Sucede continuamente. El nacionalismo vasco y el catalán gastan incalculables recursos en “internacionalizar”, o sea, en dar a conocer internacionalmente, lo que ya todos conocemos –porque han ganado esa batalla y muchas más– como “el conflicto”, es decir, el marco (con su historia manipulada, sus agravios inventados y una narrativa que no resiste un asalto) que un neófito, un extranjero que pueda ignorar la renta per cápita o la ignominiosa política lingüística (promovedora en exclusiva de las respectivas lenguas propias del nacionalismo, que no de los ciudadanos) de ambas comunidades, asimilará acríticamente y desde el cual hará su virginal aproximación antes de juzgar las respectivas realidades socio-políticas. Pongamos dos ejemplos recientes. Aunque son legión los que podríamos poner.
Al parecer, el señor Tremosa, eurodiputado y miembro de Convergencia Democrática de Catalunya, organizó el pasado 2 de junio, en Bruselas, una conferencia titulada España, ¿sin estado de Derecho?
Efectivamente, el título resulta sumamente ofensivo para referirse a un país democrático, que ha adoptado todo el acervo comunitario y donde el fin de semana previo se acababan de celebrar elecciones que parece que van a dar la vuelta al color político de varias Comunidades Autónomas y cuantiosos ayuntamientos, entre ellos, los de mayor población, como Madrid, Barcelona o Valencia.
A todas luces, este acto trataba de desprestigiar a España para así defender la legitimidad de lo que ellos llaman el “proceso catalán”. Como es sabido, el Gobierno catalán apela al “derecho a decidir”, como sinónimo de “derecho de autodeterminación de los pueblos”. Y éste sólo podría acogerse a la Declaración 2625 (XXV), sobre los principios del Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970. Dicha Declaración se refiere al derecho a la libre determinación de los pueblos y afirma que dicho principio obliga a los Estados de la comunidad internacional “a) a fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados y; b) poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los pueblos de que se trate; y teniendo en presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta”.
Pero, como también es sabido, dicha Declaración debe leerse en la línea de la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU, de 25 de junio de 1993. Aquí se reafirma el derecho a la libre determinación de los pueblos “tomando en cuenta la particular situación de los pueblos bajo dominio exterior, colonial o de otro tipo”; pero se añade la siguiente cláusula de salvaguarda: “no significará autorización o impulso de ninguna acción dirigida a desmembrar o afectar, de forma total o parcial, la integridad territorial o la unidad política de ningún Estado soberano e independiente que actúe de acuerdo con los principios de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos y que, en consecuencia, disponga de un gobierno representativo del conjunto de los ciudadanos pertenecientes a su territorio sin distinción de ningún tipo”.
El diputado Tremosa parece creer que extender la sospecha sobre la legitimidad de la democracia y el Estado de derecho español podría abrirles la puerta a la vía correctora (remedial secession) abierta por la legislación internacional. Sólo así se entienden las tres ponencias que conformaban el acto organizado el día 2 de junio.
La primera de ellas se titulaba Democracia y el proceso político catalán. Por supuesto, al albur de los hechos, dudamos que aquí se quiera dejar claro que no puede haber participación democrática fuera del marco jurídico, que garantiza quiénes votan, cuándo se vota y sobre qué se vota. Dudamos porque, lejos de aceptar el Derecho, el Gobierno catalán viene apelando hace años a un “choque de legitimidades” y a la historia del “Pueblo” catalán, para lograr la independencia de Cataluña por encima precisamente del Estado de Derecho.
“Declaramos que no existe en Derecho Internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia. Declaramos que cuando hay contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda. Y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es esta la que crea y modifica cuando sea necesario la legalidad vigente”, sentencia de La Haya a la declaración unilateral de independencia. No lo dice un irredento nacionalista, salvaje, malvado y no sé qué: lo dice una sentencia de La Haya respecto a Kosovo. ¿Los catalanes somos menos que Kosovo?». (Pilar Rahola Martínez, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, en el programa de 8TV 8 al dia, leyendo de su smartphone una falsificación de la opinión consultiva –que no ‘sentencia’– emitida por la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo (en cuyo texto original ni siquiera aparecen las expresiones «dictadura», «voluntad popular», «sociedad democrática» o «contradicción»), 18 de diciembre de 2013).
