Durante dos días nos adentramos en las entrañas de la Amazonía peruana, navegando durante 19 largas horas a través de sus arterias fluviales: los ríos Huallaga, Pastaza y Marañón. Desde la lancha se contemplan horizontes infinitos, atardeceres únicos. El sol se despide del día irradiando unos rayos de luz del color de la yema tostada y se esconde poco a poco entre un cielo de nubes malvas, reflejándose estos colores sobre el agua. Como si de un viaje al centro de la tierra se tratara, se experimenta una sensación de eternidad, de navegar sin rumbo, confundiendo cielo y agua, y acompañado por los misteriosos sonidos provenientes de la profundidad selvática. De entre la boscosa vegetación, aparecen pequeñas comunidades que habitan a lo largo de la ribera del río. Los niños juegan animadamente en el agua. Una mujer, que está lavando la ropa sentada en su canoa, para su actividad por unos segundos, y se detiene a mirar la lancha. En ese cruce de miradas, se entrecruzan dos cosmovisiones, dos maneras de mirar y convivir con el mundo.
Bienvenidos a Andoas: uno de los centros petrolíferos clave del país. Las tierras de los pueblos indígenas achuar, cocama, kiwcha y urarina pasaron a formar parte desde los años setenta del Lote 1 AB, ahora denominado 192, administrado primero por la compañía Occidental Petroleum Corporation of Peru (Oxy), y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este lote se extrae casi el 12% del crudo nacional. Es uno de los pozos que engrasa el crecimiento económico del país, pero es también una herida abierta en el pulmón del planeta: exhala crudo, engulle lagunas, vomita chatarra y contamina sus aguas, suelos y vidas desde hace más de cuatro décadas.
Demandas indígenas
A lo largo del camino que lleva hasta el lugar de reunión de la asamblea, celebrada con motivo de la llegada del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, hay pequeñas chozas hechas de madera con techos de hojas palmera, y en otros casos de calamina. No hay habitaciones, solo un espacio donde conviven las familias. Tampoco hay baños, ni agua corriente. Las escenas cotidianas se muestran visibles al visitante: una mujer tumbada en una hamaca dando de mamar a su bebito, tres mujeres acicalándose. Las gallinas salen al encuentro del caminante.
En el centro del poblado se encuentra la asamblea, una casa grande de madera de color blanco. “El hombre piensa que solo se vive de la plata. Cuando terminemos el último pez, el último animal, el último árbol de talar, el último río en contaminar, el último territorio en contaminar. Después se dará cuenta, cuando todo esté agotado, cuando no quede nada para las nuevas generaciones, pero será muy tarde, muy tarde ¡Qué pena!”, reza un cartel a la entrada de la asamblea.
La llegada del relator congrega a los máximos dirigentes indígenas (apus) de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, ataviados con una cinta de plumas negras y rojas que rodea su frente. “Durante estos 40 años de explotación petrolífera, nadie se ha preocupado por nosotros. Estamos contaminándonos, estamos muriéndonos. Este es un crimen ambiental, están contaminando el bosque que es nuestro mercado. Ahí están nuestros alimentos, nuestra farmacia, nuestra ferretería, nuestras maderas y hojas. Seguimos comiendo pescado contaminado hasta la fecha, porque no hay otros lugares donde poder pescar”, denuncia con voz firme Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). Su mirada revela el desengaño por unas promesas de desarrollo que nunca llegaron, la tristeza de saber que sus tierras, aguas y vidas están contaminadas casi sin remedio y la impotencia acumulada durante décadas, pero a la vez irradia la fortaleza y dignidad humana de supervivencia y lucha.
Los discursos de los apus se sucedieron coincidiendo en sus demandas ante el vencimiento en abril de 2015 del contrato de concesión de Pluspetrol sobre el Lote 192. Exigen la indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta previa. Asimismo, reclaman que el Estado cumpla con el Plan de la Declaratoria de Emergencia dictaminada en tres de las cuatro cuencas: Tigre, Pastaza y Corrientes, en esta última zona prorrogada por 90 días más. “La declaratoria de emergencia no ha solucionado ningún problema. Se ha quedado sólo en los papeles, en los abrazos y en los saludos”, manifestaba Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), quien además añadió: “Los verdaderos dueños de estas tierras somos los pueblos indígenas. En estos años, el Estado no nos ha apoyado. No tenemos educación, ni postas [centros] de salud. Es una zona olvidada para el Estado”. “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de la libre determinación. El Estado tiene que entender, tiene que buscar la forma de desarrollarnos de acuerdo a nuestra cosmovisión”, reclama David Chino Dahua, vicepresidente de Fediquep, ante la atenta mirada del relator, y representantes del gobierno, mientras los pobladores jalean los discursos de los apus.
