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UN CENTRO DE SALUD EN LA FRONTERA
La grave crisis financiera sufrida en Colombia ha afectado gravemente a su Sistema Público de Salud, lo que propició que el Estado se viera obligado a declarar la Emergencia Social en Salud en el año 2009.
El Sistema General de Seguridad Social fue instaurado en Colombia en el año 1993 a través de la Ley 100. Esta ley pretendía reestructurar el sistema sanitario colombiano con el fin de poder garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población. Sin embargo, no se ha conseguido que proteja a los ciudadanos y garantice su cobertura. Al contrario, ha propiciado que éste se derrumbe y deje visibles sus fallos.
Con la Ley 100, el Sistema de Salud Pública se apoyaba en dos modalidades diferenciadas. La primera se basaba en las compañías aseguradoras y en el régimen contributivo, a través del cual los trabajadores sufragaban la financiación de la seguridad social a través de su trabajo o ingresos independientes. La segunda se refiere al régimen subsidiario e incluye a aquellos que no pueden permitirse la financiación de su salud privada. En este caso, el Estado debe financiar el acceso a la sanidad parcial o íntegramente, aunque en ambos regímenes los usuarios realizarán copagos por el uso del servicio.
Aunque esta ley pretendía acabar con la segmentación y las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios, el efecto fue el contrario. Este nuevo sistema de salud pública se apoyaba más en aseguradoras privadas y quedaba alejado del control estatal. Aquellos pertenecientes al régimen subsidiado percibían sólo un 60% de los beneficios recibidos por aquellos pertenecientes al régimen contributivo, y para estos últimos los beneficios no fueron suficientes ni estuvieron garantizados.
A partir del año 1999, se fue haciendo más evidente el fracaso de dicho sistema, que se fue empobreciendo progresivamente. El régimen basado en el subsidio se vio estancado, mientras que el contributivo fue disminuyendo. Esto imposibilitó la cobertura sanitaria para la mayoría de los colombianos. Además, se realizaron progresivos recortes en los gastos destinados a salud, que tuvieron como consecuencia el aumento del desempleo y la pobreza, sobre todo, por la política marcada por el Plan Colombia, donde se han destinado más recursos para la guerra que para otros sectores fundamentales como la educación y la salud. Así, en la actualidad, se destina un 6% del PIB a gastos militres que sufragan la guerra, mientras que la sanidad y educación se encuentran en estado de emergencia.
Todos estos factores hicieron que en el año 2009 se declarara el estado de Emergencia Social en Salud y se reformulara y reestructurara de nuevo la sanidad en Colombia. Esta reestructuración se llevó a cabo a través de diversos decretos formulados en diciembre de 2009 y enero de 2010. Dichos decretos han generado el rechazo tanto de los profesionales del sector sanitario como los afiliados al Sistema de Salud Pública. Están orientados a disminuir el gasto público en salud y controlar los costos derivados de la atención médica de la enfermedad. Además, se centran en controlar la actividad de los profesionales de la medicina y la investigación científica.
A través de estas reformas se han incrementado los obstáculos al acceso a la salud pública y se ha fomentado la privatización de la misma. Aquellos que carezcan de recursos para pagar el servicio médico, podrán pedir préstamos bancarios, ahorros destinados para la pensión o cesantías para financiarlo. Todas estas medidas han hecho que el derecho a la salud de los colombianos se haya visto afectado.
Son muchos los que sufren las consecuencias de este sistema, como sucede en Teteyé, un pequeño municipio del sur de Colombia, dónde la precariedad de los servicios sanitarios se hace evidente en el centro de salud que da cobertura a todas las veredas –aldeas- de la frontera.
La infraestructura es deficiente al no disponer del espacio necesario para atender a los enfermos. El material es precario y carecen de energía y agua potable. Teresa Morales, médico de Teteyé, reivindica la construcción de un centro de salud en condiciones para atender a los enfermos que lo precisen. Señala que alrededor del 50% de la población de esta región son subsidiados y muchos necesitan desplazarse para llegar hasta allí. Además gran cantidad de las medicinas prescritas no están cubiertas por el seguro médico, lo que hace que los que carecen de recursos económicos no acudan al médico y se automediquen. A esto hay que añadir que el hospital más cercano a Teteyé está a tres horas de distancia. En caso de emergencia un importante número de enfermos quedan desatendidos o se ven obligados a desplazarse durante horas.
Colombia sigue esperando una reforma que defienda el derecho de los colombianos a una salud justa y equitativa, donde la inversión dedicada al conflicto armado se invierta con la que se destina a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
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