Días atrás el presidente Felipe Calderón anunció que, por fin, en los últimos meses, había descendido el número de homicidios en México, índice con el que su gobierno pretende mostrar al mundo que la guerra que emprendió contra el narcotráfico y a favor de la seguridad pública ha dado resultados. Los hechos señalan lo contrario.
En una acto solemne del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al que asistieron también representantes de diversos organismos civiles, Calderón afirmó que desde 2007, año en el que comenzó su estrategia armada, se registró por primera vez en el segundo semestre de 2011 y en el primer semestre de 2012 un decremento de homicidios de “7 por ciento”.
De inmediato Héctor Larios, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, rebatió de cara a Calderón la relevancia de la reducción anunciada que, estimó, a partir de las mismas cifras oficiales, se ubicaría en realidad en un 4.32 por ciento.
Iracundo por esta interpelación, Calderón sentenció: “Creo que no debiéramos enfrascarnos en ver si es relevante o no es relevante que se reduzcan los homicidios en México. Finalmente, es opinable. A mí me parece que sí es del interés de los mexicanos el saber que por primera vez en varios años, durante dos semestres consecutivos, se han reducido los delitos, por lo menos en un siete por ciento» (“Rebaten a Calderón reducción de homicidios dolosos en país”, El Universal, 2 de agosto de 2012). El virtual ex presidente reafirmó su fe en lo que llamó “datos duros”, que se mostraron falsos.
Como divulgó a su vez el experto en estadística de seguridad pública Eduardo Guerrero de la Consultora Lantia, al finalizar el sexenio habrá más de 60 mil muertos. La violencia del crimen organizado ha causado en México más de 7 mil muertos en el primer semestre del 2012, 10 por ciento más que en los seis meses precedentes (“Hubo más de 7,000 asesinatos en seis meses”, El Economista/ AFP, 9 de agosto de 2012). Así, la ficción oficial cayó por tierra a la luz de evaluaciones independientes.
A poco más de tres meses de que Calderón abandone la presidencia de México, su prestigio se halla en declive: no sólo fracasó en la principal divisa de su campaña electoral (“el presidente del empleo”), sino que la geopolítica de EEUU le impuso combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública, encargo que emprendió desde una estrategia basada más en la fuerza bruta que en la inteligencia. Los resultados están a la vista: un país devastado por la violencia y la inseguridad en casi la totalidad de su territorio.
Calderón decidió emplear al ejército, la marina y la fuerza aérea en tareas de gendarmería, sin considerar que este acto vulnera la sustancia de los preceptos constitucionales, como lo ha explicado a últimas fechas el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz (cf. http://es.scribd.com/doc/102349639/Cossio-001). Por desgracia, el abogado Calderón prefiere apegarse al formalismo de lo que él entiende por Estado legal, en vez de respetar al Estado Constitucional de Derecho.
La obsesión de Calderón por la fuerza bruta del Estado y su peso hacia el futuro confía en el apoyo de Estados Unidos, de quien ha sido un sirviente sumiso. Su gobierno ha promovido en una corte estadounidense la “inmunidad universal” para el presidente mexicano Ernesto Zedillo por actos cometidos durante su mandato, es decir, la matanza de indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997. Calderón confía en disfrutar también de una inmunidad semejante: vale recordar que existe una denuncia de ciudadanos y organismos de México contra él ante el Tribunal de La Haya por las víctimas de su guerra contra el narcotráfico.
Ahora se sabe que, poco tiempo atrás, Calderón trató de convencer al ejército, la marina y la fuerza aérea mexicanos para que aceptaran un operativo especial de Estados Unidos en territorio nacional, semejante al que aniquiló a Osama Bin Laden (CIA/ NAVY SEALs) , con el fin de aprehender o matar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán (Jorge Carrasco Araizaga y J. J. Esquivel, “ Atrapar al Chapo”, Proceso, 12 de agosto de 2012). Las fuerzas armadas de México se negaron por completo: aceptar tal operativo sería violar los principios constitucionales y la soberanía del país.
En España, la Policía Nacional acaba de detener en Madrid esta semana a un presunto primo del Chapo Guzmán junto con otros tres mexicanos, uno de ellos un militante público del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Humberto Celaya Valenzuela, quien ostenta en Facebook sus fotografías acompañado por el virtual presidente de México Ernesto Peña Nieto y el próximo coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón. Los nexos allí son orgánicos.
Mientras tanto la periodista Lydia Cacho, quien ha denunciado una red de pedófilos poderosos en México, y solicitado sin éxito a las autoridades que investiguen al respecto a Emilio Gamboa Patrón, entre otros, ha decidido residir por un tiempo indefinido fuera de México, debido a que recibió nuevas amenazas de muerte.
Estos son los contrastes de un país donde el Estado de Derecho es inexistente.
