“Lo mejor es enemigo de lo bueno”, dicen. Y se quedan tan anchos. Últimamente me he sorprendido dándole vueltas al aforismo dichoso. Supongo que se refieren a la ética de la responsabilidad, de la que nos hablara Weber. O sea: mejor huir de las exigencias de máximos, ésas que buscan hacer justicia aunque en nuestro empeño por cristalizarlas acabemos destruyendo el mundo, y conformarse con pequeños apaños, humildes metas, para ir tirando hacia algo mejor. Sin prisa pero sin pausa.
El problema, básicamente, es que esto es mentira. No hace falta haber leído (bien….) a Weber para saberlo. “Lo mejor” o “lo peor” son indicadores necesarios para dibujar el marco conceptual dentro del cual libramos nuestras guerras. Yo me tendré enfocando hacia lo mejor y entenderé que el contrario busca, frente a mí, lo peor. Lo bueno y lo malo sólo son victorias o derrotas en pequeñas batallas que se dan cita dentro del gran marco bélico y que, por sí solas, no explican la tendencia de la guerra (si se va ganando o perdiendo) ni el lugar exacto en que nos encontramos batallando. En suma, lo mejor, lejos de enemistarse con lo bueno, es su mejor referencia.
Ahí va un ejemplo doméstico. Si un hijo pequeño nos pide jugar a la consola un rato más en lugar de ir a su cuarto a hacer los deberes, puede haber un padre que diga: “lo mejor sería que se fuera a su cuarto y estudiase, claro…; pero sé que si le obligo se pondrá a gritar, tirará las cosas por el suelo, se encerrará en su cuarto y se pondrá con el móvil; acabará sin estudiar y encima cabreado conmigo y queriéndome cada vez menos”. Ergo, ¿qué sería lo bueno en este caso? Que el niño juegue un ratito más y así, con suerte, estudiará luego por su cuenta; o, al menos, no me tendrá por su enemigo. Sabemos bien que esta lógica perversa, generadora de tiranos, se está expandiendo. Y tengo para mí que encajaría en nuestro molde: “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Bien, pues van perdiendo la guerra a costa de limitar el número de bajas en la batalla; y cada vez sufrirán más la tiranía de los suyos. ¿Están seguros de su estrategia?
Dicho esto, no les sorprenderá que en el resto de esta historia Montoro sea el padre y las Comunidades Autónomas, los pequeños tiranos. Uno se pregunta, no obstante, qué poder titánico pueden oponer nuestras particulares tiranas contra todo un gran Estado: endeudadas hasta los dientes, acreditando bonos basura y culpables de la mayor parte de la corrupción (las cajas de ahorro, la especulación inmobiliaria con el suelo urbanizable para financiarse mediante IBI’s a escala local…), las CCAA están doblegando a un Estado que acaba de ganar prestigio en Europa por sacar a flote el barco en medio de la tempestad. Cuando parecía que por fin podía llegar un punto de inflexión recentralizador en nuestra España austracista y caciquil, se cierne sobre nosotros la enésima dinámica centrifugadora.
La fuerza que tenía el Gobierno (análoga a la que la UE tiene con sus Estados Miembros) en la batalla por obligar a las CCAA a cumplir con el déficit y a acometer las reformas estructurales necesarias, a cambio de que éstas se beneficiaran del Fondo de Liquidez Autonómica, se ha ido por la boca: “El Gobierno no está pidiendo recortes en absoluto. Estamos pidiendo moderación en el aumento del gasto”. En 2015 sólo Canarias, Galicia y el País Vasco (esta última sin ningún mérito, habida cuenta de su sobrefinanciación) lograron cumplir el objetivo del 0,7% del PIB estipulado; en 2016 no habrá problemas (sobre el papel) porque en plena campaña unos y otros han decidido concederse manga ancha. Ya nos estallará luego, que en esto somos ya especialistas. Y así, sin mucho ruido y ninguna oposición de quien debía controlarlas, el empleo público en las CCAA ha aumentado en 117.200 personas respecto al primer trimestre de 2015. Y por si esto fuera poco nos enteramos de que, a pesar del chantaje secesionista, 20.600 de esos empleos se han dado sólo en Cataluña, donde 242 funcionarios cobran más que Rajoy, donde la adoctrinadora TV3 suma casi la misma plantilla que Canal Sur, ETB y Telemadrid juntas o donde se debe a las farmacias 207,3 millones de euros (que supongo querrán repercutir al Estado del cual se quieren secesionar sin atender a la realidad de los costos).
