Hoy nos dice Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y presidente de la fundación del Círculo de Economía, lobby de empresarios catalanes que:
“O somos capaces de salir del empantanamiento en el que estamos o el riesgo es llegar a una especie de intervención permanente de la Generalitat catalana, de una aplicación continuada del 155”. La solución «es un nuevo Estatut como norma suprema del autogobierno interno de Cataluña» que regularía «todas las cuestiones internas exclusivas de la comunidad, como la lengua, la educación o el funcionamiento interno del autogobierno en todos los ámbitos que le son exclusivos de ordenación territorial, administración pública o financiación».
Acaban de presentar un documento, con pompa, para presionar al Gobierno de España. Según El País, el núcleo del trabajo puede resumirse como sigue:
“La iniciativa del centro de opinión, que bajo el título Propuestas para Cataluña introdujo Brugera y desarrolló Costas, parte de conjugar dos principios: el de legalidad y el democrático. Ambos están presentes en la Constitución. El primero es el absoluto respeto a la ley (contra las derivas unilateralistas del independentismo catalán), pero el segundo, quizá más olvidado ahora, es el que obliga a los poderes públicos a encontrar las vías legales adecuadas para encauzar las legítimas aspiraciones de la población, más si lo pide un numeroso grupo de votantes. Es el caso de Cataluña, donde más de dos tercios de la población muestran malestar en los sondeos con el funcionamiento del Estado autonómico, lo que va más allá de las fronteras del secesionismo.”
Una lectura rápida en la prensa, sin atender al documento original, me sugiere un par de reflexiones rápidas en torno a la posibilidad de ligar esos dos principios, el de legalidad y el de democracia. Y en torno a cómo pretenden ellos ligarlos. Veamos.
Por partir de una colisión más popular: salvo que troquemos, a favor de nuestra causa, la clásica “libertad de” por la “libertad para”, lo cierto es que no hay forma de conjugar libertad con igualdad. Si queremos caminar hacia la igualdad habrá que recortar, por ejemplo, la ‘libertad [del individuo] de’ retener todos los frutos de su trabajo. Lo de la fiscalidad progresiva para la redistribución. Lo que para algunos es confiscatorio para la mayoría es condición de posibilidad de la propia democracia. Al fin y al cabo, sin ciertas cotas de igualdad aflorará el resentimiento y menguarán libertades como la ‘libertad de’ andar tranquilo por la calle o la ‘de’ educar a los hijos en una sociedad correctamente integrada. Funcionalmente, la igualdad sirve a la ‘libertad para’ poder realmente disfrutar de las ‘libertades de’ hacer o no hacer cosas. Sólo en ese punto, funcional, se concilian dos principios contradictorios.
Con la democracia y la legalidad pasa algo parecido. No se conjugan fácilmente a menos que, juntas, se transmuten en democracia constitucional y pierdan, cada una, buena parte de su esencia para componer algo nuevo y funcional. Al fin y al cabo, tanto por la legalidad como por la vía democrática se puede desembocar en dictadura, cosa que no queremos. Lanzados a esa empresa, y subiendo de la política a la teoría política, tanto el utilitarismo (mayor felicidad para el mayor número), como el socialismo (la autorrealización de cada uno como condición de la realización de todos) o el liberalismo (contención del poder para salvar las libertades prepolíticas individuales) escrutaron, con mayor o menor tino, caminos hacia la maximización de las libertades de cada uno siempre que su generalización fuera compatible con las libertades de los demás. Diría que las tres corrientes convergen en el Estado social y democrático de derecho. Lo que conocemos, más o menos.
Por eso, lo primero que cabe responder al Círculo de Caraduras es que si la legalidad es un principio referido a España como Estado democrático de derecho (es decir, si la legalidad se refiere al ordenamiento jurídico español que sustancia la actual personalidad jurídica de España), la democracia no puede dejar de referirse a España, por más que ellos la quieran asociar con Cataluña. Ambos principios cristalizan juntos convirtiendo a España en una democracia constitucional (lo que hoy conocemos como democracia, a secas), un proyecto con contenido teórico propio: el del Estado social y democrático de derecho. La fuerza de ese constructo trasciende nuestras fronteras y nuestro concreto ordenamiento. Tiene en todo el mundo a teóricos dispuestos a reconstruir críticamente su esencia: qué es y qué debe ser esa democracia para salvaguardar sus principios tras el paso del tiempo y las mutaciones sociales. En cualquier latitud, la democracia deberá traernos, si no quiere ser un proyecto frustrado, ciertas dosis de libertad y prosperidad sin perder de vista la igualdad y el pluralismo que velan por la pacificación de nuestras relaciones.
