Acabo de recordar una lectura a raíz de lo que está ocurriendo alrededor del ‘caso Gabriel’. Recupero una reseña que tuve que hacer cuando cursaba el Máster en Problemas Sociales, de la Uned, para la asignatura Tendencias Materiales de la Violencia y Percepción de las Víctimas. Es del libro La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. El autor es David Garland y está editado por Gedisa. Es interesantísimo. Quedan estas líneas (muchas) que no he releído de momento por si pueden ser útiles. 

 

 

Introducción

 

 

He elaborado un relato personal inspirado y construido con fragmentos del propio libro de David Garland. Es un relato personal, y también caleidoscópico, o un puzzle en el que se han ido incorporando los diferentes factores que explican por qué ha cambiado tanto la justicia penal en las tres o cuatro últimas décadas. Creemos haber respetado la filosofía del autor, cuyo afán reiterado es buscar las causas sociales profundas de la transformación: cómo ha cambiado la percepción de las víctimas y de los delincuentes entre la gente “de orden”, cómo ha variado la visión respecto al Estado de bienestar a medida que las clases trabajadoras prosperaban y se aburguesaban y cómo interfieren en la dinámica del delito los factores económicos (la bonanza de las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica que se desata a partir de 1973 y que se lleva por delante todo un paradigma que regía todas las relaciones sociales).

 

También analizamos someramente la reacción del sistema penal estatal ante las críticas que parecieron pillarle desprevenido, indefenso o sin respuestas. Primero, las respuestas adaptativas. Después, las que obviaron cualquier crítica al Estado y su incapacidad de proporcionar seguridad a los ciudadanos y se empeñaron en dar un patada hacia adelante y sobreactuar contra el delito. También, con todo ello, nos fijamos en las razones que esgrime Garland para explicar por qué se desmoronó tan rápido el sistema penal “welfare”.

 

Concluimos esbozando las características de la nueva sociedad en la que nos encontramos: la sociedad del control. Y cómo, aunque existen en nuestros días dos criminologías fundamentales, ambas coinciden en su afán controlador, pero no de todos sus elementos. Porque ésta es una sociedad en la que extrañamente convive el paradigma más liberal con el más neoconservador. ¿Cómo es posible?

 

 

Un cambio profundo

 

“La cultura del control” es un libro del sociólogo y criminólogo David Garland. Se completa con el subtítulo “Crimen y orden social en la sociedad contemporánea”. En él autor desmenuza los cambios que se han producido en los últimos años en los modos en que el Estado hace justicia, previene y castiga el delito. Con ese ejercicio, nos ayuda a entender por qué ahora la justicia funciona como funciona. Por qué la justicia, paradójicamente, es hoy más dura que hace treinta años. Por qué ya no se puede hablar del “penal-welfare”, es decir, de un sistema penal coherente con el espíritu de la preocupación por la cuestión social que dio pie al nacimiento del Estado del Bienestar.

 

La justicia ya no busca la rehabilitación del delincuente porque la idea de justicia que ahora prevalece es la que sirve para expresar la ira y el resentimiento provocados por el delito. Es la ideología, dice Garland, del “condenar más y comprender menos”. Durante la mayor parte del siglo XX era tabú la expresión abierta de sentimientos vengativos, pero en los últimos años son recurrentes tanto en la legislación como en las decisiones penales.

 

Ello se debe a varias razones. Pero me voy a fijar, en el inicio, fundamentalmente, en dos.

 

 

La primacía de las víctimas

 

En primer lugar, al regreso de la víctima al centro de la escena. Antes, dice Garland, en el complejo penal guiado por el espíritu de la “cuestión social”, las víctimas individuales apenas aparecían en escena, dado que sus intereses se integraban en el interés general del público y no se contraponían a los del delincuente. Todo esto ha cambiado ahora: “Los intereses y los sentimientos de las víctimas se invocan ahora rutinariamente para apoyar medidas de segregación punitiva”. Y añade un ejemplo: “En Estados Unidos los políticos llaman a conferencias de prensa para anunciar leyes que establecen condenas obligatorias y son acompañados en el podio por los familiares de las víctimas del delito”.

 

“El nuevo imperativo político es que las víctimas deben ser protegidas, se deben escuchar sus voces, honrar su memoria” y, por eso, el respeto de los derechos o del bienestar del delincuente se considera atenta contra el respeto por las víctimas. “Se asume un juego político de suma cero, en el que lo que el delincuente gana lo pierde la víctima y estar de parte de las víctimas automáticamente significa ser duro con los delincuentes”. Es el diagnóstico de Garland.

 

Garland describe, no juzga ni califica el cambio. Pero merece una reflexión. Es cierto que las víctimas merecen que se haga justicia, pero su satisfacción no puede convertirse en la medida de todas las cosas, no puede ser la vara que determine si el castigo es justo o injusto, no puede ser la coartada que impida el cumplimiento del derecho a rehabilitarse del delincuente o los propios derechos humanos.

 

Pero la nueva “ideología” pro víctimas es tan efectiva porque ha calado que cualquiera, en cualquier momento, puede convertirse en una. El público demanda protección. Y a ello atribuye Garland la “cierta laxitud respecto de las libertades civiles de los sospechosos y los derechos de los presos y el nuevo énfasis en la custodia y el control efectivo”. También la escasísima preocupación del público por el riesgo que representan las autoridades políticas sin control, su poder arbitrario y la violación de libertades civiles.

 

La necesidad de contentar a las víctimas, que ocupan los primeros puestos en cuanto a autoridad moral, y la creciente conciencia del público de que el riesgo de convertirse en víctima es muy elevado ha provocado que éste sea un tema medular en la competencia electoral. Se arrebatan las competencias a expertos y profesionales de la materia y se convierte en materia politizada. “Las medidas de política pública se construyen de una manera que parece valorar, sobre todo, el beneficio político y la reacción de la opinión pública por encima del punto de vista de los expertos y las evidencias de las investigaciones”, explica Garland. “La voz dominante en la política criminal ya no es la del experto, sino la de la gente sufrida y mal atendida, especialmente la voz de la víctima y de los temerosos y ansiosos miembros del público”.

 

Pero el hecho de que sea un tema muy politizado no provoca que haya debate entre posturas opuestas. Al contrario: hay una peligrosa unanimidad en la dureza de las penas a aplicar a los culpables. O una competencia por ser el más duro, como veremos más adelante.

 

Si antes de los años setenta la cárcel era considerada una institución problemática y necesaria únicamente como último recurso que poco servía con los objetivos que se le habían encomendado y los Gobiernos llegaron a invertir muchos esfuerzos en la tarea de crear alternativas al encarcelamiento, ahora se está caminando en la dirección opuesta.

