6 de diciembre, Día de la Constitución. En las circunstancias actuales, con la crisis catalana caliente y aún sin resolver, existe la tentación de convertir esta fiesta en apenas la de la reivindicación de la unidad de España. Y, efectivamente, ésta está consagrada en el texto constitucional, en su artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. También se puede utilizar este día para insistir en que no es posible un referéndum en Cataluña para que sus habitantes decidan si quieren seguir perteneciendo a España, o no, porque unas líneas más arriba, en el artículo 1, pone: “La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Además, dado que por primera vez en sus 39 años de historia se ha hecho uso de uno de sus artículos, del 155, este día también se puede usar para presumir de que lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, es decir, las que ahora se han dado en denominar “fuerzas constitucionalistas”, es perfectamente legal, legítimo, conveniente, necesario y útil para restaurar el orden amenazado. Porque el 155 dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Con la celebración del Día de la Constitución quince días antes del 21-D, además de atizar a las fuerzas independentistas con el relato anterior, también se puede hacer lo propio con quienes, como Podemos, hace poco han recurrido la aplicación del 155. Y tienen una tradición diletante en estas fechas: unos años no van a la ceremonia de celebración de la Carta Magna, y otros sí, unos años van los primeros espadas, y otros, las segundas filas, mostrando cierto desprecio a tan importante cita.
Estamos en campaña electoral y la celebración que tendrá lugar dentro de unas horas será un acto más de la misma. Descontado y previsible, seguramente. Pero la fuerza de la reivindicación constitucional este año será mayor que en los anteriores. Mucho mayor que cuando ETA mataba o que cuando Ibarretxe diseñó su plan. Los partidarios del inmovilismo han conseguido, con los últimos acontecimientos, que la mole constitucional sea aún más irreformable, aunque en algún momento haya llegado a parecer lo contrario. Y esa posición se ha alimentado de la irresponsabilidad independentista, lógicamente. Acción-reacción.
Puede resultar reconfortante que en lugar de enarbolar banderas se eche mano de la ley, y que ésta sea la más importante que tenemos los españoles, construida en un enorme ejercicio de negociación y búsqueda de consensos después de cuarenta años de dictadura sangrienta. Un proceso, de todas maneras, sometido a revisión y críticas constantes, porque no nació de una ruptura del régimen totalitario previo, sino de su reforma capitaneada por franquistas, porque se llevó a cabo bajo amenaza constante y en un clima enrarecido por el miedo y además porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos días, los protagonistas del régimen dictatorial salieron impunes.
Si tenemos la tentación de sentirnos bien porque se ha restituido la legalidad en Cataluña -al margen de cuestionamientos importantes sobre la prisión que sufren los líderes de movimientos sociales independentistas y aún algunos miembros del ex Govern-, aplicando la ley más importante que nos hemos dado los españoles, también podemos valorar que el texto constitucional, en sus artículos más importantes, en los primeros, puede resultar muy rojigualda, permítanme los lectores esta expresión tan pedestre. Posiblemente, el texto constitucional español reivindica y llama a la defensa de la integridad de la nación (podría decir “Estado”) como cualquier otra constitución del mundo. Lo que sucede es que, al menos en nuestro caso, sólo se echa mano de la Constitución cuando alguien pone en cuestión la integridad de la patria. Casi nadie invoca el texto constitucional para otra cosa que no sea ésa.
O sí. En fechas como en la de hoy, la izquierda recuerda que hay otra serie de artículos más esenciales para la vida diaria y que ni se cumplen ni se tiene intención de cumplirlos.
Pero es que parece que cuando la Constitución apela a la salvaguardia de la unidad de la patria el texto hay que interpretarlo en su literalidad, mientras que cuando habla de derechos, sobre todo de los económicos, da la impresión de que esos artículos se escribieron para que quedaran bonitos, porque en realidad sólo son pura retórica y se asume que no se van a poner los medios para que se hagan realidad, por lo que es tontería reclamarlos. Y se mira con condescendencia a quien se atreve a recordar que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a un trabajo. E incluso más, porque en el artículo 35 pone: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por sexo”.
La Constitución también habla de impuestos y dice, en su artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Por supuesto, el texto constitucional recoge la libertad de empresa en un sistema capitalista como el que rige en España, pero deja la puerta abierta a la planificación, como se expresa en el artículo 38: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Más adelante, en el Título VII, en el artículo 128, además, se apunta que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, para continuar: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
En el artículo 131 se abunda en esta cuestión: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.
En el artículo 129, leemos, además: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
La Constitución, en suma, con estos cuantos artículos, le da al Estado un margen importante de intervención en la economía. Y se da la circunstancia de que éste se ha ido retirando poco a poco, al menos desde los tiempos de Felipe González y las privatizaciones. Y, si no se ha retirado, al menos sí lo ha hecho de las cuestiones encaminadas a velar por los derechos de la mayoría frente a los intereses de las élites.
Hablemos de un derecho más, del de acceso a la vivienda, que se recoge en el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. ¿No era necesario un 155 para quienes conculcaron insistentemente este artículo constitucional.
Posiblemente sí sea necesario reivindicar la Constitución, pero esa parte de la que nunca se habla, o de la que a veces se recuerda y que sólo provoca sonrisas condescendientes del tipo: “¿Pero tú crees que eso se escribió para que se cumpliera?”.
La Constitución española no da mucho margen respecto a cómo ha de ordenarse el Estado desde el punto de vista administrativo y territorial. Sí, en cambio, da opciones muy amplias sobre el sistema económico que puede adoptar el país, desde la libre empresa a la planificación económica.
Las fuerzas políticas, sobre todo la izquierda (el PSOE, más precisamente), han renunciado a usar las herramientas en el plano económico que el texto constitucional pone en sus manos. Sólo IU, sobre todo durante el mandato de Julio Anguita, que recurrentemente usaba el texto Constitucional para defender sus postulados, las reivindició. Después, durante un periodo muy fugaz, Podemos.
También la ciudadanía parece haber hecho dejación de sus labores de reivindicación de lo que la Constitución le otorga, salvo en el pequeño espacio de tiempo durante el que vivió el 15-M. Igual de fugaz puede ser el eco que en la ciudadanía de momento ha tenido la reivindicación de la unidad de España y la enarbolación de la enseña nacional que partió de las élites políticas. Puede ser efímera, eso aún no lo sabemos, pero sí parece que la reivindicación nacional ha calado mucho más que la de los derechos económicos.
Podemos lanzar una hipótesis para terminar: en la conciencia colectiva la idea que domina sobre la Constitución es que es un texto sobre el modelo de Estado, una especie de protección contra los nacionalismos periféricos y de garantía de la unidad de la nación española, y no un documento en el que se reconocen nuestros derechos como ciudadanos de un Estado.
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