Hace sólo unos días, Médicos Sin Fronteras que intervino en muchas de las residencias en España en el periodo más crítico, ha hecho público un informe demoledor que no ha salido en casi ningún medio de comunicación y mucho menos no ha sido tratado ni analizado en las tertulias televisivas de todas las cadenas de televisión. ¿Por qué? ¿A qué se debe este silencio informativo? ¿Qué es lo que nos quieren ocultar a los ciudadanos? El silencio de este informe solo demuestra que hay intereses bien definidos para que el contenido del mismo no se llegue a conocer de forma masiva. Cada línea, cada punto y aparte, nos da a conocer la situación real del horror que muchos ancianos han vivido, convirtiéndose algunas residencias en verdaderos centros de exterminio y olvido.
Es por ello que al leerlo se te pone la piel de gallina y crees que esto no puede pasar en España que se supone un país civilizado y democrático. Pero sólo el título del informe nos prepara para su dramático contenido: “Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante el Covid-19 en España”. Con 84 páginas nos relatan la realidad de lo vivido, con testimonios, con estadísticas completas, con recomendaciones y descripciones que parecen sacadas de un guión de terror.
Más claro no pude decirse. Una de las primeras conclusiones de este informe que no viene de ningún grupo conspiranoico, sino de médicos expertos que se están jugando la vida en el mundo allá donde se les necesita, afirma que los problemas estructurales y sistemáticos en relación al modelo español de las residencias, ha tenido un impacto directo en la salud y mortalidad del Covid-19. Las personas mayores fallecidas en las residencias entre el 6 de abril y el 20 de junio representan según el propio Ministerio de Sanidad, un 69% de los fallecidos por Covid-19 en toda España. La falta de capacidad de asistencia a este colectivo, tanto en los servicios de atención primaria como en el sistema hospitalario, las residencias tuvieron que asumir responsabilidades de atención médica de la que no estaban preparados.
El informe continua denunciando que los mensajes y dificultades clave trasladados en esta interlocución con las autoridades fueron, esencialmente, la falta de información trasparente, liderazgo y acciones claras y decididas; las deficiencias en prevención y control de infecciones; la falta de refuerzo de la capacidad y programas de atención primaria, así como de derivación hospitalaria oportuna desde las residencias; la insuficiencia en estas últimas de EPI y de protocolos y formación adecuados para su uso; la poca claridad de los protocolos de final de vida y despedidas de familiares, con las dificultades que esto último causó; la necesidad de mejorar el trato, cuidados y dignidad del paciente; la ineficiencia y retrasos en las estrategias de diagnóstico; y la falta de recursos humanos disponibles y formados.
Médicos Sin Fronteras afirma que los fallos del sistema causaron que muchas personas mayores murieran solas, debido a:
- Falta de anticipación y de planes de contingencia, agravada por la descoordinación y multiplicidad de interlocutores, entre ellos Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad, Diputaciones, Ayuntamientos, servicios de atención primaria, servicios de salud pública, patronatos de las fundaciones y gerencias de centros privados y de centros religiosos.
- Reducido margen de maniobra para implementar las medidas de aislamiento, cuarentena y distancia, debido especialmente a la inadecuación de infraestructuras y espacios para conseguir un aislamiento efectivo, y a la alta ocupación.
- Falta de formación en la utilización de los EPI de un personal nada habituado al uso de estos elementos. Los EPI, que llegaron tarde, además de ser insuficientes, no siempre estaban adaptados a las necesidades de las residencias.
- Falta de organización, dirección y recursos humanos en las medidas de control del contagio. Con un número creciente de bajas y sin una estrategia alternativa de contratación, el personal restante tuvo que asumir otras tareas casi médicas (sin instrucciones ni conocimientos precisos), que no eran propias de sus funciones sociales.
- Limitaciones de los test diagnósticos y falta de capacidad para actuar según los resultados y dar respuesta una vez identificados los casos positivos.