“He podido presenciar algunos de los efectos de los vertidos de la actividad petrolera en sus tierras, y la verdad es sumamente preocupante. Les animo a continuar en su lucha”, concluyó el relator.
Cuatro décadas de explotación petrolífera
Un fuerte olor a crudo rezuma la tierra. Donde una vez hubo una laguna, ahora solo queda un vasto terreno que supura brea. Ningún visitante podría imaginar que hace cuatro décadas existió una gota de agua en estos terrenos, y menos que existió una laguna llamada Pampaliyacu. “Estas lagunas eran inmensas. Esto es un crimen. Nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos reclamando un derecho como pueblos indígenas que somos. ¿Por qué el Estado no nos escucha, no cumple con los compromisos? No hay todavía un plan de remediación de la zona. Nosotros ya no tenemos esa confianza con Pluspetrol, porque hace su remediación, sólo remueve la tierra y el petróleo sigue filtrando”, denuncia Ricardo Arahuanaza, apu de la comunidad nativa de Nuevo Andoas.
Tan solo diez años después del inicio de la explotación petrolífera, este lote pasó ser la zona ambiental más dañada del país, así lo constató la Oficina Natural de los Recursos Naturales (ONERN). Oxy y Pluspetrol se comprometieron a descontaminar la zona iniciando labores de remediación de suelos y tratamiento de aguas. Sin embargo, estos planes nunca se cumplieron. Hasta el momento se han identificado 123 lugares contaminados (pasivos ambientales), según lo documentado por los monitores ambientales indígenas, aunque oficialmente se han reconocido 110. Pluspetrol fue contactada para que ofreciera su versión, sin embargo no quisieron brindar ninguna declaración al respecto. No obstante, según la información oficial recogida en su página web, afirman que “la compañía cumple con el 100% de reinyección de las aguas”.
“La licitación del Lote 1-AB hace surgir preocupaciones, porque se teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en 1996 y 2002, vaya dejando pasivos no remediados propios, pero también los que correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así un circulo vicioso”, afirma el informe final publicado por el Grupo de Trabajo del Congreso de la República sobre la situación indígena de estas cuencas.
En las 479.265 hectáreas en que se han perforado 212 pozos por hidrocarburos, un total de 122 siguen activos. Pluspetrol cuenta con un largo expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en Energía y Minería (Osinergmin). La última multa a la empresa fue impuesta en noviembre del 2013 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminar y hacer desaparecer la laguna Shanshococha. La sanción ascendió a más de 20 millones de nuevos soles (unos cinco millones de euros). La empresa, por su parte, rechazó la multa y comunicó su decisión de apelar la sanción.
Además de lagunas contaminadas, se han identificado 26 cementerios de chatarra arrojada por la Oxy desde los años setenta: neumáticos, bolsas de plásticos, bidones, tubos oxidados… se acumulan por estos territorios. Incluso, de entre la basura, llama la atención encontrar una botella de Pepsi-Cola con un tipo de envase que se dejó de distribuir desde los años noventa. “La empresa dice que está remediando, pero creo que esta forma no es una buena forma de remediar. Solamente tapan, ocultan la contaminación”, explica David Chino.
Diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones. La exposición por largo a plazo a éstos últimos puede provocar daños en la sangre, los riñones y el hígado, además muchos compuestos de los hidrocarburos son dañinos para los fetos y provocan cáncer, según explica el informe de Source International.
Miguel Huamán tiene cuatro hijos, dos de ellos enfermos: Teolinda y José tienen 9 y 11 años, respectivamente. Él empezó a enfermar cuando tenía seis meses y ella a los cuatro meses. La piel de ambos está llena de heridas, de costras, con manchas, y sus manos y pies dan la sensación de haberse quemado. No reciben un tratamiento médico, sólo las pastillas que su padre puede comprar con su sueldo. “Se enfermaron por la contaminación. Les bañábamos en el Pastaza. Al término de esa comunidad hay un tubo del que salían productos químicos. Nosotros no sabíamos. Y de eso enfermaron. La empresa no quiere hacerse responsable de una enfermedad por contaminación. La posta de la Pluspetrol sólo me da jarabe y paracetamol. ¿Qué voy a hacer con eso? El Estado nunca nos ayuda”, declara el padre de los niños.