 

Un último apunte sobre las víctimas. Dice Garland que si tras la comisión de un delito nadie en particular es dañado, ello no impide que se invoque a una víctima colectiva. El delito sin víctimas es cosa del pasado. Actualmente se cree que cada delito menor, cada acto de conducta desordenada, deteriora la calidad de vida. La comunidad es la víctima colectiva y universal.

 

 

La definición de los delincuentes

 

A ella está vinculada la segunda razón por la cual la justicia es cada vez más dura con los delincuentes. ¿Cómo se les diagnostica?, ¿cómo se les califica?, ¿a qué se atribuye su comportamiento?

 

Antes, “la criminalidad era visualizada como un problema de individuos o familias defectuosas o mal adaptadas, o bien como un síntoma de las necesidades insatisfechas, de la injusticia social y del choque inevitable de las normas culturales en una sociedad pluralista aún jerárquica”. Los delincuentes, de alguna manera, eran también víctimas y, por eso, más que castigo, necesitaban protección. Porque “los individuos se volvían delincuentes porque habían sido privados de una educación adecuada o de una socialización familiar o de oportunidades laborales o de un tratamiento adecuado de su disposición psicológica anormal”. De ahí que antes de los cambios de mentalidad en la justicia penal que, casualmente, coinciden con el ascenso en el poder de las ideas neoliberales de los Chicago Boys que cristalizaron con la llegada al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, “la solución frente al delito radicaba en el tratamiento correccional individualizado, el apoyo y la supervisión de las familias y en medidas de reforma social que mejorasen el bienestar social, en particular la educación y la creación de empleo”.

 

Bajo esa praxis había una concepción optimista del ser humano. Podía cometer errores muy graves, pero era recuperable: el delito era un síntoma de socialización insuficiente, incluso de ciertas enfermedades sociales. Al ser éste el diagnóstico, era posible exigir ayuda al Estado para quienes habían sufrido las carencias que les habían empujado al delito.

 

“Las teorías del control parten de una visión mucho más pesimista de la condición humana. Suponen que los individuos se ven fuertemente atraídos hacia conductas egoístas, antisociales y delictivas a menos que se vean inhibidos por controles sólidos y efectivos”, explica Garland. Por eso, si la antigua criminología exigía mayores esfuerzos en las partidas presupuestarias a la ayuda y el bienestar social, la nueva insiste en ajustar los controles y reforzar la disciplina.

 

El pesimismo, además, cristaliza en otra idea: la de que ya no hay ex-delincuentes, sino delincuentes que han sido atrapados y que volverán a delinquir. El estigma ha vuelto a ser útil. Y esto “cuadra” con la idea que explicábamos antes que predomina sobre las víctimas: “A medida que se concibe al delincuente como alguien que carece de valor, los intereses de las víctimas se expanden para cubrir dicho vacío”. Y es así: “Nos hemos convencido de que ciertos delincuentes, una vez que han delinquido, ya no son más ‘miembros del público’ y dejan de ser dignos de los tipos de consideración que solemos proporcionarnos los unos a los otros. Quizás se debe a que ya hemos asumido una división social y cultural entre ‘nosotros’, las víctimas inocentes y sufridas de clase media, y ‘ellos’, los pobres peligrosos e indignos”.

 

El crecimiento de esta división entre “nosotros” y “ellos”, junto con los nuevos niveles de miedo e inseguridad, ha hecho que muchos se complazcan con el resurgimiento de un poder estatal más represivo.

 

Según las teorías dominantes actuales, el delito es un aspecto normal de la sociedad moderna cometido por individuos perfectamente normales y, por tanto, plenamente responsables de sus actos delictivos, sin que ninguna tara previa pueda servirles de atenuante, sin que se vea a través de ellos fallos, deficiencias o injusticias sociales que sea preciso atajar. La justicia ya no ve a una persona y a sus circunstancias para juzgar un delito. Ve el delito aislado. Y a la víctima. Todo eso le da legitimidad para poner penas cada vez más duras, porque el legislador también se siente respaldado para hacerlo.

 

Profundicemos un poco más en la consideración de los delincuentes. Según explica Garland, las teorías de la elección racional resucitan un enfoque utilitarista y simplista de la conducta delictiva y vuelven a desplazar a las teorías positivistas y sociológicas. Mientras la criminología correccionalista entendía la conducta delictiva como un producto de las influencias sociales y los conflictos psicológicos y consideraba al delincuente como un sujeto difícil de comprender que no controla completamente su comportamiento, el modelo de la elección racional considera los actos delictivos como una conducta calculada que intenta maximizar los beneficios, como consecuencia de un proceso simple de elección individual. Este modelo, continúa Garland, presenta el problema del delito como una cuestión de oferta y demanda, en el marco de la cual el castigo opera como un mecanismo de establecimiento de precios. Considera a los delincuentes como oportunistas racionales o delincuentes profesionales cuya conducta es disuadida o desinhibida por la puesta en marcha de desincentivos.

 

De esta manera, la preocupación por los problemas sociales y las necesidades individuales es desplazada por una singular focalización en establecer “precios” y un esfuerzo por asegurar que las consecuencias penales del delito fueran lo suficientemente rápidas, ciertas y severas para operar como un efectivo desincentivo.

 

 

La transformación de la opinión pública

 

Pero hay que ir más allá. Porque Garland lo hace. El autor explica, lo dijo desde el principio, que su objetivo es desentrañar la infraestructura social que ha provocado este cambio tan profundo en la justicia. Garland no estudia el crimen, su castigo, su persecución, la represión de los delincuentes… de manera inconexa respecto de resto de la realidad. Lo intenta entender como una parte de un todo que es el sistema social. Explica que hasta los años setenta el crimen se trató como se trató porque era lo coherente en los Estados de bienestar en los que imperaba una concepción russoniana de la humanidad, es decir, la confianza en una bondad original que se podía recuperar en caso de que las enfermedades sociales se ocuparan de corromperla. Después se endurecieron los castigos coincidiendo con el fin de los Estados de bienestar y el cambio de percepción de las personas: el paradigma dejó de ser russoniano para ser hobbesiano.

 

Pero no sería correcto decir que el cambio se produjo únicamente por el cambio ideológico de las instituciones, de los Gobiernos. Había algo más profundo.

