La economía española lleva ya varios años creciendo y cuatro agencias de calificación crediticia han elevado recientemente la nota de la deuda que emite. Pero el paso de la crisis no ha hecho posible un cambio de la estructura productiva y el dinero vuelve masivamente al mercado inmobiliario. Al inmobiliario preexistente, porque todavía se construye poco y aún no es capaz de crear empleo.
El dinero que va al ladrillo suele ser miedoso y no va a otras actividades productivas que exigen más análisis, más riesgo y que, a la vez, crearían empleo más cualificado y de mayor calidad. El optimismo liberal confiaba en que el huracán de la crisis limpiaría lo que de la economía española no servía y reforzaría lo que funciona. Pero la inercia que impone el liberalismo alérgico a la planificación y a la política industrial únicamente funciona para perpetuar los vicios que, si no se enmiendan, sólo empeoran. Y el vicio español es el ladrillo.
Es posible que este boom inmobiliario pueda tener peores consecuencias que el anterior porque pilla a la población más débil: con más paro, peores salarios y mayor inestabilidad laboral. La subida de precios en venta y en alquiler se va extendiendo, cual mancha de aceite, de los barrios más céntricos a las periferias, sobre todo en las grandes ciudades, dado que las pequeñas capitales de provincia parecen todavía a salvo, y va expulsando a los vecinos, o creándoles problemas de pago. Y este fenómeno, sin red de seguridad, sin políticas apropiadas y garantes del derecho a la vivienda por parte del Gobierno, salvo las que contribuyen, precisamente, a que la burbuja crezca, como las ayudas al alquiler, que se han demostrado que, como las deducciones por compra de vivienda, acaban repercutiendo directamente en los precios, subiéndolos. Las ayudas al alquiler en esta coyuntura sólo son tales para los arrendadores. Hablar de parqué de viviendas públicas en alquiler sigue siendo un anatema en nuestro país. Hablar de establecer límites a los precios y a sus revisiones (subidas), también.
Decíamos que el recalentamiento del precio de la vivienda se da en un momento en que la población está en una situación más vulnerable que al principio del ciclo alcista anterior, cuando no habían entrado en vigor las dos últimas reformas laborales que han ocasionado una mayor precarización del empleo y bajadas de salarios. Tampoco habían desembarcado en España las actividades de la «nueva economía». Los nuevos modelos de turismo, que son los que contribuyen a destruir la autenticidad de nuestros barrios, no sólo no crean empleo (o lo hacen muy modestamente), sino que contribuyen a destruir el que de calidad pudiera haber en el sector, en empresas de verdad: los hoteles tienen que ajustar sus costes para ser competitivos y lo hacen subcontratando y mermando los derechos de sus asalariados.
Y en un momento de devaluación de salarios y de la seguridad en el empleo, el Gobierno y su principal soporte y aliado, Ciudadanos, deciden reducir todavía más el tamaño del Estado. La red de seguridad que proporciona con servicios públicos y prestaciones, que siempre ha destacado por su endeblez en el seno de la Unión Europea, merma un poco más con el proyecto de Presupuestos que han pactado PP y Ciudadanos.
En este contexto, los pensionistas han dado la voz de alarma sobre lo suyo y, con ello, sobre todo lo demás. Los jubilados se han dado cuenta, porque lo empiezan a sufrir, de que las dos últimas reformas no sólo impiden que sus pensiones vayan actualizándose con el IPC, sino que además provocarán que quienes se vayan retirando a partir del año que viene lo harán con una pensión cada vez más baja, hasta subvertir la filosofía con que fue concebido el sistema, la de la suficiencia, para convertirla, a la larga, en una prestación de miseria.
A raíz de las protestas de los jubilados han surgido muchas respuestas. La más interesante, porque es la que de manera más necesaria conviene rebatir, porque llega incluso de posiciones “progresistas”, es la que pone de manifiesto cómo los pensionistas en España han ido mejorando su posición relativa en términos de bienestar respecto a los trabajadores y a los niños. La respuesta que proponen muchos es rebajar las pensiones en lugar de eliminar de la legislación laboral las causas de que la caja de la Seguridad Social tenga problemas, que son las mismas que explican el empeoramiento relativo de las condiciones de vida de la población en edad laboral y las de sus hijos. El falso dilema que se suele poner sobre la mesa es que hay que elegir si destinar los recursos públicos a financiar políticas de familia, infancia y vivienda o a las pensiones, cuando de sólo plantearlo sale la respuesta: ¿Y si el problema está en que el Estado no cuenta con ingresos suficientes para garantizar los derechos económicos y sociales de sus habitantes?, ¿y si lo que hay que hacer es adaptar los ingresos del Estado a la inversión social que es necesario que realice?
