Artículo escrito por Adrián Espallargas
El Gobierno colombiano y las FARC dieron el 23 de septiembre en La Habana un importante paso hacia la paz con el cierre del acuerdo sobre justicia transicional.
Este ha sido uno de los principales obstáculos en las negociaciones que desde 2014 buscan poner fin a un conflicto que durante alrededor de 50 años se ha cobrado la vida de más de 220.000 personas y que ha dejado más de siete millones de víctimas.
El acuerdo establece la justicia que se aplicará a quienes han intervenido en el conflicto y sean sospechosos de haber cometido crímenes.
Además, fija el 26 de marzo de 2016 como fecha límite para llegar a un acuerdo final que sellaría las conversaciones entre los guerrilleros y el Estado colombiano.
¿Qué significa el acuerdo de justicia transicional?
Es un acuerdo sobre la creación de un mecanismo que juzgará los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio ocurridos en el conflicto que hayan sido cometidos por guerrilleros, militares y civiles.
Tanto los militares como los miembros de las FARC han realizado atrocidades durante el medio siglo que ha durado la guerra.
El acuerdo de justicia transicional era un punto clave en las negociaciones, puesto que determina qué penas cumplirán quienes hayan cometido crímenes contra la humanidad.
Para ello, se creará un sistema denominado Jurisdicción Especial para la Paz que contará con salas de justicia y con un tribunal de paz compuesto por magistrados colombianos y de un mínimo número de extranjeros. Este tribunal tendrá competencia para sancionar estos graves delitos.
¿Qué penas impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz?
Este mecanismo contará con dos tipos de penas para los delitos graves: uno para aquellos que acepten su responsabilidad y otro para los que la nieguen.
1. Quienes reconozcan sus delitos.
2. Antes del juicio. Se les impondrá una pena de entre 5 y 8 años de “restricción efectiva de libertad en condiciones especiales”. Dicho de otro modo, no cumplirán la condena en una prisión convencional.
3. Durante el juicio. Serán entre 5 y 8 años de cárcel pero en condiciones normales.
4. Quienes no los reconozcan y no acepten su responsabilidad: En caso de ser declarados culpables podrán cumplir u na pena de hasta 20 años de prisión.
No obstante, el acuerdo tiene la voluntad de conceder una amplia amnistía por “delitos políticos y conexos”, pero no alcanzará a los crímenes de guerra, actos de lesa humanidad y genocidio.
Además, aún quedan varios flecos por cerrar como la selección de los miembros de los tribunales y el lugar donde se cumplirían las penas, entre otros asuntos.
¿Qué falta para llegar a un acuerdo final?
Hasta ahora las partes han logrado un acuerdo en cuatro de los seis puntos que negociaban.
Los puntos en los que se ha llegado a un acuerdo son:
—Reforma agrícola. Desarrollo social y económico de las áreas rurales y provisión de tierras a los agricultores más desamparados.
—Participación política de los rebeldes una vez que se alcance la paz.
—Eliminación de la producción ilícita de drogas, una de las principales fuentes de ingresos de las FARC.
—Justicia transicional, amnistía para los combatientes excepto para quienes hayan cometido los crímenes más graves.
Todavía quedan dos puntos por solventar: (1) desarme de los rebeldes y su desmovilización y (2) la reparación de la víctimas, tanto por parte de las FARC como del Ejército.
Antes del 23 de marzo de 2016, las partes deberán haber llegado a un acuerdo sobre esos dos temas y cerrar los detalles que faltan de los otros cuatro.
El resultado final de las negociaciones se someterá a referéndum por parte del pueblo colombiano.
¿Con el acuerdo se llegará a una paz total?
Es difícil de saber. Por un lado están los líderes de las FARC, quienes formarán parte de la vida política del país tras posiblemente pasar algunos años en prisión.
Pero por otro están los guerrilleros de rangos bajos, a quienes será más complicado reinsertarles en la sociedad.
Entre el ELN-otra guerrilla que está pendiente de iniciar conversaciones de paz con el Gobierno-y las FARC se estima que suman cerca de 30.000 personas entre combatientes y grupos de apoyo.
Volver a integrar a miles de rebeldes en la sociedad es difícil y costoso.
Muchos son personas que han estado años en la guerrilla, no tienen estudios ni profesión y es complicado que después de años combatiendo en la selva vuelvan a la sociedad y tomen trabajos y vidas normales.
Es un proceso que puede llevar años y, en ese sentido, la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) trabaja en un plan para que los desmovilizados de las FARC se vuelvan a insertar en la sociedad.
El objetivo es evitar lo que ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar, que tras desmovilizar a sus miembros en 2006 dio origen a las bandas criminales –conocidas como bacrim- que actualmente cuentan con 4.000 efectivos y que forman organizaciones armadas que se dedican al tráfico de drogas y la extorsión.