 

¿Por qué se impusieron tan rápido las políticas neoliberales?, ¿por qué la resistencia fue mínima? Garland nos da todas las respuestas: no es que ellos fueran malos y fuertes; no es que ellos tuvieran el control, el poder; sino que fueron los ciudadanos los que cambiaron. La culpa no fue de Margaret Thatcher o Ronald Reagan, que fueron los que impusieron una manera diferente de entender la realidad y organizarla. Ni siquiera fueron ellos con la ayuda del capital transnacional, al que le iba a favorecer un Estado más pequeño que le dejaría más hueco para hacer negocios. Ni siquiera de los socialdemócratas, que fueron abandonando sus presupuestos ideológicos clásicos. Porque, dice Garland: “Para comienzos de los años setenta, muchos votantes estaban reconsiderando sus propias inclinaciones políticas. Incluso antes de la recesión de 1973, sectores de la población trabajadora en Gran Bretaña y Estados Unidos habían experimentado un cambio en su situación económica que los hizo cambiar de parecer respecto del Estado del bienestar y su relación con él. Votantes que previamente habían dado un fuerte apoyo a los partidos socialdemócratas adoptaban cada vez más la idea de que el Estado de bienestar ya no los beneficiaba. Existía una sensación de que los intereses colectivos estaban cambiando a medida que la gente tomaba conciencia de que probablemente no necesitaría de muchos de los beneficios del Estado que se financiaban con sus contribuciones impositivas siempre al alza”.

 

A partir de ahí comenzaron los realineamientos políticos de las últimas décadas. En realidad, un eufemismo que deberíamos evitar para hablar, directamente, de “derechización”.

 

La mentalidad de nuevos ricos que invadió a las clases trabajadoras venidas a más hizo que cada vez se sintieran más molestas por el pago de unos impuestos que irían a financiar servicios que creían, ingenuos, no iban a utilizar nunca. A ese sentimiento se unía otro un poco contradictorio: el miedo a perder un status demasiado recientemente adquirido y sobre el que se cernían amenazas de todo tipo (los impuestos, la inflación, la caída del crecimiento económico, la crisis de los “valores tradicionales”). El miedo, también, al delito, del que cada vez eran más víctimas. Esta ansiedad encontró refugio en los partidos conservadores.

 

Todas estas clases sociales se volvieron contra el Estado de bienestar que hizo posible su progreso. Prosperaron, dejaron de ser lo que eran y de defender lo que defendían. Al fin y al cabo, como decía Carlos Marx, la existencia determina la conciencia.

 

Por eso Garland dice que lo llamativo de las victorias electorales de Reagan y Thatcher es que se debieron menos al atractivo de sus políticas económicas que a su capacidad de expresar el descontento popular, “la hostilidad hacia el gobierno que ‘cobra impuestos y gasta’, hacia los inmerecidos beneficiarios del ‘welfare’ (Estado de bienestar), hacia las políticas ‘blandas contra el delito’, hacia los sindicalistas por nadie elegidos que manejaban el país, hacia el debilitamiento de la familia, hacia el quiebre de la ley y el orden; éstos fueron los puntos medulares de una política populista que tuvo un amplio apoyo”.

 

La Nueva Derecha, salvajemente liberal en lo económico y tradicionalista en todo lo demás, se apoyó en el conservadurismo de las clases trabajadoras recientemente acomodadas para imponerse. Sin una amplia base social que, frente a la consigna socialdemócrata “control económico y liberación social”, apoyase la que decía “libertad económica y control social”, hubiera sido imposible.

 

El fundamentalismo mercantilista, la fe incuestionable en los efectos saludables de la desigualdad, las leyes para reducir al mínimo el papel de los sindicatos en las relaciones entre el trabajo y el capital, el recorte de los costes laborales, la desregulación de los principales sectores económicos, las privatizaciones, las bajadas de impuestos al capital… fueron políticas que se pusieron en marcha en Estados Unidos y en el Reino Unido a partir de finales de los años setenta con durísimos efectos secundarios.

 

En el texto de Garland se observa un cierto cálculo realizado por quienes apoyaron el “welfarismo penal” y después se pusieron en su contra. ¿Por qué al principio estuvieron a favor? Principalmente, por tres razones. En primer lugar, había intereses políticos y económicos que ataban a las clases medidas a las políticas e instituciones del Estado de bienestar. De hecho, al principio, eran estos grupos los que más podían beneficiarse de los efectos redistributivos del seguro nacional obligatoriio, de la seguridad social, de los subsidios, de la educación estatal… La segunda razón era una cuestión de distinción: era una manera de adoptar una postura civilizada contra el delito y, de esta manera, distinguirse de las visiones más vulgares y reaccionarias de quienes estaban inmediatamente por debajo o por encima en la escala social. Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que hasta los años setenta, existía una gran distancia entre las clases medias profesionales y el delito y la inseguridad. Por tanto, podemos decir que su apuesta por el “welfarismo penal” estaba bastante ideologizado, dado que no partía de una experiencia real con el delito. Como a las clases sociales que daban votos no les afectaba demasiado el delito, se pudo aplicar una política benevolente con los delincuentes.

 

Pero llegó un momento en el que las altas tasas de delito se volvieron un hecho social normal, lo que puso de manifiesto el desprestigio de las soluciones del welfarismo penal. Y, a partir de ese momento, la toma de decisiones políticas en esta área se volvió más intensamente politizada, más expuesta al riesgo político y más sujeta al escrutinio público y de los medios de comunicación. A medida que el castigo y el delito se transformaron en cuestiones electorales muy importantes, los partidos políticos comenzaron a competir para ser reconocidos como duros con el delito, preocupados por la seguridad pública y capaces de reestablecer la moralidad, el orden y la disciplina frente a los corrosivos cambios sociales de la modernidad tardía.

 

De esta manera, el lugar de reconocer los límites del Estado y adaptarse a ellos, la agenda política que gobernó estas políticas buscó restablecer la confianza pública en la justicia penal a través de la afirmación de los valores de la disciplina moral, la responsabilidad individual y el respeto de la autoridad. El imperativo fue la reimposición del control. En esta ocasión, con métodos punitivos.

 

Caminamos, pues, hacia un mundo, como decíamos antes, de gran libertad económica, pero también de gran control social. En algún momento deberían haber chocado estas dos filosofías. Pero no lo hicieron. Muy posiblemente, porque la población escogida como aquella que resultaba más necesario controlar estaba compuesta por los pobres, los negros de las ciudades y la juventud marginada de la clase trabajadora.

