El Sábado Santo de 1977 se legalizaba el Partido Comunista de España. Era 9 de abril. Fue uno de los hitos fundamentales de la Transición a la democracia. Y fue fruto de una anormalidad. Porque hay autores, como Joaquín Navarro Estevan, que afirman que a partir del decreto-ley de asociaciones, todos los partidos tenían derecho a la legalización por un procedimiento burocrático sencillo. Todos, en la práctica, a excepción de la izquierda. De todas maneras, dos meses después de haberse aprobado tal decreto, el PCE también entraba en la legalidad. De acuerdo con el Gobierno de entonces, ello se debía a la posible o presunta ilicitud penal de los estatutos del PCE. El Tribunal Supremo, luego, acreditó su legalidad.
Algo muy comentado respecto a la legalización del PCE tiene que ver con el papel del Ejército. Amadeo Martínez Inglés, en La Transición Vigilada, cuenta que el 8 de septiembre de 1976, el presidente Adolfo Suárez se reunió con los jefes de Estado Mayor y capitanes generales de los tres ejércitos. Después de este encuentro, la opinión generalizada en los clubes de oficiales coincidía en la creencia de que el presidente del Gobierno se había comprometido con la cúpula militar a no legalizar jamás el PCE.
Este hipotético pacto no escrito había mantenido las aguas castrenses bastante tranquilas durante el último trimestre de 1976. En las primeras semanas de marzo de 1977, empezaron a llegar a la sede de Defensa preocupantes filtraciones respecto a la posible decisión del Ejecutivo a favor de incluir a los comunistas en el juego político nacional. Pero el Gobierno lo negó. Sólo aceptó que se había en cargado la elaboración de ciertos informes para evaluar la importancia real de los comunistas españoles, así como sobre las reacciones que se producirían ante una eventual entrada del PCE en la legalidad.
En las fechas previas a la Semana Santa de 1977, los escalones medios del Estado Mayor del Ejército, según Martínez Inglés, recibían mensajes de tranquilidad: se descartaba una decisión unilateral del Gobierno. Aunque los generales y los coroneles sí eran conscientes de que Suárez podría “traicionar” al Ejército y que la fecha escogida podía ser la propia Semana Santa. Declara Martínez Inglés que su superior jerárquico le encargó:
“Me vas a preparar de inmediato los decretos y las órdenes necesarias para militarizar o movillizar las empresas esenciales de comunicación y transportes (…) No sabemos cómo puede terminar esto”.
Martínez Inglés también cita las declaraciones del general Aramendi, jefe de la división de Organización del Estado Mayor del Ejército:
“No hay nada decidido, pero la situación es muy delicada; hay altos mandos del Ejército y sectores influyentes de la vida nacional que están dispuestos a convertir la acción gubernamental de legalizar el PCE en ‘casus belli’”.
Tras la legalización, dimitió el ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga. No lo hicieron, aunque se esperaba, ni el ministro del Ejército ni el del Aire.
José Luis de Villalonga, en su libro sobre el Rey Juan Carlos, comenta que éste era consciente de que los militares iban a poner el grito en el cielo ante la sola posibilidad de legalizar el PCE, pero también sabía que era misión de Suárez convencerlos. El presidente Suárez se reunión el Lunes Santo, cinco días antes de la legalización, con sus vicepresidentes, el ministro de Justicia y el de Interior. Les dijo que había que encontrar lo más rápido posible un soporte jurídico para justificar a los ojos de los ciudadanos y de los militares la legalización del PCE.
¿Quién decide?, ¿la justicia o el Gobierno?
Había un gran debate en esos días: por un lado, se encontraban aquéllos que consideraban que el único obstáculo que podría haber para que el Partido continuara en la ilegalidad podría ser el hecho de que pudiera incurrir en algún delito incluido en el Código Penal. En cambio, había otros que consideraban que la decisión debía tomarla el propio Gobierno. Los tribunales dieron la razón a los segundos: legalizar al PCE era cosa del Gobierno. El 1 de abril, El País titulaba: “El Gobierno deberá decidir sobre los comunistas”. Quizás tenía que ver, como comentó este diario en su momento, con la composición del Tribunal Supremo. Aunque, en cambio, ABC consideraba que la decisión de legalizar un partido no debía ser judicial, sino política, así que se mostraba de acuerdo con la decisión judicial.