Como consecuencia de la contaminación ambiental y de los problemas sociales en el lote se creó el 28 de junio de 2012 una Comisión Multisectorial encargada de proponer medidas para mejorar las condiciones sociales y ambientales de estas poblaciones. Sin embargo, las soluciones nunca llegaron. “La idea era no solamente quedarse en el diagnóstico. Se han mejorado algunas cosas en términos de institucionalidad ambiental, pero en términos de impacto en sus vidas resulta totalmente insuficiente y anodino. El Estado tiene que hacer muchísimo más por ellos”, dice Verónika Mendoza, congresista de la República e integrante del Grupo de Trabajo del Congreso que visitó la zona. “Lo que ha pasado en estas cuatros cuencas no se puede repetir. Creo que en las declaratorias de emergencia ambiental tenía que haber habido un esfuerzo mayor. Las federaciones no están pidiendo lo imposible, lo que están pidiendo es que lo que necesitan que sea garantizado”, afirma la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena.
Posteriormente, el Estado declaró la emergencia ambiental en las cuencas mencionadas, sin embargo “se tomaron medidas totalmente insuficientes, les dieron unos filtros manuales que evidentemente no van a filtrar los metales pesados, ni los hidrocarburos en el agua. Todavía no hay nada concreto y resulta bastante urgente el tema del agua y de los alimentos. No es tolerable que nuestros hermanos indígenas estén consumiendo agua y peces contaminados”, afirma la congresista. De acuerdo con citado informe “sobre el cálculo de un 20% de familias quechuas, el 97% de ellas declara que en la actualidad es difícil acceder a los recursos de caza, que son el complemento alimenticio central de la dieta diaria. (…) Además, el acceso a la caza está afectado por las restricciones para ingresar libremente a zonas donde hoy existen instalaciones privadas de la empresa”.
Andoas, marca Pluspetrol
Para llegar desde la Comunidad Nuevo Jardín hasta Andoas hay que adentrarse en las instalaciones centrales de Pluspetrol que dividen ambas localidades. Un puesto de control con una garita y un vigilante delimita los territorios que antes eran de las comunidades. El vigilante, medio recostado en su silla saluda sin ningún entusiasmo.
—Antes te pedían la documentación, comenta el apu Abel Najar.
—¿Para entrar aquí?, pregunto con cierta sorpresa a pesar de haber visto el puesto de control.
—Sí, pero conseguimos que dejaran de pedirnos la documentación, aunque nos vigilan.
Mira, tienen su propia planta de procesamiento de alimentos. Es para los trabajadores de la Pluspetrol. Mientras, nosotros tenemos que tomar alimentos contaminados, comenta con una mezcla de indignación y pesadumbre.
Caminamos durante 30 minutos a pie bajo un sol abrasador. Pasamos por una zona donde hay una especie de escenario con un micrófono, unos contenedores acondicionados para oficinas, y una cancha deportiva por la que están corriendo algunos trabajadores. Llegamos a Andoas, un pequeño pueblo con una plaza en cuyo centro hay un templete. Hay además unas cuantas bodeguitas (una especie de tiendas de ultramarinos), una ferretería, y seis discotecas. Cerca de la plaza hay un cartel de la compañía petrolífera informando de los trabajos de pavimentado de las calles. Mientras el Estado está ausente en Andoas, Pluspetrol es omnipresente. Los tentáculos de esta empresa se extienden más allá del crudo. También ha impulsado la creación de empresas comunales en la zona. “El programa consiste en la formación de una microempresa legalmente constituida y conformada e integrada sólo por miembros de una comunidad nativa, que provee servicios de mantenimiento y chaleo [corte de pasto y maleza] de los campos a la empresa”, anuncia en su página web Pluspetrol.
“El modelo de crecimiento y de desarrollo que ha priorizado el gobierno y el Estado en los últimos 20 años está basado en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas. La pregunta sería: ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo –absolutizando la extracción de recursos naturales que están en territorio indígena–, y a la vez respetar derechos de los pueblos indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera que no, porque el gobierno no ha sabido resolver esta situación. Me da la impresión de que ya el Gobierno a estas alturas ha optado por priorizar el crecimiento económico y supeditar los derechos a las necesidades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo debiera encontrar otra salida”, explica Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Si bien la industria extractiva aporta al PIB un 10%, otros factores muestran con claridad su importancia y dependencia. “En los últimos 10 años, 60 de cada 100 dólares exportados son por minería y petróleo. Además, de los tributos internos, entre el 15% y el 20% provienen de estos recursos principalmente”, explica Gustavo Ávila, economista de Propuesta Ciudadana. Hay una apuesta por los hidrocarburos, tal y como refleja el hecho de que el 70% de la selva esté lotizada, según el documento del Grupo de Trabajo de la Comisión.
“Es incompatible con el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas la actual lógica en la cual la economía entera pende de seguir ofertando commodities [bienes] minerales y energéticos a los mercados internacionales, que conlleva la ampliación ilimitada de la frontera minera y petrolera”, afirma Carlos Monge, antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (Desco).