 

Pero profundicemos un poco más en el colapso de la fe en la rehabilitación, como la denomina Garland. ¿Por qué habla de colapso en la fe? Porque parece que no fue una crítica razonada, ni una adaptación frente a los descubrimientos negativos. De hecho, incluso da la impresión de que en el giro contra el correccionalismo había una desproporción hasta histérica entre el problema y la respuesta. El “¡nada funciona!” de finales de los setenta y todos los ochenta que tanto repite Garland a lo largo del texto es una reacción agresivamente desilusionada, que exageraba los datos empíricos negativos y suprimía todas las evidencias en sentido contrario. Pero ya hemos visto (y seguiremos viendo) los elementos que provocaron que el paradigma se diera la vuelta tan violentamente y sin casi oposición. Por sintetizar: “Trae consigo la fuerza de una reacción no sólo contra la sociedad profesional y el Estado de bienestar, sino también contra ideales más generales como las utopías de la ingeniería social, la perfectibilidad del hombre y la fe racionalista de la Ilustración”.

 

Merece la pena enumerar las tesis que se usaron contra el correccionalismo:

 

• La tesis de la perversidad: el correccionalismo no mejora, sino que empeora a los delincuentes. Las políticas de la rehabilitación producen un aumento y no una reducción del delito.

• La tesis de la futilidad: el correccionalismo siempre fracasará porque no es posible reformar o corregir a las personas. Los esfuerzos por la rehabilitación son fútiles y resultan un desperdicio de recursos públicos. Nada funciona para conseguirlo.

• La tesis del peligro: las prácticas correccionalistas socavan principios fundamentales como la autonomía moral, los derechos del individuo, el debido proceso y el Estado de derecho. Pone a la justicia en peligro.

 

También hay que tener en cuenta que esta visceralidad con la que se atacaba el correccionalista, así como su tono inmoderado, su exageración, su negativa a razonar, sugiere, dice Garland, que había algo más en juego, cuestiones mucho más profundas: la transformación de los compromisos culturales, las estructuras sociales, las alianzas y las perspectivas políticas. Lo que se puso en duda fue la capacidad básica del Estado para controlar el delito y promover el bienestar social.

 

 

“Acting out”

 

¿Cuál fue la respuesta? El Estado lidió con sus limitaciones negando que existieran y abogando decididamente por el control social. Garland dice que era una forma de “acting out”, es decir, una actuación irreflexiva e impulsiva que eludía cualquier reconocimiento realista de los problemas subyacentes al crimen, proveyendo al mismo hecho de actuar, de reprimir, su propia forma de gratificación y consuelo. Las leyes y medidas puestas en marcha en el Reino Unido y en EE.UU. en los años ochenta y noventa estaban diseñadas para ser acciones catárticas y expresivas y se llevaban adelante para denunciar el delito y reasegurar al público. Aunque, en realidad, su capacidad para controlar delitos futuros es muy dudosa. Pero parece que se le da más importancia a su capacidad inmediata para proclamar el sentimiento del público. Estas políticas públicas, dice Garland, se hacen particularmente relevantes cuando una inseguridad más general es difusamente experimentada y cuando se considera que el Estado ha fracasado en sus intentos por brindar seguridad física y económica a grupos sociales clave.

 

Y es que los castigos crueles han sido utilizados desde hace mucho tiempo para reafirmar la fuerza de la ley y reactivar el mito del poder soberano. La toma de decisiones políticas se vuelve una forma de “acting out” que desplaza las complejidades y el carácter necesariamente a corto plazo del control del delito efectivo en favor de las gratificaciones inmediatas de una alternativa más expresiva. La creación de la ley se transforma en una cuestión de gestos vengativos dirigidos a tranquilizar a un público preocupado y a darle la razón al sentido común.

 

En definitiva, según dice Garland, algunos de los desarrollos fundamentales de los años ochenta y noventa, como “la prisión funciona” o “tolerancia cero”, han sido intentos políticos de recuperar la confianza pública después del descrédito de las estrategias adaptativas que se transformaron en fuente de inconvenientes políticos.

 

Este “acting out” ha cambiado también a los delincuentes. Ya ni siquiera son los oportunistas racionales de los que antes hablábamos. Ahora son radicalmente diferentes de sus víctimas. Para describirlos, ahora se echa mano de imágenes y arquetipos de gentes que ahora son excesivamente frecuentes: es un criminal profundamente antisocial, un criminal de carrera, adicto a las drogas, joven, rudo, agresivo, violento y con pocas posibilidades de redimirse, por lo que también tiene escasísimo valor social. Algunos de ellos aparecen como escasamente humanos. Son una “underclass” que nada merece, encerrada en un modo de vida tan extraño como amenazante. No son personas reales, sino figuras imaginarias que operan como símbolos del peligro: “Los riesgos que se percibe que plantean, las ansiedades que generan, la sensación de desamparo que producen; todo ello funciona reforzando la necesidad sentida de imposición del orden y la importancia de una respuesta estatal firme”. Los delincuentes son tan diferentes que la única respuesta práctica y racional a estos tipos es sacarlos de circulación para proteger al público. Por eso, muchas de las medidas más politizadas de los últimos años están diseñadas para hacer precisamente esto y no otra cosa. El Estado abandonó la acción instrumental y racional y se replegó en una modalidad simbólica que se preocupa no tanto por controlar el delito sino por expresar el angustia y el odio que provoca.

 

Garland define la estrategia de la segregación punitiva con tres características:

 

1. El nuevo ideal penal es que se proteja al público y que se expresen sus sentimientos. La segregación punitiva (largos periodos de privación de libertad en cárceles sin comodidades y una existencia vigilada y estigmatizada para aquellos que sean eventualmente liberados) es, cada vez más, la estrategia penal elegida.

2. Estas medidas son populistas y están politizadas. Las políticas públicas son formuladas por comités de acción política y por asesores políticos, no por investigadores ni funcionarios públicos. Las iniciativas se anuncian en escenarios políticos, es decir, en la convención o el congreso del partido político, en la entrevista televisada. Y se las encapsula en frases pegadizas como “la cárcel funciona”, “duro con el delito, duro con las causas del delito”.

3. Intenta dar un lugar privilegiado a las víctimas aunque, en realidad, ese lugar es ocupada por una imagen proyectada y politizada de la víctima más que por los intereses y opiniones de las mismas víctimas. Como veíamos antes, la necesidad de reducir el sufrimiento de las víctimas funciona hoy como una justificación de cualquier tipo de medida de represión penal.

 

Estrategias adaptativas

 

Aunque, antes de esta estrategia de “acting out”, el Estado se intentó adaptar a una situación caracterizada por la normalización de las elevadas tasas de delito y las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal. Y, para ello, se tomaron una serie de medidas que son las que a continuación se enumeran.

