De un tiempo a esta parte se hace raro levantar una piedra sin que aparezca detrás alguien alabando las bondades de la deliberación. Pero quienes no dejan de glosar sus virtudes sobreestiman en realidad la eficacia del intercambio argumental. Lo cierto es que adolecemos de múltiples sesgos cognitivos (pensemos, por ejemplo, en las preferencias adaptativas: del mismo modo que la zorra que no alcanza las uvas se consuela mintiéndose, diciéndose que están verdes, si las mujeres indias no se quejan es porque ni siquiera advierten su desgracia, ignorantes del posible remedio). Además, resulta materialmente inaccesible toda la información relevante para evaluar cada decisión; y tampoco nos es físicamente posible congregar al conjunto de afectados por cada tema, para que confronten experiencias y opiniones. Por otra parte, demasiadas veces se ignora que la transparencia sólo es un ideal democrático a exigir y que, en la realidad cotidiana, queda disminuido el alcance deliberativo por cuanto la dosificación y el enmarque informativos son función de poderes políticos, económicos y sociales. Y a esto añadamos el relativismo propio de un mundo social donde ni la religión ni la tradición vertebran ya rígidamente nuestras expectativas e interacciones.

Consecuentemente, sostendremos siempre interpretaciones conflictivas en torno a lo justo o lo valioso, lastradas por las constricciones subjetivas y objetivas que acabamos de mencionar. Esto implica que en el mundo social quedará siempre un espacio para el disenso, para lo no dirimible científicamente, donde encontrarán su lugar las razones públicas, la razón pública.

Y, llegados a este punto, podrá ya valorarse la deliberación en su justa medida: si en ese espacio razonamos juntos, la deliberación enriquecerá nuestra información y servirá para menguar nuestros prejuicios. Se delinearán con ella las posturas enfrentadas, las que unos y otros se reconocen mutuamente en torno a las cuestiones prominentes (conformando lo que conocemos por “opinión pública”); y se procederá a un juego de persuasión con el que cada una de las partes buscará granjearse el apoyo de la mayoría social. El conflicto, domesticado, mutará así en “desacuerdo razonable”. Pero esta batalla campal no durará eternamente porque el plazo se impone siempre que hay que decidir. De ahí la institucionalización del disenso por cauces que todos tengamos por justos: porque toman las decisiones los representantes políticos escogidos libremente por la mayoría; porque sus decisiones se revisten de razones afloradas en la opinión pública; porque rinden cuentas ante nosotros por su gestión; porque, votando, podemos cambiarlos cada cuatro años. Despojada de idealismos, la democracia, más o menos.

De lo que se ha dicho hasta aquí se sigue que “deliberación”, cuando emana de la boca de un representante institucional, es sólo un ardid de quien se enroca en su victimismo (si está en minoría) o del beneficiario del statu quo (cuando quien ofrece deliberar ostenta el poder, y no tiene previsto llegar a ningún acuerdo que le perjudique). En realidad, arriba, en el mundo institucional, manda la aritmética; y sobre los representantes, ansiosos de reelección, la opinión pública. Pero si se ha aclarado todo esto es porque saber cómo se estructura la opinión pública permitirá comprender por qué cuesta tanto hacer cumplir la ley en Cataluña: por miedo al desgaste político de los partidos nacionales.

Está siendo estéril oponer razones al nacionalismo porque éste lo reduce todo al marco del “conflicto”: negar el derecho a la secesión daría injustamente ventaja al “nosotros” que representa el Estado sobre el “nosotros” que representan ellos. Si alguien les dijera que su argumentación avala a quienes mandan su dinero a Panamá (cansados de pagar por servicios de un “nosotros” que no son ellos), procederán al falaz alegato victimista: son siglos de opresión estatal, responderán.

Se les ha reprochado que la secesión es contraria a derecho internacional. Se ha explicado que el expolio fiscal no es menos “imaginado” que su nación; y que no se ataca a la lengua catalana (sic), sino que son el 51% de castellano-parlantes quienes no pueden tratar en su lengua con su administración, incluido el colegio de sus hijos. Académicamente se ha refutado el principio nacionalista (“a cada nación corresponde un Estado”) por epistémicamente falaz (una lengua no confiere una imagen del mundo), antropológicamente absurdo (culturas y lenguas se dispersan de forma inconsistente y discontinua), y políticamente insostenible (hay 5.000 lenguas y 200 estados). Son iliberales porque su nación cierra expectativas vitales. Religado el “nosotros”, se oprime el natural conflicto y así puede la teología política controlar su patio: enfocando a España como enemigo, repelen hasta su corrupción.