En segundo lugar, más grave resulta la reciente cesión del Gobierno en batalla tan estructural como la de la educación. Si desde 2012, con Wert a la cabeza, el Gobierno de Rajoy intentó que se estudiase un mismo programa de Historia en toda España, ahora se decide dar marcha atrás en favor del caciquismo autonómico: el Gobierno autonómico va a poder fijar las preguntas y el calendario de los exámenes por su cuenta. Quien crea que en este caso el criterio de proximidad beneficia en algo al ciudadano, no entiende que lo propio de la educación es su vocación de universalidad; y, sobre todo, no entiende que lo propio de la democracia es, entre otras cosas, crear ciudadanos igualmente preparados y formados para poder acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral. Sin embargo, al eliminar las reválidas que con buen criterio (al margen de todos los errores que se quiera) pretendía introducir Wert (y que existen en sistemas tan republicanos como el francés; donde, además, los profesores son evaluados in situ -¡dando clase!-desde la Administración central) no ganan los padres ni los alumnos; sólo ganan algunos centros educativos y los profesores menos vocacionales, cuyos trabajos dejan de poder ser controlados a falta de una evaluación nacional que, siguiendo la ley del embudo, permita detectar las flaquezas estructurales por autonomías, centros y profesores.
Por supuesto, esta rendición del Estado (que, en principio, debía defender los intereses de todos los españoles) ante la casta clientelar autonómica no debe sorprender en España: el lobby educativo autonómico ya ganó en Baleares una batalla tan increíble como la que dieron contra el TIL. De la mano del catalanismo, que buscaba proteger su nicho frente a la amenaza que suponen otros profesores españoles que busquen pescar una plaza en su caladero, las clientelizadas AMPAS apoyaron (contra los intereses de sus hijos) el chiringuito de los profesores, y rechazaron el decreto de trilingüismo que, dejando de lado algún defecto de forma en la tramitación, pretendía promover la enseñanza en inglés, castellano y catalán. Hoy el Tribunal Constitucional respalda el TIL, pero cabe preguntarse si el daño no está ya hecho y si, por culpa de quienes son incapaces de defender el interés general (que es el agredido en esta guerra), un decreto aparentemente tan necesario no nació ya muerto.
Por último, vayamos ya al tercer y más trascendental ejemplo (¡los dineros!) de claudicación del padre Montoro ante sus tiranos autonómicos. Atravieso en este ejemplo un tema pantanoso, pues me faltan tablas para hablar atinadamente; pero si no lo planteo reviento, pues juraría que estamos frente a un grave ataque, del que venía ya avisando. Ojalá perdure el tema en los medios (lo merece de sobra) y se vayan aclarando todas las dudas. En un largo artículo titulado “Café del que haya o que se vayan”, de 19 de septiembre de 2015, escribía yo lo siguiente:
“Resulta que Montoro decidió que Cataluña fuera la más beneficiada en el nuevo reparto de financiación. Resulta que Albiol, el candidato del PP catalán, defiende el principio de ordinalidad (que, tras la financiación autonómica, no se altere la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas): “recogiendo las singularidades de los diversos territorios. Lo mejor que puede tener Cataluña es un modelo donde se recoja la corresponsabilidad y la solidaridad limitada. Los catalanes somos solidarios, pero eso tiene unos límites”. [Y añado, post scriptum, que así Albiol daba eco a las previas palabras de Esperanza Aguirre, que se planteaba que debían haber aprobado el Estatut de 2006. ¿Por qué? Se diría que porque una mejor financiación también les beneficia, incluso más, a ellos. Asistimos hoy a una pugna de las CCAA ricas contra las pobres]. Resulta que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, defiende un “federalismo asimétrico”, avalando la inmersión lingüística, proponiendo competencias exclusivas en educación o definiendo a Cataluña como nación; además de ofrecerle una mejor fiscalidad, claro. Le refrenda el presidente del PSC, a quien después de hablar de equidad fiscal, se le ocurre afirmar que nuestro modelo federal “tiene que superar el modelo del café para todos y llevarnos a uno asimétrico; si no, no servirá para lo que se ha pensado: garantizar la convivencia de diferentes identidades dentro de un Estado”. Resulta que Podemos, teóricamente de izquierdas, defiende el derecho a decidir de los catalanes también en materia económica (a partir del segundo 36) y que Errejón defiende incluso un reconocimiento particular en materia fiscal para Cataluña: de nuevo, el principio de ordinalidad. Un principio que no se aplica, como algunos han dicho, en los principales estados federales. Resulta que se juntan 25 ex ministros a decirnos que, aunque debemos decidir todos los españoles, hay que reconocer la “singularidad” de Cataluña para dar respuesta a las “aspiraciones legítimas de los catalanes”.