 

• 1. Profesionalización y racionalización de la justicia. Lo fundamental no es sólo que los costes de la justicia penal se transformaran en un aspecto explícito del debate político, sino que, por primera vez, el sistema no era contemplado fundamentalmente como la encarnación de la justicia o la solución al problema del delito, sino como un problema en y por sí mismo. Desde ese momento, según Garland, es posible observar una percepción consolidada de que el proceso de la justicia penal está caracterizado por la arbitrariedad y la injusticia, que posee una tendencia a generar costes incontrolados y resultados inesperados y crear riesgos y peligros para el público al que debería proteger. Domesticar el sistema, tanto sus costes, como sus poderes discrecionales, su capacidad de exponer al público a ciertos peligros, pasó a ser una importante parte del proyecto gubernamental. En definitiva, se pretendió sistematizar la justicia penal con tecnologías informáticas y prácticas de management, reflexividad y autocontrol.

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• 2. La comercialización de la justicia. Esa racionalización, antes o después, sería económica. En el sistema de justicia desembarcó un ethos empresarial que hacía hincapié en la economía, la eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos. Los funcionarios cambiaron su forma de trabajar, dadas sus nuevas responsabilidades presupuestarias. Pero, además, se acometió un rápido proceso de privatización y comercialización: los que alguna vez fueron poderes monopolizados estatalmente han sido progresivamente devueltos a contratantes privados que están guiados por el afán de lucro y pueden perseguir su interés comercial siempre y cuando lo hagan dentro de los deberes establecidos en su contrato con las autoridades gubernamentales. De esta manera, las burocracias de la justicia penal han tenido que volverse más dispuestas a dar cuenta de sus tareas, más armónicas con los intereses de sus consumidores y clientes y menos seguras de sus propias definiciones de lo que constituye el interés público. En definitiva, si bien la justicia penal estatal es más grande que antes, ésta ocupa ahora un espacio relativamente pequeño en el campo general, sobre todo debido al crecimiento de la seguridad privada y las actividades organizadas de las comunidades y empresas.

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• 3. La reducción del ámbito de la desviación. Frente a las elevadas tasas de delito, las agencias de justicia penal comenzaron a limitar las demandas que les eran planteadas por medio de diversos instrumentos que, según cuenta Garland, redujeron el ámbito de la desviación. Ello se consiguió filtrando quejas y casos fuera del sistema penal disminuyendo el grado en que ciertos comportamientos son criminalizados y penalizados. “Esta adaptación estratégica fue posibilitada por la coincidencia de la preocupación por el ahorro de recursos con una percepción criminológica que consideraba la criminalización de delitos menores como innecesariamente estigmatizante y contraproducente”, comenta Garland.

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• 4. Redefinición del éxito. Ante la evidencia de su fracaso en el cumplimiento de las expectativas que se habían marcado con anterioridad, éstas se rebajaron y se cambió el criterio con el cual debería evaluarse su éxito y su fracaso. La promesa de proveer ley y orden y seguridad para todos los ciudadanos es ahora crecientemente reemplazada por una promesa de procesar las denuncias o aplicar los castigos de un modo justo, eficaz y eficiente. Por todo esto, comenzó a existir una distinción emergente entre el castigo de los delincuentes, que sigue siendo un asunto del Estado, y el control del delito que cada vez está más considerado como algo que está más allá del Estado. De esta manera, a medida que sus capacidades de control pasan a ser visualizadas como limitadas, el poder de castigar del Estado recobra una renovada importancia. Y, por eso, hay una mayor prioridad a trabajar sobre las consecuencias del delito que sobre sus causas. Porque el mensaje recurrente de esta estrategia es que el Estado por sí mismo no es, ni puede ser, el responsable de prevenir el delito.

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• 5. Y, por eso, se descentraliza la responsabilidad de controlar el delito. El Gobierno, dice Garland, ha comenzado a reconocer una verdad sociológica básica: que los procesos más importantes de producción de orden y conformidad son los procesos sociales fundamentales ubicados en el marco de las instituciones de la sociedad civil y no la amenaza incierta de las sanciones legales. Así, la nueva responsabilidad del Estado consiste en organizar y asegurar que otros actores cumplan su función: propietarios, comerciantes, padres, ciudadanos… deben ser persuadidos de ejercer sus poderes informales de control social y, si es necesario, modificar sus prácticas usuales para colaborar en la reducción de las oportunidades delictivas y fortalecer el control del delito. En definitiva, se trata de una nueva concepción acerca de cómo ejercer el poder en el campo del control del delito, una nueva forma de “gobierno a distancia” que introduce principios y técnicas de gobierno que actualmente se encuentran bien consolidadas en otras áreas de las políticas económicas y sociales.

 

 

Cambió la gente, pero también lo hicieron las circunstancias

 

Hemos hablado de que una de las razones que explican que el sistema cambiara tan rápido fue la transformación de la gente. Los principales beneficiarios por el Estado del bienestar se pusieron en su contra. Pero también hay que evaluar de qué manera cambiaron las cosas. Garland habla de los años dorados para definir cómo fueron las cosas entre 1950 y 1973, porque entre esos dos años, hubo un proceso llamativo y continuo de crecimiento y de mejora de los niveles de vida. Los trabajadores disfrutaron de una seguridad económica sin precedentes y se redujo la brecha entre ricos y pobres. Y se generalizó el acceso a bienes de consumo de tal manera que en los años 60 el nivel de aburguesamiento de la clase trabajadora era muy alto: las compras dejaron de ser una necesidad para convertirse en un pasatiempo placentero para mucha gente. Las masas pudieron, más o menos, imitar a los ricos. El largo boom económico generó el optimismo político y el progresismo que marcó estas décadas.

 

Pero, como dice Garland, lo que los mercados dan, también lo quitan. Y los años setenta comenzaron con una terrible crisis económica que puso en cuestión a todo el Estado de bienestar y, en general, a la bondad de la intervención estatal. El modelo económico cambió radicalmente. También la concepción sobre el ser humano. El paradigma dominante dio un giro de 180 grados y reafirmó a los trabajadores prósperos sobre su cambio de mentalidad.

 

Y puede que encontremos en esas dos épocas las causas del aumento de la delincuencia. En la época dorada por unas razones y a partir de la crisis de 1973, por otras completamente diferentes. Por las opuestas.

