Después de estar presa siete años, fue liberada por la Suprema Corte de México la ciudadana francesa Florence Cassez condenada a 70 años de cárcel por su presunta participación en una banda de secuestradores.
Con el argumento de que fue vulnerado el principio de presunción de inocencia y de libertad en un proceso indebido y viciado, la votación de los magistrados se unió para obtener la mayoría suficiente y otorgarle a Cassez un amparo liso y llano, que la liberó de inmediato. En horas, viajó a Francia para terminar su pesadilla que comenzó en 2005 cuando fue detenida por agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que dirigía Genaro García Luna, quien habría de ser nombrado al año siguiente a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Felipe Calderón.
Calderón decidió apoyar a García Luna en todo a lo largo de su gobierno y, en particular, en lo que se refiere al caso Cassez, a pesar del montaje que incriminó en su momento a la francesa en la simulación de hechos que se presentaron como reales en un noticiario televisivo, aparte de privarla de su derecho de defensa. Además de estas transgresiones, la inculpación registró en actas testimonios contradictorios y a destiempo de acusadores inducidos por la autoridad.
La carencia de pruebas y el proceso defectuoso se volvieron un escándalo internacional cuando intervino, en defensa de Cassez, el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, lo que provocó una diferencia diplomática tal que, en 2010, el país galo retiró el acuerdo de dedicarle a México, en razón del Bicentenario de su Independencia, una serie de actos de índole cultural.
En un país como México, en el que es inexistente el Estado de derecho, el gobierno en turno, es decir, el poder ejecutivo, logra influir en el poder judicial para manipular las decisiones de éste bajo imperativos políticos. Resulta incompresible cómo los jueces que intervinieron en el caso Cassez pudieron condenar a la francesa en ausencia de pruebas y mediante la sobre valoración de una circunstancia: ella mantuvo una relación amorosa con un secuestrador. La autoridad maquinó su participación en diversos crímenes.
Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) quiere disculparse del caso Cassez y alude a la importancia de acelerar en México el funcionamiento del sistema penal adversarial (llamado acusatorio o «juicios orales»), ya que, de haber existido en su momento, se habría evitado la vulneración al orden legal. De nuevo, el gobierno mexicano carece de comprensión cabal de la situación: el problema de fondo es la falta de un Estado de derecho, que las autoridades no respetan los fundamentos constitucionales, que se limitan a cumplir una «legalidad» carente de sustancia e, incluso, cometen delitos en «defensa de la ley». El sistema penal de por medio poco tiene qué ver.
La propia PGR, al declarar sobre otro tema análogo, la detención en ausencia de pruebas de dos generales del ejército mexicano acusados de tener nexos con el narcotráfico, insiste en que mantendrá sus acusaciones, aunque reconozca que éstas sólo se basan en el testimonio de un «testigo protegido» (es decir, pagado), una figura legal que se ha empleado en México en los últimos años para presentar casos sin ninguna otra prueba. Y los jueces dan entrada a este tipo de averiguaciones insostenibles.
La quiebra del Estado de derecho en México alcanzó su mayor degradación durante el gobierno de Felipe Calderón, y parece que, a la luz de las declaraciones de la PGR, el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto persistirá en ser parte del problema, y ya no de la solución. Una encuesta del diario Reforma obseva que el 83 por ciento de los mexicanos está en desacuerdo con el dictamen de la Suprema Corte: la postura falsa que el gobierno impuso a la ciudadanía a través de una televisora privada (Televisa) prevalece por encima de la idea y la práctica del Estado de derecho en el país. Malos tiempos.
