Mientras escribo estas líneas, la crisis de los inmigrantes subsaharianos en Ceuta y Melilla ha desatado una verdadera histeria en nuestro país. La penúltima perla proviene del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que ha establecido el dilema entre ahogar a los inmigrantes a golpe de pelotazos o recibirles con azafatas en el puerto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se pega a su rueda anunciando una reforma de la Ley de Extranjería que facilite las devoluciones de extranjeros “en caliente” (esto es, sin preguntas): 60 años de lenta construcción del derecho de asilo y refugio tirados por el inodoro de los intereses electorales.
La realidad es que ninguno de los gobiernos españoles de la democracia ha hecho otra cosa que legislar sobre inmigración “en caliente”. Y en eso se parecen al resto de gobiernos de la Unión Europea. Como acaba de demostrar el referéndum suizo, la radioactividad política de la inmigración impide a las sociedades y a sus gobernantes aplicar en este asunto el mismo sentido común que ha transformado tantos otros ámbitos de Europa en el último medio siglo. La inmigración irregular (de la que, por cierto, los subsaharianos forman solo una pequeña parte) es la manifestación extrema de la disfuncionalidad de este sistema.
Este es el hecho cierto: la movilidad internacional de trabajadores constituye un fenómeno creciente que responde a factores que escapan al control de los gobiernos, muy particularmente las expectativas de ingreso de los emigrantes (factor de empuje) y la evolución demográfica y laboral de las sociedades de destino (factor de atracción). A estas alturas de la historia –con cerca de 20 millones de inmigrantes irregulares en el conjunto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico– ya deberíamos saber que, cuando estas pulsiones adquieren la suficiente intensidad, no hay valla, norma o cárcel que frene el desplazamiento de personas. Y mucho menos que garantice la colaboración de los países de origen, cuyos intereses económicos y políticos están del lado de sus diásporas.
Si esto es cierto, les propongo una idea revolucionaria: admitamos que las migraciones no pueden ser reguladas de manera unilateral. Concibamos un sistema inteligente en el que todos los actores (emigrantes y países de origen y destino) perciban que ganan más operando bajo las reglas del juego que fuera de ellas. Asumamos el riesgo de reformar un régimen migratorio excesivamente rígido que perjudica el interés común y cuya lógica nos lleva a vulnerar los valores más elementales de nuestras democracias.
Tras la crisis de Lampedusa, la UE se ha dado la oportunidad de discutir este asunto en el Consejo Europeo del próximo mes de junio. Se me ocurren tres ámbitos claves de esta reforma:
a) Flexibilizar la movilidad segura y digna sobre la base de una verdadera Política Migratoria Europea: La movilidad de trabajadores extranjeros padece un intervencionismo que sería insoportable en cualquier otro sector de la economía. Necesitamos promover una mayor autorregulación de los mercados laborales para inmigrantes, eliminando la carga de injerencia estatal, primando los acuerdos de cupos entre empresarios y sindicatos, o extendiendo el uso de visados de búsqueda de trabajo, renovables de acuerdo a condiciones (Suecia ya ha empezado a experimentar con modelos más dinámicos de inmigración temporal). Eso incluye promover mayor flexibilidad en las políticas de retorno, complementando las herramientas económicas con el acicate de futuras oportunidades de emigración a Europa. ¿Cuántos inmigrantes sin empleo se niegan a abandonar nuestra región porque nadie les garantiza una segunda oportunidad?
La inmigración debe estar asociada a garantías para el respeto de los derechos humanos (incluidos los laborales) de los trabajadores extranjeros y de sus familias, sobre la base de los principios de no discriminación y trato igualitario, que contemplen la protección social, el acceso a servicios esenciales, la movilidad laboral y la portabilidad de derechos sociales como las pensiones.
La viabilidad de estas medidas se multiplicaría con la existencia de una verdadera Política Migratoria Común que vaya más allá del control policial de las fronteras. Cualquiera de las ventajas del espacio común (movilidad, compensación de los mercados de trabajo, simplificación administrativa, portabilidad de derechos o acuerdos con otras regiones del mundo) es aplicable de manera automática a los trabajadores extranjeros. Y una más: comunitarizar este tipo de esfuerzos permite a los gobiernos nacionales diluir el riesgo político de llevarlos a cabo.
b) Una solución humana e inteligente para el reto de la inmigración irregular: Europa necesita un plan coherente, coordinado y de largo plazo para reducir los intolerables niveles de inmigración irregular, que afectan en primer lugar a quienes son víctimas de su limbo legal. El primer paso es acercar la regulación de la movilidad a las realidades del mercado, como se propone en el punto anterior. En un plazo más corto, cualquier solución a este problema comprenderá una combinación de tres factores: la regularización de una mayoría de la población residente de acuerdo a unas condiciones definidas; los retornos incentivados; y las expulsiones forzosas (sujetas a las debidas garantías jurídicas, lo que no ocurre ahora). Un Fondo Europeo de Retorno mejor dotado puede ser una ayuda en este sentido, siempre que la reintegración de los emigrantes forme parte de la ecuación.
Finalmente, las normas nacionales y comunitarias deben establecer un cortafuegos entre los sistemas que proveen servicios sociales básicos y velan por el derecho de asilo y refugio, y los que regulan el acceso y la expulsión de los inmigrantes. Los primeros no deben ser contaminados por los segundos: en la medida en que son ciudadanos que residen en nuestro país, su estatus legal no puede condicionar el acceso a derechos fundamentales, como el de la salud.
c) Un esfuerzo real de pedagogía pública, empezando por no complicar más las cosas: La inmigración es presa fácil de la avidez electoral, mucho más en tiempos de crisis. Así que lo primero es exigir la responsabilidad de quienes nos gobiernan. Pero ayudaría mucho que los Estados miembros y el conjunto de la UE publicasen regularmente balances fiscales que muestren la contribución de las comunidades de inmigrantes al sistema económico. Podrían considerar también la introducción de impuestos dirigidos que permitan defender ante la opinión pública el papel de los inmigrantes en la financiación de los servicios sociales y al sistema de pensiones, dos ámbitos insostenibles en ausencia los trabajadores extranjeros.
Existe un evidente riesgo de conflicto y disgregación social con llegada de nuevos vecinos a Europa. El mejor modo de gestionarlo es empezar aceptando que nuestra sociedad será diferente de lo que ha sido en el pasado. Y aplicar las mismas recetas que han dado buenos resultados: incrementar la integración de las comunidades de inmigrantes a través de políticas activas y consolidar medidas contra la discriminación (como la limitación del acceso a la sanidad) para mejorar sus condiciones y la estabilidad de las comunidades de acogida.
Nadie garantiza que estas medidas tengan éxito. Las alternativas al modelo migratorio que se aplica con escasas variaciones en todo el mundo desarrollado constituyen un experimento legal e institucional que carece de precedentes. Es el mismo ejercicio de construcción de confianza que ha dado resultado en otros grandes retos globales como la liberalización comercial o la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero al menos podemos consolarnos con una certeza: hagamos lo que hagamos, será difícil que el nuevo modelo supere en inmoralidad y estupidez al que tenemos en este momento.
Gonzalo Fanjul es investigador de +Social. Estos argumentos son parte de la investigación que está realizando el equipo de +Social, un nuevo centro de análisis sobre migraciones y desarrollo. Las primeras publicaciones estarán disponibles en las próximas semanas