 

A partir de los años sesenta, aumentó el número de delitos. Y, como ya estamos acostumbrados, Garland busca causas sociales para explicar este fenómeno. “Esta correlación entre el cambio social de la modernidad tardía y el aumento de las tasas de delito no fue una mera coincidencia”, afirma. Y, a continuación, enumera las causas que provocaron este aumento del delito:

 

• Más oportunidades para cometer delitos, porque el “boom” del consumo durante las décadas de posguerra puso en circulación una masa de bienes portátiles de alto valor que pasaron a ser nuevos blancos atractivos para el robo.

• Menos controles situacionales: las tiendas se hicieron cada vez más autoservicio, los vecindarios densamente poblados fueron reemplazados por grandes áreas suburbanas o anónimos bloques de edificios, las áreas del centro de las ciudades se volvieron centros de entretenimiento sin residentes y cada vez más casas bien provistas quedaban vacías durante el día mientras sus propietarios salían a trabajar.

• Un incremento de la población en riesgo, con la presencia de una amplia cohorte de adolescentes varones, el grupo más proclive al delito. Los adolescentes podían pasar más tiempo fuera de su casa, tenían mayor acceso a actividades de esparcimiento, estaban menos sujetos a la supervisión de los adultos y tenían más posibilidades de pasar su tiempo en ambientes subculturales, como clubes, cafés, discotecas. Esta generación del boom experimentó todo un nuevo nivel de deseos y expectativas de gratificación espontánea y proporcionó la mayoría de reclutas para la eclosión del delito.

• Una reducción de la eficacia del control social y del autocontrol como consecuencia de los cambios en la ecología social y en las normas culturales. Para algunos sectores de la población, especialmente para las voces emergentes de la nueva cultura joven, la desviación pasó a ser un emblema de libertad.

 

Así, para Garland, las altas tasas de delito de los años sesenta y setenta fueron un resultado de estos cambios sociales, un producto no planificado, pero totalmente predecible de la interacción entre estos elementos.

 

Además, hay que tener en cuenta que la cada vez más escasa disponibilidad de trabajo para ex delincuentes y, en general, para los jóvenes, provocó que los delitos aumentaran aún más. Con el problema añadido de que quedó patente la inviabilidad del proyecto correccional, que ya estaba siendo criticado: la idea de que los funcionarios del Estado podían corregir a los desviados llegó a ser visualizada como autoritaria e inapropiada. En el contexto de la modernidad tardía, la resistencia encendida y firme que los delincuentes de clase trabajadora y las comunidades minoritarias a menudo representaban ante los agentes penales del Estado, asumía ahora un carácter explícito e ideológico que hacía mucho más difícil la actividad policial y la tarea de castigar.

 

 

Las críticas “radicales”

 

Efectivamente, hubo un momento en el que, según cuenta Garland, la oposición al correccionalismo vino, no desde posturas conservadoras, sino desde posturas de izquierda. Aunque en nada calaron. De hecho, Garland se queja de que contribuyeron al fin del correccionalismo y a que finalmente se instaurara un sistema penal mucho más represivo.

 

 

¿En qué se basaban las críticas al correccionalismo desde la izquierda? El Informe del Working Party of the American Friends Service Committee, por ejemplo, criticaba la “penología progresista” por su paternalismo e hipocresía, su fe ingenua en que el castigo puede dar resultados útiles y su deseo de imponer tratamientos en un marco punitivo, con o sin el consentimiento de los condenadas. Se atacaban las teorías deterministas y los métodos positivistas de la criminología correccionalista, al igual que sus supuestos de que las violaciones a la ley penal son sintomáticas de una patología individual y de que las costumbres de las clases medias blancas son sinónimo de las normas de la salud social.

 

El informe también atacaba al poder penal discrecional encarnado en las condenas indeterminadas, orientadas hacia el tratamiento, y en las medidas de seguridad preventivas. Este poder, criticaban, era utilizado sistemáticamente de manera discriminatoria y represiva, en función de las necesidades de control de las instituciones penales o de los intereses políticos de la clase dominante.

 

¿Qué alternativas proponían? Sus demandas penológicas se dirigían a la limitación del poder de castigar del Estado, reduciendo el criterio para determinar la pena a la sola consideración del acto delictivo, aboliendo la pena individualizada en favor de castigos uniformes y proporcionales y estableciendo una declaración de derechos de los presos. Sus propuestas políticas más amplias pasaban por el cambio social y económico, en el fortalecimiento de las comunidades oprimidas y los grupos que sufrían abusos y en sacarnos de encima el sistema de justicia penal a través de la descriminalización y el uso de métodos no estatales y voluntarios para la gestión de los problemas sociales.

 

Éste fue el primer ataque importante contra el welfarismo penal. Y lo llamativo es que se lanzó desde el interior de la socialdemocracia, aunque fuera desde una posición radicalizada de la misma. Hemos comprobado que seguía viendo el delito como producto de privaciones sociales y económicas y buscaba que el Estado llevara a cabo las reformas sociales necesarias para dar respuesta. En lo que fundamentalmente chocaba con el welfarismo penal era en su profunda desconfianza del poder estatal, su descreimiento respecto de las motivaciones profesionales, la insistencia en que el tratamiento no debía estar atado al castigo, la preocupación por la autodeterminación y el fortalecimiento de los pobres y grupos minoritarios que eran los que, al final, formaban la clientela de las instituciones del complejo penal-welfare.

 

Estos autores críticos estaban muy ligados al movimiento por los derechos civiles. Esa experiencia les había hecho ver el carácter generalizado de la discriminación racial y de clase en la sociedad estadounidense. Ello, junto con la experiencia del trato brutal dispensado por la policía a los activistas por los derechos civiles o contra la guerra, subrayaba el potencial arbitrario y coercitivo de la justicia penal estatal y su utilización como herramienta de opresión política.

 

Era una protesta contra la política de la conformidad y contra la tendencia del gran gobierno y de las grandes organizaciones burocráticas a aplastar la individualidad, ya sea por medios coercitivos o por la persuasión de los expertos. La preocupación por la autenticidad, por el hombre común y su derecho a ser diferente, así como el temor al potencial autoritario del Estado y de la ciencia, vinculaban el informe a una poderosa corriente cultural de su época.