La segunda ponencia de la jornada llevará por título: España y la libertad de expresión. Sin duda, no hablarán sobre el recorte de garantías que podría suponer la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como “ley mordaza”), presentada por el Gobierno del PP en España y recurrida ante el Tribunal Constitucional, gracias al Estado de Derecho, por todos los grupos de la oposición. Precisamente CIU fue el único partido que decidió no recurrir.
Pero tampoco existen motivos para alegar falta de libertad de expresión en una Comunidad donde la Corporación Catalana de Medios Audiovisualess (CCMA), que opera desde 1983, dispone de la Televisió de Catalunya, encargada de una oferta televisiva que cuenta con seis canales (TV3, El 33, Canal 3/24, Súper 3, Esport 3 y TV3 HD) y varias radios (Catalunya Radio, Catalunya Informació, Catalunya Música y iCat). Para mantenerlas, el Gobierno catalán destinó en 2013, con total libertad, una subvención pública total de 225 millones de euros, con el fin de cubrir un presupuesto de 295,9 millones de euros.
«No conseguiremos el Estado propio ni ganaremos el referéndum si no controlamos los medios de comunicación. ¡Fuera los tertulianos enemigos de Cataluña!» (Ramon Carner, presidente del Cercle Català de Negocis (CCN) y militante del partido liderado por Joan Carretero, en su cuenta de Twitter, 26 de noviembre de 2012).
Pongamos otro ejemplo que niega la opresión de España sobre Cataluña, una Comunidad donde tanto el castellano como el catalán son idiomas oficiales. La Ley (autonómica) del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña (en consonancia con Ley nacional de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos) establece que “las aplicaciones que las entidades que integran el sector público ponen a disposición de los ciudadanos deben permitir que la consulta, participación y tramitación puedan hacerse en la lengua oficial escogida por la persona interesada”.
Pese a ello, según un informe de Convivencia Cívica Catalana, el 86% de la información del gobierno autonómico en internet no está disponible en español, afectando por tanto a cuantiosos departamentos y a webs como la de la policía autonómica (que alberga normas de seguridad personal), la de bomberos o la consejería de Presidencia.
Y, como tercer ejemplo, podríamos mencionar la inmersión lingüística que el Gobierno catalán lleva a cabo en las escuelas públicas, excluyendo al castellano de la educación a pesar de las diversas sentencias nacionales, tanto del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo: “Las comunidades tienen el derecho a proteger su lengua cooficial en su sistema de enseñanza, pero dentro de unos límites que significan que el castellano no sea excluido como lengua vehicular”. En consecuencias, en enero de 2014, ante el incumplimiento de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instó a los centros escolares a que aseguren la presencia mínima del castellano del 25% de horas lectivas. Hasta el 15 de diciembre no hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenara a la Generalitat a pagar a los padres de una niña, en concepto de indemnización, un total de 3.000 euros.
Por último, tampoco se entiende la tercera de las ponencias con que se clausuró la jornada: España: catalanofobia y el discurso del odio. Quizás algunas declaraciones de destacados miembros del “proceso” catalán puedan servir para encuadrar tal afirmación.
«Nuestro adversario es el Estado español, hemos de tenerlo muy claro; y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular, que no debería llamarse Partido Popular “de” Cataluña, sino Partido Popular “en” Cataluña. Por lo tanto, estos son nuestros adversarios. El resto, somos el pueblo catalán. Y el resto somos quienes conseguiremos la independencia». (Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y miembro de Esquerra Republicana de Catalunya, en un mitin en Barcelona, 26 de mayo de 2013).
