Periódicamente nos encontramos con comentarios que apuntan que los inmigrantes reciben prestaciones sociales por el mero hecho de ser extranjeros, al margen de sus necesidades económicas, y que, con ello, se detraen recursos que deberían recibir los españoles que realmente necesitan ayuda. Pese a que ese argumento ha sido rebatido (por ejemplo, un informe de La Caixa de 2008 apuntaba que mientras que los inmigrantes suponían un 12,2% de la población de España, apenas suponían un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales, además de por el artículo Inmigración, crisis y Estado de bienestar en España, de Pau Marí-Klose ed alt., en que se explican los déficits de integración de la población inmigrante en el sistema de bienestar español, o por el Observatorio Vasco de la Inmigración, que concluyó en un estudio que la población inmigrante aporta a las arcas públicas más de lo que recibe, teniendo en cuenta, además, que en Euskadi se cuenta con un ambicioso programa de garantía de ingresos), sigue siendo bastante popular. Para tomar conciencia de que la población inmigrante no es un colectivo privilegiado por los servicios sociales, no vamos a referirnos únicamente a los informes mencionados, a los que pueden acceder a través de los enlaces, sino a los datos que proporciona Eurostat respecto a la situación social de la población inmigrante en España. Ello, bajo una premisa lógica: los inmigrantes regulares residentes en España acceden a las prestaciones públicas con las mismas condiciones y requisitos que la población autóctona.
Comencemos con la renta media: entre los españoles, en el año 2016, ascendía a los 14.517 euros anuales. La de las personas residentes en nuestro país nacidas en el extranjero se limitaba a los 9.447 euros anuales.
Con esa primera referencia, podemos fácilmente deducir que la tasa de pobreza seguramente será superior en el caso de los extranjeros que en el caso de los «nacionales». Los datos de Eurostat ratifican esa sospecha: la tasa de pobreza de los españoles se situaba el año pasado en el 17,9%, frente al 41,6% en que se sitúa la tasa de pobreza para la población nacida en el extranjero. En ambos colectivos, el riesgo de pobreza se ha incrementado desde el estallido de la crisis, pero el aumento entre los inmigrantes ha sido mucho más relevante: en el año 2007, se situaba en el 26,8%. En 2007, los españoles en riesgo de pobreza eran el 17,3%.
Las cifras de personas en riesgo de pobreza a las que acabamos de hacer referencia corresponden a mayores de 18 años. Veamos qué ocurre entre los niños y adolescentes, distinguiendo entre los hijos de extranjeros y los hijos de españoles. Si el 23,7% de las personas de entre 0 y 17 años hijas de españoles se encontraban en riesgo de pobreza en 2016 (por encima de cifras en el entorno del 21,1% de 2007), en el caso de los hijos de inmigrantes, ese porcentaje alcanzaba en 2016 el 50% (en el año 2007, este indicador se situaba en el 43,6%).
Las cifras son peores en el caso de los hijos de personas extranjeras que mantienen la ciudadanía extranjera: el 57,5% de ellos se encuentra en riesgo de pobreza.
La población inmigrante tiene menos renta y sufre un mayor riesgo de pobreza que los nacidos en España. Además, con una distancia sustancial. Los ciudadanos extranjeros también son más proclives a ser pobres aun cuando tengan un puesto de trabajo: así, mientras un 10% de los trabajadores españoles son pobres, en el caso de los trabajadores extranjeros, ese porcentaje es más del triple, al alcanzar el 31,5%.
Además, la tasa de actividad de los nacidos fuera de España (77,9%) es superior a la de quienes han nacido en nuestro país (73,5%).
¿Reciben más ayudas los inmigrantes que los nacionales? Los estudios dicen que no, incluso pese a que cerca del 25% de las rentas mínimas de inserción en España, cuyos requisitos son rigurosísimos y homogéneos para todo el mundo, como no podría ser de otra manera, las reciban extranjeros. ¿Las necesitan más por su situación socio-económica? De los datos, también de los que se derivan de los perceptores de las RMI, se deduce que sí. Como sintetizan Marí-Klose et alt.: «Los inmigrantes presentan tasas de pobreza sustancialmente superiores a los autóctonos, se encuentran infrarepresentados entre los perceptores de prestaciones y subsidios de desempleo, sufren condiciones residenciales más precarias, y encuentran mayores dificultades para acceder a los servicios sanitarios y educativos. Todo esto evidencia la existencia de una brecha entre las necesidades objetivas y las respuestas proporcionadas desde el ámbito de las políticas públicas».
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