A las 5:30 de la mañana Chilpancingo es un pueblo manso que despierta con el canto de los gallos. Para sorpresa del siglo XXI, esta ciudad bien pudiera ser una de las capitales de América Latina donde la modernidad ha sufrido una de sus últimas derrotas: aquí no hay Starbucks y los mercados, con sus prístinas hierbas, siguen sobreviviendo como fuente de la infinita memoria

 

La globalización pareciera en este lugar otro concepto abstracto e inútil. Su andanada por el mundo no ha logrado decretar aquí la extinción del pozole y el mezcal, dos ingredientes básicos para la felicidad de un estomago multiétnico de casi 215.000 habitantes.

 

Para asomarse al dolor que anida en la patria de abajo se tendrá que pasar por esta ciudad, cuya vida institucional languidece ante el grito popular de no a las urnas. El llamado contra los comicios plantea una interrogante cartesiana que hasta ahora tampoco ha sido resuelta por los ilustrados del voto: ¿A quién robustecen las elecciones donde la relación entre políticos y narcos es tan estrecha?

 

Con una miseria aplastante y un estado represivo a cuestas, miles de guerrerenses piensan que desatender el plebiscito oficial podría convertirse en la primera piedra que se desprenda, afloje y termine por derribar la pirámide autoritaria en México. Para que eso suceda, muchos creen que el proceso debe construirse desde abajo, con el aliento de la democracia participativa y el recurso de los gobiernos autogestivos.

 

Para las organizaciones sociales responder a este reto significa golpear la espina dorsal del régimen en momentos de su mayor flaqueza. El argumento es convincente y gana simpatías entre segmentos de una sociedad donde los mecanismos de legitimación han sido insuficientes para frenar la acción de los cacicazgos, ahora ligados al crimen organizado.

 

Chilpo, como llaman los lugareños a la capital del Estado de Guerrero, está ubicado a 374 kilómetros y medio de la Ciudad de México y a sólo catorce de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Paradigmática, esta escuela se ha convertido en los últimos meses en el detonante de la política nacional. Tras la desaparición forzada de 43 de sus estudiantes y el asesinato de otros tres, la noche del 26 de septiembre, el nombre de Ayotzinapa sigue indignando las calles del mundo y avergonzando los pasillos del poder.

 

Mientras los normalistas no aparezcan y las autoridades sigan sin explicar, de manera creíble, su paradero, la tesis sobre la ausencia institucional en Guerrero y el país cada día irá ganando terreno. La verdad histórica de Jesús Murillo Karam retrata una vieja fórmula de operar la justicia en México: el carpetazo, tenebra en cuyo cuarto oscuro se revelan las células de un país impune.

 

Los estudiantes, como se sabe, fueron golpeados por el furor insensato de la barbarie. Las interpretaciones sobre los hechos son variadas, aunque hay algunas claves que explican por qué sus agresores pudieron haberlos puestos en la mira. Una de ellas va en dirección de la desobediencia irreductible de los normalistas, casi todos, pobres y de extracción campesina, en épocas en que Guerrero es parte de una alianza siniestra entre el estado y el crimen organizado.

 

La desaparición forzada se los estudiantes de Ayotzinapa se percibe aquí como el corolario de una larga lista de agravios cometidos por el Estado contra los movimientos sociales en Guerrrero. En los últimos años, bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, se agudizó la anulación de los mecanismos de interlocución gubernamental y se intensificó la lógica represiva para atender las demandas magisteriales y estudiantiles. Las policías comunitarias fueron ferozmente combatidas y viejos luchadores sociales fueron asesinados a la vera de los caminos.

 

Fieles a la tradición contestaría del movimiento social de los setentas, los normalistas de Ayotzinapa han desafiado el dominio de los caciques locales, vinculados a la guerra sucia y a la matanza de campesinos en décadas pasadas.

 

La estructura de poder en Guerrero siempre ha visto a esta escuela como una amenaza a sus intereses de expansión capitalista. De por vida, ha considerado a los normalistas sediciosos y su centro de estudios semillero de la guerrilla. Para la esfera conservadora, esta escuela responde al estigma del pasado y constituye una rémora en el proceso de modernización educativa, en cuyo mapa no tienen ya cabida los hijos de los campesinos mexicanos.

 

En este Estado, como en otras partes del país, el establishment tiene apellido: Figueroa, cuya influencia se ha reproducido e implantado en todos los lugares donde haya una oficina pública y exista el deseo inconfesable de amasar una fortuna por la vía que sea.

 

Se sabe que esta familia ha construido un enorme emporio agroindustrial con base en la venta de fertilizantes a precios altos entre miles de campesinos depauperados. El tráfico de influencias le ha permitido afianzar negocios en el ramo del turismo, la ganadería, el transporte, la minería y la explotación maderera.

 

En Guerrero siempre ha sido pública la relación entre Rubén Figueroa Alcocer y Rogaciano Alba Álvarez, un cacique y narco de la sierra de Petatlán, vinculado al Cartel de Sinaloa. Hasta su detención en febrero de 2010, Alba Álvarez mantuvo el control sobre el trasiego de droga en la costa grande y otras zonas estratégicas del Estado.