«El adversario al cual nos enfrentamos es mucho más poderoso que nosotros; pero David no venció a Goliath porque fuese más fuerte, sino porque era muy astuto y muy hábil» (Artur Mas, presidente de la Generalidad, discurseando en el Ayuntamiento del municipio ilerdense de Golmés, en su primer acto público tras el anuncio de que esa misma semana firmaría el decreto de convocatoria del referéndum para la secesión de Cataluña, que no fue aprobado por las instituciones del Estado, 25 de septiembre de 2014)-
«No es catalán uno que no habla catalán con los catalanes y entre los catalanes. Sólo es catalán aquel que habla catalán, aquel que defiende la nación catalana» (Anna Tarrés, historiadora y candidata número cuatro en la lista de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) por Gerona en las elecciones al Parlamento autonómico, en el acto en memoria de Daniel Cardona (fundador de las organizaciones armadas Bandera Negra y Nosaltres Sols!), en el cual calificó de «colonos» a «aquellos que hablan castellano en Cataluña», 9 de marzo de 2014).
Desgraciadamente, los medios que pone el Estado para contrarrestar la tramposa narrativa del nacionalismo catalán son irrisorios frente al aparato de propaganda del propio nacionalismo. Se nos escapará, sin oportunidad de réplica, el mensaje que les llegue a aquellos miembros de la comunidad internacional que, en papel de árbitro, acabarán juzgando –sin opinión vinculante, pero capaces de aplastar como una losa– lo que aquí suceda.
Segundo ejemplo. Ahora desde París y respecto al País Vasco. Concretamente, respecto al mundo abertzale. Ayer, la sala Victor Hugo de la Asamblea Nacional francesa acogió una conferencia de Paz. Según varios de sus ponentes se postulaba como heredera de la Conferencia de Aiete (octubre de 2011) y de la Conferencia de Baiona (24 octubre 2014).
En la primera, con el último atentado reciente, sin arrepentimiento alguno y sin haber dejado las armas, en lugar de exigirse el final incondicional de ETA, un prestigioso grupo de “expertos” internacionales encabezados por Kofi Annan y donde no podía faltar el “facilitador” Brian Currin, solicitaron al mismo tiempo un “diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”. Se llamaba ya a “avanzar en la reconciliación”, sugiriendo “que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas”. No es tanto la condicionalidad del segundo punto como la plena literalidad del cuarto y, sobre todo, el poso entero de un comunicado que ha adoptado desde su título la jerga tergiversadora del mundo abertzale, el de ETA. “Paz”, “conflicto”, “diálogo”…
En la segunda se instaba al Gobierno francés a ensanchar su marco jurídico para hablar de acercamiento de presos y de otras medidas que mejorasen la situación del colectivo, desde la puesta en libertad de quienes puedan acceder a la libertad condicional hasta una ley de amnistía. Se apelaba a la reconciliación y se solicitaba que, bajo la verificación de instancias internacionales, el gobierno francés llegase a un acuerdo con ETA para proceder al desarme de la organización vasca. Y se instaba incluso a crear en Francia un estatuto jurídico propio y diferenciado para sus tres territorios vascos.
Ahora, como en las otras Conferencias, se trataba de presionar a Francia y a España para “dialogar” o “negociar” sobre cuestiones penales y políticas con ETA. Es precisamente esta supeditación del fin de ETA al cumplimiento gubernamental de algunos de sus objetivos lo que pervierte estos eventos internacionales, insuflando legitimidad (y utilidad) a la violencia y la extorsión. Los organizadores eran:
Bake Bidea, organización creada al calor de la Conferencia de Aiete, para continuar con el impulso. Su objetivo es que los Estados francés y español se sienten a dialogar, ya que, de momento “sólo ETA ha afirmado su disposición al diálogo y ha anunciado el alto el fuego”
La organizarán Foro Social por la paz es una organización también vinculada a la Conferencia de Aiete, heredera de Elkarri (fundada en 1992, y cuyo objetivo era “defender y movilizar el modelo de solución pacífica y dialogada al conflicto vasco” para “contribuir al proceso de paz) y Lokarri (cuya misión, según ellos, era “hacer de la propuesta de acuerdo, consulta popular y reconciliación un factor de unidad e integración social y política”), cuyo coordinador, Paul Ríos, no dudó nunca en asimilar las tesis políticas de la izquierda abertzale: “[les] hemos dicho que vamos a implicarnos y hemos aportado una propuesta: organizar cien consultas populares sobre el derecho a decidir en otros tantos ayuntamientos. Cien como número simbólico, pero si se celebra en doscientos, mejor”.