Sin embargo, los empresarios pretenden disociar (en beneficio propio) los ámbitos de aplicación de la legalidad (española, que es la que les abre al mercado europeo) y la democracia (catalana), sin demasiado disimulo. Por ese camino no daremos con una democracia liberal funcional sino con otra cosa. Un engendro atravesado por mil asimetrías que, en realidad, lleva tiempo enseñando las orejas. Fuente de agravios entre españoles (y de consecuentes resentimientos) que lejos de intentar resolverse por la vía democrática (la deliberación y el principio de universalización que consagra la imparcialidad de la ley) cada vez se institucionalizan más férreamente. Con el aval socialista, para nuestra desgracia.
En suma, los empresarios catalanes pretenden que dejemos de pensar en términos de Estado social y democrático de derecho, desmontando así esa nueva realidad que conciliaba democracia y legalidad. ¿Para qué? Para poder exigir que la nueva legalidad (la catalana, en el marco de la española pero rompiendo el principio de jerarquía normativa) sea la horma de una democracia catalana desbocada, de la tiranía de una minoría poderosa de catalanes (que ellos representan) frente al resto de españolitos. Para ellos, siempre supremacistas, debe regir otra ley. El coste: que en España ya no se reconozca la verdadera democracia, la desigualdad, el resentimiento, la disfuncionalidad. Pan para hoy y hambre para mañana. Al fin y al cabo, la provisionalidad y el caos es donde mejor pescarán nuevamente mañana las élites catalanas (que ya lanzaron en su día a Pujol, a Mas y a Puigdemont).
Lo segundo que cabe replicar, al hilo, es que es el principio de legalidad el que canaliza la democracia. Al separar democracia y legalidad pierden de vista la almendra de la democracia constitucional: aunque hubiera una mayoría dispuesta a violar la estructura igualitaria de la democracia (el sistema de derechos que, a la base de una concepción epistémica de la democracia -una que pretende arrojar decisiones justas y en todo caso revisables por toda la comunidad de afectados-, pretende garantizarnos iguales capacidades de persuasión y, en última instancia, igual fuerza negociadora a todos los españoles) nada, bajo ningún punto de vista, les daría la razón.
Como ellos mismos advierten, nacionalistas o independentistas rondan siempre el mismo porcentaje: 47%. Es un porcentaje amplio de catalanes cuyas razones quedan fuera de la lógica democrática. Siempre que entendamos la democracia como corresponde y no mediante la burda separación de principios con que pretenden caracterizarla. Por cierto que ese 47% lo que revela es la pluralidad catalana que ellos, sin embargo, niegan. La niegan cuando les dan carta de naturaleza democrática porque son muchos; y la niegan también cuando exigen blindar la competencia sobre la lengua (es decir, quieren imponer el catalán como única lengua oficial) a base de ignorar que el 55% de los catalanes tienen el español como lengua materna mientras que el catalán sólo es lengua materna del 33% de catalanes.
Por cosas como esta, en cualquier país la pluralidad está siempre mejor garantizada por la federación que por el estado federado: frente a la voluntad homogeneizadora del estado federado, el ámbito nacional/federal/supranacional/internacional es el contrapoder que libera al individuo de los caciques locales. Basta echar un ojo a las historia del constitucionalismo, empezando por las decisiones del supremo estadounidense contra la segregación racial. O con pensar cómo podemos acabar con los paraísos fiscales: ¿delegando en gobiernos nacionales (interesados en convertirse en paraísos fiscales para atraerse beneficios y riqueza relativa a costa de otros países) o atacando el problema a nivel internacional, sancionando a los incumplidores? Por supuesto, esto pasa por no disociar legalidad y democracia; y mucho menos para atribuir sus funciones a dos ámbitos territoriales distintos. ¿La solución justa? Intentar hacer coincidir el grueso de la legalidad y la democracia (en cualquier caso, lo que afecta a la fiscalidad, a la financiación, a la defensa, a la justicia, a la infraestructuras estratégicas que nos vertebran y a la garantía de los derechos fundamentales del individuo), siempre en el ámbito territorial más alejado del ciudadano (lo máximo dentro de lo soberanamente posible).
En realidad, el Círculo de Economía converge en sus intereses con el nacionalismo y conviene advertir que no coinciden con el asentamiento de las instituciones democráticas españolas. Mejor nos irá si no nos alejamos más de ciertas cotas de igualdad entre españoles. No sé si vamos a un 155 permanente. Pero sé que tendrán que esforzarse más para que les tomemos en serio.