 

Presidente municipal de Petatlán por el PRI y líder de la Unión Ganadera de Guerrero, Alba Álvarez, se convirtió, además, en un feroz perseguidor de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, distinguidos por su lucha en contra de la tala desmedida de sus bosques. A este narco se le imputó, en octubre de 2001, la autoría intelectual del asesinato de Digna Ochoa, una abogada del Centro de derechos humanos Agustín Pro, encargada de la defensa legal de Montiel y Cabrera, detenidos arbitrariamente por un escuadrón del ejército, en mayo de 1999.

 

Los recursos forestales e hídricos de la sierra sur han sido sobre explotados desde que Figueroa Alcocer otorgó, en 1995, a Boise Cascade, una extraordinaria concesión de derechos para la extracción y comercialización de pino y abeto en 24 comunidades de la zona.

 

Un periodista enterado me dice que en Guerrero las hojas de los árboles no se mueven sin la venia áulica de ese apelativo. Con este clan la mayor parte de políticos siguen negociando su ascenso al poder. Es el caso Ángel Aguirre Rivero, quien llegó por primera vez a la gobernatura en 1996, después de que Rubén Figueroa Alcocer fue destituido de su cargo por la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.

 

Aguirre Rivero regresó en 2011 al gobierno, abanderado por el PRD (Partido de la Revolución Democrática) , después de haber sido senador y dos veces diputado federal por el PRI (Partido Revolucionario Institucional). A este político se le conoce por su vinculación con el narcotráfico, gracias a la cual ha amasado una enorme fortuna, que consiste en ranchos ganaderos, en la costa chica, e innumerables bienes inmobiliarios en Acapulco, en varias regiones de Guerrero y en el Distrito Federal.

 

Lo novedoso en este Estado no es la corrupción ni la impunidad de sus políticos, tampoco la perpetua confrontación de sus polos sociales. En todo caso, lo inédito es la irrupción del narco en su nuevo papel de agente ejecutor de voces opositoras en una entidad altamente politizada. En medio del charco de sangre en que se ha convertido Guerrero, Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, sin embargo, trata de mantenerse a flote y busca, a toda costa, salvaguardar el buen nombre de sus aparatos represivos tradicionales.

 

Pero como dice la sabiduría popular en la Costa Chica guerrerense: con 43 desaparecidos al espalda, esto no va estar tan pelada, primo.

 

 

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Viajo hasta Chilpancingo con el propósito de pasar la Navidad y las fiestas de fin de año al lado de los padres que han perdido a sus hijos. Me hospedo en un hotel de mala muerte, cerca de la central camionera, donde apenas unos días antes durmió una cuadrilla de federales, señalados como responsables de agredir a un grupo de manifestantes que preparaba el escenario donde se presentaría, unas horas después, Panteón Rococó, un grupo de ska, fiel a las luchas altermundistas.

 

En el lobby una mujer de piel acapulqueña me extienden la llave del cuarto 201. Tengo cuidado de no ocupar ninguna de las habitaciones donde han pernoctado los policías. Preveo que alguno de ellos pudiera regresar por alguna arma o droga olvidada en la cómoda. Es un asunto de asepsia del instinto. Creo en la existencia de radares que alertan al ser humano y lo alejan de lugares donde ha habitado delincuentes con placas del Estado.

 

Los trescientos pesos que cobra el hotel no dan para un baño decente. La llave del lavabo, cada vez que la abro, expulsa chorros de agua, como una ubre de pezones firmes capaces de anegar en pocas horas el estadio Azteca. El espacio es minúsculo y cuando uso el retrete mis rodillas pegan contra la pared.

 

Prendo el ventilador. Es diciembre, pero en Chilpancingo, enclavado en un terraplén extenso bajo las montañas, el clima es variable, y ahora hace calor. La última novela de Guadalupe Nettel se decolora aún más sobre la colcha de la cama del cuarto. Por la ventana despunta la tarde y algo me dice que este lugar no es Occidente sino un paraje distinto donde aún se cocina Mesoamérica.

 

Las tres cuadras que separan la central de autobuses de la avenida Insurgentes están tapizadas de vendedores ambulantes. Ante los ojos de los transeúntes se despliega una alfombra deslumbrante de frutas tropicales, cuyos nombres, sabores y colores remiten a los forasteros a un diccionario inimaginable y a una cartografía de lugares remotos.

 

En esa avenida abordo un microbús rumbo a Tixtla. Desde las ventanillas se ven los vendedores, pegados a una arquitectura arborescente. Su piel es cobriza. Sus sombreros de paja. Algunos acomodan la fruta en sus carretillas de mano, con la misma parsimonia con la que un albañil acomodaría los ladrillos de una cúpula para evitar que se venga abajo.

 

Rumbo a la Normal, el micro inicia su recorrido entre saltos en medio de una calle estrecha y mal pavimentada. En el interior hay ojos sin fulgor y cierta melancolía. A las cuatro de la tarde, todo pareciera acomodarse para que la miseria, llegada de todas las regiones, siga alimentado resistencias extremas y la revolución renazca a la vuelta de la esquina.

 

Este es Chilpancingo de finales de año, cargado de indignación y de impredecibles presagios, pero también de indiferencia sulfúrea de sus capas sumisas.

 

 

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Ayotzinapa está pegada al cerro. Sus edificios tristes y vetustos se levantan en medio de una hondonada. Desde lo alto de las gradas que llevan a sus instalaciones, se observa una ancha planicie de sembradíos. En la lontananza destacan las cúpulas de la iglesia de Tixtla, un municipio de 37.000 habitantes dedicados, casi todos, a la agricultura. En Tixtla, antigua capital del Estado, se siembra maíz y frijol, pero muchos lugareños viven de las hortalizas y del cultivo de flores. También hay un poco de ganado y, últimamente, mucho narco.

