Es difícil comenzar esta reflexión sobre lo que se juegan España y Cataluña porque cualquier manera de definir lo que está ocurriendo puede ser interpretada como una toma de partido. Incluso hablar, como se hace en la primera frase, de “Cataluña y España” puede hacer pensar que quien así se expresa las considera dos identidades diferentes y niega que una se encuentre contenida en la otra y, por tanto, está del lado “indepe”. Porque, en lugar de lo que se ha escrito, podría poner “lo que se juegan Cataluña y el resto de España”. Y lo primero que está en riesgo es, precisamente, la convivencia entre quienes se expresan en unos términos o en otros.
La actuación de los poderes públicos, tanto los catalanes como los españoles (o los del resto de España, como prefieran), ha contribuido a que las posiciones de partida de cada cual se hayan exacerbado: no hablaremos del Estatut, votado en referéndum en Cataluña y después tumbado en algunos de sus capítulos fundamentales (como en la consideración de Cataluña como nación) por parte del Tribunal Constitucional tras ser denunciado por el Partido Popular. Ciñámonos a los acontecimientos más recientes: el rodillo de los partidarios de la independencia en el Parlament sobre la oposición «unionista» en la sesión de aprobación de la Ley de Referéndum y de la Ley de Transitoriedad exacerbó los ánimos de los anti-independentistas; las detenciones del pasado miércoles, por su parte, o la prohibición de la celebración de ciertos actos por el derecho a decidir en dependencias públicas, entre otras cosas, elevaron la moral de los partidarios de la independencia, porque, quizás, un movimiento anti-sistema, anti-establishment, o de creación de algo nuevo, o nacionalista de toda la vida (o del siglo XIX), necesitan elevadas dosis de épica, de ilusión, de apariencia de lucha.
La épica siempre tiene un punto atractivo. Y puede que movidos por esa supuesta épica, los medios internacionales, como cuenta Claudi Pérez, corresponsal de El País en Bruselas, han comenzado a preguntar por Cataluña desde la perspectiva del Govern, bajo lo que subyace un problema de imagen para el Gobierno español, que ha devaluado la cuestión catalana a problema de orden público dejando su resolución a jueces y policías en lugar de tratarlo como un conflicto político que hay que solucionar negociando.
Sea como sea, las actuaciones de unas autoridades y de las otras han ayudado a polarizar las posiciones de partida de sus respectivas bases. Y lo que es más: probablemente han obligado a quienes nadaban entre dos aguas porque ni una posición ni la otra les convencía a decantarse por unos o por otros. La polarización probablemente hoy es más acusada que hace dos semanas.
La convivencia está en juego. En Cataluña, por supuesto, pero también en el resto de España. El conflicto ya salpica a todo el Estado: esta semana hemos visto concentraciones y manifestaciones en muchas ciudades. Y se ha creado un ambiente en el que la toma de partido se convierte prácticamente en un imperativo. Por eso se asume que los medios de comunicación actúan al dictado de uno u otro interés. No entraremos en si es así, o no, simplemente apuntaremos que periódicos, radios, televisiones, webs… pueden alimentar aún más el descrédito que llevan acumulando durante años. O si no llegamos a tanto, los medios van a quedar marcados por etiquetas que van a tardar mucho tiempo en despegarse, si es que este conflicto llega a resolverse algún día. Y no sólo los medios, también los escritores, los cantantes o los intelectuales que tienen la valentía de expresar lo que piensan.
Y en esas etiquetas está renaciendo un oscuro pasado, identificando al “unionista”, al “equidistante”, al “crítico”, al “no alineado” con el autoritarismo, el franquismo. Pero también al independentista se le asimila al golpista, al totalitario, al fanático de una idea.
No hay puntos de encuentro. Casi nadie parece interesado en crearlos.
De la política a la sociedad y otra vez a la política
Esa casi obligación de tomar partido, de actuar, puede alcanzar una dimensión más elevada que la que corresponde a la ciudadanía. Hace unos días, Iñaki Anasagasti, exportavoz en el Congreso del PNV, declaraba que un abuso de la fuerza por parte del Gobierno de Madrid podría poner en peligro el apoyo que le prestan los nacionalistas vascos. La entrevista se publicó el día de las catorce detenciones en la operación para detener el referéndum, pero la conversación tuvo lugar una semana antes. Ha habido bastantes reacciones a las palabras de Anasagasti, inquiriéndole si no le parecía un abuso de la fuerza ya lo que sucedió este miércoles, si no era suficiente para que el PNV rompiera por fin con el Partido Popular o para que se expresara en términos mucho más contundentes.