Y, en medio de todas estas declaraciones emerge la ponzoñosa voz de los empresarios catalanes, que en su día presionaron a Maragall y Mas para tratar de lograr mejor financiación, luego trataron de solucionar el desvarío de Mas de estos últimos años pidiendo al Gobierno de Rajoy que concediese mejor financiación, más tarde se echaron en manos de Rajoy para evitar la independencia (o, al menos, para granjearse una salida ante ella) y ahora siguen con el raca-raca de la financiación.
(…) He aquí lo que parecen desear los empresarios, junto con el nacionalismo: un mínimo entramado jurídico común (español o europeo), pero políticamente hueco. La fragmentación administrativa proveerá a un complejo y fragmentario proceso productivo las mejores condiciones para la inversión, pero asentando las peores bases para la función fiscal y redistributiva. Dinamismo del capital con alto coste social. Conexiones transfronterizas que pueden prescindir en gran parte del mercado interior y que no requieren de un Estado social que provea demasiada mano de obra cualificada. Basta con seguridad jurídica y mercado común. La mano de obra legal y barata llegará de aquí o de acullá. La seguridad privada, saltando por encima de la paz social, suplantará la función integradora del Estado. Concentración del capital, competitividad entre ciudades, dumping social, race to the bottom. El último que cierre la puerta. Las grandes empresas y las zonas dinámicas ya presionan a los dirigentes europeos para un TTIP con posibilidad de acudir a tribunales de arbitraje a gusto del productor (ISDS).
En suma, parece que el nacionalismo catalán es promovido por élites extractivas (las élites económicas y las élites políticas se retroalimentan) deseosas de adaptarse rápido a este panorama, haciéndonos un corte de manga al resto de ciudadanos, que hemos visto poner las condiciones de posibilidad de su desarrollo. Y, envueltos en la bandera, están consiguiendo arrastrar al ciudadano de Tarragona para defender los intereses de unos poquísimos residentes en Barcelona capital. Porque para eso sirven las CCAA: para hacer de escuderos identitarios y proveedores de carne a las élites de turno. A medio plazo, ni eso. Una ciudad es una ciudad. ¿Y la izquierda? La izquierda les hace el pasillo: ¡la Europa de los pueblos (o, lo que es igual, de las ciudades globales)!
Pero lo peor no es que las grandes empresas sigan presionando para, dentro de las coordenadas neoliberales, convertir a Barcelona en una ciudad global y mejorar sustancialmente sus condiciones. Están en su papel. Lo peor es que todos los partidos políticos españoles, incluidos los de la supuesta izquierda, están apoyándoles. Y me temo que el papel lubricante, ideológico, de todo el arco parlamentario español sólo es posible gracias a un blando y muy mal entendido nacionalismo español: con tal de mantener España unida en el mapa se cede con todo, hasta el punto de dejarnos parasitar por las regiones que deberían contribuir a la solidaridad interterritorial.