 

Veinte minutos desde Chilpancingo sobre una carretera serpenteante son suficientes para llegar hasta este lugar climático. Cuarenta y tres escritorios con las fotos pegadas de los desaparecidos, y algunos padres a su alrededor, constituyen el registro de una de las tragedias más dolorosas que le ha tocado enfrontar a la sociedad mexicana.

 

Un camarógrafo y un reportero de una televisora francesa hacen guardia alrededor de una reunión en el comedor de la escuela. Ambos se entusiasman porque en unos minutos entrevistarán a algunos de los padres.

 

Don Margarito Ramírez, padre de Carlos Ivan Ramírez Villarreal, uno de los cuarenta y tres normalistas desparecidos, no está muy convencido de hablar con la prensa. Su desconfianza es natural en un país donde la mayor parte de los medios sirven al Estado.

 

De lo que si está convencido este hombre de piel tostada es de que el gobierno de Peña Nieto miente. Hasta ahora, dice, el presidente no ha dado una explicación razonable sobre la desaparición de los muchachos. No cree en lo más mínimo la versión de Murillo Karam acerca de que los narcos sean los únicos responsables de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre en Iguala.

 

Tampoco se traga el cuento de que José Luis Abarca, y su mujer María de los Ángeles Pineda, ambos cabecillas del grupo delincuencial Guerreros Unidos, sean los únicos y verdaderos autores intelectuales de la desaparición de sus hijos.

 

Don Margarito Ramírez es de Cerro Gordo, un poblado de menos de mil habitantes, perteneciente a la región de la Costa Chica. Allí siembra maíz y frijol, en una superficie menor a dos hectáreas. También siembra jamaica. Pero en esta vez no fue como esperaba. Dejó todo después de la noche del 26. Desde hace tres meses está aquí buscando a su hijo.

 

Mientras los periodistas franceses esperan que termine la reunión, con don Margarito he encontrado la manera de comunicarme. No le muevo. Apenas le pregunto cosas del campo. Le comento algunos pasajes sobre la vida en Ciudad Juárez, sitio del que he llegado. Cuando me habla de su hijo, los dos llegamos a las lágrimas. Yo, le digo, soy padre de dos: uno de 24 y otro de 21.

 

Diecisiete banderas rojas ondean en el corazón de Ayotzinapa. Su oleaje suave recuerda cualquier tarde en una escuela de Leningrado. Aquí se enseña marxismo y se aprende Venceremos, quizá sea por esto que los rostros graves de Marx, Lenin, Engels, el Che Guevara, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas no sean extraños para nadie. Sus imágenes son parte de la narrativa de un país en cuyos planos se ha perdido el campo.

 

La Isidro Burgos es una de las 16 normales rurales de treinta y siete que aún no cierran en el país. Por su entorno, su historia está ligada a las luchas y resistencias campesinas. En sus aulas se formaron Lucio Cabañas y Genero Vázquez, referentes obligados de los movimientos guerrilleros en el México de los años sesenta.

 

Su fundación, como la de sus pares, correspondió al proyecto de masificación educativa concebido para un país de profunda vocación agraria. Desde su creación, el 2 de marzo de 1926, la escuela Normal Rural de Ayotzinapa abrió sus puertas para que los hijos de los campesinos de las zonas más pobres del estado pudieran educarse.

 

Carlos Ivan Ramírez, de 21 años, es uno de esos miles de jóvenes que llegaron a Ayotzinapa en busca de instrucción. Sin embargo, la desventura, le tenía reservado otro destino: su desaparición a manos de agentes del Estado, coludidos con integrantes del crimen organizado.

 

—El sólo quería ser maestro y enseñar –me dice su papá, con el rostro convertido en una máscara tallada por la aflicción.

 

Don Margarito y el resto de la familia esperaban a Carlos Ivan de regreso a casa en los primeros días de diciembre para celebrar juntos las fechas decembrinas. Pero no hubo Navidad. Tampoco la habrá para Peña Nieto, reta el hombre, sentado en una silla de plástico, bajo un enorme tejaban de lámina corrugada.

 

Desde la desaparición de su hijo, don Margarito es un hombre informado. Coincide con las distintas versiones que refutan la historia oficial de los míticos hechos del 26 de septiembre. Respeta y da crédito a la teoría de Anabel Hernández, una periodista de la revista Proceso, cuyas investigaciones han vinculado al ejército y a la policía federal en la desaparición de los 43 estudiantes.

 

Según Hernández, ambas instituciones conectadas a los aparatos de inteligencia del Estado, habrían tenido conocimiento, en tiempo real, sobre la ruta de los normalistas, después de que un dispositivo de inteligencia, denominado C4, los habría monitoreado desde su salida de Ayotzinapa hasta su llegada a Iguala.

 

La versión de que los normalistas desaparecidos pretendían manifestarse en un mitin en que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, rendía su informe como presidente del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) local, tampoco es creíble, me dice Felipe de la Cruz, otro de los padres de familia, la mañana del 19 de diciembre en que lo entrevisto. A Felipe de la Cruz sus compañeros de dolor lo han nombrado vocero. Maestro de la CETEG (Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero) y egresado de Ayotzinapa, De la Cruz soporta en su contra una de las campañas mas encarnizadas, desatada por el gobierno en las últimas semanas.

 

Para él, como para alguna gente enterada de los entresijos del 26 de septiembre, el objetivo de los muchachos habría sido llegar ese día hasta la central camionera de Chilpancingo para retener algunos camiones. En su plan no estaba Iguala. Fueron hasta allá después de que un cordón de policías del Estado mantuvo, sin razón aparente, resguardada la central camionera de la capital del estado, desde horas antes.

 

Para la suspicacia, en un país desinformado, este dato es trascendente si se lee en el contexto del abandono policial en que fueron dejados los estudiantes ya en terreno de la mafia de los Abarca-Pineda.

 

¿A quién le interesó esa noche que los normalistas fueran hasta Iguala después de ver frustradas sus intenciones en la central camionera de Chilpancingo?

 

¿Quién dio la orden de acordonar la central de autobuses a donde regularmente acudían los normalistas cuando necesitaban algún medio de transporte?

 

La inacción del Ejercito, la Policía Federal y la policía del Estado de Guerrero en Iguala, revela, además, una serie de complicidades y actos omisivos que Murillo Karam, procurador general de justicia de la nación, se ha negado a investigar.

 

En ese sentido, Felipe de la Cruz se pregunta: por qué el Ejército y la Policía Federal no actuaron en defensa de los estudiantes si varios de sus elementos destacados en los alrededores escucharon perfectamente no una sino varias balaceras desatadas esa noche en Iguala.

 

Antes de subirnos a un camión que nos habría de trasladar a Acapulco donde los padres y sus acompañantes tomaron, el 19 de diciembre, durante más de cinco horas, la costera Miguel Alemán, Felipe de la Cruz regresa a un hecho conocido por el que tampoco ha sido investigado el 27 Batallón de Infantería en Iguala: algunos soldados, armados, echaron a la calle de una clínica particular a un grupo de normalistas que esa noche buscó refugio y asistencia médica para uno de sus compañeros mal herido.

 

En la Normal la cancha de baloncesto es receptáculo del dolor del mundo, pero también es montículo que crece día tras día con las muestras de solidaridad nacional e internacional que jamás una escuela mexicana alguna haya recibido.

 

En la cocina hay café de olla, pollo en mole rojo y arroz. Frente a las señoras que sirven la comida, Magda, una chilpancingueña, egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, toma el brazo de don Mario González, otro de los padres de uno de los desparecidos. Le toma la presión y chequea sus niveles de azúcar.

 

—¿A poco los meros, meros, los de mero arriba, no sabían qué estaba pasando? –se pregunta don Mario, quien ha llegado de Tlaxcala, su estado natal desde que supo que a su hijo se lo habían llevado unos encapuchados vestidos de negro.

 

La historia oscura de Iguala perseguirá al país hasta que el gobierno no responda a estas preguntas y Jesús Murillo Karam siga empeñado en seguir predicando su verdad histórica.

 

Luis Hernández Navarro, editor de opinión del diario La Jornada, pisó los callos de lo que pudiera ser la más grande mentira mexicana de los últimos tiempos. Cuestionó recientemente por qué Peña Nieto no ordena una investigación a fondo si la esfera gubernamental sostiene que el Estado no es responsable de los hechos en Ayotzinapa.

 

—Nosotros sabemos que el Ejército y la Policía Federal están involucrados. Hay muchas cosas de fondo que el gobierno se ha negado informar. ¿A qué le teme Peña Nieto cuando no dice la verdad? –me dice Ángel Navarrete, un estudiante del cuarto y último año de Normal, en su dormitorio del internado, donde accede que se le haga la entrevista.

 

Navarrete, como otros normalistas entrevistados, no duda cuando afirma que sus compañeros pudieron haber sido capturados por militares. Es imposible que el ejército nada tenga que ver cuando el 27 Batallón, perteneciente a la 35 Zona Militar, está ubicado a sólo tres kilómetros de donde sucedieron los hechos.

 

La historia de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, tortura y otras violaciones a los derechos humanos con que el ejército ha caracterizado su permanencia en Guerrero es suficiente para que se investigue a esa institución, dice el estudiante

 

 

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La tarde de mi llegada a Chilpancigo he contactado con John Gibler, un joven escritor norteamericano que hace periodismo de investigación en el sur del país. A Gibler lo conocí en la casa de David Romo, en Sunland Park, Nuevo México, en el 2009. En ese año las cosas estaban negras en el norte del país y Gibler estaba interesado en escribir sobre esa zona. Uno de los temas que reporteó Gibler en Ciudad Juárez fue el despojo en Lomas del Poleo. En ese sitio, Pedro Zaragoza Fuentes, un empresario poderoso del norte mexicano, había encerrado a más de 150 familias tras un cerco de alambre de púas. La estrategia consistía en echar a los colonos para apoderarse de 480 hectáreas de sus tierras, ubicadas en un corredor estratégico donde aún se proyecta una inmensa zona industrial.

