria, mientras que los nuevos cisgénicos llevan genes de individuos de la misma especie. Y por otro lado, esos vericuetos también están relacionados con las técnicas utilizadas para insertar esos componentes genéticos externos: hasta ahora se realizaba a través del uso de una bacteria o un virus, pero ahora se pueden introducir mediante una pistola de genes, sin que intervengan otras especies que puedan dejar su huella en el proceso. Las compañías justifican que si se está insertando material genético de la misma especie y no se emplean tecnologías que puedan violar las reglas, hay un montón de productos que se pueden escapar, al menos técnicamente, a la regulación.
Otras empresas se han lanzado directamente al desarrollo de las tecnologías de edición genómica, que permiten cambiar directamente el ADN propio de la planta en lugar de introducir genes externos. Para algunos científicos esto daría lugar a un cultivo que no sería muy diferente de los obtenidos por mutación natural o con los métodos tradicionales de mejora genética (como la exposición a radiación o químicos que inducen mutaciones aleatorias), solo que de una manera más rápida y segura. Sin embargo, los detractores siguen insistiendo en que estas técnicas pueden producir cambios en el ADN que no fuesen los inicialmente deseados, y que en los procesos que van desde que se fuerza la alteración genética en una célula hasta que esta se convierte en un organismo superior también existe el riesgo de que se produzcan mutaciones no deseadas.
En cualquier caso, al margen de si realmente constituyen una amenaza o no, lo verdaderamente relevante es que esa avalancha de nuevos cultivos que intentan soslayar los marcos regulatorios hace que, sin una discusión apropiada y sometida al escrutinio público, se pueda emprender un camino que es cuanto menos desconocido y arriesgado. Una opción más responsable podría ser la de reeditar y actualizar las directrices de “cautelosa permisividad” de la llamada conferencia de Asilomar, en la que destacados biólogos se reunieron en Monterrey, California, con miembros de la prensa y del gobierno de los EE UU para discutir las implicaciones de las nuevas técnicas de ingeniería genética. Celebrado en 1975, en él se tomó conciencia de que, si bien estos avances científicos creaban grandes oportunidades en la medicina, la industria, la agricultura o la investigación pura, también comportaban graves riesgos que, tal vez, podrían engendrar consecuencias imprevistas y perjudiciales para la salud humana y para los ecosistemas de la tierra.