- Denegación de derivaciones a los servicios hospitalarios para cientos de personas mayores, lo que obligó a las residencias a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, facilitando así que el virus se propagara con rapidez, afectando a otros residentes y al personal. Esto impactó directamente en la calidad y cuidados a los residentes y, en muchos casos, probablemente contribuyó o fue causa de fallecimiento..
- Aislamiento en detrimento de la salud y de los cuidados dignos, con medidas férreas (debido a la incertidumbre generada por los casos asintomáticos y a la escasez y poca credibilidad de las No había planes de contingencia, y sí una gran descoordinación de los múltiples organismos competentes Los EPI llegaron tarde, eran insuficientes y no se acompañaron de formaciones para su uso La atención médica se dejó en manos de las residencias, que no estaban equipadas para ello, que en muchos casos fueron indiscriminadas y desproporcionadas y tuvieron un grave impacto en la salud de los residentes.
- Falta de protocolo para cuidados paliativos, final de la vida, despedidas y visitas, en parte debido a la falta de personal experimentado o en número suficiente en las residencias para dar estos cuidados, y en parte a las dificultades de la atención primaria en el momento más agudo de la crisis.
- Carencia de atención psicosocial a residentes, personal y familiares.
¿Cómo la Fiscalía no ha actuado contra todas estas irregularidades? ¿Por qué no se debate este informe en todos los medios televisivos? Aún las residencias siguen estando olvidadas ante un posible rebrote. Pero seguimos con las conclusiones de este informe. En espacios cerrados y sin la atención médica y psicológica adecuada multiplicó los contagios, aceleró la mortalidad y produjo situaciones indignas e inhumanas. La capacidad en la prevención y control de infecciones, que es clave en una epidemia, también fue deficiente. Existió una descoordinación y falta de estrategias de las instituciones. Se falló y abandonó a las personas más vulnerables y afectadas por la COVID-19. Las residencias tuvieron que asumir de facto una responsabilidad para la que no estaban preparadas, dotadas ni protegidas, con consecuencias desastrosas para residentes, personal, equipos de gestión y familiares. El informe indica que los efectivos de Médicos Sin Fronteras que entraron en muchas residencias, encontraban al personal sobrepasado, desorientado, desinformado y desprotegido. Entre 27.000 y 33.000 personas mayores podrían haber fallecido en las residencias.
Muchas personas mayores murieron aisladas y solas, hasta el punto de que, en algunos casos, se las encontró ya sin vida en sus habitaciones al cabo de varias horas o incluso días. Del total de 372.985 plazas, casi el 85% son de gestión final privada. La mayoría de las residencias se encontraron el mismo problema de abandono. La falta de entendimiento entre las Administraciones gobernadas por diferentes partidos políticos y las desconfianzas entre los propios órganos de Gobierno responsables de la legislación, supervisión y fiscalización de las residencias
El testimonio de Andrés, jefe de Bomberos, que dirigió labores de desinfección y apoyo a la zonificación en colaboración con Médicos Sin Fronteras y que se enfrentó en ocasiones a esta resistencia por parte de las gerencias de los centros: “Preferían muchas veces que los mayores, mientras no hubiese resultados fiables de las pruebas, quedasen encerrados en sus habitaciones, en lugar de reagruparlos en zonas, por miedo a perder el control y que todo el edificio se viese así contaminado. El resultado era espantoso: una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir. Un horror”.
Para empeorar las cosas, siguiendo con el Informe, el número creciente de personal de baja, sin una estrategia alternativa de contratación para mantener o incluso incrementar las ratios de recursos humanos, obligó al personal restante a asumir otras tareas sin recibir instrucciones precisas. Hubo muchas bajas por enfermedad en las gerencias de los centros. Ese retraso contribuyó asimismo a que el tratamiento de otras patologías importantes fuese postergado o subestimado, con el consiguiente perjuicio para la salud de muchas personas; este impacto aún está por valorar
Médicos Sin Fronteras dice claramente que denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro, que actualmente varios tribunales están estudiando. Entre finales de marzo y principios de abril, cientos de residentes vieron denegada la solicitud de acceder a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios, restringiendo su acceso según comunidades autónomas y días de evolución de la epidemia. Sin alternativa, las residencias se vieron obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave.