Pero nada hace mella en sus mesnadas porque han impuesto su marco mental, un campo de juego inclinado que favorece a sus argumentos mientras hace resbalar la efectividad de los de sus contrarios: Cataluña soberana sería tan legítima como España; sus políticas, más justas (un contrafáctico al cuadrado). Queda mucho espacio para el rebuzno y poco para la persuasión. Pero queda: del enmarque deliberativo destacan las connotaciones impresas en cada posición política. Por ejemplo, hemos asistido a una lucha política por calificar de progresista (etiqueta ganadora) tanto la subida como la bajada de impuestos. Bien, ¿por qué nadie disputa la etiqueta a los nacionalistas?

La España de la Transición no denunció a quienes, como mostró el documento interno de CIU filtrado en 1990, reproducían a escala el organicismo joseantoniano: la Generalitat impulsó “los valores cristianos” y las “fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico”; y, como “solo avanzan los pueblos jóvenes”, apostó por “concienciar” al pueblo de “tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva”. Semejante hoja de ruta catalanizó hasta el último tuétano administrativo; pero, incomprensiblemente, sus promotores gozaron del label progresista por la boba contraposición al centralismo-franquista. Mucho han rentabilizado la vergüenza nacional. ¿Pero qué ocurre con mi generación? ¿Dejaremos, ante una posible reforma constitucional, que la opinión pública transcurra en el marco mental nacionalista?

“Libertad”, “igualdad” y “fraternidad” tenían como cuarto pilar la “indivisibilidad de la República” porque el territorio soberano es común. La frontera, contingente, nos vino dada tras arrebatar la soberanía al monarca; podemos elegir justificarla, como quiere el nacionalismo-soberanista, o hacernos cargo de su contingencia, tratando a todos como iguales. Sólo lo segundo atiende al pluralismo democrático. Además, lo democrático cuidará del factor temporal de la justicia: la productividad regional depende de contingencias (¿será menos española Canarias el día que consiga rentabilizar su petróleo?) y de históricas políticas de Estado (fiscalidad laxa y aranceles a la importación auparon el textil catalán; la PAC, en beneficio europeo, hunde hoy la productividad del sur). Huyamos del supremacismo de Pujol sobre el carácter “anárquico” y “destruido” del hombre andaluz y centrémonos, como la izquierda clásica, en la estructura. Lo democrático transferirá rentas para legitimar el poder político y se opondrá al chantaje secesionista de los ricos.

La secesión, además, es inherentemente antidemocrática: frente al cosmopolitismo, que buscaría hacer efectivo el autogobierno (ante mercados transnacionalizados), la secesión aumenta la vulnerabilidad y amplía las externalidades. Si los secesionados se erigieran en paraíso fiscal, perderíamos influencia en lo que nos afecta.

Siguiendo a Hobsbawm, historiador marxista, los primeros estados construidos por el nacionalismo (1830-1870) fueron promovidos por la industrialización: ésta requería un Estado de cierto tamaño para consolidar la demanda interna; la expansión democrática ofrecía mano de obra formada y estandarizada en un Estado que garantizaba derechos. El patriotismo apuntalará la igualdad ciudadana. Entre 1870 y 1950, descontando descolonización y fragmentación imperial, la segunda ola nacionalista reivindicó, sin fundamento democrático y con pocas expectativas de éxito, un nuevo Estado soberano frente al Estado democrático. La etnicidad y la lengua fueron los criterios de “condición de nación en potencia”, revelando “un marcado desplazamiento hacia la derecha política de la nación y la bandera, para el cual se inventó el término ‘nacionalismo’”. Con la tercera ola (desde 1970) son patentes las  “reacciones de debilidad y miedo” como intentos por oponerse a la modernidad y levantar barreras a los propios mercados laborales. Como señala Habermas, el embate catalán es el de la extrema derecha que asuela a Europa.

Pero no acabemos sin antes denunciar la “plurinacionalidad”, fetiche incluso de presuntos no nacionalistas que han sucumbido al paradigma identitario. Hoy resulta que en Europa el nacionalismo interpela directamente a Bruselas en calidad de ‘regiones’. Pero advirtamos que, aun transmutado, su espíritu conservador pervive en el proyecto de “Europa de las regiones”: el nacionalismo vasco reclama un Estado libre-asociado (co-soberano) para restringir constitucionalmente la transferencia de rentas; el secesionismo catalán, consciente de la imposibilidad de extender el Concierto, busca una secesión que, sin salir de Europa, le permita gozar de protección y de un gran mercado interior, pero sin “lastrar” su productividad por culpa de la redistribución de rentas. La clave estriba en que el presupuesto europeo se limita a la agregación de un raquítico 1% del PIB de cada Estado Miembro.

Concluiremos que nacionalismo y plurinacionalidad no son más que coartadas políticas que sirven al capital para fragmentar el proceso productivo en provecho propio: tanto la secesión, promovida por el primero, como la “Europa de las regiones” en la que cristalizarían los anhelos de los plurinacionalistas, ayudarían al inversor a moverse por distintas fiscalidades y regulaciones (más o menos laxas en función de los sectores) a su conveniencia. Por eso, tanto conceder la secesión como ceder al chantaje para mantener el mapa a cualquier precio implicaría sacrificar a las regiones pobres en beneficio de las ricas. En mantener el mapa a cualquier precio consiste, por ejemplo, el principio de ordinalidad fiscal sobre el que los cuatro grandes partidos parecen haberse puesto ya de acuerdo: un principio que, en lugar de corregir los desfases de nuestro modelo, parece consagrar la restricción de la solidaridad interterritorial.

¿Y qué dice la izquierda? Mientras Habermas y Hobsbawm mantendrían el pulso (¿nuestra baza para mantener el pulso contra las regiones ricas? Que fuera de la UE hace frío), Errejón, uno de los defensores del principio de ordinalidad para contentar a Cataluña, nos dice, como siempre nos ha dicho el nacionalismo, que “no son los intereses sociales los que constituyen sujeto político. Son las identidades: los mitos y los relatos y horizontes compartidos”. Y, por si hubiera dudas, aclara que comparte con la extrema derecha de Le Pen “la necesidad de volver a reconstruir comunidad y sentirse parte de algo”, de “ser parte de un pueblo, de una patria democrática que en las malas me protege”. Si no fuera porque es doctor, se diría que no entiende lo que dice (y desde luego no mide su alcance) quien, a mayor abundamiento, afirma que no es el nacionalismo (o el plurinacionalismo) lo que rompe la solidaridad interterritorial, sino las “políticas neoliberales” del PP, las que fracturan el país entre ganadores y perdedores de la crisis. En realidad, basta leer un poco sobre el tema para entender que el nacionalismo es precisamente el instrumento político de las élites económicas (¿neoliberales?) para cerrar el círculo en torno a su riqueza: por eso se quieren independizar las tres regiones más ricas (País Vasco, Navarra, Cataluña y, quizás, Baleares) y no otras tan singulares (africanas, incluso) como Canarias, Ceuta o Melilla. El nacionalismo rompe España porque terratenientes (rentistas urbanos) y capitalistas regionales juegan al sálvese quien pueda ante los desequilibrios internacionales provocados por lo que Errejón denomina neoliberalismo… una dinámica que escapa con mucho al dominio de la política nacional.

Nacionalistas y plurinacionalistas defienden el proteccionismo, apelan al mito y rechazan reivindicar la igualdad de derechos de los españoles, que pasa por la igual financiación. ¿Les disputaremos de una vez la etiqueta de progresistas?

Mikel Arteta (1985) es licenciado en Derecho y en Ciencias políticas y de la Administración. Es doctor en Filosofía moral y política por la Universidad de Valencia, con una tesis sobre el concepto de “constitucionalización cosmopolita del Derecho internacional” en la obra de J. Habermas. Actualmente trabaja como asistente técnico europarlamentario. Ha publicado varias colaboraciones en prensa, además de en revistas como Claves de Razón Práctica o Grandplace. En FronteraD ha publicado Por ‘nuestro’ patriotismo constitucional. ¿Necesita España un proyecto ‘atractivo’ de vida en común? y escribe asiduamente en su blog Escritos esquinados.