Esta mañana, unos minutos después de abrir la puerta y enchufar la bomba de aire caliente, he recibido una visita de un vecino para consultarme si era legal que en su banco, el de toda la vida, le hayan obligado a realizar sus operaciones en un cajero automático imposibilitando el trato con un agente. (Claro está, se ha vuelto a casa sin hacer nada).

Concluida la cuestión surge otra duda: ¿Qué operador de telefonía móvil me conviene más? “Eso sí, no quiero ni aplicaciones de mensajes ni ver videos ni nada de eso, solo por seguridad cuando voy al huerto o si pasa algo”.

El vecino en cuestión ronda los 75 y ha sido oficial en una empresa importante, con larga trayectoria sindical y compromiso social activo. Ha leído mucho y se ha interesado, con más o menos tino, por el mundo que hay más allá de sus gafas. Ha sido hasta concejal cuando se jubiló y, ciertamente, me gustó trabajar con él. Se aprende mucho de los sindicalistas antiguos.

Hoy, en esta sociedad digital avanzada, se siente fuera de juego y acude, como otros muchos, a quien puede y, a mi juicio, debe ayudarle a interpretar algunas de las variables imprescindibles para sobrevivir en este extraño y despersonalizado mundo.

Cuando se mira desde una ventana de la Torre Picasso se ve todo de una manera distinta a como se ve desde la Atalaya de la Sierra de San Vicente. Nuestros datos hablan por sí mismos: el 33% de la población es mayor de 65 años, 12% de población extranjera, el 85% de los vecinos no ha cursado enseñanza secundaria completa, sólo el 4% de los inmuebles urbanos dispone de acceso ADSL, en el 70% del núcleo urbano no se accede a la red 3G que oferta una única empresa. Hasta 2010 no se recibió la señal TDT en el municipio, hasta 2009 no existía servicio ADSL ofertado bajo sistema de red rural sin uso compartido por otros operadores, imposibilitando la competencia (por lo que el precio es el doble o triple que el que puede encontrar cualquiera en una gran ciudad entre los diferentes operadores).

Eso sí, disponemos de un ayuntamiento con biblioteca y telecentro como plataforma básica de acceso a la sociedad de la información y a la gestión de cualquier trámite que requiera el uso de medios digitales o electrónicos. Así, cuando en las grandes ciudades  los propios usuarios, desde sus domicilios, solicitan sus citas de renovación del DNI, gestionan sus prestaciones con los servicios de empleo, descargan sus datos catastrales o copias de declaraciones fiscales, partidas de nacimiento, solicitan autorizaciones de uso forestal, etcétera, aquí se hace todo en el ayuntamiento, con independencia que sea o no una competencia que la ley le atribuya. Es una necesidad social, un servicio público imprescindible.

De igual modo, hemos debido extender estos servicios a cualquier relación de los usuarios con grandes empresas que atienden, por decir algo, a sus clientes desde centralitas telefónicas informatizadas o, cosa bastante habitual, que han sido engañados telefónicamente o, en visita presencial, aceptando, sin saber lo que hacían, ofertas de servicios que no necesitan o que no pueden pagar. Estas ayudas públicas se prestan por la administración general del ayuntamiento sin que exista una oficina de atención al consumidor que por población y presupuesto sería inviable, es decir, se presta por personal avezado en tareas administrativas pero no especializado en normas comerciales, consumo, etcétera. Tenemos que saber de todo.

Por todo esto, supongo que a nadie la extrañará que cuando leí la entrevista que concedió Francis Maude (ministro de la Presidencia –administraciones públicas- del Reino Unido) al diario ABC, el pasado día 12 de febrero, me entrara una suerte de risa que en el fondo enmascara un temor más que fundado.

El señor Maude, que proviene del ala más conservadora de partido Tory, ha puesto en marcha el proceso de reforma de la administración pública más importante de todo Occidente desde la II Guerra Mundial. Bajo la premisa “menos es más”, con la externalización y privatización como instrumentos de fondo y la digitalización “por defecto”, ha conseguido en tres años unas cotas de eficiencia muy altas y ha añadido un plus (muy valorable) haciendo la administración británica una de las más transparentes del mundo.

Se publicó la entrevista aprovechando la visita que hacía a nuestro país invitado por la presidencia del Gobierno a participar en una jornada donde se quería explicar el grueso de las más de 200 medidas, adoptadas o en camino, que el Gobierno ha propuesto para modernizar la administración española (básicamente un sistema parecido al británico aunque mucho más limitado en alcance y medios). La reforma es inaplazable, pretende ahorrar más de 30.000 millones de euros en 2015, y tocará a todos y cada uno de los resortes del Estado. Habida cuenta que en España el peso del sector público en la economía es mayor del 50% y la deuda pública supera el 100% del PIB, lo que se aborda es de una trascendencia tal que debería ocupar un puesto relevante del debate político y de la información en los medios pero, lamentablemente, ni una cosa ni la otra.

