Cuando quedan apenas unos días para que se cumplan tres años de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012, que retiró la tarjeta sanitaria en España a los inmigrantes sin permiso de residencia, el Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que estos inmigrantes irregulares volverán a ser atendidos en los centros de Salud. Eso sí, se les concederá una documentación específica que tendrán que renovar anualmente y deberán llevar empadronados un tiempo mínimo que aún no ha sido establecido.
La aprobación del Real Decreto-Ley de “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, supuso, pese a su título, que las personas sin residencia legal en España sólo pudieran acceder gratuitamente al sistema público de Salud en tres casos: si se trataba de menores, mujeres embarazadas o a través de los servicios de Urgencias. Para el resto de casos se ofrecía un seguro de cobertura básica de 60 euros mensuales para los menores de 65 años y de 157 euros para las personas de más de 65. El Gobierno alegó que con esta medida se quería acabar con el turismo sanitario, es decir, extranjeros que se desplazarían a España específicamente para recibir tratamiento a costa del sistema sanitario público, pero no se aportaron datos de ese supuesto fraude.
En octubre de 2014 diversas ONG´s presentaron un manifiesto que reclamaba la retirada del Real Decreto-Ley y cifraba en 873.000 las personas que habían perdido el derecho a recibir asistencia médica gratuita. Asimismo, la situación no era la misma en todas las regiones españolas. En 10 de las 17 Comunidades Autónomas se desarrollaron medidas para otorgar tarjetas sanitarias autonómicas a los inmigrantes, aunque solo en dos de ellas se equiparaba su derecho a la salud al del resto de los ciudadanos.
Como denunciaron organizaciones que trabajan con inmigrantes, tampoco se cumplía la propia medida ya que se han producido casos de denegación de asistencia sanitaria a menores o a mujeres embarazadas y en numerosos casos se ha presentado facturas a personas que habían sido atendidas en los servicios de Urgencias. Médicos del Mundo señaló además que limitar el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios de Urgencias supondría un coste mucho más elevado (en uso de recursos económicos y humanos) que el de mantener la cobertura de estos pacientes en la Atención Primaria para poder prevenir y tratar las enfermedades en sus fases iniciales.
El pasado 10 de marzo todos los partidos de oposición menos Ciudadanos, con el respaldo de 40 organizaciones humanitarias y de profesionales sanitarios presentaron la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, por la que los grupos políticos se comprometieron a que en sus programas electorales (y de Gobierno si llega el caso) se incluya el acceso a la salud de todos los residentes en España. El Real Decreto-Ley también recibió la crítica de la Defensora del Pueblo y del Consejo de Europa.
Cuando el pasado lunes anunció este cambio de parecer el Ministro de Sanidad lo atribuyó a «cuestiones de salud pública» y al objetivo de “no saturar las urgencias». Sin embargo, en estos tres años en que ha estado en vigor esta medida no ha presentado datos que demuestren su impacto económico o social ni que comparen la situación actual con la precedente.
De momento no se conoce cómo va a aplicarse esta medida, por ejemplo si los médicos de familia podrán recetar medicamentos a los inmigrantes y si les podrán derivar a la medicina especializada. Precisamente esa es la principal crítica tanto de los colectivos de profesionales sanitarios como de las ONG´s, que al carecer de tarjeta los inmigrantes no podrán disponer de un historial médico ni ser objeto de un seguimiento de sus patologías en el caso de enfermos crónicos. Además, al tratarse de un colectivo especialmente desfavorecido resulta más acuciante saber si tendrán que pagar de su bolsillo el coste de los medicamentos que necesiten.
De todas formas todavía habrá que esperar al próximo Consejo Interterritorial para que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se pongan de acuerdo en cómo se va a poner en marcha la iniciativa.
