Cuando a una Constitución se le ha perdido el respeto, ya no hay nada que hacer. Los dos jóvenes del vídeo, el larguirucho supuestamente de derechas y el de las gafitas supuestamente de izquierdas, la usan como papel higiénico. Naturalmente, sólo imitan lo que vienen viendo hacer a sus mayores. Esa vicepresidenta del Gobierno regañando en público a la presidenta del Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional que no se respeta a sí mismo. Esos políticos pinchando y cortando y presionando sin pausa. Esos Estatutos barrocos, horteras y, sí, digan lo que digan los amanuenses, dudosamente constitucionales.
El viernes se murió Jordi Solé Tura. Es el segundo “padre de la Constitución” que nos deja. Al ver juntos, el sábado, los nombres de los demás, me dio la impresión de que estaban en una de esas películas de miedo, en que la van palmando uno tras otro. ¿Quién será el siguiente? Pero ahora se añade un elemento de intriga: a alguno a lo mejor le toca ver cómo la palma antes la propia Constitución.
Yo he sido siempre, desde mis catorce años, constitucionalista. Es normal: la primera vez que me fijé en la política fue a raíz del golpe del 23-F. Los primeros periódicos que compré fueron los de los días que siguieron. La proclama, laconsigna, era la defensa de la Constitución. Me volví sensible a aquella retórica, a aquella épica. Me volví un puntilloso del, así llamado, formalismo democrático. Mis primeras broncas políticas fueron contra los niñatos tejeristas del instituto. Luego también me tocó abroncarme con algún trotskista. Yo me consideraba de izquierdas, pero mi convicción más arraigada, que mantengo, es que lo fundamental son las formas: el sistema democrático. Si impera verdaderamente el estado de derecho, da un poco igual el partido que gobierne. Podrán ser mejores o peores entre ellos, pero ninguno, por bueno que sea, puede dar más libertad (¡ni decencia!) que el que ofrece el marco democrático en sí mismo. No es la mayoría lo esencial de la democracia: eso es lo segundo más importante. Lo primero es la preservación de los derechos y de la legalidad. En una palabra: la limitación del poder; incluso del poder de las mayorías. Éstas, si quieren hacer algo, ha de ser sin violar los derechos; y ateniéndose estrictamente a la ley.
Por eso me dan ganas de vomitar cuando ahora no hago más que oír hablar de mayorías (¡y de mayorías sentimentales, encima!) que “no pueden” ser “ignoradas” por el Tribunal Constitucional. De pronto, muchos de nuestros políticos y muchísimos de nuestros periodistas (¡y hasta algún que otro constitucionalista!) parecen no haber leído jamás a Montesquieu. Qué bien les vendría seguir un curso intensivo (¡forzoso!) de Educación para la Ciudadanía. Esas mayorías, si de verdad son tales, lo único que pueden hacer, constitucionalmente, es cambiar la Constitución. O incluso derogarla entera. Es algo legítimo: pero ha emprenderse por los cauces constitucionales.
Por los cauces constitucionales, y de manera explícita. Si se cambia la Constitución, que se sepa que se ha cambiado. Lo que no se puede es mantenerla de nombre, pero desvirtuándola en la práctica. Eso sería lo peor; y eso (lo peor) es justo lo que nos está empezando a pasar y hacia donde, me temo, nos dirigimos desaforadamente. Si se tiene que cambiar, que se cambie. Y si no se cambia, que se cumpla. Pero ya está bien, por favor. Acabemos con esta charlotada.