Los días 7 y 8 de febrero, apenas dos días antes, en Santiago de Compostela se celebró el IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. La conferencia inaugural del catedrático de la Universidad de Sevilla Francisco López Menudo planteaba dos cuestiones: ¿Simplificar consiste en suprimir controles? y ¿administración electrónica equivale, sin más, a simplificación?”.

Las ponencias presentadas han incidido mucho en la reducción de cargas administrativas, su naturaleza, costes y experiencias, así como sobre la administración electrónica. Entre las ponencias encontramos amplios y excelentes documentos sobre simplificación administrativa, así como agudas comunicaciones sobre el tema. Citaré el documento de Julián Valero Torrijos (Universidad de Murcia) titulado La simplificación del procedimiento administrativo desde la perspectiva de la innovación tecnológica: las claves jurídicas de una relación de desencuentro, que analiza las razones que han dificultado el avance en este ámbito y se ofrecen algunas claves jurídicas a partir de las cuales debiera articularse el cambio necesario para que la innovación tecnológica se convierta en impulsora de la referida simplificación. En su opinión, el proceso de modernización tecnológica emprendido por la administración española en los últimos años no ha satisfecho las expectativas de una mayor simplificación del procedimiento administrativo. 

Muchos son los aspectos que hay que estudiar en estos asuntos pero, lo que hoy me interesa, es evitar la brecha que abren estas medidas y propuestas en un sector de la población cada vez más indefenso: los analfabetos digitales.

La práctica alfabetización de la totalidad población no significa que nuestro sistema educativo y hábitos de vida hayan provisto a todos los ciudadanos de los conocimientos necesarios para desenvolverse con facilidad en estas tecnificadas relaciones con empresas y con la administración, tal y como se está planteando en las propuestas de modernización.

Existe una importante brecha entre los aptos y las personas sin formación o, aún teniéndola, insuficiente para entender los mecanismos y consecuencias de las acciones  electrónicas que pueden realizar. Incluso cuando pensamos que muchos jóvenes han nacido con un móvil en la mano son incapaces de rellenar un formulario y entender qué consecuencias tienen realizar una autoliquidación o solicitud a la administración. Este grupo de no aptos, además, reúnen unas condiciones particulares que abonan su camino a la exclusión, son personas mayores, inmigrantes que no entienden el idioma o no han sido suficientemente educados o jóvenes ninis que en la práctica son absolutos analfabetos.

Se disponen de poderosos sistemas de gestión e información que chocan con un problema de formación de un grupo muy importante de la población. Además, los sistemas no son accesibles, son complejos en gran medida y requieren autoalimentarse para crecer, de tal manera que siempre están en evolución y mejora.

Traído al quehacer administrativo y viviendo en un país extraordinariamente normativizado, obligamos al ciudadano a cumplir innumerables e inútiles procedimientos siempre que puedan por sí mismos y, cuando no, a gastar sumas importantes en gestores, técnicos e intermediarios que presenten a la administración soluciones que debería plantear por sí misma.

Este círculo vicioso, con el tremendo impacto que en la actividad económica tiene, es el frente de guerra donde deberíamos centrarnos: la extrema complejidad y coste de los procedimientos a efectuar que se derivan de la brutal carga normativa y de la injustificable intromisión de la administración en la vida de los particulares.

Traducido a un ejemplo práctico podría citar una docena de documentos e informes, algunos tan costosos como un estudio de impacto ambiental, que debería realizar un joven de la Alcarria para instalar un huerto apícola.

Si esto se complica con la obligatoriedad por defecto de tramitar estos expedientes mediante medios electrónicos (en muchos pueblos de la Alcarria no existen líneas ADSL) y la administración no le asiste en estos trámites, la solución es sencilla: no lo hará.

Luego está el no saber dónde acudir. ¿Quién tramita estos permisos?, ¿las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, el ministerio, el ayuntamiento?, ¿en qué web encuentro la información? El informe CORA, que contempla el grueso de las medidas de reforma de la administración pública española, en su separata relativa a las duplicidades administrativas, describe en 730 páginas un caos administrativo que es necesario cortar de raíz.

Recapitulando. Es imprescindible simplificar los procedimientos, pero también la vida, eliminar normas y requisitos; es necesario profundizar en la administración electrónica, reducir costes y aumentar la eficacia pero no se puede abandonar a muchos ciudadanos que están fuera de ese proceso.

Hoy hay muchos vecinos que tienen graves problemas y no podemos interponer una pantalla de ordenador para resolverlos. Los funcionarios españoles, muy preparados en su mayoría, han de encarnar todas las virtudes del servicio público y representar la confianza legítima en el actuar de la administración en su cuidado. Todo ciudadano que necesite ayuda ha de ser atendido. Y esto que es asumido para los servicios sanitarios o de seguridad con normalidad, ha de extenderse al aparato burocrático del Estado de forma inmediata.

La mayoría de los políticos han olvidado no ya el contacto con la gente sino el contacto con la realidad.

David Moreno estudió Derecho y Ciencias Políticas, es secretario interventor de la administración local y dirige una pequeña empresa que realiza trabajos de consultoría para ayuntamientos