 

Por eso se llegó a una gran paradoja: en el Estado moderno, los valores individualistas eran mejor protegidos por el castigo retributivo que por un correccionalismo invasivo que presionaba a todos hacia la conformidad. Pero las críticas fueron mucho más allá. Se afirmó, desde posiciones progresistas, que la rehabilitación era ineficaz, que el enfoque no tenía fundamento en el conocimiento científico, que no contaba con técnicas de diagnóstico fiables ni técnicas de tratamiento efectivas. En definitiva: la ortodoxia establecida se basaba en un entramado de mitos y falsedades. Estas afirmaciones no salían de la nada: se basaban en una serie de estudios de evaluación negativos, sobre todo respecto del impacto de los programas correccionales de las prisiones, que se habían venido acumulando en el campo desde hacía un cierto tiempo. Y hubo quien, de hecho, llegó a la conclusión de que, con unas pocas y aisladas excepciones, los esfuerzos en pos de la rehabilitación sobre los que se ha producido información hasta hoy no han tenido ningún efecto apreciable sobre la reincidencia. Ésa fue la base para la afirmación de que “nada funciona” a la que antes ya hemos aludido.

 

Y, a continuación, desde la izquierda, dada su sensibilidad respecto a las garantías del proceso y a los problemas de discriminación, también se puso coto a las condenas indeterminadas y al poder discrecional que conferían. De este modo, se publicaron informes que argumentaban el rechazo de las leyes de condena indeterminada y se mostraban partidarios de las restricciones al uso de la libertad condicional, a favor de las sanciones fijas y proporcionalmente basadas en el delito cometido y no en el delincuente y a favor de las guías de penas presumibles, que guiarían la toma de decisiones judiciales y reducirían la disparidad entre las penas impuestas.

 

Finalmente, por primera vez en décadas, se proponía el castigo retributivo como fin en sí mismo. En concreto, Doing Justice, un trabajo realizado por un comité dirigido por von Hirsh. Un castigo retributivo y, además, con una matriz que relacionaba el tipo de delito con la pena a cumplir.

 

Vemos, pues, que de un movimiento progresista dentro de la socialdemocracia, se pasó a un sistema duramente retributivo, puesto que llegaron autores que querían que los castigos se impartieran rigurosamente y fueran los suficientemente duros como para actuar como desincentivos reales con respecto a los potenciales delincuentes. Más disuasión y más control, no más welfare. Se atribuían las altas tasas de delito a que las perspectivas de ser atrapado, sentenciado y castigado severamente eran muy bajas. Algunos sostenían que los delincuentes peligrosos o reincidentes debían ser sometidos a condenas extraordinariamente largas, incapacitantes y, en algunos casos, a la pena de muerte. Aunque eran posturas muy reaccionarias éstas, los liberales ya habían comenzado a hacer campaña a favor de la pena determinada, que limitaba las condicionales y la toma de decisiones de manera individualizada, en función de cómo se fuera rehabilitando el delincuente. A medida que que fue avanzando la década de los setenta, se fueron aprobando leyes de penas determinadas en diversos estados de EE.UU.

 

 

Los políticos se hicieron con el mando y apartaron a los expertos

 

Uno de los últimos puntos lo vamos a dedicar a hablar del declive de la influencia de los expertos sociales. Es un proceso que ha corrido en paralelo al del declive del Estado de bienestar. “Las soluciones del mercado, la responsabilidad individual y la autoayuda han ido desplazando cada vez más al colectivismo del Estado de bienestar y la política social ha ido poniendo mayor atención en los expertos en contabilidad y management que en los trabajadores sociales profesionales y los médicos.

 

Una vez llegados hasta aquí, se pueden imaginar que tiene su justificación: los profesionales de la justicia penal, cuyas políticas e ideologías han sido asociadas a décadas de aumento del delito y fracaso institucional, no escaparon a esta trayectoria de decadencia. Estos grupos experimentaron un proceso de desmoralización y autocuestionamiento como consecuencia de la crítica a la autoridad profesional que adquirió fuerza a finales de los sesenta. Y, cuando a principios de los setenta empezó a colapsar la fe en el ideal rehabilitador, muchos profesionales del complejo “penal-welfare” también mostraron sus dudas respecto al proyecto correccional. Por eso, cuando llegaron las corrientes más reaccionarias de las que también hemos hablado más arriba, los profesionales no pudieron mostrar su oposición, porque estaban muy divididos. No se pudieron oponer al cambio. Y se dejaron arrebatar sus competencias: “Desde mediados de la década de 1970, las legislaturas cada vez más han reclamado el poder de castigar que habían previamente delegado en los expertos, revirtiendo así el patrón histórico que había acompañado al surgimiento del sistema penal del Estado de bienestar.

 

Y se agravó todavía un poco más en la década de los ochenta cuando se llevaron a cabo las ya también mencionadas reformas organizacionales que pasaron el poder de decisión de psicólogos y trabajadores sociales a los contables y gestores.

 

El proceso ha tenido consecuencias: como comenta Garland, hasta hace poco, estos profesionales funcionaban como una especie de parachoques, protegiendo los procesos de elaboración de políticas públicas y de implementación cotidiana del impacto de la opinión pública. El declive de la influencia de estos grupos, junto con la politización de la política criminal, ha alterado la dinámica de la elaboración de políticas públicas en esta área, haciéndola mucho más abierta a la presión populista. Por eso, la justicia penal es ahora más vulnerable a los cambios de estado de ánimo del público o a la reacción política. Se instituyen rápidamente nuevas leyes y políticas públicas sin consultar previamente a los profesionales de la justicia penal. Y es que, como apunta Garland, los objetivos principales de las nuevas leyes son mitigar la indignación popular, tranquilizar al público y restaurar la credibilidad del sistema, lo que tiene que ver más con preocupaciones políticas que penológicas. No es sorprendente, pues, que estas medidas compartan un abierto desdén con respecto al asesoramiento de los expertos.

 

Volvamos un momento a tratar el desplazamiento que se ha producido de la ciencia médica y la social hacia el “management”. Efectivamente, Garland da cuenta de la transición entre el razonamiento social al económico. Si durante gran parte del siglo XX, la mayoría de las decisiones de la política criminal y de la justicia penal se basaban en un estilo social de razonamiento y los problemas del delito tenían una causa y una solución social, recientemente surgió una nueva forma de enfocar los problemas más económica: actualmente, los profesionales del control del delito y de la justicia penal deben manejar el lenguaje económico de “costo-beneficio”. Actualmente no sólo se calculan los costes del delito, también los de la prevención, la actividad policial, del proceso penal y del castigo. Los partidos políticos en el gobierno durante las décadas de 1980 y 1990 favorecieron en gran medida las “soluciones de mercado”, los valores del “sector privado” y las soluciones de tipo empresarial y estimularon a las agencias del Estado para que adoptaran esa forma de pensar.

 

 

El control del delito

 

Pero el libro de Garland se llama “La cultural del control”. Por lo tanto, no podemos despedir este resumen sin sistematizar un poco más en qué consiste la nueva cultura del control en la que vivimos.