Pues bien, yo también quiero la unión de España; y la quiero dentro de una Unión Europea federal y plenamente democrática (…). Pero la unión que yo quiero no es a cualquier precio; ni en España ni en la UE. La carencia de una Unión Económica y Monetaria, con reales competencias presupuestarias y fiscales (que, por tanto, requieren una legitimación democrática desde un Parlamento fuerte), nos ha sumido en una crisis brutal. Por suerte, la dinámica europea es centrípeta y veremos si conseguimos salvar la bola. En España, sin embargo, donde la dinámica es centrífuga, las consecuencias de mantener la unión a cualquier precio se me antojan desastrosas. No sólo se aprovechan de ello los empresarios; el propio Artur Mas cree estar controlándolo: “apretamos para negociar”, parece haber confesado el pájaro.”
Perdonen dos veces: por la autocita y por el tamaño. Pero es que uno cree estar tocando hueso. Parece que, ante la amenaza secesionista, vuelve a planear que lo coyunturalmente bueno, a juicio de Montoro, de varios economistas especializados y de representantes del PP, PSOE y Ciudadanos, es cambiar el modelo de financiación. Proponen un modelo que asiente (y de algún modo hay que hacerlo, esto parece impepinable) una necesaria corresponsabilidad fiscal para las CCAA. En otras palabras, las CCAA deben asumir el coste político de subir o bajar impuestos y para ello debe arrebatárseles la baza de externalizar sus responsabilidades hacia un Estado que no les da lo que necesitan: como si la restricción presupuestaria de todo Estado pudiera transmutarse en barra libre… ¡donde ni siquiera disponemos de política monetaria! Pero dicha corresponsabilidad no parece acompañarse de la estipulación de una serie de criterios que garanticen a cada español iguales servicios públicos, independientemente de donde viva. No.
En lugar de ello, y ante un secesionismo que no atiende a razones (peor será si las atiende, porque en ese caso sería tanto como someternos a su chantaje), asientan tal corresponsabilidad fiscal con una propuesta de lo más preocupante y ante la cual deberíamos saltar, en respingo, la mayoría de españoles. Ahora, los mismos expertos que reconocen que la financiación no es simplemente una cuestión técnica sino eminentemente política (¡la más política! ¡El dinero con que se financian nuestros derechos sociales, nuestra sanidad, nuestra educación!), afirman que el FLA no tiene sentido (no tendrá sentido, entiendo, por cómo se ha diseñado, así como por otros defectos de nuestro sistema que deben cambiarse; pero no por su lógica) y que se requiere un nuevo modelo de financiación que pivote en torno al principio de ordinalidad. Pues bien, si la financiación es una cuestión política, como ciudadano que soy en pie de igualdad con los técnicos (que, en el más idealizado de los casos, podrán saber cómo se llega de la A a la B, pero no por qué B es la meta correcta), me mancharé aquí las manos (y rogaría a la ciudadanía y a los partidos que se las manchasen, puesto que el tema es el más crucial de todos los que puede tener un Estado sobre la mesa) con la sana intención de señalar lo que, a simple vista, me parece una injusticia. Ello con la ingenua aspiración de que se le vaya aclarando a la opinión pública los flecos sueltos de la propuesta.
Si entiendo bien, y recomponiendo palabras (algunas atribuidas, otras, textuales) de uno de los mayores expertos en la materia, Ángel de la Fuente (director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada), la cosa transcurre así:
–“De la Fuente ha explicado que la mayoría de los expertos en S’Agaró estuvieron de acuerdo con una “nivelación total” en la financiación por habitante ajustado, con excepciones, puesto que algunos asistentes consideraron que ello no era factible “en la situación política actual” (sic). En cambio, sí hubo más consenso con el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades que aportan más fondos sigan siendo las que disponen de más recursos fiscales tras hacer su contribución al sistema” (aquí).
La mayoría de expertos estuvo de acuerdo en la nivelación total, pero hubo consenso en torno al principio de ordinalidad. O esto es una afrenta a la lógica o yo no entiendo nada. Espero, en lo que sigue, aclarar la causa de mi desconcierto.
–“El modelo que tenemos ya es federal en la práctica y sí que tiene en cuenta, aunque de una forma mejorable, las peculiaridades autonómicas que son relevantes, esto es, las que afectan los costes de provisión de los servicios de competencia autonómica, como la composición de la población por edades o su dispersión en el territorio.”
