En 2007, comenzó la tarea de Estados Unidos para ofrecerle protección legal al espionaje privado sin orden judicial, mediante un instrumento jurídico que otorgó inmunidad a las empresas privadas que colaboraran con la recolección gubernamental de datos de inteligencia en nombre de los “intereses” o la “seguridad nacional” estadounidenses.
La presunción de legalidad de lo ilegal, es decir, la a-legalidad del Estado (acciones contra o fuera de los fundamentos constitucionales del propio Estado en demérito de los derechos y libertades de los ciudadanos), ha hecho que analistas como Michael Kinsey y Katrina Vanden Heuvel afirmen que lo escandaloso está no tanto en lo que se considera ilegal, sino en lo que se entiende y practica en Estados Unidos como legalidad.
El fundamento de tal accionar del gobierno de Estados Unidos reside en dos vertientes: a) la ampliación del poder ejecutivo que crea zonas, políticas y periodos excepcionales en nombre de los intereses y la seguridad nacional estadounidense, cuyo alcance carece de límites, en particular al no respetar las convenciones antes vigentes, por ejemplo, la soberanía de los Estados-nación extranjeros y los derechos de otras nacionalidades; b) los procedimientos secretos que instruyen tal estado de excepción.
Y a pesar de que, por ejemplo, la Unión Europea ha expresado su queja sobre la falta de respeto a la privacidad bajo el modelo de control y vigilancia estadounidense, cada vez más generalizado e imitado a escala, la mayor parte de los Estados-nación del mundo han guardado silencio al respecto. ¿Por qué?
Uno de los grandes problemas del modelo de control y vigilancia consiste en que fue insertado en la comunidad internacional bajo la ideología ultra-liberal, la apertura de los mercados, la economía globalizada y la implantación de las sociedades de la información. En forma paralela, la democracia procedimental o formal hizo creer que, mediante el cumplimiento de normas y pragmatismo por encima de las normas constitucionales de cada país, podría avanzarse para realizar la idea de un gobierno global, propulsado, en buena parte, por las más grandes corporaciones de negocios del planeta, sobre todo militares, bajo la bandera de la libertad, pero en un entorno asimétrico.
Los riesgos están a la vista: cada vez más, los Estados-nación son incapaces de comprender las grandes transformaciones que encubre el modelo de control y vigilancia en la estrategia de desplazar la presencia de la persona (sujeto de derecho por antonomasia) para instalar la hegemonía creciente del dios bicéfalo de la técnica y el dinero como eje del mundo hacia el futuro.
Ni en España ni en México las clases dirigentes (capitalistas, empresarios, políticos, partidos, gremios, comunicadores, funcionarios, profesionistas, académicos, intelectuales, etcétera) han replicado a la amenaza que se reveló días atrás al conocerse los programas de control y vigilancia que, bajo la utilidad geopolítica de Estados Unidos, estragan al mundo entero. A medio camino entre el conformismo y la fatalidad, la indiferencia y el celo oportunista ante la primacía estadounidense, nuestros “líderes” han optado, casi todos, por guardar silencio. ¿Hasta cuándo?
Mientras tanto, la ilusión del ciberespacio y la fe en su falsa neutralidad absorbe a las multitudes hechizadas por las nuevas tecnologías, redes sociales y plataformas de la información. La “sumisión híbrida” de la que habló Günther Anders más de medio siglo atrás.