Se denuncia que testimonios recogidos confirman que los servicios de emergencia denegaban el envío de una ambulancia si la llamada procedía de una residencia. Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado o una alternativa de manejo consensuada con la familia y los clínicos. Incluso en casos con diagnóstico de derivación (en algunas residencias privadas y religiosas que contaban con personal médico), les fue negada la referencia alegando “colapso hospitalario”; en algunos casos, se limitaban las referencias a una persona al día.
Lo que Médicos Sin Fronteras vieron es que no se garantizaba la referencia hospitalaria pero tampoco una alternativa, ni el consentimiento informado del paciente sobre las prácticas que debían realizársele, ni el respeto a su autonomía y dignidad, ni sus últimas voluntades, ni la despedida de sus familias. Muchos murieron en soledad, deshidratados, en agonía (por distrés respiratorio) y sin cuidados paliativos.
El Informe que estamos analizando señala que en España, y al margen de las limitaciones de las camas de uci, debieron proponerse alternativas con los recursos disponibles, procediendo a derivaciones a hospitales, centros sociosanitarios, extensiones hospitalarias, hoteles “confort” o medicalizados u hospitales privados, ya que, en todos estos lugares, hubo plazas libres incluso durante las semanas del pico epidemiológico.
Las Autoridades sanitarias no dejan de referirse a las indicaciones que da la OMS, pero sin embargo ignoran otras muy claras y concisas como bien aclara el informe que estamos analizando en el que muestran que de acuerdo a las pautas de la OMS para COVID-19, los paliativos se integran con los cuidados curativos: “Todas las personas deberían tener derecho a morir con dignidad y acceso a los cuidados paliativos si se han tomado todas las demás medidas para proporcionar atención de calidad, incluida la oxigenoterapia”. Sin embargo, durante la epidemia, el volumen de cuidados paliativos proporcionados se redujo notablemente; un estudio realizado en un hospital español (y referenciado por la OMS) indicaba una reducción del 50% en los ingresos para cuidados paliativos.
¿Qué reflexión debemos sacar ante tamaña injusticia que se ha cometido contra nuestros mayores? ¿Por qué se les abandonó de esa forma, dejándolos morir en soledad? ¿Qué clase de sistema sanitario tenemos que no supo afrontar una emergencia sanitaria? ¿Dónde están las dimisiones de los responsables de estas negligencias? ¿Por qué no han dimitido los Consejeros de Sanidad y los Presidentes de las Comunidades por la pésima gestión que ha llevado a la muerte a miles de ancianos en la soledad más absoluta? ¿Por qué no dimite el Ministro de Sanidad y todo su equipo por la responsabilidad de la situación al haberse declarado el Estado de Alarma y ser responsables de la gestión nacional? ¿Dónde estaban los asesores que no dieron la alarma temprana de lo que estaba pasando en las residencias? ¿Por qué no se han abierto procesos judiciales contra los responsables políticos al haber cometido delito de omisión del deber del socorro regulado en el artículo 195 del Código Penal? ¿Quién ordenó a los servicios de emergencias no recoger avisos procedentes de las residencias? ¿Por qué se encerraron con llave a cientos de ancianos en sus habitaciones sin darles ninguna explicación cometiendo en muchos casos delitos de Detención ilegal tipificados en los artículos 163-168 del Código Penal? ¿Qué hace la fiscalía que no abre expedientes penales a los Consejeros de Sanidad y Ministro por su pésima gestión? ¿Quiénes fueron los responsables de la compra de material sanitario caducado o en malas condiciones? ¿Por qué se ha consentido la privatización de la sanidad y de muchos otros servicios comunitarios? ¿Por qué se quiere ocultar el informe de Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué no se debate su contenido y se pone soluciones inmediatas ante tanto horror? Muchas preguntas a contestar y mucho silencio a todas ellas.
INFORME DE MÉDICOS SIN FRONTERAS:
