La transparencia y la apertura de datos públicos tienen a su favor un discurso global cada vez más perfilado. La mejor gobernanza, el fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados, una mayor participación ciudadana, la lucha contra la corrupción o un incremento en la calidad democrática de un país, son algunos de los argumentos esgrimidos en su defensa.
La reciente aprobación del borrador del anteproyecto español de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como su apertura a un proceso de consulta pública tan novedoso como peculiar en sus limitaciones, han supuesto una gran ocasión para refrescar los engranajes de ese argumentario. Una legislación pro transparencia debe reconocer el carácter fundamental del derecho de acceso a la información, someter cualquier exclusión al interés de interés público aplicado caso por caso, o habilitar mecanismos garantes que no vacíen de contenido su recurso a ella por parte de la ciudadanía.
Voces cualificadas han ido más allá reclamando un verdadero paso de gigante: pedir que la administración trabaje en abierto. Esto facilitaría un verdadero acceso directo y sin cortapisas a los datos y a las bases de datos. Un buen ejemplo de las posibilidades que se abren mediante ese acceso a los datos es el avance científico en disciplinas tan relevantes como la microeconomía.
Hay otros argumentos, como es el caso del desarrollo de un nuevo sector económico impulsor del crecimiento, que pese a apoyarse en sólidos indicios, aún están pendientes de un refrendo con datos mesurables. En todos los casos, sin embargo, los beneficiarios de una mayor transparencia están claros, y los intereses un juego son muy poco sospechosos de ser espurios o contrarios al interés general.
Frente a esta realidad, la pregunta que se impone es: ¿por qué no se exige el mismo rasero cuando se trata de argüir a favor de la opacidad –bien directamente o bien mediante cualquiera de los eufemismos bajo los que se cobija–? Y es que cuando se presentan motivos para limitar el principio general de transparencia, aumentar las materias excluidas o introducir nuevas excepciones, los argumentos análogos brillan clamorosamente por su falta de solvencia. ¿A quién beneficia la opacidad?
Vayamos caso por caso. En un reciente y delirante episodio un conocido comentarista radiofónico hacía alusión a las supuestamente absurda carga de trabajo adicional que supondría promulgar una ley de acceso a la información pública en línea con las reclamaciones formuladas desde distintas asociaciones especializadas en la materia. ¿Para quién? Para abnegados funcionarios como su propia mujer… Opacidad 1 – Transparencia 0.
Junto a esta tipología de funcionarios patrios a los que no conviene despertar de su insondable molicie reclamándoles información ya existente, se alinean otros beneficiarios tales como partidos políticos, patronal y organizaciones sindicales, la miríada de perceptores de fondos públicos, así como lobbies y estructuras de poder varias.
Los más bienintencionados recurren en ocasiones a argumentos pudorosos, como que la total transparencia comprometería nuestros intereses económicos internacionales. Se refieren, sin explicitarlo, a gestiones urdidoras de la firma de cuasi-míticos contratos del
siglo. Sin entrar ahora a diseccionar el significado de nuestros cuando hablamos de personas jurídicas españolas con su accionariado atomizado y en manos de inversores internacionales, aceptar la tesis dejémosles hacer implicaría aceptarla en la fortuna y en la adversidad.
¿De verdad estamos dispuestos a que la defensa de intereses económicos indefinidos –ese tan español confiar en benignas fuerzas mágicas– comprometa la capacidad de todos y cada uno de los ciudadanos de exigir un amplio escrutinio y una rendición de cuentas en la gestión de la cosa pública? ¿Aceptamos la vuelta de los dos rombos a la pantalla informativa o reclamamos que España ha alcanzado ya la mayoría de edad democrática?
Parece que ese es el dilema, un nueve eje que articulará las decisiones políticas que deberemos adoptar colectivamente en los próximos años, si me apuran alimentándose de una fatigada y en tantas ocasiones tramposa delimitación de las orillas en izquierda y derecha. ¿Transparencia o privacidad, por albergar bajo un bello nombre no carente de sentido la opción no deseada? O lo que es lo mismo, ¿madurez participativa y sociedad horizontal versus tutela representativa y sociedad vertical? El legislador del 78 optó por lo segundo. No hay mejor ejemplo que dejar los asuntos serios –aquellos sujetos a ley orgánica– fuera del ámbito de las iniciativas legislativas populares.
Hoy, en 2012, con las decepcionantes reacciones del gobierno español a las críticas a su borrado de anteproyecto de Ley de Transparencia, nos acercamos paulatinamente a la cristalización de esa opción política tan crucial en los tiempos actuales. Desde organizaciones como Civio, creada para incidir en la intersección entre ciudadanía,
transparencia, tecnología y periodismo, tenemos claro de qué lado estamos y seguiremos estando.
Jacobo Elosua es patrono fundador y presidente de la Fundación Ciudadana Civio, una de las organizaciones creadoras de tuderechoasaber.es. En FronteraD ha publicado Datos abiertos, gobierno abierto y participó en el foro de diálogo sobre responsabilidad social corporativa y procomún, organizado por FronteraD: ¿Puede ser rentable el emprendimiento social?