Pero veamos claramente cuál era el embrollo: el Gobierno, al aprobar la Ley de Asociaciones Políticas, había dejado en manos de la justicia la legalización de los partidos políticos. El Tribunal Supremo se había declarado incompetente y había devuelto la pelota al Ejecutivo. Éste debía decidirse y, por ello, Suárez se reunió con sus ministros y decidió posponer la decisión unos pocos días, hasta la Semana Santa, un momento en el que los ánimos están más calmados, fruto del periodo vacacional.
El Gobierno de Suárez podía no haberse mojado. En ese caso, el PCE podría haber concurrido a las elecciones presentando candidatos independientes. Era una de las opciones que recogía la prensa en esos días. Además, ABC, en un editorial publicado el 2 de abril negaba que la legalización del PCE fuera un inexcusable presupuesto de legitimidad democrática para la culminación del proceso de reforma política: “Democracias ha habido, y las hay, en las que el veto a un determinado partido no cuestiona la legitimidad de ellas”. Como veremos más adelante, es una opinión que compartía, incluso, el PSOE.
Finalmente, como decíamos, el 9 de abril de 1977 se legalizó el Partido Comunista. El País recogió así la noticia:
“El hecho se ha producido a los dos meses de que dicho partido hubiese solicitado su legalización y a la semana de que el Tribunal Supremo se declarase incompetente en el asunto y devolviese la documentación al Gobierno (…) La inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas se ha producido una vez emitido el informe por el Fiscal del Tribunal Supremo, oída la Junta de Fiscales Generales y de conformidad con la misma (…) El informe del fiscal del Reino se pronunció en el sentido de que de la documentación no se desprende dato ni manifestación alguna que determine la incriminación del Partido Comunista de España en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal. El hecho de que el ministerio fiscal no haya encontrado indicios de ilicitud penal en la documentación presentada dejó abierta automáticamente, y por imperativo legal, la vía hacia la legalización del PCE”.
Apuntaba El País también algunos entresijos de la operación:
“Los pasos oportunos que han llevado a la legalización de los comunistas parece que fueron dados por el Gobierno el pasado martes por la tarde, en el curso de una reunión que mantuvo el presidente Suárez con los ministros Osorio, Lavilla, Martín Villa y García López”.
A Santiago Carrillo le hubiera gustado que hubiera sido la justicia la que hubiera determinado la legalización del PCE: Carrillo entendía que si bien una decisión de la justicia no sería discutida por los sectores más recalcitrantes, una decisión del Gobierno sí sería susceptible de ser incluso rechazada.
Los militares: aceptación «por patriotismo»
¿Cómo respondió España a la legalización del PCE? Ya hemos visto que hubo una dimisión entre los militares. Pero el Consejo Superior del Ejército, reunido el día 12 de abril, aceptó “por patriotismo”, según recogía la prensa de la época, la legalización del PCE. La nota del Ejército, reproducida por ABC, decía lo siguiente:
“Todo el Consejo Superior del Ejército no ve con buenos ojos la legalización del Partido Comunista, y expresa, por tanto, cierta repulsa ante tal legalización.
Ante el hecho consumado de la legalización del PC, por patriotismo, y considerándolo como un deber de servicio a la patria, lo aceptan.
El Consejo Superior del Ejército estima que el Gobierno debe ser informado de que el Ejército está indisolublemente unido en la defensa de la unidad de la patria, de la bandera nacional, de la permanencia de la Corona y del buen nombre y la disciplina del Ejército».
Entre los críticos, también Alianza Popular. Manuel Fraga, de acuerdo con El País, había dicho de la legalización del PCE: “Golpe de Estado, grave error político y farsa jurídica”. Al mismo tiempo, Fraga dijo que la legalización del PCE fue lo que convirtió a la Transición en una ruptura con el régimen franquista.