 

Generoso, Gibler me presenta en Guerrero a sus amigos periodistas en casa de Ulises Domínguez Mariano, editor de Trinchera, quizá la única publicación semanal crítica en ese Estado. Alrededor de un buen mezcal, hago contacto con Kau Sirenio y Sergio Ocampo. El primero, un agudo periodista, con quien es imposible no repensar la realidad de Guerrero, más allá de los tabúes informativos, y el segundo un indispensable informador de guerra en una zona explosiva, cuyo olfato y conocimiento sobre su estado lo han convertido en un verdadero prestidigitador de los vientos sureños.

 

Esa noche Gibler esbozará una suerte de teoría sobre el caso Ayotzinapa a partir de sus últimas lecturas. Cita a Michel Foucault y un párrafo del libro Defender a la sociedad, del sociólogo francés. La noche se llena de voces. Unos días después, Gibler, en la habitación de su hotel, redondeará la cita conectando los postulados de Foucault con los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

 

—Te leo –me dice, dejando a un lado los huevos revueltos con jamón, los frijoles refritos y el café negro, con que se desayuna esa mañana.

 

Toma el libro. Lo abre. Cita:

 

“Precauciones de método; en primer lugar, la siguiente: no se trata de analizar las formas regladas legitimas del poder en su centro, en lo que pueden ser sus mecanismos generales o sus efectos de conjunto. Al contrario, se trata de captar al poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde se vuelve capilar; es decir: tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, más locales, sobre todo donde ese poder, al desdoblar las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se prolonga, por consiguiente, más allá de ellas, se inviste de unas instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se da instrumentos materiales de intervención, eventualmente, incluso violentos”.

 

El párrafo de Foucault sirve a Gibler para desvestir los mecanismos de poder y la dentadura represiva que se echó andar en Iguala, ese microcosmos, el 26 de septiembre de 2014.

 

Esa noche, me dice Gibler, el Estado se volvió capilar concretamente en el Periférico Norte, esquina con la calle Juan N. Álvarez. Allí, patrullas de la policía con matrícula mataron y desaparecieron.

 

El Estado se volvió capilar cuando el ejército entró a una clínica particular, cortó cartucho y echó a la calle a los estudiantes que se refugiaban para pedir atención médica para uno de sus compañeros herido. El muchacho al que se refiere Gibler llevaba un balazo en la boca. Se estaba desangrando. Se estaba muriendo. Necesitaba atención médica urgente. El Estado le negó esa atención. A cambio, echó a los estudiantes a la calle donde apenas unas horas antes los estaban matando.

 

De la mano de Foucault, Gibler, egresado de la London School of Economics, ahonda: el poder del Estado se vuelve capilar cuando a estos jóvenes se les sube en camionetas y se les lleva quién sabe dónde. El poder del Estado es capilar cuando sabe que esto está sucediendo y no va a buscarlos. En el micromundo de su poder letal, los representantes del Estado no intervienen para evitar la desaparición.

 

Para este escritor, uno de los ejemplos que desenmascara la intervención de fuerzas gubernamentales en el caso de Ayotzinapa es la fabricación y filtración a la prensa de versiones falsas por parte de la fiscalía de Guerrero y la Procuraduría General de la República en las primeras semanas y meses de sucedidos los hechos.

 

Gibler se refiere a la tesis de ambas dependencias acerca de que los jóvenes estudiantes habrían sido quemados en fosas encontradas en Pueblo Viejo, hipótesis que se derrumbó después de que peritos demostraron mediante estudios de ADN que esos cuerpos no correspondían al de los normalistas desaparecidos. Pese a ello, dice Gibler, la PGR insistió en esa línea al inventar y montar el teatro del basurero de Cocula.

 

Gibler tiene una mirada incisiva en el tema de los derechos humanos, a partir de su experiencia en distintas organizaciones civiles del ramo en las que colaborado y ha estado cerca. En la entrevista, el escritor abordará la combinación de las distintas prácticas de violencia que el Estado usó esa noche contra los estudiantes normalistas, mediante el despliegue de tácticas represivas.

 

La desaparición forzada se produjo no sólo a partir del momento en que la camioneta con los jóvenes se va hacia la noche, sostiene Gibler. Se produce, además, cuando ni el ejército ni la Policía Federal los busca. La desaparición forzada de los jóvenes se vuelve a producir cuando el Estado se pasa seis semanas fabricando versiones falsas de los hechos en vez de buscar a los desaparecidos.

 

“Es allí donde se ve con profundidad escalofriante las verdaderas intenciones del poder”, sostiene el escritor.

 

Esa noche en Iguala hubo la clásica represión en la que la policía dispara y reprime a gente en la calle bajo la sospecha de que son sus opositores. También hubo desaparición forzada, como ya se dijo, un tipo de violencia cuyo rastro viene desde mediados del siglo XX.

 

La desaparición forzada, recuerda Gibler, fue un método contrainsurgente usado por las dictaduras militares de América Latina, durante la década de los ochenta. La mutilación es otro tipo de violencia que aparece en Iguala. Su práctica tiene como objeto no sólo hacerle daño a la persona contra la que se aplica, busca mandar señales de horror. Su ejercicio no es nuevo. Los españoles la usaron contra los indios en el siglo XVI. En la década de los setenta y ochenta, los gobiernos genocidas en Centroamérica echaron mano de ella. En Guatemala y El Salvador su práctica se generalizó en contra de la insurgencia, grupos de estudiantes y sindicalistas inconformes con el régimen

 

 

*     *     *

 

La tarde es cálida sobre el cauce de un río seco convertido en calle. Tlapa es una ciudad hipnótica, arrinconada en las estribaciones de la Alta Montaña. Su atractivo ha de atraparme, un día después, en un mercado inmenso, rebosante de flores, frutas y comida proveniente del preclásico temprano. Llego hasta allí con Kau Sirenio, el periodista na savi, quien trae a su pueblo en la lengua como método para combatir el olvido.