 

El mundo actual del control del delito fue creado, dice el autor, por una serie de respuestas adaptativas a las condiciones culturales y criminológicas de la modernidad tardía, como los nuevos problemas del delito y la criminalidad, así como las nuevas actitudes hacia el Estado de bienestar. Las libertades individuales otorgadas por la moral y los mercados de la modernidad tardía han sido reforzadas por una nueva estructura de controles y exclusiones en contra de aquellos grupos más adversamente afectados por la dinámica de la economía y el cambio social, es decir, los pobres urbanos, los beneficiarios del Estado de bienestar y las comunidades minoritarias. En definitiva: la cultura del control sobre todo impone controles a los delincuentes peligrosos y a los beneficiarios indignos, cuyas conductas hacen pensar a algunos que son incapaces de asumir las responsabilidades que implica la libertad en la modernidad tardía. Ello se debe al deseo de seguridad, orden control, la domesticación del azar… Y es coherente con una cultura más excluyente que solidaria, más comprometida con el control social que con la provisión social y más afín a las libertades privadas del mercado que con las libertades públicas de la ciudadanía universal. Coherente con una política neoliberal en lo económico y neoconservadora en todo lo demás. Porque se trata de reimponer el control sobre aquéllos que quedan fuera del mundo de libertad consumista.

 

Más control, para algunos, para los que amenazan la libertad de las clases medias. Y, por supuesto, no sobre la economía.

 

Pero ha habido varias criminologías para hacerle la competencia a la welfarista: una de ellas, toma a la sociedad de modernidad tardía tal como es y sugiere cómo debemos adaptarnos a ella; la otra se horroriza ante la cultura contemporánea y las nuevas instancias sociales e incita a desmantelarlas. Una argumenta que los dispositivos sociales y económicos generan habitualmente eventos delictivos y sugiere modificar la forma en la que éstos se interrelacionan; la otra afirma que una “underclass” inmoral es la fuente del problema y sugiere formas de excluirla y vigilarla. A pesar de estas profundas diferencias, las dos nuevas criminologías comparten una característica fundamental: ambas responden a, y fortalecen aún más, la cultura del control que se ha apoderado cada vez más del discurso público de las cuestiones sociales y penales.

 

Ambas le dan prioridad al control y a la protección del público, aun cuando proponen métodos muy diferentes para alcanzar estos objetivos. La primera propone el desarrollo gradual de una red de controles situacionales no intrusivos para modificar las rutinas existentes. Pretende inscribir los controles en el entramado de la vida social, con el objetivo de canalizar la conducta en forma ordenada sin alterar el curso de los eventos sociales. La otra ejerce un control excesivo y le importan muy poco los costes sociales y las consecuencias penales. Impone el control desde fuera, bajo la forma de amenazas legales y exhortaciones morales, y condena y excluye a todo aquel que haga caso omiso de ellas.

 

 

Conclusiones

 

Como conclusión, voy a utilizar un apartado en el que Garland define los tres elementos que han conformado la nueva cultura del control del delito y que puede entenderse como la síntesis de la síntesis que hemos realizado en las páginas previas:

 

1. La transformación del welfarismo penal: ha habido un marcado cambio de perspectiva desde la modalidad del “welfare” a la modalidad penal. La modalidad penal no sólo se ha hecho más prominente, sino que se ha vuelto más punitiva, más expresiva, más centrada en la seguridad. Y la modalidad del “welfare”, al mismo tiempo que se ha vuelto más silenciosa, se ha hecho más condicional, más centrada en el delito, más consciente del riesgo. Y, ahora, a los delincuentes ya no se les ve como ciudadanos que sufren privaciones sociales, sino que se les presenta como individuos culpables, indignos y peligrosos. En lugar de clientes que necesitan ayuda, se les ve como riesgos que deben ser gestionados.

2. La redefinición de la rehabilitación. Cuando ahora se llevan adelante intervenciones rehabilitadoras, su carácter es bastante distinto al de aquellas que se realizaban en el pasado. Se concentran más en cuestiones de control del delito que en la asistencia individual y están más centradas en el delito que en el cliente. Porque ya el delito no se considera como un síntoma de una enfermedad social, sino el problema central a ser abordado. Los programas de tratamiento se presentan como beneficiosos para las futuras víctimas más que para el delincuente. Son las futuras víctimas las que ahora son rescatadas a través de la rehabilitación, no los delincuentes. Es una inversión más que un derecho estándar. Y, como a toda inversión, se evalúa atentamente para asegurarse de que produzca resultados.

3. La reubicación de la libertad condicional. La probation, cuenta Garland, se ha alejado de su misión original (asistir, aconsejar y amparar a los delincuentes que lo merecen) y se ha fijado prioridades que reflejan el nuevo clima penológico: cambiar la conducta de los delincuentes, reducir el delito y lograr que las comunidades sean más seguras, proteger al público y apoyar a las víctimas.

Podemos añadir una cuarta conclusión. Y es lo que apunta justo al final el autor. El contexto no deja de cambiar y después de esos años, entre los sesenta y los ochenta, en que aumentaron las tasas de delito, desde finales de los años noventa y en los inicios del siglo XXI, éstas volvieron a bajar, gracias al boom económico sin precedentes vivido en Estados Unidos y en el Reino Unido, lo que favoreció la caída del paro y el saneamiento de las cuentas públicas. Pese a todo, según comenta Garland, el giro hacia una justicia punitiva y la concentración en la seguridad continuaba a paso firme: “La nueva cultura del control del delito, nacida de los miedos y ansiedades de fines del siglo XX, puede bien perdurar luego de que las condiciones que la originaron hayan desaparecido”.

 

Aunque, poco después añade: “A largo plazo es posible que su conflicto con los ideales de la democracia liberal se vuelva cada vez mayor, especialmente cuando la exclusión penal está tan fuertemente centrada en las minorías raciales. Un gobierno que sistemáticamente sostiene el orden social por medio de la exclusión masiva comienza a parecerse a un Estado que practica el apartheid. Estos costos sociales y políticos hacen menos probable que estas políticas públicas persistan indefinidamente”. En definitiva: Garland auguraba una mitigación de las tendencias actuales e, incluso, su reversión. Lo que ocurre es que tras la bonanza de los primeros años de la década pasada ha llegado una tremenda crisis económica que puede hacer cambiar ese pronóstico. Sería interesante leer lo que ahora dice Garland respecto a este tema y teniendo en cuenta cómo están cambiando las ideas y las prácticas con la mayor crisis económica desde la de los años treinta.

 

 

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