El último Consejo de Ministros nos ha regalado una bajada de impuestos. Sí. Pero muy tramposa. Sobre todo porque reduce el número de tramos del IRPF desde los siete hasta los cinco, lo que implica menor progresividad fiscal, mayor injusticia de la que ya había en el sistema impositivo español. Una de las misiones, quizás la principal, de la Hacienda Pública es hacer posible la redistribución de la riqueza logrando que quienes más ingresan aporten más a la financiación de los servicios públicos. Como dice José Carlos Díez en Irresponsabilidad Fiscal, con la reforma, pasarán a pagar lo mismo quien gane 60.000 euros que quien ingrese anualmente cinco millones de euros. En porcentaje, claro: un 47% en 2015 y un 45% en 2016. Contrasta con los diferentes escalones existentes en 2012: con bases imponibles de entre 53.407 y 120.000, se pagaba un 47%; entre los 120.000 y los 175.000, un 49%; entre 175.000 y 300.000, un 51%; y más de 300.000, un 52%. Más tramos, más progresividad, más justicia, aunque, incluso así, fuera insuficiente.
Las cifras del párrafo anterior esconden otro elemento importante: la bajada de impuestos se aplica, fundamentalmente, a las rentas más elevadas. A las verdaderamente altas. Las que en mayor proporción deberían aportar al sostenimiento del Estado del Bienestar.
Respecto a las rentas más bajas, la bajada de impuestos tiene muchas trampas, como explica aquí Bruno Pérez Vázquez. Es más ficción que realidad.
Un problema de ingresos que se agrava
Ésta es una breve introducción, o “la percha”, para hablar de más cosas. De que España, más que un problema de gastos, lo que ha tenido siempre ha sido un problema de ingresos y que, con la reforma de Rajoy y Montoro, éste se agrava.
¿Problema de ingresos? Sí. ¿Cómo se puede medir? En términos relativos, en comparación con los países de nuestro entorno, observando cuánto, en porcentaje sobre el PIB, recaudan otros Estados y cuánto logra arañar España. En el año 2013, los ingresos de los países de la Unión Europea, de media, equivalían a un 45,7% del PIB. En los 18 países de la Unión Monetaria, subían hasta el 46,7%. En España, este porcentaje se encontraba prácticamente diez puntos porcentuales por debajo: en el 37,8%. Era incluso inferior que el dato de Grecia: 45,8%. ¿Qué ocurre para que España sea capaz de recaudar menos que el Estado griego que, supuestamente, es tan desastroso?
Los países que están sobre la media son, por ejemplo, Francia, con ingresos sobre el PIB equivalentes al 52,8% o Dinamarca, con un 56,2%.
¿Por qué España opta por la bajada de impuestos cuando está claro que tiene un problema recaudatorio que se traduce, también, en problemas para financiación de los servicios públicos que en los últimos cuatro o cinco años se han traducido en recortes?
Incluso el liberal Reino Unido, que tanta apología ha realizado por la bajada de impuestos, ingresa más que España (41,1%).
Un sistema fiscal desequilibrado que penaliza sobre todo al factor trabajo
Es interesante comparar esta información con informes recientemente publicados, como éste de la OCDE sobre la presión fiscal que sufre el factor trabajo. En España, la tasa que pesa sobre los salarios alcanza el 40,7%. En Bélgica, este porcentaje llega hasta el 55,8%, mientras que en Chile baja hasta el 7%. La OCDE, para calcular este porcentaje, suma todos los costes fiscales ligados a un salario: desde los impuestos sobre la renta a las contribuciones a la Seguridad Social, tanto las que corren a cargo del empleador como del empleado.
Añadimos un nuevo dato: el Impuesto de Sociedades, el que se aplica sobre los beneficios de las empresas, bajará, con la última reforma, desde el 30% hasta el 25%, aunque eliminará deducciones. De todas formas, el tipo efectivo que pagan las empresas no ha llegado a superar el 20% en los últimos años. Eso, de media. Las grandes empresas sólo suelen tributar poco más de un 10% de sus beneficios.
La síntesis del sistema fiscal español nos la da este informe de Eurostat, que mide el los ingresos por impuestos del Estado. En España, en 2012, equivalieron al 32,5% del PIB. Se repartieron de una manera posiblemente poco equitativa: los gravámenes sobre el trabajo aportan más del 50% del total; mientras que los impuestos sobre el consumo (el IVA es el más importante) alcanzaron el 26,5%; y los que pesan sobre el capital, apenas un 22,9%. A primera vista, parece que el capital no aporta lo suficiente. Y el Gobierno, además de bajar el Impuesto de Sociedades, ha anunciado una reducción de los tipos recaudatorios que se aplican sobre los rendimientos del ahorro o, mejor, de las inversiones.
¿Cómo podremos mantener un gasto público que ya es inferior al de la UE?
La estructura de los ingresos siempre ha sido deficiente en España. A partir de la entrada en vigor de la reforma, lo será más. Y ello irá en detrimento del gasto público, demasiado parco en España si lo comparamos con los Estados que deben ser nuestros referentes. La media de la zona euro gasta el equivalente al 50% del PIB. En España, este porcentaje no llega al 45%, como en Alemania. Incluso en Grecia es superior (58,5%), aunque hay que tener en cuenta la fortísima contracción que ha sufrido la riqueza nacional en ese país. Por poner otros dos ejemplos: en Italia, aún se mantiene en el 50% y en Francia, aguanta, de momento, antes de las medidas de Valls y Hollande, en el 57%.
Todo esto es muy grave si tenemos en cuenta el informe que hace un par de días publicaba la OCDE a propósito de la evolución de la desigualdad durante los años de la crisis. Detectó que la desigualdad de ingresos del capital y del trabajo medidos a través del índice de Gini, el nuevo PIB, ha crecido en España más que en ningún otro país miembro de esa organización. Esto se ha paliado, hasta cierto punto, como señala la OCDE, mediante las transferencias de renta que permite el sistema impositivo. Por eso, habla de dos tipos de rentas: la de mercado y la disponible, es decir, la que nace después de transferencias sociales. De este modo, en España, la desigualdad fruto únicamente de las fuerzas del mercado ha aumentado un 8% entre 2007 y 2011, mientras que la que hay después de transferencias sociales ha crecido la mitad, un 4%.
También se puede ver de esta manera:
Esto signfica que un buen sistema redistributivo limita los efectos de la caída de las rentas del mercado, como las que se producen fruto de las bajadas de salarios o del desempleo.
La evolución de los ingresos no ha sido la misma en todos los niveles de renta. Para evaluarlo, la OCDE se queda con dos países: Grecia y España. En España, la renta disponible del 10% más pobre de la población ha bajado de manera drástica, sobre todo en 2008 (20%), mientras que el 10% más rico sólo vio caer su renta disponible en 2010 y apenas un 5%:
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