Este lote es uno de los más importantes del país, produce 14.000 barriles de crudo al día. No obstante, a finales de los noventa llegó a producir entre 45.000 y 50.000 barriles. El país necesita al día 180.000 barriles. “Si bien ha ido bajando la producción, el precio ha hecho que no se sienta mucho. El precio ha crecido, hasta el año 2005 estaba entre 25-30 dólares el barril de Brent. En el 2008 alcanzó los 140 dólares. Y ahora se ha estabilizado entre 80-90 dólares. Eso de alguna manera golpea a la región Loreto que recibe menos canon petrolero. El Lote 192 genera algo más de 100 millones de dólares en regalías”, declara Gustavo Ávila. Sin embargo, estos ingresos no se han traducido en una mejora en la calidad de vida de las comunidades. “Las autoridades prefieren invertir esos recursos en las zonas urbanas, y no tanto en las zonas de la selva, entre otras cosas, porque en las zonas urbanas están los votantes”, explica Ávila. El alcalde de Nuevo Andoas, Plácido Chino, ante la pregunta sobre la falta de servicios básicos en Andoas, responde: “recibimos poco dinero por derechos de canon, pero se ha hecho caja para invertir en las comunidades”. Sin embargo, cuando se le pregunta por un plan de desarrollo para la zona se muestra incómodo, no precisa plazos, ni objetivos de cumplimiento.
Un futuro incierto
En agosto de 2012 el Ejecutivo se comprometió a celebrar la consulta previa en este lote. Sin embargo, casi un año y medio después del anuncio el proceso está estancado porque el Gobierno no ha avanzado en el cumplimiento de las demandas exigidas por las comunidades como una condición previa al ejercicio de la consulta previa. “Queremos ejercer el derecho de consulta previa”, dice Aurelio Chino. “Estamos comprometidos con que se plantee y se haga efectiva la consulta previa a ustedes y a todos los pueblos indígenas del país cuando haya amenazas o proyectos que los puedan afectar directamente”, declaró el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
Asimismo, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, defiende la aplicación de este mecanismo. “Sí se tiene que hacer el proceso de consulta, y lo único que tiene que definirse es cuándo se hace el proceso. Considero que el Ejecutivo debe de hacer un mayor esfuerzo y las federaciones también para ponerse de acuerdo en ese cuándo, y evaluar cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para decidir el momento”.
Sin embargo, más allá del discurso público de compromiso con el ejercicio de ese derecho reconocido a nivel nacional por medio de la adopción de la Ley del derecho a la Consulta Previa (Ley nº29785), existen diferentes obstáculos para su puesta en práctica que hacen temer un bloqueo del proceso. Uno de ellos es el tiempo. Todavía no se ha iniciado el proceso de licitación del lote y el contrato de Pluspetrol vence en 2015, y para esas fecha ya debería haberse celebrado la consulta. “No hay un avance porque es costoso remediar la zona, y asumirlo en serio requiere de estudios y de una fuerte inversión por parte del Estado y de la empresa”, sostiene Ana Leyva, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
“Creo que no se tuvo en cuenta que se trataba de una zona donde lo más importante y principal a resolver era toda esta carga histórica de la actividad petrolera y sus impactos. El Gobierno se tomó la consulta previa como un proceso que se podía resolver tan solo diciéndole a los pueblos indígenas los beneficios económicos, materiales que se pueden obtener de la actividad petrolera”, dice Ismael Vega, quien añade: “Mientras que, para el Gobierno la intervención del territorio tiene que ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios: ganancias materiales, recursos económicos, inversión… Para los pueblos indígenas el territorio constituye un espacio a partir del cual se estructura toda su vida, su identidad cultural, y se asegura la reproducción de las sociedades indígenas”.
Andoas es la crónica de un viaje a las entrañas de la maquinaría económica que ha engrasado el crecimiento del país y que podría seguir haciéndolo durante otros 20 años más, pues se estima que este lote cuenta con reservas probadas de 72.500 barriles, y reservas probables de 187.514. Andoas es el coste del crudo, una herida abierta que supura brea y contamina suelos, aguas y vidas. “¿Es desarrollo traer miles de ladrillos a la selva? ¿Es desarrollo miles de sacos de cementos en la selva? ¿Cuántos hijos se han hecho profesional con la plata de la empresa petrolera? No hay ningún médico, ningún maestro. No creemos que al llegar la empresa petrolera hay desarrollo, al contrario, ha traído destrucción”, reflexiona Aurelio Chino.
Nylva Hiruelas es periodista, especializada en información internacional. Ha trabajado en Radio Nacional de España. Afincada en Perú, donde cubre temas de derechos humanos, con un particular interés en los conflictos socioambientales. En Twitter: @nylvahb
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