El PCE: «No hemos renunciado a nada»
¿Y los comunistas? El primer comunicado oficial del comité ejecutivo del PCE después de la legalización fue:
“Al recuperar el derecho a la existencia legal, el comité ejecutivo llama a todas las organizaciones y militantes a abrir de paren par las puertas del partido, a difundir y exponer en todas partes lo que somos y lo que nos proponemos, deshaciendo losespectros que se han trazado de nuestro partido en los cuarenta años de dictadura”.
El 11 de abril, el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, volvía a España procedente de París. Carrillo, en una de sus primeras declaraciones, afirmó que la legalización daba credibilidad y fortaleza al proceso de construcción democrática. Aunque éste tuvo que defender a capa y espada que el PCE, a cambio de la legalización, no había renunciado a nada, pese a todo. En el primer mitin autorizado de la campaña electoral del PCE, que tuvo lugar en Gijón, según recoge El País, Carrillo dijo:
“Nuestro partido no ha renunciado a nada. No se trata de cambiar los símbolos, la bandera, sino la oligarquía que nos oprime, las estructuras”.
Y, en cuanto a símbolos, también Carrillo, en otro mitin, afirmó:
“No levantaré el puño durante el mitin (…) No he venido a agredir a nadie, sino a trabajar por la reconciliación y la libertad (…) Creo que no sería malo para este país que unos dejaran de saludar a la romana y otros con el puño cerrado”.
Muchos años más tarde, Julio Anguita, se quejaba de cómo se había realizado la legalización del PCE:
“La decisión de aceptar la bandera, el rey… se tomó en un comité central por sorpresa con el argumento de que habría un riesgo de golpe militar si no se hacía así. El problema no es que se aceptase en aquel momento la bandera o la monarquía porque pudiera haber un peligro inminente. Hasta ahí lo puedo entender. El problema es que el Partido se entregó totalmente a ese acuerdo cuando era consciente de que los demás no estaban cumpliendo su parte. Recuerdo las palabras de Miquel Roca, ya en los años noventa, en una entrevista que le hizo Julia Navarro: ‘Bueno, bueno, eso de que la Constitución habla de la planificación democrática de la economía y demás… eso hubo que ponerlo porque cuando la escribimos estaba muy cerca la Revolución de los Claveles, pero eso no hay que cumplirlo’. El Partido tuvo constancia de que había pactado con tramposos y ése fue su gran error, y de eso le acuso, fundamentalmente”
Apenas siete días más tarde de la legalización del PCE se convocaban las elecciones, las primeras de la democracia, para el 15 de junio.
Los pasos previos
Javier Tusell, en «Por una historia revisionista de la Transición», artículo publicado en el número 115 de la revista Claves de razón práctica, aporta otros documentos. Por ejemplo, las notas tomadas por los dirigentes socialistas en el transcurso de los primeros contactos con Don Juan Carlos y con Suárez. De acuerdo con estas notas, cuando llegó el segundo a la presidencia del Gobierno, ninguno de los dos considera que fuera posible la legalización del PCE. Pero es que ni siquiera los propios socialistas a la altura del verano de 1976, cuenta Tusell, consideraban que la ausencia de los comunistas en la contienda electoral la invalidara. De hecho, de las notas de las reuniones con el rey y Suárez, Tusell saca la conclusión de que la legalización del PCE quedaba remitida a un futuro incluso un tanto remoto. Además, los socialistas parecían más interesados en atribuirse un papel de mediadores entre el Gobierno y los comunistas que en la inmediata legalización del partido.
Según Tusell, el transcurso del tiempo fue lo fundamental: fue lo que provocó que lo imposible se convirtiera en una realidad.
Tusell cita una reunión eurocomunista que tuvo lugar en marzo de 1977 en Madrid. El informe policial que recibió Suárez al respecto fue el siguiente:
«Tras los resultados hechos públicos de la reunión, se puede concluir que ésta ha tenido como objetivo fundamental el apoyo internacional a la legalización del Partido Comunista de España, pero difícilmente puede concluirse que de la cumbre de Madrid haya resultado la configuración de un bloque eurocomunista claramente identificado que marque el comienzo de una nueva estrategia europea conjunta para los partidos comunistas del sur de Europa».
«El juicio», dice Tusell, «era correcto y revelaba, en el fondo, que ya se había iniciado el camino hacia el reconocimienot del PCE, meses atrás considerado como imposible».
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