Así se titula el informe escalofriante de Amnistía Internacional refiriéndose a los miles de abuelos y abuelas que fallecieron en las residencias violándose los más elementales derechos humanos en un país que se cree adelantado en democracia e igualdad. Un informe que nuevamente como el realizado por médicos sin fronteras, ha quedado arrinconado, olvidado y sin consecuencias políticas o judiciales. Homicidios que pueden quedar inmunes tapados por la pandemia y sus consecuencias.
En el informe se dice claramente que en Madrid y Cataluña entre otras Comunidades, se violaron 5 derechos humanos: a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a la vida familiar. Una pandemia no puede justificar de ninguna manera la violación sistemática de estos derechos en un país democrático. Pero parece que los responsables de estas graves y homicidas medidas, justifican su actuación en el Covid-19. Si la Fiscalía y el propio gobierno de España no actúan contra los responsables de esta matanza consentida por falta de medidas y decisiones adecuadas, estaremos tumbando una vez más la libertad y la justicia que tanto nos jactamos tener.
¿Dónde están las investigaciones realizadas por las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno de aclarar lo sucedido y llevar a los tribunales a sus responsables, destituyendo de sus cargos públicos a los políticos que no tomaron las medidas apropiadas? Un político debe estar a la altura en todo momento de cualquier circunstancia que se presente grave y tomar las decisiones con precisión y efectividad siempre buscando el beneficio de los ciudadanos. Muchos de ellos han olvidado que están al servicio del pueblo, no el pueblo a su servicio como creen. Es imperdonable y moralmente inaceptable que se eche la culpa de lo ocurrido a una pandemia. Un Estado que se precie debe estar preparado ante eventos anómalos y sobre todo viendo venir lo que todo el mundo sin ser político veía lo que venía. No hay justificación ninguna de haber actuado como se hizo en las residencias, en las mujeres y hombres que al final del periodo de sus vidas tienen todo el derecho del mundo a ser tratados con dignidad y respeto, con cariño y amor, con diligencia y confianza. Ellos, que dieron nuestra vida, que encima les tocó vivir en un país enfrentados los unos a los otros, con penurias y hambre, sacando adelante a sus hijos con esfuerzo, los hemos traicionado y abandonado en la soledad y con desprecio, muriendo solos, muchos de ellos encerrados en sus habitaciones como ya denunció Médicos Sin Fronteras. Y no pasa nada. Ocurrió y se justifica con una pandemia que pudo ser prevenida. No hay dimisiones en masa. No hay tribunales que juzguen a los responsables de esta matanza.
Amnistía Internacional denuncia que miles de nuestros mayores permanecieron incomunicados de sus familias y el mundo exterior, no recibieron la atención médica que necesitaban, no se les trasladaron a los hospitales los que lo necesitaban. Ninguna urgencia sanitaria justifica ni la violación de los derechos humanos ni el abandono que sufrieron según aclara el propio informe. Se dice claramente que las medidas tomadas durante la primera ola fueron ineficaces e inadecuadas.
El estudio realizado sobre todo en las Comunidades de Madrid y Cataluña, se han comprobado y así lo denuncian en su extenso informe, que el Covid-19 se extendió en las residencias por falta de protección y test para el personal de residencia y residentes, se tomatón directrices contraproducentes, hubo masiva bajas de personal laboral, se discriminó por exclusión generalizada de derivación a los hospitales, protocolos discriminatorios, medidas de intervención insuficientes, falencias en los cuidados paliativos, muchos de ellos encerrados y sin contacto con las familias, escasa información a sus familiares, muerte en soledad, duelos imposibles y sin despedidas. ¿Suena esto a un país moderno europeo o más bien a un país con políticos irresponsables, sin control alguno, sin libertad ni democracia, violando los derechos humanos reconocidos universalmente?
Triste estampa la de una España que no es capaz de responder con eficacia a una situación de emergencia sanitaria que se venía venir y que no pilló a nadie desprevenido, digan lo que digan. Una España que se jacta de ser un país adelantado, moderno y europeo y sin embargo no es capaz de tener una sanidad segura, con profesionales necesarios para atender las necesidades de la población y sin que se privaticen los servicios públicos que salen de los impuestos de los ciudadanos.
Si esto ha ocurrido con una pandemia… ¿qué puede ocurrir cuando tengamos efectos adversos debidos al cambio climático? ¿Nuestros políticos están preparados para afrontar situaciones de emergencia? Sinceramente no lo creo. Ya hemos visto como los unos y los otros se tiran los trastos a la cabeza echándose la culpa y cuando llega la vacuna, muchos son los primeros que se la ponen antes que la población de riesgo. Patético lo que estamos viviendo, dando cada comunidad dictamina órdenes de todo tipo, confundiendo a los ciudadanos en todo momento y sin ningún tipo de unidad. Así nos va como siempre no ha ido. Todos ellos quieren mandar, tomar medidas, sacar partido de sus malas políticas y decisiones, preocupándose de su sillón y privilegio. No sé, pero a estas alturas y en casos de emergencia nacional sobre todo y visto lo sucedido, tanto la sanidad y el medio ambiente deberían solo depender del Gobierno para de esta forma unificar criterios de actuación y responsabilidad.
Amnistía Internacional denuncia que la situación de desamparo que pasaron las personas no puede analizarse separadamente de otro tema de máxima preocupación para la organización: el impacto de las medidas de austeridad y el consecuente debilitamiento del sistema sanitario público en España. Otra gran irresponsabilidad consentida por los políticos de turno cuando llegan a gobernar. Entregar a lo privado todo lo que es público, para así de esa forma desentender los derechos de los ciudadanos deliberadamente y no tener preocupaciones en sus sillones de lujo. Ante todo esto, el Estado no puede lavarse las manos como Poncio Pilato, sino que está obligado a proteger el derecho humano a la vida que se encuentra recogido en múltiples estándares internacionales.
La falta de transparencia y datos oficiales sobre fallecimiento en residencias, es otro de los fallos imperdonables que se han cometido y tienen sin lugar a dudas que traer consecuencias a sus responsables por la mala gestión. Son ya muchos errores que no pueden pasarse por alto, errores que tienen que ser llevados a los tribunales como la discriminación por exclusión generalizada de derivación a los hospitales y otros múltiples delitos que se han cometido contra nuestros mayores. No se puede pasar por alto este atropello homicida a los que por derecho les correspondía un mejor trato y más eficaz. Lo que ha pasado en las Residencias no puede repetirse y se hace necesario que los tribunales intervengan cuanto antes y no se olvide los más de 30.000 muertos a los que se les violó sus derechos humanos y el más sagrado de todos, a la vida.
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