 

Almorzamos huevos, frijoles y un magnífico jugo de naranja. Comemos en una fonda democrática donde se funden diversos idiomas con aliento de los pueblos originarios. Tlapa es el centro de comercio más importante de la región de la Alta Montaña. Hasta su vórtice acuden habitantes de cientos de comunidades a vender y a proveerse de lo mas indispensable.

 

Para llegar hasta aquí es inevitable cruzar Chilapa, un municipio minado por las hordas del narcotráfico. Esa zona ha ganado fama en los últimos años por su excesiva violencia procurada por Los Rojos y Los Ardillos, dos grupos delincuenciales que se disputan encarnizadamente su territorio. Ambas bandas son derivaciones del Cartel de los Beltran Leyva, disuelto después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de jefes, a manos de efectivos militares, en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009.

 

Los Ardillos son una agrupación de sicarios dedicados al tráfico de enervantes, al secuestro, la extorsión y el asesinato. Su mando principal es ejercido por los hermanos de Bernardo Ortega Ximenez, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de diputados en Guerrero y militante del Partido de la Revolución Democrática.

 

Atravesar esta ruta de asechanzas fúnebres es el precio que se debe pagar para acceder a un paisaje ocre y deforestado. En esta región no hay necesidad de tener mucho olfato para saber que la alta marginación se ha convertido en una arma de control en manos de narcos y caciques para subvertir la zona y transformar a sus habitantes en subordinados.

 

Desde que Guerrero exporta a Estados Unidos el 60 por ciento de la goma de opio que se consume estos corredores son parte de una guerra sin cuartel librada entre los carteles que se disputan sus dominios.

 

La Alta Montaña es una fuente de riqueza y motor de una incesante extracción de recursos naturales. Sin embargo, los beneficios no han llegado a los habitantes de los 16 municipios que la conforman. Estos pueblos no saben de la mano protectora del Estado. Tampoco conocen los dividendos del desarrollo. Lo que siempre ha reinado aquí es una implacable hambruna y una feroz ocupación militar desde que Guerrero fue blanco de una de las más costosas estratagemas paramilitares para combatir a la guerrilla.

 

La lógica contrainsurgente, como era de esperarse, ha dejado huella imborrable en la memoria de estas tierras caracterizadas por las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones sexuales, las agresiones físicas, el despojo de tierras y los éxodos obligados. La violación de los derechos humanos, quizá la más grande y dolorosa que el país recuerde, ha sido en Guerrero dirigida, particularmente, contra la población indígena y sus organizaciones comunales.

 

Tlapa está situada a 178 kilómetros de Chilpancingo y a 290 de Acapulco. Esta distancia va más allá de significar un recorrido de curvas tortuosas. Su verdadera dimensión es racial. Separa dos mundos en el que el juicio de la metrópolis estigmatiza los usos y costumbres de su otro paralelo.

 

Decir montañero en Guerrero, me dice Abel Barrera, es un insulto. Montañero significa aquí bárbaro, salvaje, primitivo, subdesarrollado, en fin todos los adjetivos que alcancen para nombrar al estigma del atraso.

 

El estereotipo ha servido como instrumento de descalificación en contra de las luchas sociales en un Estado donde el deporte favorito de los encumbrados consiste en vituperar a los activistas “revoltosos”.

 

Para los ricos, los manifestantes en las calles son parte de una oscura clase perteneciente al pasado. Turbas que deberían desaparecer en aras del sosiego del mundo. La plutocracia en Guerrero tiene ojos para recriminar la protesta, pero no para ver a Cochoapa el Grande, el municipio más pobre de México, cuya hambruna es similar a la de de Mali y Malaui, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

Si Acapulco es el paraíso internacional de Guerrero, la Montaña es la otra cara de la moneda. Para el imaginario colectivo, esta región es un sitio inhóspito donde organizarse para sobrevivir a las acciones de los caciques significa pertenecer a grupos violentos, ligados a la guerrilla, que sólo buscan hacerse justicia por su propia mano.

 

Para los caciques, lo primitivo no tiene nada que ver con la forma infamante en que se reparte la riqueza. En las regiones rurales de Guerrero y sus zonas urbanas empobrecidas siete de cada diez habitantes carecen de lo más indispensable para hacer frente a sus necesidades básicas, mientras que en lugares como la Alta Montaña existe una sola cama para atender las necesidades hospitalarias de 11.000 lugareños.

 

A Tlapa he llegado para encontrarme con Abel Barrera, un antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, convertido, desde  hace veinte años, en un tenaz defensor de los derechos humanos en esta esquina peligrosa del mundo. Por su compromiso en la defensa de los desclasados, el trabajo de Barrera ha sido premiado por Amnistía Internacional (2010) y el Robert F. Kennedy Center for Justicie and Human Right (2011).

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, del que Barrera es director, se ha distinguido por haber sentado al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y haber obtenido sentencias de la justicia internacional en su contra.