La Liga de Derechos francesa, fundada en 1898 y comprometida desde entonces, con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1798, Con la Declaración Universal de 1948 y con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. El punto más negro en la historia de esta organización se produjo en 1935, cuando mostró un acercamiento al régimen estalinista en los llamados Procesos de Moscú, donde se juzgaba a 16 ex-miembros del Partido Comunista, que fueron acusados de conspirar con las naciones occidentales para asesinar a Stalin y a otros líderes soviéticos, así como para desintegrar la Unión Soviética y restaurar el capitalismo en Rusia. En octubre de 1936, el Comité Central de la Liga designó una comisión de tres miembros de la que saldrá un informe redactado por el abogado Rosenmark, eminente jurista de la Liga que se negó a poner en duda “la espontaneidad” de las 16 confesiones, excluyendo la posibilidad de confesiones arrancadas bajo tortura. Según Rosenmark, dudar sería “una falta absoluta de espíritu científico”, “contraria a todas las reglas en materia de pruebas”. “La obsesión que tenemos todos por el error judicial sólo existe si el acusado niega su crimen, si grita su inocencia hasta el final […] Si el capitán Dreyfus se hubiera confesado culpable […] no habría existido el ‘affaire’ Dreyfus”.
La fundación Berghof, una ONG alemana “dedicada a la resolución de conflictos que apoya a las partes implicadas en el conflicto en sus esfuerzos por lograr una paz sostenible mediante la construcción de paz y la transformación de conflictos”.
El Grupo Internacional de Contacto, cuyo líder, desde 2006 es el mismo Brian Currin. Muchas son sus memorables citas. Ahí va una: “aunque la organización clandestina renuncie definitivamente a la violencia y deje las armas, puede temerse que el Gobierno español entre en un punto muerto sobre los aspectos políticos del conflicto, para proclamar su victoria en la lucha contra el ‘terrorismo’ (sic). La constitución del GIC está dirigida, en parte, a impedirlo” (Brian Currin, padre del Grupo Internacional de Contacto”, Vasco Press, 26/03/2014). Currin participó en la Conferencia de Aiete aplicando la realidad de Sudáfrica al caso vasco-navarro, con consecuencias trágicas para su enmarque internacional: “en los 80, a Mandela también se le consideraba un terrorista”. “En todo conflicto hay dos bandos. Lo que para unos es una organización terrorista, para otros es un movimiento de liberación. Depende del bando en el que estés. Yo no estoy en ninguno”.
La fundación Conciliation Resources, que “trabaja en Colombia para influir en el debate público y promover una nueva solución para el conflicto que ofrezca una visión alternativa más constructiva, incluyente, democrática y sostenible de la paz. Conciliation Resources tiene como objetivo incentivar discusiones sobre una tercera vía, un camino más pragmático y más democrático hacia la paz, restaurando un nuevo proceso de paz y unas nuevas negociaciones”.
Sin entrar a juzgar, por desconocimiento, la labor de Conciliation Resources, conviene ser prudentes con la construcción de “alternativas” para la “paz”. El informe de Human Right Watch de 2013 denuncia que el gobierno Colombiano sancionara en 2012 el “Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC”. Y el Tribunal Penal Internacional lo enmendó parcialmente, al aclarar que “el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. Según el informe anual 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los paramilitares, con lazos inextricables con el poder político, serían responsables de al menos la misma cantidad de muertes, amenazas, incidentes de desplazamiento y desapariciones que el conflicto armado entre las FARC y las fuerzas estatales. En total, el conflicto se ha cobrado 220.000 vidas desde 1958 (el 81,5% civiles) y más de 5 millones desplazados internos (cada año 150.000 personas siguen abandonando su hogares).