–“[El modelo de financiación actual] es innecesariamente complicado y poco transparente, genera una distribución de recursos entre regiones excesivamente desigual y arbitraria, y genera incentivos bastante perversos hacia un exceso de gasto puesto que rompe el nexo entre impuestos y prestaciones que debería servir de freno natural al gasto. En un sistema bien diseñado, para gastar más, tienes que subir impuestos y eso aumenta el riesgo de que no te vuelvan a votar en el futuro. Las CCAA, sin embargo, generalmente consiguen que el dinero extra venga de la administración central, sin coste político ninguno para ellos, y eso hace que la tentación de gastar sea difícilmente resistible”. (Aquí para las dos últimas)
Bien, desde mi ignorancia, me pregunto si el problema es la falta de transparencia (pienso, por ejemplo, en una negociación que en la práctica es bilateral -seguramente por la falta de un Senado funcional que el propio De la Fuente acaba reclamando por otra razón- donde al País Vasco y Navarra se le hinchan el cálculo del Concierto/Cupo a cambio de apoyo electoral aquí o allá, o donde se prioriza a los barones -¡toma connotación austracista-caciquil- de mi partido sobre los demás), la complicación de variables (esto es, ponderar adecuadamente que una comunidad más envejecida requiere más financiación en sanidad, y que lo mismo ocurre con una con peor orografía, con mayor dispersión de los habitantes, con la gestión de un puerto o aeropuerto estratégico o, por qué no, con dos lenguas a las que traducir cada documento) o la falta de corresponsabilidad fiscal.
Y aquí está la clave de mis dudas y del miedo que me genera todo lo que desde hace tiempo se viene gestando. Es evidente que la falta de transparencia y la bilateralidad (que da poder al fuerte o al amigo) deben acabarse; es evidente que hay que promover la corresponsabilidad fiscal para que las CCAA dejen de gastar por un lado y llorar por otro; pero no acabo de entender por qué a estas alturas, en el estado actual de la ciencia, es tan complicado ponderar las distintas variables para garantizar de facto (o, en fin, todo lo materialmente que se pueda) que cada español concreto tenga un acceso similar a los servicios públicos.
Uno diría, retomando las advertencias de De la Fuente, que esa imposibilidad no es técnica, sino política. Y de ahí que, como solución al desacuerdo, se ponga sobre la mesa el principio de ordinalidad, que ya levantó polvareda cuando el TC dictaminó sobre el recurso contra el Estatut de 2006 (Título VI), por romper con el principio de igualdad entre españoles. Esto decía aquel Estatut en su artículo 210 (“Determinación y cálculo de la aportación catalana a las finanzas del Estado”):
“Para efectuar el cálculo de la aportación catalana a las finanzas del Estado, se deben tener en cuenta los criterios siguientes:
Primero. En lo que respecta a la aportación a los gastos del Estado, determinada por el artículo 208, se debe establecer el porcentaje de participación que corresponda al Estado en los diferentes impuestos cedidos para la financiación de sus servicios y de sus competencias, en la proporción que corresponda a Cataluña.
Segundo. En lo que respecta a la aportación a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación, los acuerdos para el desarrollo y la aplicación de los principios contenidos en el artículo 209 deben establecer los mecanismos financieros de nivelación adecuados, de acuerdo con el principio de transparencia y de conformidad con los criterios siguientes:
a) Los recursos aportados o recibidos por la Generalitat en esta solidaridad se deben establecer atendiendo a sus necesidades de gasto y a su capacidad fiscal, determinada en relación a la media de las comunidades autónomas y con el grado de progresividad que se establezca.
b) Los criterios de equidad medidos en términos de población relativa y los criterios de eficiencia económica medidos en términos de productos interior bruto y de esfuerzo fiscal relativos.
c) El mayor esfuerzo fiscal eventualmente llevado a cabo por los ciudadanos de Cataluña, calculado a partir de la diferencia entre los impuestos suportados en Cataluña y la media de las comunidades autónomas, se debe traducir en una mayor capacidad financiera y unos mayores ingresos para la Generalitat, dentro de los márgenes que se determinen. Para calcular el esfuerzo fiscal, se debe tener en cuenta el conjunto de precios privados por servicios públicos ya soportado por Cataluña.
d) La aplicación de los mecanismos de nivelación en ningún caso pueden alterar la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación.
e) El resultado de los mecanismos de solidaridad se evaluará quinquenalmente con el fin de verificar sus efectos.”