 

En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al gobierno de México hacer justicia en el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernádez Ortega, dos indígenas me’phaa de la sierra del Sur, violadas por integrantes de un batallón del ejército mexicano en 2002. El caso de ambas indígenas llamó la atención del mundo al saberse que por primera vez un organismo de justicia internacional juzgaba y condenaba al Estado mexicano por el delito de violación, cometido y usado por el ejército como método de tortura.

 

Otro caso sonado en el que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro participaron con éxito contra la inoperancia de la justicia mexicana fue el de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, dos campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, detenidos y torturados por integrantes del 40 Batallón de Infantería en Pizotla, el 2 de mayo de 1999.

 

Cabrera y Montiel habían constituido la Organización de Campesinos Ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán en 1998, como parte de una estrategia comunal para defender sus bosques de la tala inmoderada. Entre 1995 y 2000, según especialistas, esa zona había perdido 95.000 hectáreas de árboles (el 40 por ciento de su extensión total) a manos de talamontes tolerados por el ejército y diversos cuerpos policiacos.

 

Después de su aprehensión, los ecologistas lograron la libertad mediante un indulto del gobierno de Vicente Fox en 2001. Sin embargo su excarcelación no significó la reclusión de los responsables de su captura ilegal ni el reconocimiento de su inocencia por parte de las cortes mexicanas. En noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al gobierno de Felipe Calderon a restituir los derechos violados a ambos campesinos, mediante un fallo de carácter inapelable.

 

Acerca de Ayotzinapa, un caso que como los anteriores podría terminar en manos de un tribunal internacional, Abel Barrera lo califica como un asunto paradigmático donde sus perpetradores quedaron retratados con nombre y apellido.

 

Ayotzinapa, dice, visibilizó un hecho que ya se conocía pero había dificultar de comprobarlo. Barrera se refiere a la existencia de un Estado fáctico como producto de la triangulación de intereses entre autoridades, políticos y narcotraficantes.

 

Iguala es la síntesis de las miles de muertes y desapariciones forzadas perpetradas en los últimos años. En las semanas siguientes al 26 de septiembre, los mexicanos se enterarían con horror que en un pequeño municipio de sur, en unas pocas horas, la maquinaria del Estado, unida al narco, se habría puesto de acuerdo para hacer desaparecer a 43 estudiantes y asesinar a otros tres. En México habían antecedentes de brutalidad policiaca, pero no como la conocida aquella noche en Iguala.

 

Después de esa noche, me dice Barrera, los mexicanos podemos gritarle a las autoridades a la cara que son un cuerpo corrupto, mafioso y violento que atenta contra la vida, la razón, la naturaleza y el bienestar de los ciudadanos.

 

Barrera recientemente escribió, en un discurso leído en el extranjero, que los 43 padres y madres de familia se han transformado en la autoridad moral que convoca hoy a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas cansados de tener miedo.

 

En Tlapa, Abel Barrera hace que recuerde a Ryszard Kapuscinski, el periodista polaco comprometido hasta la médula con lo que escribía. En uno de sus libros Kapuscinski dejó una frase que ahora en este lugar, tan alejado del mundo, me parece de una vigencia traumática: “En la lucha contra el silencio, la vida humana está en juego”.

 

Sin importarle el riesgo que significa levantar la voz en una tierra de matones, Abel juega con una metáfora deslumbrante para dar significado aterrador a los días que se vive: “Iguala representa a los buitres que están devorando vivo al país. Ahora tenemos que evitar que ya no nos sigan devorando. Tenemos que espantarlos para que no nos arranquen la piel”.

 

 

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El cielo es azul y doña Joaquina García no se separa de lo que parece su mejor amuleto: el retrato de Getsemaní Sánchez García, su hijo. En la fotografía, Getsemaní aparece con rostro digno. Tiene 20 años, el mentón duro y los ojos tristes de su madre. Rumbo a Acapulco, uno de sus tíos me cuenta que a Getsemaní le gusta el fútbol. Le va al Cruz Azul. Ahora que no está, el muchacho es capaz de inspirar en una chica anónima frases como esta: “No te conozco, Martín, pero te quiero cabronamente”.

 

Los camiones se mueven a la velocidad de las ballenas. La autopista del Sol es una carretera afilada. En algún lugar se ve el mar sin olas. Los del comité estudiantil piden al chofer que ponga una película. Algunos viajan con tubos y bates. Todos llevan bufandas ligeras y pañoletas con que en menos de dos horas cubrirán sus rostros.

 

La actitud de doña Joaquina es la de los otros padres. Viajan con un cartel en las manos. Traen la fotografía de sus hijos pegada a su pecho, como si el rostro de sus vástagos fuera una brújula infalible que los guiará al encuentro con ellos. Su pesadumbre han dado la vuelta al mundo. Sin quererlo han accionado el resorte del reclamo, una fibra profunda que no se conocía hacia muchos años entre miles de mexicanos.

 

El 19 de diciembre, tres camiones de Costa Line Aers transportan a los padres dolientes. Los acompañan integrantes del comité estudiantil de la Normal, estudiantes de la UNAM, de la UAM y decenas de jóvenes activistas, provenientes de otros estados. También viaja un fotógrafo de la agencia Cuarto oscuro. Antes de subir al camión, Felipe de la Cruz promete a los periodistas una entrevista. Pero cuando lleguemos, dice.