En este inventario de problemas, comienza a haber una pequeña razón para la ilusión: el PSOE está comenzando a hacer pedagogía sobre la escasez de recursos con que cuenta el Estado y respecto a la necesidad de incrementar los impuestos. ¿Es la primera vez que ocurre algo así?, ¿es la primera vez que un partido político, a un año de las elecciones, plantea la necesidad de subir el IRPF y la tributación del ahorro? Posiblemente.
Salvo ese pequeño hilo de esperanza que España necesita que se extienda y cuaje, poco más ocurre en la economía española que se pueda calificar como positivo, al margen de los datos macroeconómicos, como el PIB, aunque, si en él se rasca un poco, se comprueba que la participación de las rentas salariales en él cada vez es más reducida, a favor de una participación cada vez más importante de los beneficios empresariales. Porque éste es un juego de suma cero: si los salarios bajan, los márgenes de las compañías aumentan.
En el ámbito político, las penurias también son muchas. El escándalo del no-máster de Cristina Cifuentes ha puesto de manifiesto, al menos, dos cosas. La primera, que a la protagonista y, con ella, al Partido Popular, no les importa destruir las instituciones para tratar de salvarse ellos mismos. Y es a la Universidad a la que le echan la culpa, no a su propia forma de entender, ocupar y usar el poder, que es la que ha corrompido el funcionamiento de ese centro educativo y que puede ser paradigmático de lo que ha ocurrido en otros ámbitos.
La segunda, que uno de los partidos que llegaron a la escena nacional para regenerar las instituciones, Ciudadanos, no está cumpliendo con ese compromiso que quedó negro sobre blanco en su acuerdo con el PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El PP, Mariano Rajoy, al no exigir (al menos, por el momento), la dimisión de Cifuentes, puede contribuir a mostrar más a las claras la gran contradicción en que incurre Ciudadanos o puede forzarle a que termine sumándose a la moción de censura propuesta por el PSOE. Si hiciera esto último, el PP puede recriminarle que en la Comunidad de Madrid ha terminado gobernando la izquierda por culpa de Albert Rivera. O que al final Ciudadanos ha elegido a la izquierda como socia.
Ése es otro de los males que ahora sufre España: la competencia entre Ciudadanos y el Partido Popular por la derecha del espectro político está haciéndolos a ambos cada vez más extremos. Ciudadanos y su populismo punitivo, con su agresividad en la defensa de la cadena perpetua revisable y con la artificial alarma creada sobre la inseguridad y las ocupaciones de viviendas en ciertos barrios de Madrid y Barcelona, y el PP, con cuatro ministros cantando el himno de la Legión en Málaga, son ejemplos claros de por qué electorado están compitiendo.
Y ello porque Ciudadanos ha tenido mucho éxito tanto en Cataluña como en todo el Estado paseando la bandera de España con mucha más beligerancia que el Partido Popular. Y, quizás, por eso la cuestión catalana sigue encallada, judicializada y con la política ausente: ¿Cómo va el Gobierno de Mariano Rajoy a negociar con el independentismo teniendo a un partido inflexible en esta cuestión que le está “robando” cada vez más votos porque el electorado le premia su posición dura?
Mientras la derecha compite, pero a la vez se refuerza, la izquierda, salvo pequeños momentos de luz, como el mencionado antes (la propuesta fiscal del PSOE), parece bastante desorientada, perdida y acobardada. Y ello, cuando más necesarios resultan un proyecto social, económico y nacional alternativo y claro, defendido con convicción y coherencia.
Dentro de la izquierda, unas organizaciones que cada vez están más activas y que parecen saber hacia dónde dirigirse son los sindicatos: han puesto el foco en las pensiones, también en las cuestiones de género, además de en la nueva economía y en los precarios. Hay que seguirles muy de cerca.
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