Todas estas instituciones, en especial la última, deberían hacerse eco de las palabras del Relator de las Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el colombiano, Pablo de Greiff: “La Justicia Transicional es una estrategia para lograr que la justicia corrija violaciones masivas de derechos humanos en tiempos de transición; no es un nombre para una forma de justicia distinta”. “La satisfacción ofrecida por la justicia no se puede lograr sin verdad, justicia, reparaciones y garantías de no-repetición”.
Preocupa que algunas prestigiosas organizaciones internacionales avalen, quizás con la mejor de las voluntades, algunas de las peores tesis aireadas machaconamente por la izquierda abertzale. Por el mundo de ETA. Éstos hablan de alcanzar la “paz” donde no ha habido guerra entre dos bandos sino “violencia legítima” del Estado frente a “terrorismo”, que implica la voluntad de imponer, mediante la extensión social de la violencia, un proyecto totalitario (en este caso étnico), que no tiene cabida en el marco de un Estado democrático de derecho. Salvo una vergonzosa excepción de terrorismo de Estado en los años 80, ya mal que bien juzgada y que acabó con altos representantes políticos en prisión, jamás hubo dos bandos. Las víctimas jamás fueron violentas ni pidieron venganza. Sólo hubo terroristas frente a un Estado democrático de derecho. Otra vez.
Para mostrar la perpetua existencia de dos bandos, hablan de “conflicto”, refiriéndose a una amoral relación de fuerzas: se equipara el discurso democrático con el discurso excluyente del nacionalismo (“sin violencia todas las opiniones son respetables”); se equipara la violencia legítima del Estado con el asesinato terrorista (se denuncia por igual a “todas las violencias” “vengan de donde vengan”); se equipara el sufrimiento de la víctima con el sufrimiento del verdugo en la cárcel o de su familia (se habla de “suelo ético del sufrimiento”).
Y al final, puesto que da igual una cosa u otra, la conclusión es clara: “Los que hoy son considerados terroristas, puede que mañana no lo sean. Depende de quién gane la batalla política”, dijo en 2007 Pernando Barrena. No son muy distintas estas palabras de las de Brian Currin, antes citadas. Lo que así se sostiene es que las posturas políticas no son reflejo ni de ideas ni de principios, sino que obedecen exclusivamente a una amoral relación de fuerzas. Quien gana es quien consigue imponer a la sociedad sus ideas. Es decir, que lo que es justo o injusto, lo que está bien o mal, dependerá de lo que opine quien manda. Y no es del todo incierto. Si ellos llegaran a mandar, los que hoy son considerados terroristas a buen seguro serán mañana considerados buenos patriotas. De hecho, quienes les ponen en las instituciones probablemente creen que el terrorismo fue el más notable acto de patriotismo. Nadie dijo que una sociedad no pudiera estar enferma. Hay corrupciones de muchos tipos y nosotros nos empeñamos en acapararlas todas.
Frente a ellos, debemos dejar claro que ni todas las ideas (al margen de su calidad), ni todos los proyectos políticos (al margen de sus consecuencias) tienen el mismo valor. Tolerar incluso lo intolerable es defender una tolerancia que se destruye a sí misma. Puro relativismo moral.
Y del mismo modo que tergiversan los conceptos de “paz” y “conflicto”, hablan sesgadamente de “víctima”, “convivencia”, “reconciliación”, “justicia restaurativa” o de “suelo ético”.
“La inmensa mayoría de nosotros no hemos sido ni víctimas ni perpetradores. (…) Tenemos que superar miedos, prejuicios, seguridades y acercarnos a la víctima que sufre injustamente, sin preguntar qué ha hecho ella para encontrarse así, ni qué características tiene (¿es de los míos?) (…).”
“Quien más quien menos, se ha enfadado o enemistado con otros convecinos. (…) Este es el momento especialmente indicado para superar la confrontación” (Galo Bilbao Alberdi, profesor de Ética de la Universidad de Deusto) (Galde 08 – Udazkena/2015, p. 37).