 

Hasta las nueve de la mañana, muy pocos conocen el itinerario. El comité estudiantil y los padres de familia nunca adelantan la agenda, salvo en casos en que no importan las filtraciones. Un día antes, a puerta cerrada, se ha decidido tomar un cruce que conecta la costera Miguel Alemán, la arteria turística más importante de Acapulco.

 

A las 11:50 la caravana llega a esa ciudad por la calle María Bonita. En la intersección de la glorieta del Centro de Convenciones el chofer del autobús de la avanzada pisa el freno de improviso. Los estudiantes han activado sus teléfonos celulares y por uno de ellos entra una voz de alerta.

 

Luis Walton, presidente municipal de Acapulco, se dispone a abandonar el Centro de Convenciones después de haber llevado a cabo un reunión con empresarios del ramo turístico. Su camioneta blindada ha quedado atrapada en medio de la marea que baja de los autobuses.

 

Las consignas se estrellan contra el parabrisas del vehículo, como granizos en medio de una tormenta cerrada. Las llantas son ponchadas. Caen los primeros palazos. El grafiti no tarda en disparar su dardo poético, largamente larvado en la garganta de la irritación popular: “¡Pinche asesino!”.

 

Walton es un alcalde gordo que no pierde la calma. Durante casi una hora que dura el asedio se toma una oreja, habla por su celular y finalmente baja de su vehículo a conversar con los padres de familia. Presidente municipal de una de las ciudades mas violentas del mundo (con 131 homicidios por cada 100.000 habitantes), a Walton pareciera no importarle mucho la revuelta de los jóvenes.

 

La multitud lo tacha de pendejo. Le reclama su falta de pantalones. Su insensibilidad por no haberse pronunciado a tiempo en contra de la desaparición de los normalistas. Le exigen que ordene la retirada de la Policía Federal y de los agentes de la Gendarmería, que a escasos metros de los manifestantes mantienen acordonada la zona.

 

Finalmente los estudiantes sueltan al alcalde. Walton supone que este no es el fin del mundo. Desde hace varios meses ha hecho planes de dejar la presidencia municipal de Acapulco de manera anticipada. Tiene ya preparada su carta de renuncia. Piensa a lo grande. Sabe que como gobernador puede irle mejor.

 

 

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De regreso a la Normal, hay comida en el auditorio. Los padres de familia descansan y Bartoldo Martínez Cruz me ofrecerá su propia versión sobre la nube espesa que se ha cernido sobre Guerrero.

 

Para este viejo luchador social, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero, la catástrofe del 26 de septiembre tiene un punto de partida: el asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular, en Iguala, el 3 de junio de 2013.

 

Hernández Cardona habría sido asesinado de dos escopetazos, uno en el rostro y otro en el pecho, disparados por José Luis Abarca, presidente municipal de ese municipio, según relataron dos testigos sobrevivientes a los hechos. La confrontación entre Abarca y Hernández Cardona, me dice Martínez Cruz, llegó a su límite cuando el dirigente de la Unidad Popular señaló públicamente al presidente de Iguala de pertenecer al narco.

 

Hernández se había integrado de manera fugaz en el gobierno de Aguirre Rivero como parte de un programa de concertación política abierto por el gobernador en aras de calmar la turbulencia en el estado. El dirigente renunció al puesto después del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos estudiantes normalistas abatidos a tiros por policías y agentes ministeriales del estado el 12 de diciembre de 2011 en la autopista del Sol.

 

En su renuncia Hernández Cardona acusó: no trabajaré más para un gobierno que asesina estudiantes. Aguirre nunca respondió puntualmente a la reclamación. Hábil, guardó el rencor en contra del líder de la Unión Popular, me dice Martínez Cruz.

 

El día de la desaparición de Hernández Cardona, el gobernador hubiera podido salvarle la vida. Un telefonazo suyo hubiera bastado para que Abarca no lo matara. Sin embargo, Aguirre no intervino.

 

Son las 4:20 de tarde, Martínez Cruz, a la sombra del cansancio, hará un salto en su relato y conectará la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre, con el asesinato de Hernandez Cardona.

 

Abarca siempre supo de la buena relación entre la Normal y Hernández Cardona. En los días siguientes a su muerte, los muchachos pintarrajearon el Ayuntamiento e intentaron quemarlo.

 

Abarca era un hombre poderoso, dice Martínez Cruz. Hacía lo que quería. “Por eso pienso que con la venia de otros poderes, decidió desaparecer a los normalistas”.

 

Martínez Cruz habla fuerte. Anticipa que en Guerrero no habrán elecciones. Antes de levantarse de la entrevista, reflexiona. Interroga: ¿Quién puede creer en la democracia cuando en las calles hay hombres y mujeres gritando por sus hijos perdidos?

 

 

 

 

Juan Carlos Martínez Prado nació en Guadalajara, Jalisco, México (y reside desde hace 25 años en Ciudad Juárez, Chihuahua). Es periodista independiente y ha publicado en varios periódicos mexicanos. Algunos de sus textos han aparecido en publicaciones como The Clinic, Replicante o @juárez. En fronterad ha publicado, entre otros, Golem. La música que despierta en el desierto de Ciudad Juárez, La Juárez: la debacle de una calle a la orilla del imperio, Ciudad Juárez, pandilleros o víctimas de la desocupación, Lomas del Poleo: detrás del despojo, la avaricia y Ciudad Juárez, la frontera olvidada.