Esta semana se anunció que el nuevo gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, re-fundará el sistema de información de Estado, que el gobierno anterior de Felipe Calderón Hinojosa, decidió entregar a Estados Unidos años atrás.
Con el pretexto de respetar el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), firmado en 2005 por Estados Unidos, Canadá y México, del que derivaría la Iniciativa (o Plan) Mérida de 2008, Calderón otorgó la autorización para que, bajo la supervisión del Comando de América del Norte (Northcom) de Estados Unidos, se estableciera en México una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), que fusiona todas las agencias estadounidenses implicadas en su seguridad nacional.
La OBI instaló oficinas en la Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Escobedo, contrató ex funcionarios mexicanos del área policiaca, de la procuración de justicia y de inteligencia, aparte de atraer a funcionarios en activo para ser incorporados como informantes de las actividades estadounidenses.
La defección calderoniana fue desaprobada por la jerarquía de las fuerzas armadas mexicanas, así como de otros funcionarios del ámbito de la seguridad, que consideraron tal defección un ataque a la soberanía del país y a los principios constitucionales. Ningún gobernante sensato cedería tal área estratégica en manos de la mayor potencia mundial, excepto uno, como Calderón, que pensó que con tal gesto y otros semejantes ganaría el favor incondicional de Estados Unidos.
El Departamento de Estado, en voz de la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, acaba de condenar la estrategia de combate al narcotráfico de Calderón, y para decirlo empleó las palabras más lapidarias de la diplomacia estadounidense: “No voy a decir que la política del ex presidente Calderón fue un fracaso, pero con esa cifra de muertos en México durante esos años jamás podremos decir que es un éxito”. No sólo se desacreditaba, sino que se retiraba todo aval al empeño calderoniano que causó más de 60 mil víctimas.
A finales de 2012, trascendió que la Universidad de Harvard le ofreció a Calderón incorporarse como investigador invitado a su escuela de Gobierno John F. Kennedy. Más de 25.000 personas han firmado una carta para oponerse al ofrecimiento.
El gobierno de Peña Nieto ha propuesto desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, que fue el organismo de vanguardia de aquella estrategia desastrosa, y ha propuesto crear una gendarmería nacional, establecer una nueva cartografía regional de seguridad y fundar un Centro Nacional de Inteligencia, que reemplazaría al actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). La función de la dependencia emergente sería fusionar las tareas de seguridad de las fuerzas armadas con las de otras oficinas: una réplica propia del modelo estadounidense.
La idea de contrarrestar la penetración de Estados Unidos en sus tareas de inteligencia en territorio mexicano luce remota. Sobre todo, cuando se recuerda que el embajador actual, Anthony Wayne, viene de una zona de guerra, Afganistán. El gobierno estadounidense ha empleado el tema del combate al narcotráfico para imponer sus intereses geopolíticos y el belicismo consustancial a éstos, que hacia Centroamérica tienen un compromiso inmediato: desde Guatemala, el grupo criminal Los Zetas mantiene una influencia casi total con el auxilio de grandes pandillas como Las Maras.
México ha sido y será un campo de guerra por la fragmentación de los grandes cárteles de la droga y el auge criminal, un país excepcional para la industria maquiladora y otras que trabajan para Estados Unidos, además de ser un proveedor de la mano de obra más barata del planeta y proporcionar fuerza laboral al interior del país del norte.
El gobierno de Peña Nieto desea reencontrar una reserva de autonomía ante el escenario adverso. La recuperación de la inteligencia está detrás del propósito que, como complemento, busca mejorar la economía del país a través del reformismo legislativo y replantear un futuro menos atado a la historia de defección e ineptitud de los gobiernos previos. La crisis económica global, la parálisis de la economía estadounidense y el crecimiento de las dificultades sociales en México castigarán las posibilidades del nuevo gobierno.