El TC rechazó la impugnación porque el principio de solidaridad “no puede redundar para las mas ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prosperas en orden a una aproximación progresiva entre todas ellas, excluyéndose, por tanto, el resultado de la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quién se beneficia de una contribución que dejaría entonces de ser solidaria y servir al fin de equilibrio para propiciar, en cambio, un desequilibrio de orden distinto al que se pretende corregir”.
Y así quedó vigente el punto d) en el artículo 206.5: “El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per capita entre CCAA antes de la nivelación.” Quizás por eso, a pesar de las infundadas quejas del secesionismo, Madrid paga el doble que Cataluña a la Hacienda común.
Y, en fin, hoy volvemos sobre nuestros pasos para desempolvar la polémica de 2006 pero esta vez a escala nacional. Un café para todos que, en la práctica, se diría que será café sólo para los que puedan pagárselo. La defensa de la igualdad entre españoles (lo mejor, democráticamente hablando) se ha mostrado excesivamente ambiciosa y, como afirman nuestros técnicos y políticos al horrísono, lo bueno (políticamente hablando) a estas alturas será contentarse con garantizar un criterio simple de financiación: que cada Comunidad Autónoma reciba en función de su número de habitantes siempre y cuando las más ricas sigan siendo las más ricas después del reparto. Lógicamente a uno le da por pensar si en las CCAA con más población rural desperdigada no necesitan realmente más dinero para infraestructuras o para garantizar los mismos servicios educativos y sanitarios. Del mismo modo, podría pensarse que una infraestructura que en Madrid (donde las distancias son más cortas, los sueldos son más altos, las empresas más ricas, la población más joven y dinámica y los centros y servicios públicos, mejores –por incentivos estructurales varios-) saldría rentable para el capital privado no merece ser financiada tanto como aquella que en Francia llamarían “canard boiteux” (cada uno de los servicios públicos no rentables –marginales, no demandados- que, de otro modo, no existirían).
Vaya, que uno diría que no tiene ningún sentido que un vasco tenga mayor financiación que un madrileño; pero sí lo tiene (y no en meros términos de compensación interterritorial) que un extremeño o un manchego disponga de más dinero que un madrileño si financiar los mismos servicios es más costoso en sendas comunidades, como parece ser el caso. Todos los desajustes y las injusticias que ahora ocurren deben por supuesto corregirse. Para ello seguro que habrá que cambiar el modelo. Y no tengo por qué dudar de los expertos cuando dicen que el nuevo sistema acabaría con las tensiones y daría resultados más justos para garantizar dicha igualdad de derechos. Pero, desde una convicción democrática (por definición, igualitarista) no es posible aceptar que ese resultado se obtenga desde el postulado doblemente injusto que nos ofrecen: por una parte, porque entiendo que parten de la población abstracta que reside en cada Comunidad Autónoma (pero sabemos que las necesidades concretas de cada uno de esos individuos son estructuralmente muy distintas en función de la Comunidad); por otra parte, porque, encima, por si fuera poco, teniendo en cuenta que las CCAA tendrán autonomía fiscal (y que las más ricas recaudarán necesariamente más en los tramos donde la ejerzan), se estipula, por norma general (eso es el principio de ordinalidad), que las CCAA ricas deben quedar por encima en la financiación per cápita … no menos; no igual. Por encima. ¿Saben qué es el Efecto Mateo? Pues eso.
Hay que dejarse de escaramuzas si se quiere ganar la guerra de la igualdad política, de la democracia firmemente asentada. De lo contrario, salvo tres polos dinámicos, España será pasto para cabras y turistas. Para ello advirtamos ya que lo apropiado es defender lo común y la igualdad, no el terruño y la diferencia. Hablemos de un plan económico para España, de nuestras ventajas comparativas, de promover la rentabilidad, de universidades competitivas (y no de la competencia por abrir universidades), de un MIR para profesores, de un sistema de becas para garantizar la movilidad, etc. Pero por favor, no nos hablen impúdicamente de ordinalidad. Si se me permite la gracia, pura ordinariez.