Sobra falsedad lacrimógena. Y victimismo, de una y otra parte. El papel de la víctima sólo puede ser simbólico: en este caso representa un orden jurídico y una convivencia democrática rotos en nombre de un proyecto político étnico y totalitario. Las víctimas son símbolos que pertenecen a la sociedad dañada para recordarnos dónde perdimos el camino y por dónde debemos seguir andando. Ése es su papel político, y si se deciden a abandonarlo deben saber que serán tratadas como interlocutores válidos (pero no como víctimas) cuyas opiniones pasarán el filtro de los argumentos del contrario.
Las víctimas son libres de perdonar, faltaría más. Y los asesinos de arrepentirse y reintegrarse socialmente cuando cumplan sus condenas. Sin embargo, cada vez suena con más fuerza un discurso que apela socialmente al perdón y a la reconciliación, pero sobre todo, a no juzgar los proyectos políticos sobre los que se ha justificado la violencia. Se apela al olvido. Y a la amnistía. Eso es ultrajar a las víctimas sólo en cuanto es ultrajar al Estado de Derecho, al que se le pide que haga excepciones con criminales que trataron de destruirlo. ¡Y se le pide que lo haga una vez que se ha mostrado fuerte y útil frente a quienes segaron 858 vidas!
La dicotomía y la consideración de enemigos sólo anidaba en las ideas abertzales. Por definición, un demócrata nunca considera enemigos a sus conciudadanos. De ahí que la convivencia o conllevancia que ahora se reclama ya se daba, todo lo bien que se podía, en el resto de la sociedad. No es Paz ni Convivencia lo que hace falta, sino Justicia y que calen en la sociedad los principios democráticos.
“Reconciliación” o “restauración” de la “concordia” son términos que remiten a una concepción orgánica de la política. Con estos términos nos alejamos de nuevo de la idea de sociedad democrática, compuesta de ciudadanos libres, y volvemos a la idea de comunidad, que concibe a sus miembros como parte de un todo que se fragmentó y que hay que restaurar.
No es “justicia restaurativa” sino “justicia transicional” lo que hace falta: una sociedad tiene que hacer frente a su pasado, destapando la verdad de los hechos, restableciendo la memoria y dignidad de las víctimas, asumiendo los principios del Estado de derecho, aplicándose en la reconstrucción de las instituciones democráticas.
Actos como el de París sólo consiguen que se hable otra vez de ETA y tratan de evitar que se dé su muerte por desgaste. Dan difusión internacional a una organización casi extinta, mostrándole como adversario (no como enemigo) con el que hay que encontrar una solución dialogada. No deberíamos permitir que se abra un paréntesis en el estado de Derecho para hablar de presos y de huidos. Mucho menos de amnistía. ETA debe acabar como la RAF.
La Facción del Ejército Rojo (RAF, en alemán) o Baader-Meinhof fue una organización de izquierda radical que atentó durante más de dos décadas contra altos representantes alemanes, asesinando, entre otros, al jefe de la patronal, Hans-Martin Schleyer, al fiscal general, Siegfried Buback, o al presidente del Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Cesó la «lucha armada» en 1998, con un manifiesto con el que no pidieron perdón ni renunciaron a la violencia, y que concluía con una cita descontextualizada y amenazante de Rosa Luxemburgo: «La revolución dice: yo soy, yo fui, yo seré». Mencionaron a sus 26 miembros asesinados, pero no las 34 víctimas asesinadas entre 1971 y 1993. No hubo amnistía y el último preso salió libre en 2011.
Muchos son los paralelismos con ETA, que tampoco ha entregado las armas, ni se arrepiente de su historia, ni condena la violencia. Como la RAF, también ha ido agonizando por la presión policial, hasta desaparecer. Pero, a diferencia de la RAF, ETA procedió además a “socializar el sufrimiento” y asesinó a 858 personas entre 1960 y 2010.
Los números hablan por sí mismos. Pero la fundación Berghof tuvo que ir a París, a legitimar la internacionalización del conflicto… a ver si lo resolvía.