Efectivamente, una de las cosas que está en juego con el conflicto catalán es precisamente el Gobierno de España: si el PNV decide no apoyar los presupuestos de 2018, probablemente Mariano Rajoy tendría que llamar a nuevas elecciones. Pero nos podríamos plantear si la decisión del PNV de romper con el Gobierno de Madrid no echaría aún más gasolina en la caldera, no alimentaría los deseos soberanistas del pueblo vasco (que vuelven a animarse en solidaridad con los del pueblo catalán y por la participación activa de miembros de la izquierda abertzale), no provocaría que en Castilla y León, en Andalucía, en Extremadura… comenzara cundir un sentimiento anti-periferias, anti-nacionalismos históricos. También podríamos pensar que si se fuerzan nuevas elecciones generales por la retirada del apoyo vasco a Rajoy, ello podría convertirse en una oportunidad para conformar una nueva mayoría más flexible con las cuestiones territoriales, lo que posiblemente contribuiría a resolver la cuestión catalana. Pero es posible que el PNV no se haya movido demasiado estos días porque ha vendido caro su voto al PP y puede venderlo aún más caro en próximos presupuestos, tal y como expresan los críticos más cínicos de Anasagasti.
La actuación del PNV se parece un poco a la del Partido Socialista. El PSOE tampoco se está alejando de las posiciones del Gobierno. Aquí van unos sucios juicios de intenciones: ¿Pedro Sánchez puede permitirse otra cosa que ir con el Gobierno en un tema, el territorial, que tanta controversia suscita dentro de su propio partido?, ¿puede volver a abrir otro conflicto cuando apenas acaba de pacificar a la familia socialista?, ¿puede concederse el lujo de “regalar” a Ciudadanos y al Partido Popular el argumento de que se ha convertido en aliado de los separatistas si se moviera un milímetro de la posición que ha adoptado y, por tanto, «regalar» también votos en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía a sus rivales? La negativa del Partido Socialista en el Congreso a respaldar al Gobierno y al poder judicial en sus actuaciones respecto a Cataluña a propuesta de Ciudadanos porque Albert Rivera no concedió incluir una frase en la que se aludía a la necesidad de la búsqueda de una solución pactada y legal al problema ya dio lugar a titulares como éste: “El PSOE impide que el Congreso cierre filas con el Gobierno ante el referéndum del 1-O”.
El PSOE, por tanto, con esta cuestión, también se la juega y por eso parece medir al milímetro sus movimientos. O sus incomparecencias, como la de Pedro Sánchez en los últimos días.
Unidos Podemos está aprovechando la prudencia del Partido Socialista para intentar colocar de nuevo su relato de lo parecidos que son a la hora de la verdad los socialistas y los populares. Y a ese propósito, en parte, responde (otro sucio juicio de intenciones) la convocatoria abierta a todos los partidos para discutir la convocatoria de un referéndum pactado en Cataluña. Unidos Podemos ha hecho al Partido Socialista una propuesta que no puede aceptar si no quiere que algunos de sus miembros más importantes se solivianten.
Unidos Podemos ha reconocido la ilegalidad de la consulta aprobada por el Govern. Pablo Iglesias ha interpretado ese referéndum como un acto de protesta sin efectos políticos reales que, por tanto, no hay que reprimir. Pero, al mismo tiempo, ha abogado, si no por la necesidad, sí por la conveniencia de realizar un plebiscito legal y acordado. Irene Montero, por su parte, ha hecho referencia al referéndum por el último Estatuto catalán y al propio texto de este documento como precedentes del reconocimiento de soberanías compartidas en el Estado español, lo que daría cabida a la celebración de una consulta vinculante sobre la independencia.
¿Tiene cabida el discurso de Unidos Podemos en la sociedad española? Puede calar en Cataluña entre quienes quieren una consulta para ratificar su permanencia en España, pero no probablemente entre los independentistas, aunque esta primera respuesta se pone rápido en cuestión cuando recordamos cómo se hizo patente la división existente en el seno de la marca catalana de Podemos entre quienes muestran una mayor cercanía al independentismo y quienes, como Coscubiela, manifiestan más que precaución ante los dejes autoritarios que a veces se aprecian en el separatismo. Precisamente esa división puede crearle problemas a Podemos en el caso de que haya pronto nuevas elecciones en Cataluña.
El discurso de Unidos Podemos puede tener quizás un hueco más claro en el resto de España, porque los portavoces de Unidos Podemos en Madrid han mostrado una posición más monolítica y porque ningún otro partido defiende la convocatoria de un referéndum legal. Lo que no sabemos es cómo de prioritaria es esta cuestión entre los votantes, aunque en estos momentos Cataluña sea el tema de conversación dominante tanto para discutir como para encontrar refugio en la tribu de la que nos sentimos miembros, aunque se llame «tierra de nadie».
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